Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión pública especial.

Sr. Presidente. — Invito al señor senador por la Ciudad de Buenos Aires Daniel Filmus a izar la bandera nacional en el mástil del recinto, y a los presentes a ponerse de pie.

– Puestos de pie los presentes, el señor senador Daniel Filmus procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente. — Se incorporará al Diario de Sesiones las notas de varios señores senadores por las que se solicita esta convocatoria a sesión especial y los respectivos decretos firmados por la Presidencia, incluido el decreto rectificatorio.1

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria realizada ayer, se acordó rendir homenaje a la cantante recientemente fallecida doña Mercedes Sosa.
Se han presentado diversos proyectos. Por Secretaría se dará lectura al texto unificado.

Sr. Secretario (Estrada). — El texto se ha unificado sobre la base de proyectos presentados por los senadores Maza, Verani, Pinchetti de Sierra Morales, Cabanchik, Colazo, Latorre, Rodríguez Saá, Perceval, Negre de Alonso, Miranda y Reutemann. Los fundamentos acompañan el texto unificado.
El texto unificado es el siguiente: El Senado de la Nación declara su profundo pesar por el fallecimiento de Haydée Marcedes Sosa acaecido en la Ciudad de Buenos Aires el día 4 de octubre de 2009, rindiéndole al mismo tiempo el homenaje que corresponde a una artista excepcional por su talento, su calidad humana y su lucha inagotable por los derechos humanos, por la libertad y la igualdad.
Su calidad artística que brilló internacionalmente llevó el canto y la poesía nativos de nuestro suelo a las más distintos y distantes rincones del planeta, transformándose con el transcurso del tiempo en una inigualable difusora de nuestra identidad nacional, lo que no impidió que también hiciera valer sus altos atributos interpretativos en otros géneros musicales y en los más encumbrados escenarios por los cuales transcurre la más exquisita cultura de nuestro tiempo, manteniéndose sin embargo siempre fiel a su origen, a su estilo y a su tierra argentina, que supo expresar como nadie antes lo había hecho.

Sr. Presidente. — En consideración la habilitación sobre tablas del proyecto. Se va a votar.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.
Se va a votar el proyecto de declaración.

— Se practica la votación.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: también habíamos acordado que se guardara un minuto de silencio.

Sr. Presidente. — Así es.
Invito a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

— Así se hace.

Sr. Presidente. — Hay un pedido de licencia de un señor senador.

Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de la solicitud de licencia presentada por el señor senador Urquía. El senador solicita que se le conceda licencia sin goce de haberes por el período comprendido entre el día 30 de septiembre y el día 1/ de noviembre del año en curso, motivado por la necesidad de realizar un viaje al exterior del país por razones de carácter estrictamente personal.
Este pedido de licencia tiene fecha 23 de septiembre y fue ingresado en Mesa de Entradas el día 24 de septiembre del corriente.

Sr. Presidente. — En consideración.
Se va a votar.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.

Sr. Presidente. — Pasamos a sesión de acuerdos.

Sr. Secretario (Estrada). — Hay un dictamen de la Comisión de Acuerdos cuyo tratamiento fue acordado en la reunión de labor parlamentaria. Dice lo siguiente: El Senado Honorable Senado de la Nación resuelve prestar acuerdo a la presidenta de la Nación para designar como candidata argentina en la Corte Penal Internacional a la señora doctora Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi.

Sr. Presidente. — En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: la doctora Fernández de Gurmendi fue recibida en audiencia pública, conforme lo establece el Reglamento para designar las más altas autoridades de la magistratura en el país. Este es el mecanismo que se ha implementado. La Argentina es uno de los pocos países en que la selección se hace de esta forma, con participación, en este caso, no sólo del Poder Ejecutivo sino del Poder Legislativo, con publicación que da lugar a la posibilidad de observaciones e impugnaciones. En este caso, ha habido adhesiones, que han sido agregadas al pliego que se ha considerado de la doctora Fernández de Gurmendi, quien ha exhibido conocimiento, idoneidad y trayectoria, que obviamente aquilatan la nominación que se recibe.
En definitiva, con este mecanismo estamos prestando acuerdo para que la presidenta de la Nación designe como candidata argentina para la Corte Penal Internacional a la doctora Silvia Alejandra Fernández de Gurmendi.
Esta es la propuesta que pido que se ponga a consideración.

Sr. Presidente. — En primer término, se va a votar la habilitación sobre tablas del tema.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.

Sr. Guinle. — Señor presidente: perdóneme, pero quisiera señalar algo más. Como esta elección se va a hacer en noviembre, considero importante que se deje constancia de que el acuerdo del Senado ha sido unánime y que se preste la mayor celeridad en los pasos administrativos para que el gobierno pueda actuar en consecuencia.

Sr. Presidente. — Así se hará.

Sr. Presidente. — Corresponde la consideración del Orden del Día N/ 496 en el dictamen de las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión; de Asuntos Constitucionales; de Industria y Comercio y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión por el que se regulan los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina.
Antes de que comience el debate, voy a recordar lo que hemos tratado en la reunión de labor parlamentaria de ayer para hacerlo extensivo a todos los senadores a efectos de ordenar la sesión: el uso de la palabra será de 30 minutos por cada miembro informante, presidente de bloque, autor de proyecto, y de 10 minutos por cada senador. Primero, se someterá a votación en general el proyecto de ley y, luego, vamos a abrir la discusión en particular, capítulo por capítulo, dentro de cada título. A medida que vayamos avanzando en la discusión en particular por capítulo, iremos sometiendo a consideración por artículo o por grupo de artículos, según sea el debate.

Sr. Gioja. — En la consideración en particular, cinco minutos por senador.

Sr. Presidente. — Así es, cinco minutos para cada orador en la discusión en particular.

Sr. Pichetto. — Señor presidente, pido que se vaya confeccionado la lista de oradores.

Sr. Presidente. — Los secretarios irán armando la lista. Cuando se pida el cierre, la someteremos a consideración. Tiene la palabra el señor senador Fernández. Tiene 30 minutos.

