El proyecto enviado por la Cámara baja establece para las empresas del sector un horizonte de diez años de estabilidad fiscal, además de una reducción de 60 por ciento en el impuesto a las ganancias y del 70 por ciento en los aportes patronales, a cambio de invertir en Investigación y Desarrollo, Certificación de Calidad y Exportaciones. También prevé la creación del FONSOFT, que desde el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología se aplicará a la capacitación de recursos humanos y el apoyo económico a las universidades y a las pymes para que éstas inviertan en investigación y desarrollo.

La previsión del sector privado, de acuerdo con los resultados de los trabajos del foro de competitividad, es que el impacto de esta promoción generará un crecimiento anual de entre el 20 y el 25 por ciento para el sector.

Además duplicará, entre este año y 2007, el empleo del sector que se caracteriza por ser mano de obra capacitada y lo mismo ocurrirá con las exportaciones cuyo incremento no dependerá ya del tipo de cambio.

Posteriormente se aprobó otro proyecto mediante el cual se restituye el 15 por ciento de las compras que realicen con tarjeta magnética aquellos beneficiarios de planes sociales. El texto obliga a los monotributistas a aceptar como medio de pago a las transferencias bancarias mediante tarjetas de débito y el reintegro parcial a los contribuyentes del costo que insumirá la implementación del sistema.

También establece que los beneficios que el Estado nacional conceda, en virtud de los planes, programas y acciones de empleo, capacitación y formación profesional, que se ejecuten en el ámbito nacional y provincial o municipal no constituyen remuneración ni están sujetos a gravámenes por ningún concepto y son inembargables con la salvedad de las cuotas por alimento y litisexpensas. El Senado convirtió en ley un proyecto que establece un régimen de incentivos fiscales para inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura por 1.000 millones de pesos, una iniciativa impulsada por el Gobierno y respaldada por el bloque justicialista. El cupo fiscal anual que otorga la norma es de 1.000 millones de pesos para inversiones en bienes de capital, que establece 700 millones de pesos para devoluciones anticipadas de IVA y 300 millones de pesos en amortizaciones aceleradas.

La iniciativa oficial, redactada por el Ministerio de Economía, dispone también un cupo de 200 millones de pesos anuales exclusivamente para las Pymes, se aprobó en una votación de 49 a 1 en general y si bien hubo planteos de la oposición para realizar modificaciones en particular estos que nos prosperaron.

A la hora de informar, el senador justicialista Jorge Capitanich (Chaco) defendió la iniciativa y se opuso con firmeza que esta ley favorce a alguna empresa en particular y desechó que se la llamara "ley Techint".

Por su parte, el radical Ernesto Sanz (Mendoza), acompañó la idea de Capitanich aunque desde su rol opositor señaló que votaría a favor del proyecto pero rescató un dictamen de minoría pero criticó la posición del oficialismo de no aceptar "ninguna modificación".

En ese marco, el presidente de la bancada justicialista, Miguel Angel Pichetto remarcó la necesidad de "sincerar el debate" y destacó que la norma es una ley marco que tiene como objetivo "el desarrollo de las obras de infraestructura, entre los cuales está el gaseoducto.