La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió un estudio sobre la actuación de los jueces de la Corte Suprema y el jueves definirá si es factible abrir un proceso de investigación sobre la actuación de los magistrados del alto tribunal, sobre quienes pesan 28 pedidos de enjuiciamiento por "mal desempeño de sus funciones".
El flamante presidente del grupo parlamentario, el justicialista santacruceño Sergio Acevedo, comentó que si bien la próxima semana se definirá si se puede proceder a la apertura a prueba de algunos de los expedientes "existen presupuestos muy fuertes para la admisibilidad de la apertura del proceso de juicio político".
"Nosotros desde el justicialismo nos comprometemos a trabajar con seriedad y transparencia para poder llegar a la verdad, dentro del marco y del proceso establecido en la Constitución Nacional", apuntó el diputado peronista y ex gobernador de Santa Cruz.
La Comisión de Juicio Político decidió conformar tres subcomisiones que analizarán, a partir de la semana próxima, los 28 pedidos de enjuiciamiento contra los miembros de la Corte Suprema. Las tres comisiones, que contarán con 10 integrantes cada una y, según indicaron voceros de la comisión, respetará la proporcionalidad de los bloques, tienen como objetivo analizar "más prácticamente" la admisibilidad de los pedidos de juicio y "acelerar el trabajo".
La comisión, que tiene mayoría de diputados justicialistas, se reunirá todos los jueves a las 11 de la mañana y tratará los 28 pedidos de juicio, de los cuales diez fueron presentados por diputados y 18 por particulares, mientras que los encuentros de las subcomisiones serán los martes.
El presidente de la Comisión, que cuenta con 31 miembros, 16 del PJ, 7 de la UCR, 2 de Alternativa por una República de Iguales (ARI) y 3 diputados provinciales, es el diputado justicialista Sergio Acevedo, la vicepresidenta es la aliancista Nilda Garré y Norma Godoy (PJ) es la vicepresidenta segunda. En tanto, Angel Geijo (UCR) y Ricardo Bussi (Provinciales) son dos de los tres secretarios.
El segundo de los tres representantes provinciales es Guillermo Johnson, en tanto que el ARI nombró como representantes a Elisa Carrió y a Héctor Polino.
Los miembros de la Comisión que pertenecen la UCR son: Geijo, Fortunato Cambareri, Simón Hernández, Carlos Iparraguirre, Marta Milesi, Juan Jesús Miguez y Ricardo Nieto Brizuela. Entre los legisladores del PJ se cuentan Acevedo, Godoy, José Marabille, José Falú, Franco Caviglia, Jorge Casanova, Graciela Camaño, Jorge Villaverde, Miguel Angel Toma, Carlos Alessandri, Eduardo Di Cola, Manuel Baladrón, Alejandra Oviedo, Enrique Tanoni y Julio Gutierrez.
La presidenta de ARI, Elisa Carrió -con amplia experiencia en la comisión-, dijo que primero se debe establecer cuáles son admisibles o no y comentó "muchas veces los pedidos de los particulares son acotados a una situación personal y no cumplen con las causales generales de juicio político".
Los pedidos de los diputados corresponden tres a Alfredo Bravo y uno a Graciela Ocaña, la frepasita Nilda Garré, a Atilio Tazzioli del Frente Grande, a Alfredo Villalba del Frente para el Cambio, a Oraldo Britos del justicialismo, y a los correntinos Noel Brear y Araceli Méndez.
La mayoría de los pedidos está dirigida a los nuevos ministros Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Gustavo Bossert, Carlos Fayat, Guillermo López, Eduardo Moliné O'Connor, Julio Nazareno, Enrique Petracchi y Adolfo Vázquez, a quienes se acusa de mal desempeño de sus funciones.
En caso de dar luz verde a la investigación se inicia un proceso denominado apertura de prueba donde se pide la documentación de esa causa, se citan testigos y se convoca a los acusados para que formalicen el respectivo descargo.
Al finalizar el sumario de investigación se elabora un dictamen que deberá ser considerado en una sesión. Si se promueve la acusación del o los jueces de la Corte ante el Senado-que es el tribunal que debe dictar sentencia- el despacho tendrá que ser votado con el respaldo de los dos tercios de los diputados.