Sr. Fernández. — Señor presidente: es preciso hacer un breve repaso para poder comprender con absoluta claridad a qué apuntan algunas de las críticas de la oposición para desnudar su absoluta sinrazón en forma gradual.
Originariamente, se planteó que este Congreso no tenía legitimidad para abordar este
debate. Lo absurdo y, quizá, temerario de esa afirmación hizo que aun las voces más díscolas abandonaran ese argumento.
Después, se dijo que era una ley cerrojo. Efectivamente, esta versión mal intencionada hacía presuponer que esta ley regulaba contenidos. Obviamente, esto generó estupor en toda la prensa. Pero lo cierto y real es que a lo largo de todo el proyecto de ley no hay un solo artículo que regule contenido.
Oportunamente, también a la hora de ensombrecer este debate, hubo sectores de la oposición que dijeron que esto era como una especie de anillo al dedo, que rompíamos el monopolio para armar otro monopolio vinculado con las empresas telefónicas. También insinuaron que lo relativo a las telefónicas se hacía de esa manera porque el Poder Ejecutivo tenía algún grado de expectativa distinta. Desparecido el artículo relacionado con las empresas telefónicas, los argumentos fueron exactamente parecidos.
Se dijo, además, en línea con ese argumento, que esta ley podía ser votada si, al igual que en los Estados Unidos, se ponía en valor el interés general por encima del interés particular. Después, cambiaron el argumento, y esas mismas voces siguieron buscando artilugios de tipo formal, porque, en realidad, lo que pretendían era que la ley no se tratara.
En otro andarivel de las líneas argumentales que hemos escuchado, se hablaba de que esta ley generaba tensiones y crispación. A ellos les quiero decir que siempre, absolutamente siempre que se discuten intereses concentrados, intereses monopólicos, hay tensión. El tema es que la política tiene que elegir de qué lado de la tensión juega. Nosotros elegimos jugar del lado de la sociedad, jugar del lado de los que no tienen voz, jugar del lado de los que no tienen oportunidad de expresarse, pero además, jugar del lado de los usuarios, para que ellos tengan la posibilidad de escuchar las voces que quieran, para que tengan la posibilidad de ver las imágenes que quieran. Lo que vivimos en la realidad, no dude nadie que es una censura, pero es una censura de tipo empresarial.
También es importante recomendar cuántos intentos se hicieron en el país para romper con la estructura monopólica y la concentración de los medios en cabeza de pocas empresas. Al respecto, debemos recodar a un prohombre de la democracia, alguien a quien no hace tanto tiempo le hicimos una distinción. Me refiero a don Raúl Ricardo Alfonsín, dentro de cuyo legado está la recuperación de la democracia, pero en ese mismo legado también hay una gran frustración, la que los medios le impusieron cuando ni siquiera le permitieron que el proyecto que él remitió al Congreso tuviera dictamen de comisión. Otro tanto sucede con los casi setenta proyectos que se presentaron al Congreso, supuestamente, con la finalidad de romper esta estructura monopólica. Algunos de sus autores, que coinciden casi con el 80 por ciento del contenido de esta ley, hoy son bravías voces en defensa de los intereses de los empresarios.
Nosotros debemos preguntar qué cambió en el país. En realidad, lo único que cambió es que hoy tenemos la absoluta convicción de que el régimen republicano lo vamos a llevar adelante y que esta vez, la fuerza de la democracia va a tener más poder que los medios. Quiero recordar que cuando hace muchos años nos visitaba a nosotros y a distintos países latinoamericanos, Felipe González decía que las democracias latinoamericanas habían hecho un salto cualitativo porque habían dejado atrás las dictaduras pero que, de allí en adelanta, tenían, quizás, una de las batallas más fuertes: romper con la dictadura de los medios, por aquello de la presión, de la generación de malestar social que ocasionan los medios cuando, efectivamente, se privilegia en la agenda política de Estado los intereses que ellos defienden.
Estamos convencidos de que los medios tienen que ser el vehículo de la realidad. Pero esto es totalmente distinto de que se conviertan en constructores de la realidad y que esa construcción, además, sea capciosa y subjetiva, ya que hasta aquí esto fue posible porque el 80 por ciento de los contenidos está en manos de cuatro empresas.
Y lo que es más triste y tiene mucho que ver con el interior es que el 75 por ciento de esos contenidos se repiten en el interior. Esto, indudablemente, hace que, en el interior, los medios estén desguazados o desintegrados, porque repiten las realidades de las metrópolis y, a veces, se alejan y no comentan o no le dan importancia a lo que sucede en el interior.
Acá hay algo que sí viene “como anillo al dedo”. Hay un párrafo de la carta que escribe Rodolfo Walsh a la Junta Militar, que dice que el terror está en la incomunicación.
Porque, la verdad, el gran secreto que tiene esta concentración no es lo que comunica sino lo que no comunica, es lo que minimiza, lo que calla. Y esto es posible cuando hay concentración monopólica. Cuentan y dicen lo que quieren. Nosotros entendemos y defendemos la libertad de prensa, y creemos que esta ley ratifica ese compromiso. Repito: algunas voces malintencionadas hablaban de manipulación; no hay un solo artículo que hable de contenido. La libertad de expresión está garantizada porque el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las comunas, entes autárquicos, van a tener su espacio. También lo van a tener las asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, sindicatos, asociación de consumidores, de defensa de usuarios, Federación Agraria, Sociedad Rural. Todos van a poder tener su espacio. Y, obviamente, habrá un equilibrio con las empresas con fines de lucro.
Este debate, al que pretende restársele calidad y peso específico por parte de distintos sectores, en realidad, es un debate de ciencia política moderna. Acá, estamos recuperando el vacío de legitimidad pública que, durante muchísimos años, tuvo el Parlamento y que, obviamente, fue ocupado por los sectores de poder que tuvieron como brazo ejecutor para ello a la prensa.
Debemos recordar —esto no es una afirmación dogmática— qué decían los titulares de los diarios, qué decían las radios cuando nosotros enfrentamos debates de agenda pública, como por ejemplo la destitución de algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Recuerden qué pasó cuando establecimos el canje de deuda con límites, o cuando tomamos la decisión política de pagarle al Fondo Monetario Internacional y recobrar libertad a la hora de asignar prioridades presupuestarias; qué pasó con el tema de Aerolíneas Argentinas, o con la nacionalización de los fondos de pensión.
