El principal cambio introducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Cristina Fernández de Kirchner, es la obligación de las empresas privadas a brindar datos sobre su organización.

El proyecto volverá con modificaciones a la Cámara de Diputados, debido a que el plenario de comisiones que lo analizó agregó en los alcances de la ley a las instituciones privadas que reciben subsidios o algún otro tipo de asistencia por parte del Estado.

El proyecto original, enviado en mayo del 2003 por la Cámara baja, será defendido en el Senado por el bloque radical, que se manifestó en sintonía con la mayoría de las ONGs. Sin embargo, el bloque justicialista cuenta con el apoyo de los "transversales" y de algunos representantes de partidos provinciales para imponerse en la votación.

Uno de los puntos resistido por los radicales fue el artículo 8, que obliga a la presentación de un documento con carácter de declaración jurada para quien solicite la información en la cual debe constar el fin para el cual se solicita.

Varios senadores, incluso del oficialismo, consideraron como "intimidatorio" a este artículo, en tanto que los que defendieron el proyecto argumentaron que es por una cuestión de "garantías". Este formulario por el que se solicitan los datos tendrá un plazo de 20 días hábiles para ser respondido, que podrá ser extendido hasta 35.

El articulado establece que el silencio o la inexactitud en la entrega de los datos se presume como negativa, y habilita a que el requiriente pueda acceder a vías judiciales.

Las comisiones también modificaron el artículo que establece que los documentos reservados del Estado (por cuestiones de seguridad o de relaciones internacionales) podrán estar a salvo del alcance de esta ley "hasta los 30 años".