Mediante una ley sancionada por los legisladores se cerrarán los rellenos sanitarios que funcionan en el conurbano. ¿Qué pasará con los residuos?
La ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, recientemente aprobada por la Legislatura, ya fue promulgada por el Gobierno bonaerense. Entre otras cuestiones, dispone el cierre definitivo de los rellenos sanitarios que funcionan en la Provincia y la creación de predios de disposición final de residuos en cada una de las comunas.
La norma fue aprobada por ambas cámaras y tiene el objetivo de encontrar una solución a los inconvenientes registrados en los últimos años en el área metropolitana por la utilización de la basura.
El conflicto incluyó el cierre del predio de Villa Dominico debido a una decisión judicial, mientras que el funcionamiento de los rellenos sanitarios de González Catán, Punta Lara (Ensenada) y San Martín generó fuertes protestas de los vecinos. En el caso del predio ensenadense, hace pocos días se firmó un acuerdo para cerrar definitivamente el basural en diciembre de 2007.
La ley promulgada por el Ejecutivo define a los residuos sólidos urbanos como el “conjunto de operaciones que tienen por objeto dar a los residuos producidos en una zona el destino y tratamiento adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable”.
Asimismo, se establece que la gestión integral comprende las etapas de “generación, disposición inicial, recolección, transporte, almacenamiento, planta de transferencia, tratamiento y/o procesamiento y disposición final”.
La norma dispone “la compensación a las jurisdicciones receptoras de Polos Ambientales Provinciales (PAP), que será fijada con expresa participación del Ejecutivo municipal”, aclarándose que los municipios “no podrán establecer gravámenes especiales a dicha actividad”.
También se contempla “el aprovechamiento económico de los residuos, tendiendo a la generación de empleo en condiciones óptimas de salubridad como objetivo relevante, atendiendo especialmente la situación de los trabajadores informales de la basura”.
Plazo
Los municipios bonaerenses deberán presentar un programa de gestión integral de sus residuos, de forma obligatoria y en un plazo no mayor a los seis meses, según lo que establece la ley 13.592 publicada en el Boletín Oficial.
Esos programas, que deberán ser avalados por el Gobierno provincial, se pondrán en marcha de forma inmediata, con la obligación de reducir el 30 por ciento de los residuos en un plazo de cinco años. El no cumplimiento de estos plazos podrá ser sancionado con apercibimientos y hasta multas, que serán fijadas en la reglamentación de la norma.
La erradicación de los basurales a cielo abierto es una de las obligaciones que tendrán en adelante las comunas y que deberán pautar en sus planes ambientales, según se establece en el art. 9 de la ley. Además, destaca que “las autoridades municipales quedan obligadas a clausurar dichos basurales”.
Los nuevos planes, cuya implementación una vez aprobados no deberá exceder el año, deberá contener “la generación, disposición final, recolección, transporte, almacenado y valoración de los residuos”.
En el caso de aquellas comunas que tienen acuerdo con la Coordinación Ecológica Area Metropolitana (Ceamse), deberán definir si continúan el contrato o si pautan sus propias reglas ambientales.
Respecto de los residuos generados en el Gran Buenos Aires, y que en la actualidad desbordan los rellenos sanitarios de la Ceamse, el Gobierno podrá disponer de “forma arbitraria” de nuevos espacios de relleno.
“En aquellos casos de jurisdicciones, como el área metropolitana, que no puedan dar cumplimiento con lo establecido, la Provincia conformará sitios para la instalación de polos ambientales, afectados a tal fin”, según se fija en el art. 12 de la norma.
“Las localizaciones de dichos sitios serán establecidas por el Poder Ejecutivo y el municipio participará del control de gestión”, agrega.
Finalmente, los futuros sitios de disposición final “deberán estar separados de los pozos para extracción de agua potable para uso doméstico o industrial por una distancia mínima de 100 metros; si la distancia resultante es menor a 1.000 metros será ésta la distancia mínima a respetar”.
Nuevas zonas
El gobernador Felipe Solá ha exteriorizado su pensamiento sobre el futuro de la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y ha dicho que los rellenos sanitarios que posee la Ceamse en el Conurbano “deben ser trasladados a zonas rurales”, al tiempo que prometió solucionar “definitivamente” y de “forma urgente” el problema de la contaminación por la basura.
Vecinos de González Catán se manifestaron en reiteradas ocasiones, bloqueando el ingreso a la planta que la Ceamse tiene en esa localidad para evitar la entrada de camiones con residuos provenientes de otras ciudades. Denunciaron que sufren enfermedades, como el cáncer, por la contaminación que genera el relleno.
En la región La Plata, ambientalistas y vecinos mantienen una dura disputa con la Ceamse para que se cierre el predio ubicado sobre diagonal 74, camino a Punta Lara. También alegan que sufren enfermedades originadas por la contaminación que genera el basural.
La flamante ley, que acaba de promulgarse en la provincia de Buenos Aires, constituye una “respuesta fuerte” de parte del Ejecutivo ante las reacciones que vecinos de distritos de “zonas rurales” realizaron ante algunos intentos aislados del actual gobierno de instalar centros de disposición final en algunos de ellos.
En la iniciativa queda expresamente planteado que será el Gobierno quien decida a qué comuna del interior será llevada la basura generada en el Conurbano. Hasta el momento, ningún intendente dijo aceptar recibir basura ajena.
