La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que modifica el artículo 55 del Código Penal y establece un tope máximo de 50 años para la sumatoria de delitos. De esta forma, la Cámara baja insistió con la sanción que otorgó en abril pasado al proyecto y rechazó las modificaciones introducidas por el Senado que había establecido un tope máximo de 37 años y seis meses para la sumatoria de penas de diferentes delitos cometidos por una misma persona.
El proyecto, impulsado en la Cámara baja por el justicialista bonaerense Jorge Casanovas y la diputada del Partido Buenos Aires Mirta Pérez fue aprobado casi sin debate por 95 votos contra 18 y 46 abstenciones, postura que adoptó el radicalismo y varios partidos de izquierda.
El nuevo texto señala: "Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo en tal caso tendrá como mínimo, el mínimo mayor, y como máximo la suma resultante de la acumulación de las penas correspondientes a los diversos hechos". Agrega que "esta suma no podrá exceder el máximo legal de 50 años de reclusión o prisión", de acuerdo con el nuevo artículo 55, que fue impulsado por el justicialista Jorge Casanovas.
El proyecto está en sintonía con uno de los puntos del petitorio que impulsó el empresario Juan Carlos Blumberg y que fue presentado por el padre del joven asesinado por sus secuestradores, en la marcha del 1 de abril pasado.
La iniciativa tuvo un fuerte debate en la Comisión de Legislación Penal en abril pasado, tras la presentación de dos proyectos similares, uno de la pierrista Mirta Pérez -sin límite en la sumatoria- y el de Casanovas, que tuvo entre los oficialistas la fuerte oposición de la actual Procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo. Los diputados habían aprobado la norma en mayo pasado y dos meses después fue tratado por el Senado que buscó incluir modificaciones como el tope de 37 años y seis meses como pena máxima para la acumulación de condenas.
El límite impuesto ahora sobre los delitos de concurso real se equipara entonces al de la ley 23.077 que establece 50 años de penas a los que comentan delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, conocido como Ley de la Defensa de la Democracia.
A la hora de la votación, la bancada radical, a través del presidente de la Comisión de Legislación Penal, el misionero Hernán Damiani, planteó la posición de la UCR de abstenerse de votar, idéntica posición que asumieron el ARI, el Partido Socialista, los unibloques de Claudio Lozano (CTA) y Mario Cafiero (Soberanía Popular) y varios bloques de centro izquierda.
En tanto, el PJ contó con el apoyo del Interbloque Federal, la fuerza de Rodríguez Saá y los macristas.
Finalmente, también el cuerpo dio media sanción a un proyecto que modifica el artículo 67 del Código Penal y que establece un nuevo marco sobre las interrupciones y prescripción de delitos y sus reincidencias, que fue girado al Senado.