Este apretado ejercicio de memoria va desnudar dos cosas. Primero, que la prensa nunca, jamás, estuvo cuando las políticas del Estado enfrentaron intereses concentrados y monopólicos. Lo segundo es que siempre, cuando se debaten intereses de esta naturaleza, hay crispación, y ésta se da cuando el avance de la política hace que los sectores que sin la política tenían poder, lo vayan perdiendo. El secreto es no tener miedo. Este es el gran problema. El secreto es no tener compromisos paralizantes. Porque cada vez que la política cede, ocupan ese espacio los sectores de poder. Y esto es poner de rodillas a la República, a la política, y volver a esa concepción de la mano de la cual muchos se hicieron bastante más ricos de lo que eran; cuando concebían la idea del Estado bobo, del Estado ausente. Esta realidad la describe, con fenomenal claridad, don Arturo Jauretche, que, en la voz de uno de los cuadros políticos que nosotros tuvimos oportunidad de escuchar, cuando nos visitó, en el Parlamento, un hombre de las filas del Movimiento Nacional y Popular, un hombre de Rosario, decía que la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos decían lo mismo pero que lo hacían sin ningún tipo de hipocresía. Y Arturo Jauretche decía que, mientras los totalitarios reprimen toda información y todas las manifestaciones de la conciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden, por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas, que los pueblos tengan conciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses. Tampoco puedo dejar pasar por alto todo lo que pasó en la Cámara de Diputados, porque eso fue un verdadero oprobio a la democracia, una verdadera falta de respeto al Parlamento, pero, además, un verdadero contrasentido. Muchos de los que se levantaron y se fueron del recinto se llenan la boca hablando de calidad institucional, pero después, cuando la ejercen en la práctica, son absolutamente contradictorios. También quiero decir que muchos se llenan la boca con la palabra “consenso”, pero la malinterpretan y la ponen al lado de imposición antojadiza y arbitraria de su propia idea.
Esta ley, a no dudarlo, es la ley con más consenso en la vida institucional de este país. Esta ley se encontraba en las plataformas electorales de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo 900 agrupaciones, unidas en la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que en 2004 entregaron los 21 puntos. Esta ley fue debatida en veinticuatro foros federales, en ochenta conferencias, en ocho congresos interuniversitarios con más de 15.000 participantes. Además, la Confederación Universitaria Federal —es decir, de las 43 universidades del país— realizó el pedido para que aprobáramos la ley y resaltó la valentía legislativa de este Congreso para el tratamiento de esta ley. Del total de los rectores de esas 43 universidades, el 75 por ciento no son afines políticos ni tienen afinidad política con este gobierno. Y es más: el VII Encuentro Nacional de las carreras de la Comunicación Social, donde se dicta, se cursa y se estudia esta carrera, vino a pedirnos que aprobáramos esta ley. Eso es consenso. Pero además de ese consenso, a esta ley de la democracia en la Cámara de Diputados se le incorporaron 150 modificaciones. Entonces, decir que acá no hay consenso es, en verdad, mentiroso. Esta ley tiene amplísimo consenso.
Nosotros bregamos por un periodismo independiente y, para no ser hipócritas, al periodismo independiente le tenemos que garantizar que no sea rehén del poder de turno y tampoco del poder económico, porque si no, hay otro tipo de censura; y para liberarnos del
poder económico y también del poder político, tenemos que sancionar esta ley. Si no, decimos media verdad; si no, es lo mismo que decir una gran mentira. Don Arturo Jauretche vuelve a hacerse presente en otra cita, que me parece ejemplar y lapidaria, cuando dice: los medios de información y de difusión de ideas están gobernados, como los precios en el mercado, y son, también, mercaderías. Pero nos ocultan la naturaleza de esa libertad, tan restrictiva como la del Estado, aunque más hipócrita, porque el libre acceso a las fuentes de información no implica la libre discusión ni la honesta difusión, ya que ese libre acceso se condiciona a los intereses de los grupos dominantes que dan la versión y luego la difunden.
Es cierto que en la Argentina hay pluralidad de medios. Pero no es menos cierto que no hay pluralidad de voces. Esto es lo grave y es a lo que nosotros queremos ponerle un punto final. Ingresado el proyecto de ley en el Senado, nosotros tuvimos la intención de girarlo reglamentariamente a las comisiones que correspondía. Después, para preservar un espacio de difusión republicano amplio que permitiera que más del 90 por ciento de los senadores participaran en el debate, admitimos la violación del Reglamento en aras de garantizar la participación de todos. Los medios dijeron, automáticamente, que con ese acuerdo , nosotros pretendíamos debatir la ley en un tiempo distinto al que lo estamos haciendo, y agregaban que especulábamos con que se la debatiera sin la presencia del señor Cobos en el recinto. A raíz de eso, a través del presidente de bloque, pedimos esta sesión especial, lo que efectivamente fue concedido; y me parece un buen gesto, porque no podemos permitir que alrededor de esta ley, dada su importancia, haya ni siquiera una sola especulación.
En las audiencias, también, hemos encontrado robustos fundamentos para desandar el camino de las críticas. Y de su pormenorizado análisis, podemos encontrar que, en efecto, no existe ninguna rara intención. Por el contrario, esta ley quiere que la sociedad sepa quiénes son los dueños de los medios y cuántos medios tienen; quiere, además, que tengan una unidad de negocios, contabilidad y facturación separada; asimismo, que el Registro de Accionistas tenga libre acceso universal por vía de Internet —se escapó eso— a efectos de que todo el mundo pueda saber quiénes son y qué tienen. Esto pasa en cualquier lado excepto con los medios de comunicación: es imposible saber quiénes son y cuánto tienen.
Respecto de la adjudicación de licencias, en realidad, podemos afirmar, con absoluta seguridad, que todos los medios van a ser sometidos a concursos públicos, abiertos y permanentes. Y tienen una diferencia de rango administrativo en cuanto a la adjudicación: unos, los hará la autoridad de aplicación, por resolución; y otros, los hará el Poder Ejecutivo, por vía del decreto. Esto hay que interpretarlo en sintonía con el artículo 99 o con el 100 de la Constitución Nacional, que pone en cabeza del Poder Ejecutivo la responsabilidad política de administrar el país. Pero también es cierto que hay que interpretarlo en sintonía —porque ésta no es una ley fundacional— con los principios del Derecho Administrativo. Y además, hay que tener en cuenta, como para toda cuestión, los criterios de razonabilidad y la debida fundamentación y motivación, porque encontrar una observación jurídica alrededor de cómo la autoridad de aplicación puede adjudicar las licencias puede ser una picardía política y vale como tal, y aunque no tiene jurídicamente ningún tipo de argumentos, por lo menos, tiene argumentos bastante preocupantes.
