Buscan debatir reforma política y agravamiento de penas

La Cámara de Diputados intentará hoy debatir los proyectos que agravan las penas para el homicidio del personal policial, y de reforma política, para acortar campañas y establecer las pautas del financiamiento de los partidos políticos.

La bancada justicialista decidió propiciar la discusión de estas dos iniciativas, y busca un acuerdo con el radicalismo para que otorgue los dos tercios para habilitar su discusión debido a que aún los dictámenes no tienen el plazo vencido para su tratamiento.

El proyecto que aumenta las penas establece que se considerará homicidio agravado -es decir se aplicará perpetua- cuando se asesine a un miembro de una fuerza de seguridad cumpliendo su servicio, o cuando se ha lo identificado. Sin embargo, se estima que la discusión de esta iniciativa abrirá un fuerte debate ya que divide a los bloques mayoritarios, aunque voceros del justicialismo señalaron que "mayoritariamente" el oficialismo acompañará esta propuesta diseñada en base a cinco proyectos.

En el radicalismo, las posiciones se han enfrentado entre quienes desde el alfonsinismo -motorizados por la presidente de la comisión Margarita Stolbizer- rechazan este proyecto, y el grupo federal, que con disidencias respalda la iniciativa del radical Victor Fayad. En tanto, el proyecto es rechazado por ARI, el Frente para el Cambio, Izquierda Unida y Autodeterminación y Libertad, mientras que los provinciales se encuentran divididos.

Además, el justicialismo quiere aprobar los tres proyectos de reforma política referidos al financiamiento de los partidos, reformas al Código Electoral y acortamiento de campañas electorales, que tienen media sanción del Senado. El proyecto de financiamiento prevé la fijación de parámetros para los aportes públicos y privados, que establece límites a los gastos de campaña, y que impone mayores controles sobre los fondos partidarios.

El dictamen de mayoría establece que el tope de aportes de las personas físicas será del 5 por ciento del total de gastos de campaña autorizados y del 10 por ciento para las personas jurídicas, mientras que las disidencias redujeron esos porcentajes al 0,5 y al 1 por ciento, respectivamente.

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