"Los políticos, al descubrir que no tienen en este programa posibilidad de manejo de la gente, con punteros políticos ni manejo de plata, están protestando, sobre todo los gobernadores, diputados y senadores, tratando de hacer maniobras y mandando malos mensajes a la prensa", indicó Cáritas Argentina.

Eduardo Serantes, director nacional de Cáritas, Eduardo Serantes, le envió un informe a todas las Cáritas diocesanas en el que explica la participación de esa organización en el programa social implementado por el gobierno, se critica y denuncia la actitud de los dirigentes políticos. No obstante, en la carta se indica que a pesar "de todos los inconvenientes, este es un programa necesario" y remarca que la intervención de Cáritas "en los distintos niveles, puede ayudar a garantizar, junto a otras instituciones, un mejor funcionamiento".

Entre las observaciones se mencionan "los inconvenientes de la puesta en marcha del plan" y, en ese sentido, explicó que "se inscribieron 1.040.000 personas, pero hay 500.000 inscripciones observadas. Muchas de estas, una vez controladas y corregidas, se incorporarán al programa y otras serán rechazadas por no reunir los requisitos". Cáritas explicó también en el informe que "como ya existía un programa anterior, llamado Jefes I, con cupos, y manejo político, se ha creado alguna confusión".

Cáritas integra, junto a otras organizaciones no gubernamentales, el denominado consejo consultivo que debe monitorear la marcha del programa.

En la carta, se reconoce además que 150 pesos por mes "es una cifra muy baja, sobre todo considerando la inflación actual" e indica que "el gobierno no tiene fondos" para incrementarla e incluso el primer pago se hizo en bonos Lecop.

De esa forma, Cáritas Argentina -encabezada por el obispo de San Isidro, monseñor Jorge Casaretto- salió al cruce de las críticas que varios gobernadores, sobre todo justicialistas, realizaron a la distribución de los planes sociales.

Tanto el santafesino Carlos Reutemann como el bonaerense Felipe Solá y el cordobés José Manuel de la Sota cuestionaron que parte de los planes sean entregados directamente por la Nación, sin pasar por las estructuras de sus provincias. Reutemann también denunció que unos seis mil beneficiarios de planes sociales que cobran en Santa Fe habían sido anotados en un mismo domicilio de la provincia de Buenos Aires.

Cáritas Argentina manifestó una postura opuesta a la de los gobernadores al señalar que entre las "ventajas" del plan está el hecho de que los beneficiarios cobran en forma directa el dinero, "sin pasar por las provincias".

"Creemos que a pesar de todos los inconvenientes, este es un programa necesario y que nuestra intervención en los distintos niveles, puede ayudar a garantizar junto a otras instituciones, un mejor funcionamiento. Pidamos al Señor que podamos ser herramientas útiles, en sus manos, en estos momentos", se indicó en el informe.

Allí se reconoció que "al descubrir que no tienen en este programa posibilidad de manejo de la gente", como el plan Jefes I, los políticos "están protestando, sobre todo los gobernadores, diputados y senadores".

"El Ministerio está trabajando este tema en forma prioritaria. En este primer momento hay muchos reclamos. Como ya existía un programa anterior, llamado Jefes I, con cupos, y manejo político, se ha creado alguna confusión", consideró Cáritas.