La Cámara de Diputados extendió hasta los primeros días de enero la vigencia de la suspensión de los remates de viviendas únicas con deudas hipotecarias, generadas por préstamos que se obtuvieron bajo la convertibilidad y que entraron en mora a fines de 2001.
Los bloques políticos acordaron extender por 180 días la suspensión de los remates que vencía el 3 de junio tal como lo había votado el Senado, para evitar que se multipliquen las subastas de inmuebles antes de que el Congreso defina a una solución de fondo para los morosos hipotecarios.
Desde que se suspendieron en 2002 los remates hipotecarios los legisladores extendieron ese sucesivamente ese período de veda a la espera de una solución definitiva.
La norma fue votada a mano alzada y obtuvo el respaldo de los oficialistas del Frente para la Victoria, los aristas, socialistas, radicales y las distintas versiones del peronismo -ex duhaldistas y menemistas-. Sólo se opusieron a la prórroga los diputados del Interbloque Propuesta Federal, integrado por macristas, lopermurphystas y representantes de partidos provinciales.
"Es la tercera prórroga. Es necesario encarar una solución de fondo y definitiva al problema", señaló el presidente de la comisión de Justicia, el kirchnerista Luis Cigogna, al presentar la iniciativa ante los demás legisladores.
La críticas llegaron inmediatamente por parte de radicales, macristas, aristas y socialistas, y aunque los planteos variaron en enfoque todos reclamaron una "solución definitiva" al problema y la mayoría consideró necesario conceder un nuevo plazo a los deudores.
"Llegamos a esta situación por responsabilidad del Estado y este Estado debe hacerse responsable del modo en que desprotegió a las familias", sostuvo la arista Marta Maffei y agregó: "es gente que ya no puede contraer un nuevo crédito porque está en el Veraz". Subrayó además la necesidad de elaborar "una ley única proteja a las familias con viviendas únicas, a las Pymes y a las familias que junto con la vivienda compraron una chacra, que les permite trabajar".
El radical chaqueño Víctor Zimmerman dijo que "a pesar de sus deficiencias esta prórroga contempla la defensa del derecho a la vivienda de muchos argentinos que vieron evaporarse la posibilidad de afrontar sus créditos hipotecarios".
Por su parte, el macrista Jorge Vanossi lanzó sus dudas sobre las dificultades para delinear una norma que solucione el conflicto generado tras la sorpresiva decisión de pesificar la economía durante el gobierno de Eduardo Duhalde y sentenció: "no se sabe o no se quiere, o no se puede encontrar las soluciones de fondo para superar esa crisis".
En el mismo sentido se expresó Pablo Tonelli -integrante del PRO pero del sector de Ricardo López Murphy- propuso que "el Banco Nación asista a los deudores, para que cancelen sus obligaciones más gravosas y que de esa forma pueda solucionarse sin afectar derechos de terceros".
El Congreso Nacional aprobó en 2003 la Ley de Salvataje por la cual se creó un fondo fiduciario obligatorio para los acreedores particulares y optativo para los bancos, que fue objetado en la Justicia por los acreedores. De acuerdo con ese mecanismo, los deudores pagaban sus obligaciones al fideicomiso a través de cuotas blandas y éste cancelaba la deuda con el acreedor.
