La Cámara de Diputados aprobó elevar ante el Senado el juicio político contra el juicio político contra el juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano por mal desempeño de sus funciones, con lo cual finalizó la tarea de la comisión parlamentaria de depuración del máximo tribunal.
Boggiano es el último ministro que permanecía aún en la Corte Suprema de la denominada mayoría automática menemista, ya que el resto de sus integrantes Julio Nazareno, Guillermo López, y Adolfo Vázquez renunciaron cuando avanzaba la acusación en su contra, y Eduardo Moliné O'Connor fue destituido.
Ahora, el Senado convertido en tribunal deberá decidir si condena o dicta la absolución del juez Boggiano, a la vez que podría resolver su suspensión mientras se sustancie el juicio.
El despacho que fue aprobado en el recinto de la Cámara baja por 159 votos contra 6 y 5 abstenciones se basó en catorce cargos por la actuación que tuvo Boggiano en los casos "Dragonetti de Roman", "Macri" y "Meller. Por ese mismo caso -que se convirtió en la médula de la acusación- el Senado destituyó Moliné O'Connor y además porque existe una causa abierta contra ex funcionarios menemistas, como María Julia Alsogaray, por haber convalidado el reclamo de esta firma que hoy implica 400 millones en bonos.
Los bloques políticos mayoritarios habían acordado debatir el dictamen acusatorio en las últimas sesiones del período ordinario, para terminar con la tarea que emprendieron hace más de dos años para poder renovar el alto tribunal de la Nación.
El dictamen fue defendido en el recinto por el titular de la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Ricardo Falú, quien aclaró que con esa acusación los diputados "no desafiamos a otros poderes, pero si desafiamos a alguien es a un sistema de impunidad que ha generado un daño colectivo a la sociedad".
"No hemos atacado al Poder Judicial. Si alguien lo atacó fue Boggiano durante más de 10 años. Espero que la coherencia se mantenga vamos a convencer al Senado y vamos a ganar el juicio en esa cámara porque no permitiremos que el Estado soporte un reproche internacional", aseveró Falú en su exposición.
Desde el ARI, Adrián Pérez, respaldó la acusación y sostuvo que se trata de "las mismas causales por las cuáles este plenario se pronunció contra otros magistrados como Moliné O'Connor, Vázquez y Nazareno" y destacó que el procedimiento de depuración de la Corte "ha sido más que acertado".
Entre las pocas voces en contra de la acusación figuró la de diputada justicialista por Salta Lelia Chaya, quien destacó que fundamentaba su voto "con la responsabilidad de la ética y de no ser una militante que se averguence de haber sostenido a un presidente peronista como fue Menem".
También, el diputado de la UCeDé de Córdoba, Mauricio Bossa, se mostró en contra de la acusación y advirtió que con la elevación al Senado del juicio político "se abre la puerta a quitar del medio a cualquier juez molesto".
El despacho de 132 páginas emitido en base a 14 cargos fundamenta su acusación en base a la actuación que tuvo el ministro de la Corte en las causas "Macri", "Dragonetti de Román" y Meller, que es la base central de las imputaciones de los legisladores.
La causa Meller se originó en el reclamo de la empresa que imprimió las guías telefónicas de una actualización por 400 millones de pesos en bonos de consolidación en perjuicio del Estado.
La maniobra fue advertida por una funcionaria del Ministerio de Economía y debió expedirse el Procurador del Tesoro -máxima autoridad de la Administración Pública-, quien determinó que el reclamo era nulo y debía ser declarado "lesivo" al interés público.
Pero la ex funcionaria María Julia Alsogaray desconoció la resolución y llevó el caso ante el Tribunal de Obras Públicas, que decidió que el Estado debía pagar la actualización reclamada, pero la Corte falló en favor de la empresa y en perjuicio del Estado nacional.
En el dictamen acusatorio se detalló la existencia de una "conducta claramente autocontradictoria", que fue explicada largamente por Falú, quien dijo que Boggiano "mintió" al explicar la modificación de su voto en el fallo que benefició a Meller.
"De la misma galera que tenía pañuelos sacó conejos", enfatizó el justicialista tucumano.
El respaldo al dictamen también fue expresado por el socialista Héctor Polino, el citado Adrián Pérez y Luis Zamora, de Autodeterminación y Libertad, quien aclaró que "de todos modos se hace justicia en forma tardía".
La acusación contra Boggiano debió atravesar una dura batalla política que se desarrolló en el seno del PJ y tuvo su clara expresión en públicos cuestionamientos y lentos trámites parlamentarios.
Cuando se habían aprobado las primeras 3 acusaciones contra Boggiano -luego se sumaron otros 11 cargos- desde la Casa Rosada se dejó trascender que el presidente Néstor Kirchner no veía con buenos ojos el avance del proceso contra el ministro.
