El proyecto -que cuenta con la aprobación del Senado- es promovida desde el gobierno de Felipe Solá y establece que las causas de narcotráfico que involucren el comercio de droga fraccionada, correspondan a la justicia de las provincias, mientras que las investigaciones por narcotráfico sigan en manos de la justicia federal. Si bien estaba prevista en la reunión de las comisiones de Prevención de Adicciones, Justicia y Legislación Penal, la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, el funcionario no pudo concurrir finalmente al encuentro debido a "problemas de agenda", según indicaron fuentes parlamentarias.

Durante la reunión en la que se inició el tratamiento del proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial, el juez federal del Tribunal Oral Número 3, Gustavo Costa, y la especialista de la UBA Lucía Larrandart expusieron su postura contraria al proyecto.

En la oportunidad, el titular del bloque de diputados del justicialismo, encabezado por José María Díaz Bancalari, propuso avanzar con el dictamen del proyecto, al sostener que la iniciativa "no busca perseguir al consumidor", y destacó la necesidad de solucionar la situación que, dijo, "cada día es más grave". Sin embargo, el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el radical Hernán Damiani, rechazó la posibilidad de emitir dictamen durante esa reunión y recordó que existía un acuerdo para avanzar, en cambio, la semana próxima, luego de analizar las posturas manifestadas en el plenario.