La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado tiene plazo hasta hoy para emitir un dictamen sobre la situación del legislador Luis Barrionuevo, ya que los proyectos que impulsan su expulsión de la Cámara alta tienen preferencia para ser tratados mañana en el recinto, con o sin despacho del organismo asesor.
También se espera para hoy una reunión del bloque justicialista del Senado, en la cual está previsto que los legisladores analicen qué posición tomarán frente a las acusaciones formuladas contra Barrionuevo.
Los observadores parlamentarios parecen coincidir en que de los 15 senadores que integran la Comisión que preside Cristina Fernández de Kirchner, ocho estarían dispuestos a aconsejar la separación de Barrionuevo por "desórdenes de conducta". Pero para que el senador acusado de promover los disturbios que terminaron con la suspensión de las elecciones catamarqueñas resulte sancionado disciplinariamente, se requieren los dos tercios de los votos de quienes participen de la sesión plenaria de mañana.
La Comisión -que iniciará su decisiva reunión a las 17.30- recibió en las últimas dos semanas los testimonios de los testigos presentados, en su mayoría por el propio Barrionuevo, y hasta un informe del ministro del Interior, Jorge Matzkin, quién pareció admitir que la inhabilitación del catamarqueño fue "legal" pero no "legítima". Los senadores de ese cuerpo también pudieron observar los videos de los disturbios aportados por la senadora catamarqueña del Frente Cívico y Social Marita Colombo y los entregados por el propio Barrionuevo.
Las acusaciones contra Barrionuevo fueron impulsadas por representantes del radicalismo y de fuerzas provinciales, aunque hay varios legisladores justicialistas que apoyaron los pedidos de expulsión del legislador catamarqueño y dirigente sindical, quien se había postulado como candidato del justicialismo para las elecciones del 2 de marzo pasado en su provincia.
En el grupo que recomendará la expulsión de Barrionuevo figurarían los radicales Eduardo Moro, Jorge Agúndez, Carlos Prades y Raúl Baglini; el provincial Pablo Walter, la frepasista Vilma Ibarra y las justicialistas Fernández de Kirchner y Liliana Negre de Alonso.
Una de las evidencias centrales que pueden aportar esas imágenes es si Barrionuevo mintió o dijo la verdad al cuerpo cuando explicó que las urnas quemadas en Catamarca no pertenecían al comicio provincial, sino a la interna justicialista realizada el 5 de enero.
Del otro lado, el bloque justicialista presidido Miguel Angel Pichetto no quiere arrojar a las llamas a un compañero cuestionado desde el otro rincón, pero pocos están dispuestos a pagar el costo político que implica asumir una cerrada defensa frente a una sociedad que -según algunas encuestas- condenó a Barrionuevo.
Pero más allá de las pruebas que surgen de los testimonios a favor y en contra de Barrionuevo, la decisión de los legisladores está vinculada sencillamente a razones políticas más que jurídicas.
Militantes de la organización Poder Ciudadano anticiparon por ejemplo que entregarán hoy a los senadores una carta que pide la remoción de Barrionuevo y una caja que remeda una urna y un encendedor, para que sea usado por los propios senadores, en caso de rechazar la exclusión.