En otro orden de ideas, quiero decirles que quienes cuestionan la competencia del Poder Ejecutivo pierden de vista la intención del legislador, que es, justamente, atribuir responsabilidad a los efectos de tener control político sobre los actos de administración del Estado.
Esta ley, también, habla de publicidad oficial y, cuando lo hace, dice “previa consulta al Consejo Federal”, que está integrado por veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma, quienes juntos van a establecer criterios de equidad y de racionalidad. Es un avance no visto, independientemente de que la torta publicitaria es nada más que el 10 por ciento del 100 por ciento que alimenta los medios.
Algunos afirmaron que habría más tranquilidad, todavía, si efectivamente le pusiésemos un tope. La verdad es que los que dicen eso no sólo ignoran las diferencias geopolíticas, culturales y geográficas, sino que también ponen en tela de juicio el criterio de razonabilidad y de justicia que van a tener nada más y nada menos que los representantes de las provincias. Elevarse por arriba de esa síntesis me parece, por lo menos, una exageración.
El régimen de sanciones establece claramente que los titulares de los medios sólo son responsables de la calidad técnica de la señal y de la continuidad de las transmisiones. Y con respecto al contenido y a la difusión del contenido, van por donde fueron siempre, por donde deben ir, como vamos cualquiera de nosotros: a la vía penal o a la civil, pero porque esta ley no regula contenidos. Con respecto a los artículos 103, siguiente y concordantes, las penalidades son graduales y van desde el apercibimiento hasta la caducidad. Hay quienes pretenden, además, que tipifiquemos. Entonces, me pareció una buena idea que tipifiquemos parecido al Derecho Penal. Es más, por ejemplo, en exhibiciones obscenas, que tipifiquen cuánto le dan al que muestra la nariz, cuánto le dan al que muestra el pie y hagan una descomposición anatómica para ver si, efectivamente, se pueden tipificar cosas que, en Derecho Administrativo, no se pueden tipificar. Son exhibiciones obscenas. Y en realidad es así. Puede haber una tipificación real, y se le pide al Derecho Penal, pero no al Derecho Administrativo.
Finalmente, tenemos el artículo elegido como el de la discordia. Se dijo que este proyecto de ley pone un plazo final para que los titulares, después de un año, deban vender a precio vil o irrisorio sus activos. En ese sentido, considero que decir que esta iniciativa da un año para desinvertir es un disparate y, además, es una mentira fenomenal. Hago este comentario porque la autoridad de aplicación estará integrada por representantes del Ejecutivo y de la comisión bicameral que deberá ser conformada por el Congreso de la Nación y, también, por los representantes del Consejo Federal que deberá conformarse.
Después de esa integración, vienen los mecanismos de transición. Y una vez cumplidos dichos mecanismos —después de la puesta en marcha de la autoridad de aplicación—, se vence el plazo. Y para aquellos que incumplan ese plazo se establece una sanción que, además, es revisable judicialmente. En consecuencia, considero que estamos legislando casi con un plazo de gracia en favor de la ilicitud sobreviniente. Pero parecería que eso no alcanza.
Debemos entender y tener la clara convicción de que los medios de comunicación en la República Argentina, después de 26 años de debate, sufrirán una transformación. Sin embargo, parece que hay algunos que se ponen nerviosos porque si ciertos medios pierden poder de fuego, ellos perderían poder y posibilidades de imponer la agenda. Al respecto, un hombre que no militó en el kirchnerismo —Juan Pablo II— expresó que los medios de comunicación han acostumbrado a ciertos sectores sociales a escuchar lo que les halaga los oídos.
Nosotros estamos convencidos de que esta modificación es necesaria porque la norma vigente trajo aparejada muchas injusticias. Además, como se utilizó mi rostro cuando nos visitó una militante del campo popular, efectuaré una breve referencia. Yo no escuché hablar aquí a una militante del campo popular, sino a una madre que nos contaba cosas; y verdaderamente me conmovió; es cierto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero estoy convencido de que a muchos otros se les debe haber llenado el alma de vergüenza. Por lo tanto, queremos decir aquí que no es justo que esta situación subsista en el tiempo, y que no nos hagamos cargo. Lo único que queremos —por eso, solicitamos la aprobación de este proyecto— es que nadie calle nada; pero, también, que todos puedan decir algo. Y este proyecto de ley permite que todos puedan decir algo.
En virtud de estas convicciones, el bloque del oficialismo solicita la aprobación del proyecto en consideración, tanto en general como en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: tomando el guante en cuanto a lo planteado por el senador Fernández —en el sentido de que nadie se calle nada— vengo a manifestarme en este Senado.
Como presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, debo decir que estamos tratando un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados. Asimismo, debo expresar que la comisión que presido, juntamente con las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Industria y Comercio, realizó varios plenarios en los que se trató esta iniciativa y se escuchó a las diversas voces: algunas pedían la modificación de la norma, y otras solicitaban firmemente que se ratificara el proyecto de ley.
Considero que este Senado llevó adelante esas reuniones con dignidad, reuniones en las que se plantearon claramente dos posiciones: una, solicitaba la aprobación del proyecto de ley tal como fue sancionado por la Cámara de Diputados; la otra, planteaba que el Senado —en ejercicio de sus facultades constitucionales— debía actuar como cámara revisora y, por consiguiente, modificar la norma. Yo me enrolo en esta última posición; por ello, no soy el miembro informante pese a ser el presidente de la comisión cabecera, donde se discutió esta iniciativa.
