Previamente el cuerpo analizó un listado de iniciativas, hasta que alrededor de las 6 de la mañana aprobó la norma que legaliza uniones no sólo homosexuales sino también heterosexuales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa fue aprobada por 29 votos a favor y 10 en contra.

Durante la tarde, a instancias del legislador Enrique Rodríguez, se propuso una votación para cambiar el orden del día, con el fin de dar tratamiento inmediato al proyecto de Unión Civil, pero la respuesta fue desfavorable por 30 votos a 17.

Entre los diputados que expresaron su oposición figuran Eduardo Borocoto, los radicales Jorge Enríquez y Fernando Caeiro, los justicialista Lucio Ponsa Gandulfo y Santiago de Estrada y el vicepresidente del Cuerpo Ricardo Busacca.

Hubo también incidentes, como cuando personal policial de la comisaría segunda debió desactivar una bomba de estruendo que, según lo había anticipado una voz anónima de mujer a través de un llamado telefónico, fue colocada en la Legislatura porteña por un denominado "comando anti-gay". Sin embargo, el incidente no interfirió el desarrollo del debate legislativo, que incluye el tratamiento de la llamada ley Unión Civil, que propone legalizar la convivencia de parejas homosexuales, como también heterosexuales.

El artefacto tenía un mecha que sobresalía y fue hallado en la planta baja, frente a la oficina de Ceremonial de la sede legislativa.

Según confirmó personal de seguridad, que también participó en la búsqueda de la bomba de estruendo, el llamado "se recibió alrededor de las 22.15 y a partir de entonces comenzamos el rastreo".

Los diputados trataron además la designación de tres representantes titulares y tres suplentes del Consejo de la Magistratura, así como la designación de Horacio Corti para juez de la Cámara Contencioso Administrativo Tributaria y la modificación a la ley 661, que rige el funcionamiento de los geriátricos.

Respecto a la ley que faculta al Ejecutivo porteño a "revisar las condiciones" de los contratos de recolección de residuos domiciliarios, con el propósito de legalizar la recolección que realizan los llamados "cartoneros", la misma fue aprobada al cabo de una discusión en particular, luego de que el proyecto fuera aprobado en general el pasado martes 10. Una de las principales modificaciones introducidas esta vez fue la anulación del artículo que declaraba la "Emergencia de Higiene Urbana".

Tal decisión hubiera implicado facultar al gobierno local a prorrogar hasta el 31 de mayo de 2003 la vigencia de los respectivos cinco contratos con las empresas de recolección de residuos, que vencen en enero próximo, por un total de 160 millones de pesos.

El texto que recibió la sanción definitiva dispone en su primer artículo "declarar Servicio Público a los Servicios de Higiene Urbana de la ciudad de Buenos Aires". Y a través del artículo siguiente dice que "el Poder Ejecutivo debe incorporar a los recuperadores informales (cartoneros) al sistema de recolección de residuos sólidos urbanos vigente".

Por otra parte, se ratificó por mayoría el convenio entre la Ciudad de Buenos y la Nación, firmado el 4 de noviembre pasado y que dispone la demolición de la ex cárcel de Caseros, la rezonificación del sector y la apertura de la calle Rondeau. El titular de la comisión de Planeamiento Urbano, el radical Rubén Campos, se encargó de fundamentar el respaldo de su bloque al despacho de mayoría al convenio.

Explicó que la zona que rodea el predio de la ex cárcel de Caseros será transformado en una "zona residencial de baja densidad y sobre la avenida Caseros se permitirá la conformación de un sector comercial con edificaciones que podrán tener un máximo de seis pisos", medidas que encuadró en el propósito de "mayor residenciabilidad".

El debate se centró acerca de las características que tendrá la demolición, es decir, si será mediante un sistema mecánico o bien por implosión. El diputado Abel Latendorf, del bloque socialista-piquetero, argumentó su oposición al convenio, advirtió posibles contaminaciones en los hospitales de la zona y recordó la vigencia de un decreto de 1982, que avalaba su posición de considerar a ese edificio su condición de "histórico".

Campos, en primer término, reveló que la ciudad firmó un "convenio con el Ejército Argentino sobre el estudio de factibilidad impacto ambiental, a través de un relevamiento en diez cuadras a la redonda, edificio por edificio".