Los senadores del justicialismo comenzaron a allanar el camino para el aumento de tarifas, al comprometerse a tratar el miércoles de la semana próxima, sin modificaciones, el proyecto de ley que otorga al Gobierno otro año más de plazo para renegociar los contratos de servicios públicos.
Así lo aseguraron el presidente del bloque del PJ en la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto (Río Negro) y el titular de la bancada radical, Carlos Maestro (Chubut), tras recibir al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El proyecto cuenta entre sus puntos más destacados la extensión al 31 de diciembre de 2004 del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, que en principio debe caducar el 10 de diciembre de este año.
"La ley establece un régimen de emergencia y que el Poder Ejecutivo debe negociar con las empresas y el Congreso debe controlar; asimismo, se pide extender la renegociación hasta el 31 de diciembre del 2004, ya que el plazo presentado hasta el 10 de diciembre de este año es exiguo", indicó el ministro De Vido a los senadores.
El funcionario, que se reunió en el Salón Eva Perón con los integrantes de las comisiones de Infraestructura, Legislación General y Asuntos Municipales del Senado, agregó que "el proyecto tiene por objetivo llegar a un punto de equilibrio entre las empresas y reestablecer los derechos de los usuarios, quienes fueron desprotegidos en los últimos diez años".
El proyecto comenzó a analizarse hace una semana en una reunión de las tres comisiones, que finalizó con la promesa de que para hoy se elaboraría un borrador del proyecto en base a las propuestas y observaciones presentadas por los senadores.
Si bien varios senadores hicieron llegar sus puntos de vista, las comisiones no elaboraron aún el texto que sería propuesto, aunque se descarta que, pese a algunas objeciones y modificaciones al proyecto original, la iniciativa finalmente se aprobará.
Algunos legisladores cuestionan la alternativa de que los nuevos contratos negociados por el Poder Ejecutivo queden vigentes automáticamente en caso de que el Congreso no se pronuncie en un plazo de 90 días, situación que fue minimizada por De Vido, quien considera que no habrá problemas para que "el proyecto sea aprobado".
"De no encontrarse una propuesta adecuada está establecido que el Poder Ejecutivo deba atender las normas y regulaciones hoy vigentes. Por eso, el Congreso debe tener participación activa con la renegociación de los contratos, para lo cual le pedimos las herramientas para terminar con la norma, ya que su misión es auditar y controlar", explicó al respecto el ministro.
Malvina Seguí (PJ-Tucumán), Sonia Escudero (PJ-Salta), Jorge Capitanich (PJ-Chaco) y Gerardo Morales (Frente Cívico-Jujuy) fueron algunos de los legisladores que presentaron objeciones.
Los senadores manifestaron también la intención de que quede expresada en la aprobación del Congreso la posibilidad de que se incluya la denominada tarifa social en la negociación que encare el Poder Ejecutivo. En ese sentido, el ministro aclaró que "en este proyecto no es un asunto central la discusión por las tarifas, aunque tenemos muy claro que debemos cuidar a los más desprotegidos".
Con relación a las 60 demandas que iniciaron las empresas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Disputas (CIADI), tanto De Vido como sus asesores letrados precisaron que "en las negociaciones se tendrán en cuenta todos los temas, y las demandas judiciales no serán dejadas de lado, aunque es un tema en el aún no se maneja demasiada información".
Los senadores habían previsto tratar el tema en el recinto en la sesión de hoy, pero la falta de avance en el estudio lo demorará hasta la semana venidera.
