La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reglamentación de la ley de amparo para permitir las demandas colectivas, que en el caso de ser sancionada por el Senado derogará una vieja norma de la dictadura militar.
La iniciativa, elogiada por legisladores de distintas bancadas, fue elaborada mediante la síntesis de los proyectos presentados por la arista Marcela Rodríguez, los kirchneristas Rosario Romero y Manuel Baladrón y el macrista Jorge Vanossi. "No es una ley para la política cotidiana, sino una ley de base, que procura que los derechos fundamentales estén al alcance de los ciudadanos", subrayó Romero, titular de la comisión de Legislación Penal, al explicar el nudo del proyecto.
En la misma línea, la arista Elisa Carrió calificó al texto como "una ley decisiva para la Nación" y recordó que durante la reforma constitucional de 1994 los constituyentes enfrentaron "una gran presión política" para no incluir este instituto legal en la nueva Carta Magna. Además, Carrió elogió la actuación del kirchnerismo durante el debate en las comisiones, al sostener que "el oficialismo actuó con una generosidad no vista hasta ahora".
A su turno, Marcela Rodríguez, otra de las impulsoras de la iniciativa, señaló que "la reglamentación permite una mayor protección de los derechos vulnerados".
"Este proyecto evita una sobrecarga en el ámbito jurisdiccional porque tiende a terminar con la excesiva judicialización de temas individuales que podrían ser colectivizados y liberarían a los tribunales", precisó Rodríguez.
Vanossi, por su parte, destacó que esta norma garantizará que "se cumpla en forma rápida y eficaz con los derechos vulnerados" y en el mismo sentido se expresó el diputado Juan José Alvarez al manifestar su "satisfacción de que se haya obtenido un proyecto respaldado por toda la Cámara baja".
"Este no es un dato menor, porque estamos diciendo qué país queremos y estamos hablando de las garantías de las garantías", destacó el ex duhaldista Alvarez, integrante del bloque Justicialista Nacional.
Alvarez no dejó pasar la oportunidad de retomar el reclamo realizado por la diputada radical Alicia Tate, quien al subrayar la importancia del proyecto aprobado planteó la necesidad de avanzar en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia y de la ley de coparticipación federal.
El texto votado establece que la acción de amparo se aplica "contra todo acto, hecho u omisión de órganos o agentes del Estado Nacional o sus entes autárquicos y descentralizados o de particulares que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos y garantías reconocidos por la Constitución".
