La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados podría emitir dictamen esta semana sobre el proyecto de ley que establece una indemnización para todas las personas que debieron exiliarse por razones políticas entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983.
Si el martes la comisión que preside la kirchnerista bonaerense Juliana Di Tullio aprueba el texto votado en el Senado en marzo del año pasado, el proyecto pasará a la comisión de Justicia y luego a la de Presupuesto, y finalmente quedará listo para que lo trate el cuerpo.
La iniciativa contempla un beneficio de 107,50 pesos por cada día de exilio forzado entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983, y unos diez mil argentinos podrían obtener una indemnización económica.
La propuesta abre un debate sobre el resarcimiento, que será similar el que recibieron los presos políticos y los detenidos ilegales que fueron alojados en centros clandestinos. Por eso el ARI y la UCR presentaron proyectos propios para que cada caso sea evaluado en forma particular.
De convertirse en ley este proyecto, los exiliados políticos deberán probar que debieron dejar el país porque su vida corría peligro, tanto durante el último período del gobierno de María Estela Martínez de Perón como durante la dictadura militar.
