La Cámara de Diputados intentará avanzar esta semana en el dictamen de un proyecto que impulsa la publicación de las leyes secretas, que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia, y que podría ser debatido en el recinto a mediados de este mes.
El proyecto, que cuenta con media sanción del Senado, será tratado este miércoles en la comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja, que preside el kirchnerista salteño Juan Manuel Urtubey, quien intentará sacar dictamen del texto aprobado por la Cámara alta.
"Vamos a tratar las leyes secretas y queremos impulsar la aprobación del texto sancionado por el Senado, entendiendo que es un paso adelante importante", adelantó Urtubey, al confirmar la voluntad del oficialismo de avanzar en la sanción de la iniciativa.
El proyecto resume las iniciativas de seis senadores oficialistas y establece la derogación de la ley 18.302 y el decreto 5315, que regulan la distribución de fondos reservados, y la publicación de las 141 leyes secretas firmadas entre 1891 y 1983.
De aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá publicar en 60 días todas las leyes secretas (hay 141, dictadas desde 1891) en el Boletín Oficial, entre ellas la ley 18.302, que es la justificación que María Julia Alsogaray y otros ex funcionarios usaron para explicar los sobresueldos de la década del 90.
Desde el radicalismo, el diputado por Córdoba Mario Negri, que integra la comisión de Asuntos Constitucionales, sostuvo que "lo esencial no son las leyes sino que hay que ver los decretos" y anticipó que la UCR impulsará un dictamen de minoría "planteando que el Poder Ejecutivo envíe los decretos".
En tanto, el diputado del PRO Jorge Vanossi anticipó que si bien ese bloque no está en contra de la sanción del Senado impulsará modificaciones al texto para "perfeccionarlo" y adelantó que presentará una disidencia parcial porque, dijo, "creemos que hay que dar también a publicidad los DNU".
Por su parte, el diputado nacional del ARI Adrián Pérez sostuvo que esa bancada rechazará el proyecto impulsado por el oficialismo, al sostener que se trata de una norma "muy limitada y que no va al fondo de la cuestión, ya que sólo contempla las leyes secretas y no habla del resto de las normas reservadas".
En su mayoría, las leyes secretas son decretos-ley dictados por gobiernos de facto, avalados por la Corte para mantener la continuidad jurídica del Estado.
