Los ejecutivos españoles aseguraron que la iniciativa "altera sustancialmente" los contratos y advirtieron que tendrá "consecuencias en la evolución del servicio y en general sobre la economía en su conjunto".

Los directivos expresaron su malestar porque el proyecto impulsado por el presidente del bloque radical del Senado y aprobado sin disidencias provoca un "ostensible desequilibrio entre los derechos que se confieren a los usuarios y los que se reconocen a las prestadoras".

Las quejas se encuentran en un documento elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y que fueron publicadas en una nota central en el diario madrileño El País. Incluso, el texto del documento ya se encuentra en manos del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ya que fue traído durante el fin de semana por funcionarios de esa cartera que viajaron a España.

La principal preocupación de los empresarios españoles pasa por la reciente aprobación del Senado de un proyecto que, entre medidas, impide a las prestadoras de servicios públicos cortar el suministro a usuarios que entren en mora en los pagos. Además, la iniciativa establece el concepto de "acceso universal" a todos los habitantes del país.