El proyecto de ley que analiza la Cámara alta para encontrar una solución a la situación de los deudores hipotecarios sufrió una nueva postergación, ya que la Comisión de Legislación General concluyó su reunión sin emitir dictamen al respecto.
Si bien el titular de la Comisión de Legislación General, el justicialista Nicolás Fernández expresó su confianza en sacar rápidamente un dictamen, dentro del bloque oficialista se admitió que el tema es muy complejo, y que será muy difícil alcanzar un acuerdo, especialmente porque el Gobierno no aceptará una solución que sea muy onerosa para el Estado.
Los integrantes de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión prosiguieron el análisis de la iniciativa presentada hace dos semanas por Fernández para tratar de resolver el drama de miles de familias sobre las cuales pesa la amenaza del desalojo y remate.
El proyecto en estudio es "aclaratorio" de la ley 25.798, por el cual se creo un fideicomiso para atender estos casos, pero varios jueces consideraron inconstitucional esa norma, y avalaron la ejecución de las hipotecas, pese a que ya se dictaron tres prórrogas de suspensión de los desalojos, la última de las cuales vence a fin de año.
La falta de definición habría obedecido a la presentación de una nueva propuesta -hecha por Jorge Capitanich- para incluir en el proyecto a las deudas financieras "preconvertibilidad".
Capitanich propuso dos modificaciones al texto, que serán estudiadas en los próximos días. El legislador justicialista consideró necesario disponer la condonación de todas las deudas de la operatoria 311, que según explicó "es la más complicada" porque fue ampliamente utilizada en el interior con gente de bajos ingresos.
Para las otras operatorias, propuso una condonación de todos los intereses y punitorios, y una reducción del 20 por ciento del capital.
En tanto, para quienes tienen deudas con bancos, Capitanich sugirió que el Banco Central flexibilice los requisitos que se les impone a esas entidades, como las previsiones por posibles pérdidas, para de ese modo facilitar una solución con los deudores.
En tanto, la senadora justicialista salteña Sonia Escudero advirtió que el Banco Hipotecario no debe enviar las deudas preconvertibilidad al Fondo Fiduciario, y sostuvo que debe haber "una quita importante", que debería absorber esa entidad, de capital mayoritariamente estatal. Asimismo, la legisladora norteña pidió aclaraciones sobre la tasa pasiva del Banco Central que se aplicará a los deudores, ya que explicó que esa entidad tiene varias.
El anteproyecto de dictamen con el cual trabajó la subcomisión integrada por senadores y diputados, establece que de persistir las diferencias entre deudores y acreedores acerca del monto de la deuda, el juez actuante podrá determinar la suma final.
El texto prevé que el monto que defina el magistrado no podrá exceder la cifra que surja de la conversión de un dólar en un peso, más la aplicación del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) entre el 1 de octubre del 2002 y el 31 de marzo de 2004 y -a partir de esa fecha- la aplicación de la tasa pasiva promedio en pesos, publicada por el Banco Central de la República Argentina.
