La Justicia federal comenzó a investigar el supuesto fraude cometido en la imprenta del Congreso de la Nación entre 1995 y 1999, que habría ocasionado un perjuicio de tres millones de pesos a las arcas del Estado.
En ese contexto, las autoridades de las cámaras parlamentarias durante ese período salieron a deslindar su responsabilidad en esos hechos, denunciados por el presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda.
A partir de la presentación de Maqueda y tras el pedido del fiscal Guillermo Marijuán de iniciar una investigación, el juez federal Norberto Oyarbide, subrrogando a Rodolfo Canicoba Corral, pidió al Congreso datos sobre seis personas que habrían tenido vinculación en las defraudaciones.
Se trata del director administrativo y de finanzas de la imprenta, Osvaldo Mamut; el subdirector Hugo Tini; el jefe de Marketing y Servicios Néstor Fuentes; y otros tres funcionarios que ya fueron suspendidos por las autoridades parlamentarias.
Por su parte, el canciller y ex titular del Senado Carlos Ruckauf negó que tanto él como el ex presidente de la Cámara de Diputados Alberto Pierri hayan tenido conocimiento del fraude cometidos en la imprenta del Congreso, entre 1995 y 1999.
"Descarto cualquier conocimiento de los entonces presidentes de las cámaras, del diputado Pierri y mío", manifestó Ruckauf en un comunicado difundido por la Dirección de Prensa de la Cancillería.
De acuerdo con una denuncia del actual presidente provisional del Senado, Juan Carlos Maqueda, entre 1995 y 1999 una serie de irregularidades cometidas en la Imprenta del Congreso habrían ocasionado un perjuicio de tres millones de dólares.
"Felicito a Maqueda por pedir la investigación de un hecho sospechoso de tal magnitud. Durante mi gestión no recibí información sobre dolo alguno en el área de la imprenta de ninguno de los miembros de la cadena de conducción. Si no también hubiera hecho idéntica denuncia", aseguró Ruckauf.
