La Cámara de Diputados sancionó la ley que incrementa en forma drástica la inversión en educación, ciencia y tecnología, que prevé un aumento de unos 30 mil millones de pesos en los próximos cinco años.
La iniciativa oficialista fue respaldada mayoritariamente por los legisladores del Frente para la Victoria, duhaldistas y macristas, y en general por diputados aristas, quienes propusieron cambios que fueron rechazados de plano por los kirchneristas.
El debate, que se extendió por más de seis horas, fue seguido de cerca por el ministro de Educación, Daniel Filmus, quien llegó al recinto pocos minutos después de que comenzó la discusión y se ubicó en la bandeja de asesores.
El debate se abrió con un discurso de la presidente de la comisión, Silvia Esteban (Frente para la Victoria-Santa Cruz), quien aseguró que es "una ley fundamental porque estamos tratando una iniciativa que forma parte de la estrategia para fomentar el crecimiento del país".
El proyecto fue defendido por el titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, quien sostuvo que la ley apunta a darle a la Argentina "el perfil social que alguna vez tuvo el país", al destacar el consenso logrado para su elaboración junto con organizaciones gremiales y docentes. "No venimos a tratar una ley simplemente que es iniciativa exclusiva del gobierno. Hemos hecho los pasos previos para darle el mayor contenido y apoyo correspondiente al proyecto que apunta a darle a la Argentina el perfil social que alguna vez tuvo", aseveró Rossi, en su discurso.
"Este proyecto del Poder Ejecutivo contó con el consenso de los gobernadores, empresarios y otros sectores de la sociedad", ponderó Esteban y Agustín Rossi, señaló: "la apuesta es volver a darle ese perfil social que la Educación supo tener".
Desde el radicalismo, el titular del bloque de diputados de la UCR, Fernando Chironi, justificó el rechazo de esa bancada a la iniciativa y consideró que el proyecto "no es equitativo porque no contempla la realidad de las provincias y pone la carga más pesada sobre ellas".
"Es difícil estar en contra de una ley que incrementa el financiamiento educativo, pero este financiamiento viene a consolidar el eje del sistema educativo que es la Ley de Educación Federal que destruyó la educación en la Argentina", dijo Fernando Chironi.
A través de Marta Maffei, el bloque del ARI, sostuvo que esa bancada comparte el proyecto "para una mejor inversión porque el conocimiento no es neutral", aunque consideró que se trata de una ley "insuficiente e injusta que prevé en uno de sus artículos que las provincias no cumplan con la inversión en educación".
Maffei advirtió: "lo que va a suceder si agregamos ciencia y tecnología es que se va a diluir la mejora de la inversión y, además, con la mejora de la inversión la Nación terminará aportando, al cabo de cinco años, el 31 por ciento y las provincias el 79 por ciento de los 6 puntos de PBI".
Por su parte, el diputado adolfista Claudio Poggi (San Luis), anticipó su voto en general del proyecto pero mostró sus reparos en torno a la iniciativa al considerar que "una de las debilidades que tiene es la distorsión financiera en la relación Nacion-Provincias".
También, desde el interbloque macrista de Propuesta Federal, el diputado Esteban Bullrich, se manifestó a favor pero pidió "una mejor distribución del gasto y de la inversión".
El proyecto establece que el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aumenten la inversión en educación, en conjunto, entre los años 2006 y 2010 hasta llegar al seis por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Además, la iniciativa establece que en 2006 la cifra aumente a 4,7; en 2007 a 5; en 2008 a 5,3; en 2009 a 5,6; y en 2010 a 6 puntos del PBI o sea alrededor de 53 mil millones de pesos, es decir 30 mil millones más que la inversión actual que es de 23 mil millones.
El incremento financiero de la inversión se destinará, según la ley, a incluir en el nivel inicial al ciento por ciento de los niños de cinco años de edad.
En el recinto, el radicalismo objetó el artículo que se refiere al esfuerzo fiscal que deben hacer la Nación y las provincias y la constitucionalidad del artículo séptimo que establece un plazo de 5 años para una asignación de recursos coparticipables que garantice "condiciones equitativas en el sistema educativo nacional".
De acuerdo al proyecto, la Nación mantendrá el esfuerzo coparticipable en el 40 por ciento, mientras que las provincias deben llegar al 60 por ciento.
