La Ciudad de Buenos Aires contará a partir del 1 de enero próximo con su primera Ley de Compras y Contrataciones, que permitiría un ahorro del 20 por ciento en las compras previstas en el presupuesto, merced a una mayor centralización y transparencia en el manejo de los fondos.
El ministro de Hacienda porteño, Guillermo Nielsen; el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura porteña, Juan Manuel Olmos, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, fueron los encargados de realizar la presentación de la ley.
La nueva norma, sancionada durante la última sesión del jueves pasado, podría generar un ahorro en el presupuesto destinado a compras del 20 por ciento, según los resultados arrojados en una experiencia similar en México.
Aunque todavía resta su reglamentación y puesta marcha, la Ley generará mayor agilidad y transparencia en el manejo de los fondos, a través de la automatización del sistema y la centralización en un sólo órgano de control de todas las compras de la Legislatura porteña.
Nielsen consideró "imperativo que, habiendo transcurrido más de diez años de la Reforma Constitucional, la Ciudad de Buenos Aires cuente con un marco normativo que le permita organizar un sistema de contrataciones públicas claro y completo".
"Una de las cosas con las que uno se choca en la gestión pública es la morosidad de las compras, los senderos burocráticos de la gestión pública", afirmó el ministro durante una conferencia de prensa.
El titular de la cartera de Hacienda porteña confió en que la aplicación de esta ley permitirá "mitigar las ansiedades que resultan de las demoras y las demandas más imperiosas".
Hasta el momento la Ciudad de Buenos Aires carecía de una legislación específica que regule el sistema de contrataciones públicas, y se regía por el Decreto 5.720 que data de 1972, disposición que no contemplaba importantes cambios económicos, sociales y tecnológicos acontecidos desde su vigencia.
"Será sin duda una herramienta eficaz al servicio de los vecinos de la ciudad, de los contribuyentes, del sector productivo y de los planes de gobierno, en particular aquellos destinados a fomentar los servicios y obras púlicas", resaltó Nielsen.
Por su parte, Gabriela Michetti -del PRO- calificó de "poco transparente el sistema anterior" y exhortó a que "se siga trabajando en políticas de mediano y largo plazo, a pesar de que no sean populares en materia electoral".
La reforma prevé la posibilidad de que las micro y pequeñas empresas, las cooperativas y los talleres protegidos tengan un beneficio a su favor del 5 por ciento del valor ofertado respecto del realizado por los restantes proveedores.
La informatización abarca desde la solicitud de compra, pasando por la inscripción de los proveedores hasta la adjudicación final del contrato.
El presidente de la Comisión de Presupuesto afirmó que durante el período 2003-2004 se realizaron compras directas -sorteando los pasos reglamentados por la norma vigente- por 500 millones de pesos.
