El oficialismo buscará acuerdos parlamentarios con otras fuerzas para votar en un plazo de un mes en la Cámara de Diputados la suspensión preventiva y el juicio político contra el ministro de la Corte Suprema, Carlos Fayt, acusado de mal desempeño de sus funciones.
La decisión de acelerar la acusación del juicio político contra Fayt adoptado por las máximas autoridades del oficialismo volverá a instalar el debate en el Congreso la necesidad de renovar paulatinamente la Corte Suprema, según admitieron altas fuentes del oficialismo parlamentario. De todas maneras, la medida más discutida que analizan los diputados justicialistas es proponer la suspensión provisoria del juez en forma simultánea a la aprobación de la acusación que habitualmente es una función que cumple el Senado, que es la Cámara que convertida en Tribunal determina si destituye o no al magistrado.
La posición de la administración que encabeza Néstor Kirchner fue expresada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, quien sostuvo que sería "saludable" que "algunos" miembros de la Corte "dejen voluntariamente sus cargos". Pero "eso no depende de nuestra decisión", agregó el titular de la cartera de Justicia en declaraciones un matutino porteño.
"No vamos a obstaculizar ningún tipo de tratamiento legislativo en materia de juicio político; deberán ser de naturaleza individual, caso por caso. Y cuando correspondan esos elementos, los legisladores sabrán lo que tienen que hacer", afirmó Beliz.
De ese modo, el funcionario -que no descartó convocar a un plebiscito para que la sociedad se pronuncie en favor o en contra de remover a los magistrados- fijó la posición oficial respecto de la Corte.
Según confiaron fuentes gubernamentales, la idea del Ejecutivo es que sean los propios diputados los que avancen con los procesos de remoción de los ministros de la Corte, mientras que el Gobierno seguiría los juicios sin entrar en polémica con los magistrados. "No hay ningún plan de negociación, se van a seguir los caminos institucionales y allí los legisladores no van a tener trabas para hacer lo que tienen que hacer", graficó una fuente gubernamental, para la cual "hay muchas causas que merecen un juicio político" a los integrantes del alto tribunal.
De acuerdo con la opinión de algunos legisladores la Constitución Nacional no establece quién debe proceder a la suspensión mientras dure el juicio, y que sólo determina que Diputados actúa de fiscal y el Senado de Tribunal. Esta visión es compartida por el constitucionalista Daniel Sabsay, quien ha manifestado que sería "saludable" que si la Cámara de Diputados aprueba la acusación también proceda a la suspensión preventiva del juez sometido a proceso de juicio político.
La propuesta de los diputados del PJ al resto de las fuerzas políticas que podrían acompañar esta medida, la UCR, el Frepaso y el ARI será emitir dictamen en los próximos quince días y debatir ese despacho en el pleno del cuerpo cerca de fines de junio, comentaron voceros del oficialismo.
De hecho, la investigación sobre el desempeño de Fayt ha concluido con el descargo formulado por el veterano ministro de la Corte y sólo resta terminar de redactar el dictamen que promoverán los diputados de la Comisión de Juicio Político.
La primera medida del justicialismo será elegir este jueves como presidente de la Comisión de Juicio Político al tucumano peronista del grupo Talcahuano Ricardo Falú, en reemplazo de Sergio Acevedo, quien dejó su banca para ocupar la jefatura de la SIDE.
