La ministra de Defensa visitó junto a Zaffaroni la Cámara de Diputados.
Nilda Garré concurrió a las comisiones de Legislación Penal y de Defensa los alcances del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que deroga el Código de Justicia Militar de 1951.
En su disertación, Garré sostuvo que la reforma de la justicia militar es “una deuda de la democracia” y pretende “que las garantías con las que contamos todos lleguen a las Fuerzas Armadas”.
La presencia de la ministra de Defensa fue solicitada por los diputados que integran las comisiones de Legislación Penal y de Defensa de la Cámara baja para consultar a la ministra por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que deroga el Código de Justicia Militar.
La reunión comenzó a las 11.40 en el auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados, y Garré concurrió acompañada por Raúl Eugenio Zaffaroni, integrante del Instituto de Investigaciones Penales de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Alberto Binder, integrante del consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y el coronel auditor Manuel Lozano, asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército.
El juez de la Corte Eugenio Zaffaroni consideró que “hora de dignificar al soldado argentino, que había quedado a merced de una legislación del siglo XVIII”. Zaffaroni fue uno de los integrante de la comisión creada el año pasado por Garré, integrada por destacados juristas, auditores militares y legisladores para impulsar la derogación del Código de Justicia Militar de 1951.
Entre las principales modificaciones de esa elaboración, recogida por el proyecto de ley del Ejecutivo se destacan la eliminación del fuero castrense para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la extensión al ámbito castrense de las garantías de la Constitución Nacional.
Garré detalló que “los antecedentes, más el convencimiento nos llevaron a hacer una comisión de trabajo integrada por civiles, académicos, agencias nacionales e internacionales de gran nivel técnico, y lo logramos”.
A su turno, el juez Zaffaroni explicó que “después de la reforma del 51, subsistían delitos que no se correspondían con la modalidad de guerra moderna y no estaba actualizado de acuerdo a los pactos internacionales suscriptos” por la Argentina.
El proyecto del Ejecutivo propone la inserción en el Código Penal de los llamados delitos “esencialmente militares”, eliminar la pena de muerte de su último reducto argentino y crear un nuevo régimen disciplinario.
En cuanto a la derogación de la pena de muerte, el juez de la Corte Suprema apuntó que “estaba prevista como alternativa ante varios delitos, aunque es una disposición inútil, ya que desde 1935 no se realizaba ninguna ejecución”.
“Según el Pacto de San José de Costa Rica, una vez abolida la pena de muerte no se puede restablecer”, subrayó Zaffaroni.
La ministra explicó que “hubo una preocupación garantista” sobre la reforma que busca, entre sus propósitos, precisar los llamados delitos militares, para evitar arbitrariedades o un uso persecutorio, y eliminar anacronismos.
La reforma integral del régimen disciplinario procura también garantizar el derecho a denunciar irregularidades, aun si involucran a superiores, así como a negarse a cumplir órdenes ilegítimas.
Respecto de dos casos tratados por la CIDH, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado Nacional se comprometió a impulsar la reforma integral del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense.
Entre otras cuestiones que se debatieron, se explicó que el nuevo sistema propone además la inserción en el Código Penal de los delitos “esencialmente militares”, elimina la pena de muerte de su último reducto argentino y crea un nuevo régimen disciplinario.
“Es un proyecto al que le tenemos especial afecto, porque es una deuda en el ámbito militar”, dijo Garré ante unos 40 diputados.
“Cuando llegamos al Ministerio de Defensa en diciembre de 2005 nos encontramos urgidos para realizar esta ansiada reforma por los casos del capitán del Ejército, Rodolfo Correa Belisle y el caso Argüelles que comprendía a muchos integrantes de la Fuerza Aérea Argentina”, agregó Garré.
La funcionaria precisó que el proyecto busca que “los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas, tuvieran los mismos derechos que los demás ciudadanos”.
“El sistema de justicia militar vigente es antiguo, es anacrónico y, lo más importante, no otorga a los integrantes de las FF.AA., las mismas garantías que la Constitución Nacional les da a todos los habitantes, de manera que era imperioso para nosotros poder presentar este proyecto”, subrayó.
