La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por unanimidad, con el voto de los 47 senadores presentes, y tras un debate de aproximadamente una hora y media, el decreto presidencial que rescindió el contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas.
La semana pasada la Cámara de Diputados dio su visto bueno a la rescisión del contrato con Aguas, por lo cual con la aprobación de anoche del Senado, el Poder Ejecutivo obtiene el "aval parlamentario" que estaba buscando en su decisión de suspender la concesión del servicio privatizado de agua potable y cloacas en el distrito metropolitano.
La rescisión del contrato con Aguas Argentinas fue elogiado desde todos los bloques de la Cámara alta, aunque con diferentes ópticas.
Mientras el oficialismo lo defendió por ser una medida "excelente", el radicalismo expresó que se trató de una decisión que debió haberse tomado hace mucho.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, dijo que la rescisión del contrato con Aguas es una "medida excelente del Poder Ejecutivo Nacional", y expresó que el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS) había advertido "manifiestos incumplimientos por parte de la concesionaria".
"Es una empresa que no cumplió con las inversiones pertinentes, no garantizó el suministro de agua con la calidad requerida y no generó un proceso de incremento y expansión de redes de cobertura integral de agua potable", enumeró.
El titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizadas, el radical jujeño Gerardo Morales, criticó duramente al Grupo Suez -el principal accionista de Aguas Argentinas- y denunció que "en el primer quinquenio, el mejor de sus ejercicios, (la empresa) debió haber hecho inversiones por 1.371 millones de pesos, e incumplió con 711 millones". No obstante, criticó al Estado nacional por no haber rescindido el contrato antes. Primero, según dijo, cuando "María Julia Alsogaray eximió a la empresa de la construcción de dos plantas cloacales en 1997, y luego en 2004, cuando la empresa estaba en concurso y este gobierno le perdonó sus deudas".
Por su parte, el radical santacruceño Alfredo Martínez habló de "muchos incumplimientos de Aguas, sobre todo en épocas anteriores a la devaluación".
El puntano Adolfo Rodríguez Saá, del bloque Provincias Unidas, criticó que el Estado se haya hecho cargo de una empresa que sólo se ocupa de abastecer a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires, entendiendo que esa zona del país se veía "favorecida".
El socialista Rubén Giustiniani cuestionó la privatización de la desaparecida Obras Sanitarias de la Nación, y su posterior conversión a Aguas Argentinas, al enmarcar esa maniobra en "la política de saqueo que se instaló en los años noventa".
