Las iniciativas, aprobadas por todas las bancadas, fueron impulsadas por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quién concurrió esta tarde al Senado para "seguir de cerca" el tratamiento en el recinto de ambos proyectos.

El primero de los proyectos, enviado por la Cámara de Diputados, agrava en un tercio las penas mínimas y máximas para aquellos que cometan delitos utilizando a menores de 18 años, a partir de una ampliación del artículo 41 del Código Penal.

En los fundamentos de la iniciativa se puntualiza que "la sociedad tiene que recibir este mensaje y quienes quieran iniciarse o continuar en el delito, pueden saber 'a priori' que en el supuesto contemplado, la pena que por ley tiene penada el tipo penal infringido, se elevará, en un tercio más, tanto en su mínimo como en su máximo".

"Esta iniciativa procura realmente desalentar la utilización de menores de 18 años para cometer delitos por parte de mayores de dicha edad; sea que se valgan de éstos o que los hagan participar como autores o partícipes, lo que equivale a participar en el delito", agrega en las argumentaciones.

El segundo proyecto prevé también un aumento de un tercio en las penas, en este caso para aquellos integrantes de fuerzas de seguridad o del Servicio Penitenciario, que cometan homicidio, robo o hurto amparándose en sus cargos o funciones, incorporando incisos a los artículos 80, 163 y 167 del Código Penal. La senadora cordobesa Beatriz Halak, autora del proyecto junto al ex senador y actual miembro de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, explicó que "es fundamental crear mecanismos legales capaces desalentar el crecimiento de este fenómeno, lo que nos corresponde como legisladores".

"Según estadísticas de publicaciones recientes, la principal causa de detención de miembros o ex miembros de fuerzas de seguridad es el homicidio, contrariamente a lo que ocurre con los presos comunes, quienes poseen más porcentajes en otros tipos de delitos", agregó.

A continuación, dijo que "en el sistema federal, el 20 por ciento del total de los miembros de fuerzas de seguridad está preso por homicidio y el 18 por ciento por delitos contra la propiedad. En el resto de la población la tendencia es inversa, el 40 por ciento esta en la cárcel por robos y hurtos y sólo el 12 por ciento por delitos contra las personas".

Este fue el último proyecto fundamentado por la senadora Halak, debido a que el Senado le aceptó la renuncia a su banca para que pueda trabajar en la campaña como candidata a viceintendenta de la ciudad de Córdoba por Unión por Córdoba. En su lugar asumirá -hasta el 10 de diciembre de este año- Norma García de Alacca.

Una de las voces disidentes con el aumento de penas fue la de Jorge Yoma, a pesar de que finalmente aprobó la iniciativa con observaciones parciales.

El riojano se quejó porque "el Senado está agravando las penas ante los delitos graves que salen en la tapa de los diarios; la solución del Congreso siempre es agravar las penas y así delitos menores terminan teniendo sanciones mayores que los graves".

El vicepresidente Daniel Scioli aseguró que con las leyes sobre seguridad que se tratan en el Congreso se está buscando rescatar a policías dignos, castigar a los malos y que haya más rejas para los delincuentes y menos en las casas de las personas honestas. Explicó que se trabaja "por sobre todas las cosas en rescatar al policía digno, al que trabaja día a día por ese orgullo que es llevar el uniforme policial y por eso hay que castigar con dureza aquellos que aprovechando ese uniforme cometen este tipo de delitos".

"Con estas dos leyes estamos avanzando en un paquete de iniciativas legislativas que pusimos en marcha a principios de la gestión hace dos meses, con la ley antisecuestros, con la protección de testigos, con el cambio del Código de Procedimiento Penal, y lo que va a ser el tema de armas y abigeato".