La Cámara de Diputados ratificó el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que rescinde el contrato para el servicio de agua y cloacas del área metropolitana con la empresa Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez.
Con la ratificación de este decreto, que se espera será avalada por el Senado la semana próxima, el Congreso dará un fuerte respaldo a la decisión del gobierno nacional, utilizando el mismo mecanismo que para el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Si bien la Cámara de Diputados no pudo avanzar en la ratificación del decreto que crea la empresa estatal Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), el oficialismo logró aprobar en el recinto una preferencia con despacho de comisión para tratar la semana próxima el proyecto.
El proyecto de resolución -que no tiene ningún tipo de alcance legal- reafirma la anulación del contrato entre el Estado y la empresa francesa Suez, encargada de la distribución de agua potable en la Capital Federal y parte del Conurbano bonaerense.
Gracias al voto del bloque del PJ, el proyecto cosechó 145 a favor, dos en contra y 48 abstenciones, principalmente de la bancada radical.
Horas antes de la sesión, el líder del sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingieri, concurrió a la Cámara baja para defender la medida del Gobierno.
Durante el largo debate, informó por la mayoría el diputado justicialista santafesino Gustavo Marconatto, quien criticó a la empresa de origen francés y defendió el accionar del Poder Ejecutivo, que anuló la concesión a la compañía mediante el decreto 303/06. "El Estado ejerció sobre la empresa de servicios públicos el poder de policía en resguardo de la salud y el patrimonio de la población", señaló Marconatto, quien atribuyó a Suez la anulación del contrato de concesión: "la rescisión del contrato es por culpa del concesionario", dijo.
Desde la oposición, el radical Oscar Aguad (Córdoba) reclamó la presencia en el Congreso del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que explique los motivos de la anulación del contrato. También criticó la herramienta mediante la cual el Gobierno le quitó la concesión a Aguas Argentinas: "por qué un decreto simple tiene que venir al Congreso para ser ratificado", se preguntó.
Alertó además sobre el riesgo que implica la anulación del contrato y dejó entrever que la medida le podría costar al Estado alrededor de 1.700 millones de dólares, cifra que le reclama la empresa al país ante CIADI.
El titular del bloque de diputados de la UCR, Fernando Chironi, manifestó sorpresa por "la variación de postura de aquellos que hace dos años nos dijeron que había que seguir con el contrato y que la empresa iba a hacer grandes obras". Añadió que con esta medida "está concluyendo uno de los procesos más escandalosos de la vida política argentina".
La ex duhaldista Graciela Camaño anticipó su respaldo a la ratificación del decreto y aseguró que la Cámara baja está debatiendo este proyecto "no por un favor político a nadie", sino que es "producto del incumplimiento de los acuerdos que nosotros como legisladores hemos revisado".
A su turno, el jefe del bloque del ARI, Eduardo Macaluse, destacó que la anulación del convenio se produce "no en defensa de los intereses nacionales, sino en respeto a la decisión autónoma que tomó la empresa de irse del país".
Macaluse recordó que hace dos años -cuando el Gobierno renegoció el contrato con Aguas Argentinas- el Presidente elogió a la empresa, e incluso puso la gestión de la francesa Suez como ejemplo ante otras empresas de servicios públicos.
El titular del bloque de diputados kirchneristas, el santafesino Agustín Rossi, destacó el "orgullo" de esa bancada "por el proceso del Correo Argentino, como primera experiencia del Estado de recuperación de un servicio. Es un desafío que tenemos todos los argentinos".
El Gobierno envió la semana pasada dos decretos a la Cámara de Diputados, uno para rescindir el contrato de concesión a la empresa Aguas Argentinas y otro para crear AySA, cuyas acciones adjudicó en 90 por ciento al Estado y 10 por ciento al sindicato.
El proyecto recibió dictamen favorable de la comisión bicameral de Seguimiento de la Facultades Delegadas que se reunió al mediodía, donde los legisladores respaldaron la anulación de la concesión de Aguas Argentinas.
El bloque de diputados del Frente para la Victoria buscará sancionar la próxima semana el proyecto que respalda el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece la creación de AySA. Así quedó expresado en un plenario de las comisiones de Obras Públicas y de Presupuesto, que presiden respectivamente Edgardo Depetri y Carlos Snopek, en el marco de una reunión que contó con la asistencia del secretario general del sindicato Obras Sanitarias, José Luis Lingieri y los intendentes Gustavo Posse y Ricardo Ubieto.
