Un grupo de juristas analizó en el Senado la posibilidad de enjuiciar a las casas matrices de los bancos extranjeros radicados en el país exigiendo que las mismas se hagan cargo de los pasivos que registren sus sucursales argentinas.
La convocatoria fue realizada por la senadora Malvina Seguí (PJ-Tucumán), quién preside una comisión especial de la cámara alta que investiga la responsabilidad de la cámara alta en la fuga de recursos del país durante el 2001. Fue de la primera acción de la Comisión que actúa en paralelo con la Comisión Especial de Fuga de Divisas de la Cámara de Diputados que preside Eduardo Di Cola (PJ-Córdoba).
Los expositores de la fecha fueron los tratadistas Alberto González Arzac, Jorge Otaegui, Héctor Rossi y Carlos Valdespinos, los que, con algunas diferencias entre ellos, coincidieron en que de acuerdo con la legislación argentina es posible encarar una acción reclamando a las entidades extranjeras que devuelvan, a través de sus matrices, el dinero que deben a los depositantes argentinos ahora atrapados en el "corralito". Entre los argumentos esgrimidos se encuentra la tipificación de propaganda engañosa, establecida en la Ley de Defensa de la Competencia y del Consumidor, ya que varios bancos hicieron propaganda basada en la solidez de sus casas matrices en el exterior, ya sea en los Estados Unidos de América, España, el Reino Unido, Francia u otros países.
También se hizo notar que de haberse aprobado la unificación de los códigos Civil y Comercial propuesta en 1998 por el entonces ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, dicha figura hubiera quedado claramente tipificada a los efectos de iniciar la acción correspondiente.
