Los diputados nacionales de diferentes bancadas de la oposición y dirigentes sociales y sindicales alineados con la CTA pretenden además que las autoridades de la Cámara baja, encabezadas por Eduardo Camaño, posterguen el tratamiento del proyecto en la sesión prevista para el próximo 4 de agosto.

En este marco, la diputada nacional de Frente para el Cambio Alicia Castro insistió en que no votará la ley que impulsa el Gobierno en el marco del compromiso asumido con el FMI al sostener que "tenemos que recuperar nuestra soberanía política".

"No voy a votar la ley porque creo que por principios tenemos que recuperar nuestra soberanía política. Esa ley pertenece al linaje de las leyes que pide el FMI y no puede ser que sigan opinando sobre la política económica de nuestro país y la política interna", dijo la legisladora.

Castro destacó que el FMI "es una entidad para reestablecer los desequilibrios macroeconómicos internacionales y punto, no puede ni debe opinar sobre cuándo y cómo tenemos que legislar".

Por su lado, el diputado nacional Daniel Basile (PJ-Buenos Aires) reiteró su oposición al proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal que impulsa el gobierno, debido a que la aprobación de esa iniciativa "perjudicará" a la provincia de Buenos Aires. "Me molesta muchísimo que me corran con la vaina, porque esta situación perjudica al pueblo de la provincia de Buenos Aires", dijo el diputado.

Basile, un legislador enrolado en el duhaldismo, pidió al presidente Néstor Kirchner, junto a un grupo de diputados opositores, la realización de un "amplio debate nacional" acerca del rol del Estado y de las relaciones federales, además de la postergación del tratamiento de la norma previsto para el 4 de agosto próximo.

La posición esgrimida por Basile, hecha a título "personal", según se encargó de remarcar el legislador, surge luego de que el gobernador Felipé Solá comprometió el voto positivo de los diputados bonaerenses al proyecto impulsado por la Nación.

El miércoles a las 15 se iniciará una Audiencia Pública convocada para exponer los cuestionamientos del sector a la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que prevé normas de transparencia y gestión pública para las provincias, y que resulta crucial para renovar los acuerdos con el Fondo.

En ese marco, el sector -liderado por Claudio Lozano de Emancipación y Justicia e integrado además por diputados de la UCR, el ARI, la izquierda, el socialismo y dirigentes de la CTA, enviaron una carta al presidente Néstor Kirchner para pedir un amplio debate nacional acerca del rol del Estado y de las relaciones federales previo al tratamiento del proyecto.

También, integran el grupo los diputados del 'Frente para el Cambio', Alicia Castro; y de Soberanía Popular, Mario Cafiero; el Grupo Fénix, así como los legisladores del PJ bonaerense Marina Cassese y Daniel Basile, quienes aclararon que cuestionaban el proyecto en "carácter personal y no en nombre del bloque del PJ".

De hecho, fuentes del bloque oficialista destacaron que la intención del PJ es mantener la fecha del 4 de agosto para tratar el proyecto en el recinto, y reiteraron su confianza en que el justicialismo logrará los votos necesarios de su bancada para aprobar la iniciativa en la próxima sesión.

El proyecto ya tiene media sanción del Senado, pero en Diputados es rechazada también por el Interbloque Federal, que anticipó su decisión de retirarse del recinto si el justicialismo insistía en tratar la iniciativa ese día.

El texto aprobado en el Senado prevé que la Nación presente antes del 31 de agosto de cada año al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal el marco macrofiscal para el siguiente ejercicio, y detalle el contenido del mismo.