El Senado dio sanción al proyecto de ley por el cual se otorga a las provincias la administración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos existentes en sus territorios, y los que estén hasta doce millas dentro del litoral marítimo.
La Cámara de Senadores dio sanción al proyecto de ley por el cual se otorga a las provincias la administración y explotación de los yacimientos de hidrocarburos existentes en sus territorios, y los que estén hasta doce millas dentro del litoral marítimo, en tanto para la Nación quedarán los que se encuentren sobre la plataforma marítima, más allá de esa distancia.
La norma fue sancionada por 53 votos a favor, y la única oposición del socialista santafesino Rubén Giustiniani, quien la cuestionó por considerarla en línea “con la política neoliberal de los años 90”.
Se trata de la denominada ley “corta” de hidrocarburos, mientras que hace más de un mes el Congreso sancionó la denominada “ley larga” que creaba el “Régimen Promocional para la Exploración de Hidrocarburos” para ser aplicado en todas las provincias argentinas y en la Plataforma Continental, otorgando nuevas áreas de exploración y explotación.
El régimen promocional aprobado a principios de octubre prevé la distribución, a cargo de las provincias y de la Nación, de nuevas áreas de exploración y la devolución anticipada del IVA en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras.
La media sanción de ayer transfiere a las provincias petroleras los permisos de exploración y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas sobre las áreas localizadas en ellas, haciendo realidad el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, reconocido por la Constitución. Asimismo, dispone que las provincias serán la Autoridad Concedente en materia de transporte de hidrocarburos.
El proyecto modifica la vieja Ley de Hidrocarburos, sancionada en 1967, que a su vez fue cambiada por la norma que privatizó YPF en 1992, y establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional y las provincias.
En ese mismo artículo establece los límites de las pertenencias de los yacimientos ubicados en la plataforma submarina hasta doce millas desde la costa de cada provincia con litoral marítimo.
El proyecto establece que las provincias asumirán el “ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos” al transferírsele “todos los permisos de exploración y concesiones de explotación”.
El titular de la Comisión de Minería, Energía y Combustible, César Gioja, sostuvo que “esta ley contiene un alto voltaje político, ya que resuelve con madurez democrática un viejo conflicto; y tiene un enorme valor institucional, porque regula la relación entre la Nación y las provincias”.
En cambio, el socialista Rubén Giustiniani votó negativamente el proyecto argumentando que “este proyecto es coherente con la ley de privatización de YPF, y es la continuación, consolidación y profundización de la política neoliberal de los 90 en materia energética”.
“Para las empresas petroleras, no es lo mismo discutir con el Estado Nacional que ir a discutir a cada provincia, muchas veces, sobre la realidad de las necesidades fiscales”, remarcó Giustiniani.
El senador radical por Santa Cruz Alfredo Martínez destacó varios aspectos del proyecto, en especial el que determina que las provincias dispondrán en forma plena de las regalías que generan las explotaciones.
Por su parte, el oficialista Marcelo López Arias dijo que era un proyecto “largamente esperado por todas las provincias” y que en consecuencia “es bienvenido”, pero planteó el caso de Salta, donde se podría producir “un daño considerable” a raíz de un artículo de esa iniciativa.
La ley considera de jurisdicción federal a los ductos que atraviesan más de una provincia y a los que tienen bocas destinadas a la exportación, y López Arias señaló que Salta tiene un gasoducto que de un yacimiento propio va directamente a Chile, y que por imperio de esta norma perdería toda capacidad de decisión.
A su vez, el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, manifestó el apoyo de su bloque a este proyecto, al destacar que “esta ley viene a traer seguridad jurídica” a los inversores, porque a partir de ahora “tendremos un solo dueño”, que serán las provincias.
Aseguró luego que los estados provinciales “serán mejores administradores” que la Nación de los contratos de concesión, y en este sentido dijo que “todos los gobiernos” que se sucedieron desde la firma de esos contratos no controlaron como correspondía sus cumplimientos.