Asimismo, destaco que este proyecto, sin duda alguna, tuvo un debate importante tanto fuera del Congreso de la Nación como en la Cámara de Diputados. Al respecto, me hubiera gustado que la discusión en la Cámara hubiera sido mucho más amplia. Sin embargo, estas son las circunstancias que vive hoy este proyecto de ley, acerca del cual trataré de expresar mis dudas, observaciones y disidencias. Y destaco que hay un tema en el cual todos coincidimos: la Ley 22285, dictada por la dictadura, tiene que ser reformada; en esto coincidimos todos los partidos políticos. Asimismo, y a fuer de ser sincero, debo decir que la Ley 22285 fue adoptada por la democracia y que rigió por 26 años —durante diversos gobiernos democráticos de la República Argentina— la radiodifusión de nuestro país. Por ese motivo, siempre manifesté que se trata de una norma nacida ilegítimamente, pero adoptada por la democracia.
También es cierto que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado se presentaron muchos proyectos de ley tendientes a modificar o derogar la ley 22.285; asimismo, que no existió la voluntad política de ningún gobierno de modificar la Ley 22285 o derogarla; y que tampoco existió la vocación ni la voluntad de los medios de comunicación de la República Argentina de apoyar una reforma de la Ley 22285. Por cuanto lo cierto es que los radiodifusores se encontraban cómodos con la Ley 22285.
Hoy existe la voluntad política firme de derogar la Ley 22285. Por eso debe ser hoy y no mañana, ni una postergación, que debatamos los 70 senadores que integramos este Cuerpo, y que vamos a estar hoy presentes, dejando de lado las dos ausencias, con el propósito de fijar una posición, ya sea de modificación de la ley o de la aprobación del proyecto de ley tal cual ha venido de la Cámara de Diputados. Primero, quiero detenerme en rechazar en forma categórica y enfática aquellas voces que pretenden hacerme responsable de que este proyecto de ley hoy se trate en el Senado de la Nación. Quiero destacar que mi responsabilidad de firmar un dictamen en disidencia era mi obligación como senador de la Nación y como un hombre de la democracia. Era mi obligación no tener de rehén, bajo ningún punto de vista, al bloque al que pertenezco, que es el bloque del Frente para la Victoria. Pertenezco al Partido Justicialista que constituye el núcleo principal del Frente para la Victoria, un partido que en mi provincia, el 28 de junio, de punta a punta ganó las elecciones legislativas. Por ende, no pretendan que la responsabilidad del proyecto que se está tratando hoy recaiga sobre este senador de la Nación. Este senador de la Nación actuó conforme sus convicciones políticas, conforme su pertenencia política.
Quiero, también, destacar que se pretendió decir que yo tenía la llave para que se tratara o no este proyecto, y eso no es cierto. En las reglas parlamentarias, quienes integramos los partidos políticos o un bloque tenemos responsabilidades y, de ninguna manera, podemos decir que si el partido que se está jugando no nos gusta, nos llevamos la pelota a la casa y el partido no se juega. Aquí estamos reunidos los senadores; las mayorías decidirán el destino de este proyecto de ley.
También deben hacerse cargo los partidos de la oposición que tuvieron la oportunidad histórica en la Cámara de Diputados de la Nación de efectuar modificaciones en particular.
En vez de dar el debate, y de tener la masa crítica para modificar algunos artículos que hoy se cuestionan, prefirieron levantarse y no dar el debate. Nosotros aquí, señor presidente, vamos a dar el debate que sea necesario.
También quiero destacar que se ha dicho por ahí que fui presionado por el gobierno de la Nación atento a las necesidades financieras de la provincia de Jujuy. Quiero desmentir categóricamente cualquier presión del gobierno de la Nación. Con el gobierno de la Nación, con mi presidenta, he dialogado con mis convicciones políticas y, de ninguna manera, de ningún tipo de presión.
Quiero también destacar que siempre se ven las cosas desde una cara y no se ven desde la otra óptica, porque, en realidad, la presión la sufrí de los medios de prensa que pretendieron que este senador de la Nación traicionara sus convicciones, su pertenencia política al Partido Justicialista. Señor presidente, no voy a traicionar mis convicciones políticas, voy a venir aquí a decir mis observaciones al proyecto de ley dentro de la democracia y dentro de las reglas de este parlamento de la Nación. He dicho esto porque aquí se dijo que por pedido del gobernador de la provincia o presiones financieras a la provincia de Jujuy, yo venía a poner un dictamen en disidencia. En realidad, y la oposición lo sabe, es que iba a firmar un dictamen en disidencia en base a mis observaciones y no por las presiones que se pudieran efectuar. Era muy fácil tentarse y querer ser, hipotéticamente, correctamente político olvidándose de las convicciones, pero hubiese sido muy difícil que pudiera explicar el día de mañana si a mí me movieron los intereses públicos o los intereses privados.
Por ende, dicha esta introducción por la cual he firmado un dictamen en disidencia, quiero expresar que aspiro a una República Argentina en donde se acentúe el federalismo. Yo quiero una República Argentina en donde tratemos una Ley de Coparticipación pero, también, debo decir que eso no es responsabilidad de este Senado de la Nación, sino que es responsabilidad de los señores gobernadores de las distintas provincias argentinas. Esos señores gobernadores deben fijar las bases de la ley acuerdo que pueda dictar el Senado de la Nación para que tengamos una coparticipación justa en nuestro país. Si no, cada vez vamos a ser más unitarios, cada vez este Senado de la Nación se va a convertir en una escribanía en donde vamos a aprobar todo lo que venga de los distintos gobiernos, sea cual fuere su color, y también, fundamentalmente, vamos a aprobar a libro cerrado todo lo que venga de la Cámara de Diputados. Aspiro, y lo aspiro en este proyecto de ley con total sinceridad, que el Senado de la Nación, los 70 senadores que vamos a estar sentados en el momento de votar, ejerzamos la facultad constitucional de revisar y modificar lo que esté mal, porque esa es la función y el rol que nos ha fijado la Constitución de la Nación.
Dicho esto, quiero destacar algunos conceptos. En primer lugar, modificar las reglas de la radiodifusión en la República Argentina, y que rigieron por más de 25 años, sin duda
alguna, genera miedo. Para quienes fueron radiodifusores, genera un cambio. Sin duda
alguna, todo cambio genera sus dudas y sus miedos. Pero yo también quiero decir que esos
cambios en materia audiovisual generan una esperanza. Tenemos que ver las cosas desde el
punto de vista objetivo, desde un punto de vista positivo, que es lo que los argentinos nos estamos olvidando de hacer.
Quiero decir, señor presidente, que mi dictamen en disidencia —y lo he dicho en varias oportunidades— es porque esta ley no es tan mala como para que pueda ser rechazada y no es tan buena como para que no pueda ser modificada. Por eso, pido a los señores senadores que nos escuchemos, que dialoguemos, que hagamos una ley que realmente tenga el consenso de todos los partidos políticos, que sea una ley de la democracia y que sea una ley que perdure por lo menos 20 años, por cuanto las bases de una ley en materia audiovisual no son cotidianas. Las leyes no se modifican año a año, y tenemos que tener un marco jurídico que dé seguridad jurídica en materia audiovisual, lo cual es fundamental para que tengamos inversiones y para que tengamos una industria audiovisual que pueda ser el orgullo de la República Argentina.
