El pacto Fiscal fue votado por 149 legisladores que fueron aportados por la mayoría del PJ- con excepción de Santa Cruz y San Luis-, del radicalismo, el Frepaso y el Interbloque Provincial, y fue rechazado por el ARI, el Frente Grande, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad.

Los diputados comenzaron el debate del convenio entre la Nación y las provincias cerca de las 2 de la mañana, pese a que había legisladores que aspiraban el resultado de las negociaciones entre el Presidente Eduardo Duhalde con los gobernadores del PJ por los fondos de coparticipación.

Los diputados que querían su postergación aceptaron tratar esta madrugada el proyecto debido a que se acercaron las posiciones entre los gobernadores y el gobierno por los fondos coparticipables, según reconocieron fuentes parlamentarias.

Además, al contener el acuerdo un compromiso de los gobernadores a reducir sus déficits fiscales en un 60 por ciento en el presente ejercicio, le permitirá mostrar hacia el FMI una señal de ajuste en las administraciones provinciales en el sentido que el órgano de crédito reclama. Pero también favorece a las provincias, ya que a partir de la puesta en práctica del pacto recibirán la coparticipación del 30 por ciento del impuesto a las transferencias financieras (sería, en realidad, el 14,6 por ciento del total recaudado), y la pesificación de sus deudas en dólares a una relación de cambio 1,40 peso por cada unidad de la moneda norteamericana.

Otra de las ventajas es la posibilidad que le otorga a las provincias de transferir hasta el 15 por ciento de sus deudas en dólares contraídas ante entidades financieras extranjeras, mediante la conversión en títulos nacionales de esos pasivos.

Sin embargo, la letra del acuerdo Nación-provincias no se pondrá efectivamente en marcha hasta que todos los estados que lo firmaron (San Luis no lo hizo) lo ratifiquen en sus respectivas legislaturas, proceso que hasta el momento sólo concretaron tres distritos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Jorge Matzkin (PJ-La Pampa), aseguró que con este convenio "se apunta a solucionar dos problemas fundamentales: fijar reglas de juego permanentes en la relación Nación-Provincias y resolver el grave problema de endeudamiento que sufre el país". Matzkin recordó que éste es el sexto acuerdo para distribuir fondos entre la Nación y las provincias desde que se modificó por primera vez la ley de coparticipación federal.

"La sucesión de pactos refleja la inestabilidad en la relación Nación-Provincias y torna altamente complejo entender el tema, al punto que es más fácil comprender un texto escrito en minúsculas en arameo que esta compleja trama".

Matzkin apuntó a que "aspiramos a que éste sea el último pacto" y abogó para que el Congreso "asuma el compromiso que al 31 de diciembre de este año exista una nueva ley de coparticipación".

Por su parte, el radical Raúl Solmoirago planteó que ese acuerdo "es el único posible" y "no sirven" para los hombres del Interior "los discursos del dogma" y se pronunció por invertir la actual política y que las "provincias recauden y coparticipen el dinero".

Al comenzar la discusión, el santacruceño Sergio Acevedo anunció que los legisladores de Santa Cruz iban a votar en contra debido a que se vetó el artículo 76 del Presupuesto Nacional, por el cual se garantizaba un mecanismo de compensación para las provincias con sus cuentas ordenadas. También expresó su reparo al acuerdo por el veto del artículo 76 del presupuesto el santafesino Julio Gutiérrez, quien señaló que el gobernador envió una carta el 25 de marzo "denunciando el incumplimiento del acuerdo"

El acuerdo se basa sobre cuatro puntos y establece que las provincias se quedarán con el 30 por ciento de lo que ingrese en las arcas nacionales por el impuesto a las Transferencias Financieras, con lo cual irán a las jurisdicciones el 14 por ciento de esos recursos. Mientras que para el resto de los impuestos se vuelve a los niveles de coparticipación históricos del 56 por ciento para los Estados provinciales y 44 por ciento para la Nación.