Luego de casi nueve horas de debate los diputados aprobó por 215 votos a favor y 23 en contra la iniciativa. Entre los que votaron en contra figuraron ARI, los socialistas y bloques de izquierda, que impulsaban la derogación de la iniciativa.
Aunque la denuncia de corrupción data de cuatro años atrás, fue la reactivación de la causa por la confesión de Mario Pontaquarto y la decisión del gobierno de terminar con una ley sospechada lo que da a nueva norma un fuerte consenso político.
De hecho, no existió ninguna bancada que planteara mantener la ley y el debate en Diputados se limitó a una división entre los partidos mayoritarios inclinados a la derogación y algunas fuerzas de izquierda y centroizquierda que impulsaron su nulidad. De este modo, el proyecto propiciado por el gobierno tuvo el apoyo del justicialismo, el radicalismo, el interbloque "Provincias Unidas" liderado por Adolfo Rodríguez Saá, el Interbloque Federal y las bancadas kirchneristas de Convergencia (Miguel Bonasso) y Encuentro (Juliana Marino), el Frepaso y el Frente para el Cambio.
La propuesta de anulación fue impulsada por el interbloque del ARI y el Partido Socialista, sustentada en un dictamen de minoría, y fue apoyado por Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora e Izquierda Unida que conduce Patricia Walsh.
El debate se abrió cerca del mediodía con el discurso del presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, Saúl Ubaldini, para quien "no puede mantenerse esta ley sospechada por la mayoría de la gente". El ex secretario general de la CGT elogió la restitución de la ultraactividad, clave -dijo- para "defender las condiciones generales de un convenio colectivo de trabajo".
Desde el radicalismo, Margarita Stolbizer reconoció que fue "una equivocación" haber respaldo el proyecto de reforma laboral durante el gobierno de la Alianza.
En tanto, la propuesta de anulación fue defendida por el diputado del ARI Alberto Piccinini, quien planteó que "se utilizó el dinero de los contribuyentes para sancionar una ley que afectaba a los trabajadores" que "es nula por violar el mandato de la Constitución".
En el mismo sentido se pronunció el socialista Ariel Basteiro, quien justificó su postura de anulación en que esta ley "ha sido promulgada a partir un hecho ilícito de corrupción" y reseñó que en el 2000 "nos movilizamos con las organizaciones sindicales, como la CTA, para pedir que esa no existiera".
Desde los partidos provinciales, Guillermo Alchouron -uno de los firmes candidatos a ocupar la vicepresidencia tercera- respaldó la derogación aunque criticó algunas "rigidices", como limitar el período de prueba.
Adolfo Rodríguez Saá aseguró que siempre estuvo "en contra" de la reforma laboral por el cual, dijo, acompañaba "con entusiasmo la derogación". Reseñó que cuando fue presidente presentó, el 27 de diciembre, un proyecto que "tuvo dictamen pero no hubo coraje y voluntad" para avanzar.
Por su parte, Miguel Bonasso dijo que se trató de "una ley infame" y sostuvo que desde "el periodismo de investigación se pudo comprobar como el gobierno de la Alianza obstaculizó el proceso legal y ahora esperamos que algún día responsables como Flamarique y De la Rúa (Fernando) terminen donde tienen que terminar: en la cárcel".