Antes de entrar en concreto a cuáles son en general mis observaciones, no quiero dejar pasar esta oportunidad para dejar claramente establecido que bajo ningún concepto los malos de esta historia son los radiodifusores privados de la República Argentina. Yo quiero hacia ellos hacer un homenaje a los 50 años de televisión de nuestro país. Hace 50 años, un grupo de pioneros decidieron apostar a la radiodifusión en nuestro país cuando esta era una actividad de riesgo y casi desconocida casi en toda América del Sur. Ellos hicieron una industria que hoy da 50 mil puestos de trabajo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país.
Dicho esto, señor presidente, quiero empezar a destacar que esta ley tiene muchas cosas buenas, porque ve a la radiodifusión desde el punto de vista del interior de la República Argentina; ve a la radio, a la televisión y al cable desde el punto de vista del interior y no de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es muy bueno, señor presidente. Es una esperanza para que la radiodifusión del interior no desaparezca.
Quiero decir además que esta ley, al decir que los servicios audiovisuales constituyen un servicio de interés público, está respetando la tradición jurídica de la República Argentina y los tratados internacionales que tiene firmados la República Argentina en materia audiovisual.
Quiero decir que se equivocan aquellos que consideran que la radiodifusión o los medios audiovisuales constituyen un servicio público. Aquellos que afirman eso se contradicen, porque si fuera un servicio público existiría una mayor injerencia del Estado, y lo que queremos dictar es una ley que tenga la menor injerencia del Estado en materia audiovisual.
También quiero rescatar que esta ley, al fijar la competencia federal en materia de radiodifusión, de ninguna manera esta violando el artículo 32 de la Constitución Nacional; está respetando la tradición legislativa de nuestro país, los distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y está contemplando, fundamentalmente, que en materia de radiodifusión, cuando se trata de ondas radioeléctricas que pasan de una provincia a otra, la competencia federal es indiscutible.
Dicho esto, voy a expresar ahora cuáles son mis observaciones. La primera de ellas, señor presidente, trata sobre la seguridad jurídica. Entiendo que este proyecto de ley puede ser mejorado con el propósito de dar seguridad jurídica a todos los actores de la radiodifusión de la República Argentina. Se habla mucho de los derechos adquiridos, y yo quiero decirle, señor presidente, que en esta materia debemos ser cuidadosos. Debemos dar seguridad jurídica destacando que no existen derechos absolutos.
Reiteradamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado, que dentro de los derechos y garantías contemplados en nuestra Constitución, no existen derechos absolutos y que estos deben adecuarse a las leyes que reglamenten su ejercicio. Aquí, señor presidente, debemos actuar sobre la base del concepto de que un contrato por el cual se otorga una licencia es un contrato de uso que queda dentro de la órbita del Derecho Administrativo. Aquí, también tenemos que tener presente que, en temas de derechos adquiridos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado claramente que se deben aplicar los principios de la confianza debida y de la razonabilidad. Por ende, señor presidente, un primer concepto: no se puede alegar derechos adquiridos fuera de la ley. Aquéllos que se encuentran fuera de la Ley 22285, sus modificatorias y complementarias, de ninguna manera pueden alegar un derecho adquirido.
Sí debemos respetar los derechos adquiridos a la luz de los derechos que otorgaba la legislación vigente en materia de radiodifusión en la República Argentina , siempre y cuando apliquemos este criterio en forma razonable y no impidamos el objeto principal de esta ley, que en su artículo 1/ establece que el objetivo es la promoción, desconcentración y fomento de la competencia.
Por ende, mi visión en cuanto a los derechos adquiridos y al artículo 161 es una visión distinta a la de aquellos que dicen que la norma es absolutamente constitucional, porque la norma es absolutamente inconstitucional. Mi posición es que ese artículo 161 podría ser mejorado dando seguridad jurídica y estableciendo claramente que aquellos que tiene derechos adquiridos a la luz de la legislación vigente en la República Argentina, y en la medida que no afecte el objetivo principal de la ley, podrán mantener dichos derechos.
En segundo lugar, señor presidente, me preocupa, sin duda alguna, que esta es una ley llena de ideales y que muy seguramente va a ser muy difícil de implementar. Yo veo a la radiodifusión, a la radio, a la televisión, al cable, no por su licencia, sino por su contenido. Si tenemos contenidos, seguramente nos van a ver, y si ese contenido es exitoso, seguramente esa radio, esa televisión, ese cable va a ser exitoso. Y para ello, señor presidente, se requiere fundamentalmente la sustentabilidad económica de los medios de difusión. Si no tenemos sustentabilidad económica se va a producir pérdida de fuentes de trabajo y no aumento de fuentes de trabajo; y la sustentabilidad económica, señor presidente, se da fundamentalmente a través de la publicidad, que es el recurso que tiene la radio y la televisión para sostenerse, y a través del abono, que es el sustento económico de los cables. Me preocupa la falta de sustentabilidad económica de todos los actores que van a tener posibilidad de tener un medio de comunicación en la República Argentina. Me preocupa que, por ejemplo, se le permita a la televisión pública hacer publicidad. Yo me enrolo en lo que está decidiendo el gobierno español hoy, y el gobierno francés, de quitar toda publicidad a la televisión española y a la televisión francesa. La televisión debe sostenerse con el recurso de todos los argentinos y con parte del gravamen que paga la televisión privada de la República Argentina, si no, seguramente la televisión pública va a ser una competencia desleal con la televisión privada y va a generar un caos en el mercado. Lo mismo rige para las asociaciones. Aquellas asociaciones que reciben subsidios del Estado nacional, provincial o municipal, de ninguna manera deberían hacer publicidad, salvo que las hagan en condiciones del mercado, porque si no también van a entrar estos jugadores en la radiodifusión provocando, sin duda alguna, una disputa de una pauta publicitaria privada que no va a alcanzar para sostener a todos los medios de difusión de nuestro país.
