No se registraron mayores avances en la propuesta de los trabajadores de comercio. Los legisladores tomaron nota del pedido de los gremios y sobran las iniciativas para regular la jornada del domingo.
Pese a la presión gremial, no hay muchos avances en el proyecto de ley para establecer como feriado no laborable al día domingo, un aspecto que viene generando desde hace bastante tiempo una creciente polémica con las cámaras empresarias, en especial con las que representan a los supermercados.
La realidad de los últimos días muestra que mientras en la Legislatura bonaerense apuran un proyecto de ley para regular el trabajo dominical, o al menos abrir una discusión entre empresarios y trabajadores para definir cuáles deben ser las condiciones del trabajo dominical, en el Congreso Nacional hay pocos gestos en ese sentido.
La iniciativa por la cual claman los gremios es la derogación de un decreto de la dictadura (el 2284), y dos artículos de la Ley 21660 de contrato de trabajo, que establecen que, para los empleados mercantiles, los horarios de trabajo no tienen sujeción a la jornada mínima ni compensación económica los días domingo.
A principio de este año, Parlamentario consultó al presidente de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde (FpV-PJ Buenos Aires), quien explicó que el único proyecto que existe sobre el tema es el de la diputada, mandato cumplido, Irma Foresi (PJ-Santa Fe). Según pudo saberse, dicho proyecto restringía el alcance de esta norma a los super e hipermercados: “La ocupación durante los días domingos y feriados de los trabajadores de establecimientos comerciales de venta al por menor de alimentos y otros”.
En ese momento, el diputado Recalde aclaró que en realidad “esa prohibición es vieja como la historia del derecho del trabajo, ya que se trata de un proyecto de Alfredo Palacios que estableció el descanso hebdomadario, pero tiene dificultades de aplicación por las nuevas realidades y prácticas culturales”. Al tiempo que reconoció que “cuando se trata de un tema conflictivo, hay que citar a todos los sectores afectados para que expresen su opinión, y eso lleva tiempo”.
En el Senado existen varios proyectos referidos a este punto de la regulación laboral, pero encuadrados dentro de la ley de Violencia Laboral. Es el caso del proyecto de la senadora Haidé Giri (PJ-Córdoba) quien presentó hace un año un proyecto de ley que condena toda clase de violencia hacia el trabajador en el ámbito laboral: amenaza, inequidad salarial, acoso sexual, maltrato físico, psicológico y/o social y abuso de poder, figura esta que incluye al domingo como día laboral contra la voluntad del trabajador, y el ámbito de aplicación de la norma es extensivo a los tres poderes y al sector privado.
El proyecto de Giri fue tratado, en junio del año pasado, en las Comisiones de Trabajo y Previsión Social del Senado, en una reunión donde participaron Susana Rueda y Héctor Recalde de la CGT (cuando aún no era diputado) y el vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, Oscar Baldovino.
En el mismo sentido que aquella reunión, la semana pasada se realizó, también en el Senado, un acto organizado por la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), donde reclamó por la pronta sanción de la ley contra la violencia laboral que impulsa el gremio. Entre los expositores invitados estuvo la senadora Sonia Escudero (PJ Salta), como autora de una de las iniciativas que en la actualidad se encuentran a estudio. Participaron, además, el fiscal general de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido; el representante de UPCN en Salta, Eduardo Norman; y los senadores Gerardo Morales, presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social; Ada Maza y Haidé Giri, entre otros referentes sindicales.
Durante el encuentro, la senadora Escudero ratificó su compromiso de trabajar para que “Argentina tenga una ley contra la violencia laboral”. Por su parte, el senador Morales informó que “existen varias iniciativas sobre la materia en la comisión de Trabajo del Senado, de las cuales se tomaron diferentes ideas plasmadas en un predictamen” y aseguró que “existe un compromiso para que este año se pueda sancionar la ley” adelantando que el 31 de agosto tendrá lugar una audiencia pública en el Senado para debatir en profundidad el tema.
