Así lo indicaron fuentes gubernamentales y sindicales, que además señalaron que hasta el momento la única duda operativa es si el Gobierno convocará especialmente a sesiones extraordinarias del Congreso en febrero o si la reforma deberá esperar a las reuniones ordinarias que comenzarán en marzo.

"Este tema está es estudio, es un tema a resolver", dijo el presidente Néstor Kirchner en el partido bonaerense de Chascomús, hasta donde llegó para encabezar un acto acompañado por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y una nutrida delegación de sindicalistas, entre ellos el camionero Hugo Moyano.

"Entiendo que el decreto de necesidad y urgencia para una norma de fondo, y más con la trayectoria de esta norma, no sería lo más adecuado. El Presidente (Néstor Kirchner) está pensando en la intervención parlamentaria", aseguró el ministro de Trabajo. De esta manera, el gobierno confirmó lo que ya había adelantado a los representantes de las CGT oficial y disidente y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) sobre la intención del Ejecutivo de avanzar en el impulso de la derogación de la norma, en sintonía con lo reclamado por los distintos sectores gremiales.

Tomada aseguró que "el hecho central" por el cual el oficialismo buscará avanzar en la derogación de la norma en el Congreso "es la característica de ley bajo sospecha" que tiene la reforma laboral luego de que se reavivara el escándalo por los presuntos sobornos en el Senado con la declaración del arrepentido ex secretario parlamentario de ese cuerpo Mario Pontaquarto.

En tanto, la posibilidad de derogación de la cuestionada ley continuó cosechando apoyos desde distintos sectores. El Comité Nacional del radicalismo se pronunció por la sanción de una nueva Ley de Reforma Laboral y manifestó su intención de participar en un amplio debate parlamentario en ese sentido.

"El Comité Nacional de la UCR, ante los hechos que son de dominio público referidos a la Ley de Reforma Laboral, entiende necesario analizar una nueva legislación, con la participación de todos los actores sociales, sindicales y empresarios", sostuvo el radicalismo en un comunicado firmado por su presidente, Angel Rozas, entre otros dirigentes.

Desde el sector empresario, la Cámara Argentina de Comercio (CAC) consideró que la norma "debe derogarse considerando que la transparencia es el marco ineludible dentro del cual deben sancionarse las leyes" y que "la sola sospecha es base suficiente para remplazar aquella legislación por otra".

Por su parte, el lÍder de la CGT disidente, Hugo Moyano, reiteró su postura a favor de una "derogación lisa y llana y suplantar con urgencia los artículos que más perjudicaron a los trabajadores".

En el mismo sentido se pronunció el titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, quien -en diálogo con radio América- dijo que ya le plantearon a Tomada la necesidad de derogar la ley "sin provocar un vacío jurídico" y "acompañada por la sanción de una nueva ley en la que se modifique el período de prueba".

A su turno, el titular de la CTA, Víctor De Gennaro, reiteró que "la ley es nula objetivamente por la situación de corrupción que rodeó la sanción" y señaló que "evidentemente por todo lo actuado debería ser declarada nula". Por su parte, el ARI que conduce Elisa Carrió salió a ratificar su postura de que "una ley producto de las coimas se tiene que anular". El vocero de esta postura fue el jefe del bloque de diputados del ARI, Eduardo Macaluse, quien dijo que "sorprende que el oficialismo declare prisa para tratar la ley de reforma laboral, puesto que en la última sesión sus diputados salieron corriendo para no tratarla".

Macaluse preguntó a los legisladores que piden la derogación, en lugar de la anulación de la polémica normativa "cómo puede justificarse la vigencia durante más de tres años de una ley que fue sacada con sobornos".