Me preocupa también, señor presidente, el régimen de sanciones que ha implementado este proyecto de ley. Me preocupa en cuanto a la caducidad de las licencias. Para que entiendan de qué hablo, caducidad de las licencias constituye, fundamentalmente, el cierre de una radio o de una televisión. Para ello debemos ser cuidadosos. Debemos claramente modificar la ley estableciendo que la sanción que impone una caducidad siempre debe tener efecto suspensivo, y en esta materia de la caducidad, como también en la materia del otorgamiento de licencias, me hubiese gustado que además de intervención de la autoridad de aplicación, con la cual estoy absolutamente de acuerdo, tenga intervención la Comisión Bicameral que por este proyecto se está creando. Entiendo que la autoridad de aplicación que fija la ley, dos representantes del Poder Ejecutivo; tres representantes del Congreso, primera, segunda y tercera minoría, y dos representantes del Consejo Federal representa la pluralidad política de la República Argentina y constituye una autoridad de aplicación acorde con casi todos los países de la región, con casi todos los países que tienen una autoridad de aplicación en materia de radiodifusión.
Otra de mis observaciones, señor presidente, se refiere al excesivo rol de la ley en cuanto a los contenidos. Yo concibo a la radio y a la televisión —ya lo dije— como un contenido. Si el contenido que tengo les gusta a los argentinos, lo ven; si el contenido que tengo no les gusta, no lo ven. También concibo a la radio y a la televisión como el derecho indiscutible que tiene cada uno de los medios de decidir cuál será su contenido. Por ende, en el capítulo de contenidos voy a hacer observaciones. Entiendo que existe una intervención excesiva y que debería existir mayor libertad. Este proyecto sigue el mismo criterio que la ley 22.285 cuando so pretexto de la seguridad nacional imponía a los medios el control de sus contenidos.
Me preocupa, señor presidente, la injerencia de las cooperativas de servicios por cuanto esa injerencia va a provocar el cierre de pequeños cables de la República Argentina. Me enrolo en sostener el viejo artículo 45 modificado en el año 2005, que permitía a las cooperativas de servicios ser radiodifusoras siempre que dentro de esa área de servicios no existiera servicio de cable. Seguramente nos vamos a encontrar con que muchos cables del interior, pequeños cables van a cerrar y mucha gente va a quedarse sin trabajo. Finalmente quiero decir —cuando tratemos en particular me voy a explayar con más detalle— que este proyecto de ley, sin la ratificación del decreto 527, pone en peligro a toda la radiodifusión privada de la República Argentina. El decreto 527 fue dictado por Néstor Kirchner y suspendía el plazo de las licencias por el término de 10 años. Si Néstor Kirchner no hubiera dictado ese decreto, se hubiese producido la extinción del tiempo de las licencias, del 80 por ciento de todos los radiodifusores de la televisión abierta, de las radios y de los cables de la República Argentina. Para dar seguridad jurídica, falta un paso. El decreto de necesidad y urgencia dictado por Néstor Kirchner se encuentra aprobado por la Cámara de Diputados y mantiene su aprobación en este Senado de la Nación. Entonces, si no queremos que el año que viene se llame a concurso y licitación del 80 por ciento de la televisión abierta y privada de la República Argentina, debemos ratificar ese decreto, porque de lo contrario, vamos a tener siempre una espada que pesará sobre los medios, o sea, dictar otro decreto de necesidad y urgencia que deje sin efecto la suspensión. Señor presidente: esta es mi visión y mis puntos de vista con relación a este proyecto de ley de medios audiovisuales, que tiene muchísimas cosas buenas, que da esperanza y que va a permitir que muchos radiodifusores excluidos de la radiodifusión puedan ejercer su función. Pero, cuidado: lo deben hacer con medios sustentables económicamente, porque hacer una radio, una televisión o un cable, implica inversión, y para tener inversión, se tienen que tener contenidos exitosos, porque si no, a esa radio o a esa televisión nos la va a escuchar o ver absolutamente nadie.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: estamos tratando un proyecto de ley que viene sancionado por la Cámara de Diputados.
Como indica la Constitución, somos la cámara revisora de ese proyecto y, en ese sentido, nuestra cámara decidió un proceso de debate que incluyó audiencias, que se cumplieron en gran medida. Ello también implicó, como es de suponer, prácticamente un debate entre los senadores que integramos este cuerpo.
Me parece que antes de entrar en lo puntual de este proyecto, es bueno hacer notar que ese proceso quedó trunco y que no se ha cumplido acabadamente. Debo decir, porque creo que así se impone más que nada frente a quienes tienen la gracia de prestar oídos a lo que aquí se dice, que en mi conocimiento el debate implica la posibilidad de que un proyecto que viene en revisión efectivamente se pueda revisar y, si corresponde, ser modificado; lo cual no es menor. Sin embargo, creo que muchos no están haciendo foco en esa cuestión.
Para nosotros, esta última oportunidad no ha tenido lugar; salvo que interpretemos que el juicio de la mayoría implica la potestad de imponer su criterio frente a las minorías. Si esto no fuera así, sin dudas, habría que revisar las cosas. Lo digo aquí, casi en reiteración, porque según nuestro criterio se viene haciendo de esta situación una práctica que se repite con todos los proyectos importantes desde la visión del Poder Ejecutivo.
Dicho esto, debo decir que, como se conoce en el país, la Unión Cívica Radical —partido al que pertenezco— desde que retornamos a la democracia ha planteado siempre la necesidad de cambiar la ley que dictara el proceso militar, sin dudas con la motivación más importante de disciplinar las opiniones y silenciar las verdades que ocurrieran durante el gobierno de dicho proceso.
