La sesión convocada para debatir un proyecto que pone fin a los procesos penales contra piqueteros fracasó esta tarde debido a que sus impulsores apenas pudieron reunir 25 de los 129 legisladores necesarios para habilitar el debate.
El titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, procedió a levantar la sesión al vencer el plazo de media hora para comenzar la deliberación, aunque permitió que el socialista Ariel Basteiro exponga los argumentos favorables a la iniciativa que presentó para poner fin a 4000 procesos judiciales y la libertad de unos 30 presos.
La sesión especial solicitado por diputados de centroizquierda fue respaldada por agrupaciones de piqueteros que hoy se movilizaron al Congreso Nacional para apoyar este proyecto de desprocesamiento de los ciudadanos procesados por cortes de ruta, roturas del edificio de la Legislatura o toma de empresas privadas. El fracaso de la sesión se debió a que tanto el justicialismo, como el radicalismo -con excepción de Alfredo Martínez-, así como los provinciales decidieron no dar quórum para debatir este proyecto promovido por los diputados del socialismo Ariel Basteiro y de Izquierda Unida Patricia Walsh .
Los diputados que asistieron fueron los socialistas Eduardo García, Héctor Polino, Jorge Rivas; del ARI Marta Maffei, Alberto Piccinini, María América González, Eduardo Macalusse, Susana García; de Convergencia José Roselli y Araceli Méndez de Ferreira; del Frepaso Alejandro Filomeno y de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora.
Si bien la sesión no se pudo habilitar por falta de quórum, tanto Basteiro como Patricia Walsh expusieron los argumentos a favor de extinguir la acción penal contra los piqueteros ya que en la actualidad hay 4000 manifestantes procesados y una treintena que está detenidos.
Basteiro dijo que "la criminalización de la protesta ha llevado a que religiosos, legisladores, integrantes de pueblos originarios, ecologistas, jubilados, trabajadores y desocupados fueran procesados por reclamar por el cumplimiento de sus derechos. Es necesario adecuar el Código de Procesamiento a las nuevas circunstancias que vive el país".