La Cámara de Diputados convirtió en ley una nueva suspensión de las ejecuciones hipotecarias que benefician a las viviendas únicas con destino familiar.
La norma contempla la suspensión de remates, desalojos y subastas por 90 días hábiles y fue aprobado por unanimidad de todos los bloques de la Cámara baja.
Ahora, la última palabra la tiene el gobierno que deberá determinar si avala o veta el proyecto aprobado por el Parlamento, aunque para ello tendrá diez días hábiles desde que la Cámara de Diputados gire la iniciativa al Poder Ejecutivo. De esta manera, los legisladores volvieron a restaurar la suspensión de las ejecuciones hipotecarios bancarias y extrabancarias que estuvo vigente desde enero hasta noviembre del 2002, medida que debió ser acortada para favorecer el acuerdo con el FMI.
La anterior suspensión de las ejecuciones prendarias e hipotecarias fue desactivada por el Congreso ante la presión del Fondo Monetario Internacional que reclamó la plena vigencia de las normas antes de llegar a una cuerdo financiero con Argentina.
De todos modos, la suspensión de las ejecuciones hipotecarias bancarias no concluyó en noviembre sino que se extendió hasta el primero de febrero por un compromiso asumido por las entidades bancarias, aunque sí empezó a regir para el caso de aquellas pactadas en escribanías o inmobiliarias.
El proyecto fue votado por unanimidad y sin discursos, aunque el diputado radical Horacio Pernasetti aclaró que "es la última prorroga que votará el radicalismo" y reclamó que se trate un proyecto para establecer una mediación judicial obligatoria.
El texto aprobado excluye expresamente de la veda de remates a "los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de responsabilidad por comisión de delitos penales, créditos laborales y los causados en la responsabilidad civil".
