En el Congreso, en tanto, se levantó una sesión especial convocada ayer en la búsqueda de un proyecto consensuado entre oficialismo y oposición. Para Beliz, "lo que sucede en Santiago del Estero es una verguenza nacional", por lo que "hay que tomar medidas muy drásticas" e ir "hasta el hueso" para extirpar los niveles de corrupción de la provincia.

"Se estudia la intervención del Poder Judicial de Santiago del Estero porque lo que sucede es una verguenza, lo que no se ha tomado todavía es la decisión de enviar al Congreso un proyecto del Poder Ejecutivo", dijo Beliz tras la apertura de un seminario sobre el uso y control de armas de fuego en el Senado de la Nación.

Las declaraciones de Beliz se conocen un día después de que la jueza María del Carmen Bravo ordenara ayer varias detenciones del grupo denominado "hijos del poder" en la provincia, por la investigación del doble crimen de La Dársena que desató la crisis en Santiago y mantiene en vilo al gobierno provincial.

La sesión especial para debatir la intervención federal al Poder Judicial de Santiago del Estero, pedida por la diputada de la CTA en el socialismo María José Lubertino, fue levantada ayer con el objetivo de consensuar un proyecto común con el oficialismo, aunque diputados de la oposición manifestaron que el pedido de sesión "fue apresurado". El proyecto de intervención al Poder Judicial santiagueño fue presentado por el diputado del ARI, Atilio Tazzioli, pero ayer Lubertino solicitó una sesión especial para debatirlo.

En ese sentido, la diputada Marcela Bordenave dijo que Lubertino "se apresuró a pedir la sesión especial, porque se está buscando consensuar un proyecto común con el oficialismo".

"Hay voluntad política de avanzar en ese sentido; el tema es demasiado serio y por eso no se realizó la sesión pedida para hoy", añadió.

Por su parte, Bordenave indicó que "era evidente que si no hay consenso con el PJ el bloque no iba a bajar al recinto" para realizar la sesión de ayer y puso en duda que se realice el próximo miércoles si no se establece ese acuerdo con el oficialismo.

El proyecto de Tazzioli establece que se declara la intervención federal al Poder Judicial de Santiago del Estero por el término de 180 días "a fin de garantizar la forma republicana de gobierno. Dicho plazo podrá ser ampliado por igual término, mediante resolución fundada del Poder Ejecutivo Nacional".

Mientras tanto, el senador Jorge Yoma, líder del principal partido opositor al justicialismo riojano, comparó al Poder Judicial de Santiago del Estero con el de La Rioja y anticipó que le pidió al ministro de Justicia, Gustavo Beliz, que envíe una delegación de su cartera para escuchar los reclamos de organismos de derechos humanos.

Yoma dijo que se reunió con Beliz ya que "en La Rioja se vive la misma situación con la Justicia que en Santiago del Estero, con el mismo grupo que presiona y se asocia con el poder político que es el grupo Ick", la familia santiagueña propietaria del Banco de Santiago del Estero y de acciones del Nuevo Banco Rioja.