La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados estableció como plazo tentativo el 25 de abril para la definición del dictamen en el que recomendará o no al pleno del cuerpo acusar ante el Senado a uno o varios miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Los diputados acordaron que el texto del dictamen analizará cada uno de los cargos que se le imputan a los integrantes del máximo tribunal, y que habrá un capítulo por cada uno de los jueces de la Corte. Los legisladores -15 de los 30 integrantes de la comisión especial- decidieron también que si es necesario se extenderá el plazo para emitir el dictamen.
Los diputados que integran la Comisión se tomarán las próximas dos semanas para terminar de decidir si impulsarán o no el enjuiciamiento político de los ministros del máximo tribunal. Más allá del plazo de diez días hábiles aprobado por los diputados que participaron este mediodía de una reunión de la Comisión, lo cierto es que los tiempos pueden ser flexibles, y en los mismos influenciará la postura que asumirá el justicialismo. De hecho, los diputados del PJ aún tienen pendiente un debate sobre la estrategia que desplegarán en el juicio a la Corte Suprema, aunque la mayoría coincide que ya no se puede paralizar un dictamen ni el tratamiento en el recinto de sesiones.
La idea que prevalece en la mesa directiva del bloque del PJ que conduce Humberto Roggero, es discutir en ese cuerpo previo a la emisión de los dictámenes, y allí buscar un acuerdo que nadie cree que será fácil porque el tema divide las aguas en el seno del oficialismo.
La UCR salió a respaldar el trabajo de la Comisión de Juicio Político y aseguró que se continuará "avanzando en la elaboración del dictamen acusatorio en aquellos casos que se determine". El radicalismo aclaró que no aceptará negociación para obtener las renuncias de los jueces que implique trabar el juicio político, como indicaron trascendidos en los últimos días.
Estas versiones de negociaciones para frenar el juicio a la Corte también estuvieron presentes en la reunión donde los legisladores buscaron dejar en claro que no recibieron "ningún tipo de sugerencia ni de presión" en favor de archivar el proceso de juicio político.
En ese sentido, el justicialista José Díaz Bancalari, aseguró que como legislador en contacto permanente y asiduo con el Poder Ejecutivo (dado que participa en la mesa del diálogo social), podía asegurar que no había sufrido "sugerencia de ninguna direccionalidad" respecto del juicio político a los miembros de la Corte.
