La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la creación de la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentino (AySA), que reemplazará a Aguas Argentinas tras la rescisión del contrato con el Grupo Suez.
El proyecto oficial fue acompañado por 131 votos de los legisladores de los bloques Frente para la Victoria y Peronista Federal, mientras que radicales, aristas y macristas votaron en contra y contabilizaron 67 votos, y 18 diputados se abstuvieron.
Esta ratificación de la Cámara baja a la decisión del Gobierno se suma al respaldo que brindó esta tarde el Senado al otro decreto del Poder Ejecutivo por el cual se rescinde el contrato con la empresa Aguas Argentinas, que Diputados ya había aprobado la semana pasada.
El proyecto ahora deberá ser ratificado por el Senado, y en la Cámara baja fue defendido en el recinto de Diputados por el presidente de la Comisión de Obras Públicas, el kirchnerista Edgardo Depetri, quien consideró que, con la creación de la nueva empresa, "el Estado recupera una presencia clara y protagónica".
"Esta no es una decisión parcial ni coyuntural. La creación de AySA se da en un marco trascendente, fundamental de la Nación. Ya lo dijo el Presidente cuando anunció que él no venía a administrar sino a transformar la realidad", afirmó Edgardo Depetri.
Desde el Peronismo Federal, Graciela Camaño, expresó el respaldo de esa bancada al decreto y destacó la modificación impulsada en el texto por el Poder Ejecutivo "que ratifica que las acciones son de carácter estatal" aunque aclaró que no se trata de "una reestatización".
Según el texto, el Estado tendrá en su poder el 90 por ciento del capital accionario, que será intransferible, y los trabajadores el 10 por ciento, pero no será una empresa estatal sino una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado, que recibirá un aporte inicial de 150 millones de pesos.
El proyecto indica que será una sociedad anónima sujeta al derecho privado que tendrá la misión de brindar un servicio público y que, por lo tanto, podrá realizar contrataciones directas sin necesidad de hacer licitaciones públicas.
Estas características fueron atacadas desde el radicalismo, que a través del jefe del bloque Fernando Chironi y el santafesino Hugo Storero calificó de "mamarracho legal" la iniciativa oficial.
El también radical Miguel Angel Giubergia anticipó el rechazo de la UCR al decreto y advirtió que esa fuerza presentará junto con otros bloques un proyecto para crear una empresa del Estado "que esté al servicio de los argentinos, que sea absolutamente controlada y con la transparencia necesaria".
El diputado de Nuevo Encuentro Entrerriano Julio Godoy preguntó "¿por qué si no hay monopolio, si no hay competencia, debe haber libertad para la compra?".
Por su parte, la diputada del ARI, Elisa Carrió, sostuvo que el nuevo decreto "no garantiza ni la estabilidad de la empresa, ni el derecho de los empleados de Obras Sanitarias, ni la prestación del servicio de agua" y anticipó que esa fuerza no respaldará la decisión del Poder Ejecutivo "porque no se trata de una sociedad estatal mayoritaria".
La jefa arista agregó: "Este modelo se instrumentó para que los mismos grupos económicos que habían prestado el dinero con un endeudamiento ficticio, se cobraran la deuda con la privatización y el despido de trabajadores".
"Además de vendérselas a empresas con bonos basura, se aseguró la rentabilidad con un cambio peso-dólar. De modo que no es casual que estemos discutiendo la rescisión de Aguas Argentinas, porque esas empresas se retiran, porque terminó la paridad peso- dólar en la Argentina", subrayó.
La Cámara de Diputados había aprobado la semana pasada el decreto 303, por el cual se anuló la concesión a Aguas Argentinas, pero no hubo consenso para respaldar también el 304, debido a que las bancadas del Peronismo Federal y el radicalismo reclamaban que las acciones del Estado no fueran transferibles. Por eso, y para acelerar la ratificación parlamentaria, el Poder Ejecutivo envió modificaciones al decreto, donde estableció que la proporción de acciones de la compañía en poder del Estado, fijada en 90 por ciento, "no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna".
AySA es la empresa (perteneciente en 90 por ciento al Estado nacional y 10 por ciento a los trabajadores), cuya creación fue anunciada por el Gobierno hace dos semanas para reemplazar a Aguas Argentinas en la provisión del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires.
