Cuestionan ante la Justicia decretos electorales

Diputados justicialistas que responden a Carlos Menem presentaron una acción de amparo ante la Justicia electoral para que se declare la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que convocaron a elecciones internas abiertas para el 24 de noviembre.

"Venimos a impugnar los decretos que permiten en las internas abiertas la participación de afiliados al partido más un padrón de ciudadanos independientes", expresó Javier Mouriño, miembro del equipo de campaña del ex presidente Menem.

En el escrito se pidió también a la juez federal con competencia electoral María Servini de Cubría que dicte una medida cautelar de no innovar, que suspenda de inmediato la aplicación del reglamento impugnado. Además, los diputados pretenden que Servini ordene al Ministerio del Interior la confección de padrones para las elecciones internas, que eviten "la migración" de afiliados de un partido "hacia otros partidos políticos".

Servini de Cubría tendrá que resolver en lo inmediato las medidas cautelares pedidas y, según fuentes judiciales, se abocará "ya mismo al estudio del recurso para decidir en no más de 48 horas".

El recurso de amparo ingresó a la Secretaría Electoral a las 14.36 de ayer, fuera ya del horario judicial de atención al público que concluye a las 13.30, en un trámite al que asistieron varios de los diputados firmantes, entre ellos Adrián Menem, Martha Alarcia, Jorge Bucco, Ricardo Quintela y Alejandra Oviedo. Todos están patrocinados por el ex legislador y abogado Javier Mouriño, este último también firmante en su calidad de miembro del Comité de Campaña de Carlos Menem, aclaró a la prensa.

"Se pide como medida urgente que se suspenda el decreto porque es una norma menor que no puede estar por sobre una ley y además queremos que los partidos que tienen lista única también vayan a interna, como muestra de legitimidad", explicó el ex diputado y firmante de la presentación, Javier Mouriño.

En la presentación judicial se argumenta que el Decreto "vulnera las declaraciones, derechos y garantías" establecidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales y pretende "alterar el espíritu" de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.

"El Poder Judicial no debe ser cómplice de este avasallamiento y convertirse en un 'acompañante' más", se advirtió en el escrito.

En el punto VI se detallan las dos medidas cautelares pedidas: la suspensión de los efectos del decreto "haciéndose saber a la demandada que debe abstenerse de autorizar candidaturas que se formulen con asiento en las normas cuestionadas y de realizar actividades materiales encaminadas a cumplimentar las previsiones del decreto". Y como segundo punto se solicita a la juez que le ordene al Estado la confección de un padrón "en el que se identifiquen a los ciudadanos afiliados a los partidos políticos y aquellos independientes".

Esto tiene como objetivo "que se autorice el voto a los afiliados de los partidos y a los independientes, pero no la migración de afiliados hacia otros partidos políticos", se aclaró.

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