Esos proyectos, que no reiteraré aquí porque creo que son conocidos por todos los que estamos aquí presentes y por quienes nos escuchan, nos permiten aseverar que es totalmente falsa la afirmación de que las oposiciones que hemos planteado desde el bloque de la Unión Cívica Radical son meras excusas para que no se sancione esta norma. Nuestro partido, por su tradición y por los hechos, quiere que haya una nueva ley de radiodifusión. Queremos que sea así, porque somos conscientes de que durante la vigencia de esta ley —nacida, como se dijo, durante el Proceso—, ha habido modificaciones que han permitido a su vez enormes deformaciones que han generado efectos negativos en este sistema. Nadie puede negar aquí, que si hubiera habido un régimen consensuado que rija a los medios, los ensayos y las leyes del 89 —permitiendo que las empresas de medios o que la prensa escrita pueda operar esos medios— no se habrían dictado las otras leyes, a lo mejor ampliando de cuatro a veinticuatro las licencias, sin emitir juicio sobre si ello está bien o mal; tampoco se habría dictado la ley que establecía la posibilidad de que un gran medio escrito y audiovisual se concentrara —todos saben a qué me estoy refiriendo—; ni se hubiera dictado, seguramente tampoco, el decreto de necesidad y urgencia que permitió esa unificación de las empresas de canales más importantes que teníamos y que permitió que hoy en el mercado tengan la mayor concentración de abonados —me refiero a Multicanal y a Cablevisión—, así como otras tantas modificaciones por decretos y resoluciones del COMFER. Particularmente, ese vaivén de aquella ley llamada de protección del patrimonio y los bienes culturales permitía que no intervengan en las empresas de medios empresas extranjeras, más allá del 30 por ciento. Después, la otra disposición que permitió la incorporación de los mexicanos so pretexto de la reciprocidad, previo a que la empresa o el propietario se nacionalizaran norteamericanos.
En definitiva, seguramente se hubiera tratado de otro modo la situación de las licencias cuando en 2005 se suspenden sus plazos por una figura extraña. Hay una y mil razones para sostener que si no perdemos el sano juicio y la vocación de la tarea que hacemos —que es el bien común—, esta iniciativa hay que modificarla. Pero, además, tenemos la prueba —pesada en sus efectos— del manejo discrecional de los medios propiedad del Estado nacional al servicio de quien gobierna; la desnaturalización de su objetivo, porque si es una empresa que solventamos todos no tiene por qué servir a un sector o a una parte de la sociedad; la falta de razonabilidad y de objetividad en la entrega o en el gasto de la pauta, es decir, ese dinero que gasta el Estado para hacer las propagandas que corresponde a la difusión de sus cosas.
Por lo tanto, creo que es gratuita la imputación de que la Unión Cívica Radical, como partido de la oposición, no quiere este proyecto de ley. No obstante, todas estas cosas nos previenen sobre lo que debe contener la norma que regule la actividad de los medios, ya aprobada por la Cámara de Diputados. En ese sentido, debemos decir que valoramos el proyecto en cuanto a los avances y a los aportes que han hecho las organizaciones —aquí se ha señalado que fueron novecientas— para mejorar el instrumento legal que rija esta cuestión, pero no podemos ocultar aquí que algo se ha omitido. En efecto, en la propuesta de los 21 Puntos hay algo esencial, como son estos dos o tres puntos que se han violentado en la propuesta del oficialismo respecto de la autoridad de aplicación, en cuanto está tildada de parcialidad hacia adelante cuando esté integrada; parcialidad, pues será un órgano influenciado por la mayoría del gobierno. También se ha violentado de los 21 Puntos la falta de una pauta ordenadora de gastos del Estado en difusión de sus cosas, propaganda o lo que fuere Asimismo, se ha violentado de los 21 Puntos la necesidad de que el órgano que administre los bienes de radiodifusión del Estado esté totalmente libre de las influencias del poder político y económico. Entonces, creo que se nos achaca y se nos endilga mal el desoír ese aporte valioso que ha hecho esta gente que se dedicó al tema y que, seguramente, invirtió en tiempo y recursos para trabajar.
Ahora bien, esta propuesta violenta otras cosas, como, por ejemplo, lo que dicen los foros de periodistas, las asociaciones de derechos civiles, etcétera. En consecuencia, aunque coincidimos en la necesidad de avanzar en esta dirección, nos vemos necesitados de hacer los planteos que contiene nuestro dictamen en minoría porque no nos resignamos a perder la oportunidad de sancionar una buena ley. Y una buena ley es aquella que preserva todos los intereses en juego. No es una buena ley —como en algún lado se ha pretendido decir— aquella que reserva al partido de gobierno —el que sea— potestades que significan, por ejemplo, el manejo directo o indirecto del espectro radioeléctrico o el otorgamiento, el control y la caducidad de las licencias. No puede ser buena una ley que omite algo tan importante como es la influencia del dinero en los medios públicos, en la radio y en la televisión. Sabemos de qué modo el dinero puede afectar en un sentido o en otro. No hace falta abundar en este ámbito sobre cuál es la afección que produce el dinero usado discrecionalmente y cuál es el daño mayor que puede originar si, además, persigue fines innobles, fines que silencien e impidan la pluralidad en una sociedad que está sufriendo una decadencia que —en mi opinión—, en parte, depende de las manipulaciones desde el poder. No puede ser una buena ley la que no corrija esta deformación enorme y evidente que tienen o que sufren los medios de difusión, así como tampoco la manipulación o el uso que hace de ellos quien gobierna. Los medios públicos nacionales de comunicación deben estar librados, libres, liberados de la influencia del poder de turno. Y este proyecto de ley crea un órgano que desgraciadamente también permite que si hay intencionalidad, se use mal. ¡Quién no ha visto la discrecionalidad con la que se ha usado Canal 7 y los medios radiales groseros, difundiendo campañas políticas de los gobernantes, omitiendo los discursos críticos, al extremo de omitir los rostros críticos!
En estos días, hemos visto algo que no tiene sutileza y por eso se puede decir acá. Es curioso, pero, en oportunidad de velar aquí a Mercedes Sosa, el canal estatal, entre partido de fútbol y partido de fútbol, transmitió la presencia de la pareja presidencial en el velatorio.
Pero todos sabemos de qué modo se utilizan los medios estatales que todos pagamos y que deben estar al servicio de garantizar la transparencia, la pluralidad, la formación, la expresión de la cultura y, por qué no, algo que es tan importante y abarcador, como lo son las opiniones de todo tipo y, particularmente, la opinión política.
Por eso, nosotros creemos y pedimos a este cuerpo la posibilidad de corregir lo que entendemos que son defectos de esta iniciativa. Mi afirmación se sustenta en el hecho casi difícil de sobrellevar —más allá de que comprendemos el peso de las mayorías y el rol de las minorías— de que se nos diga que no hay nada que cambiar en la norma. En efecto, cuando se quiere fundar el acierto del proyecto y se dice que hubo un gran debate afuera —que respetamos, agradecemos y valoramos— vale aclarar que no es menor lo que no contiene el proyecto y que sí fue objeto y pedido expreso de quienes se ocuparon largamente de debatir lo que debería ser a futuro la ley de radiodifusión.
Cabe destacar —y aquí se ha mencionado— que cuando los representantes de las universidades vinieron acá y dijeron que éstas hicieron un aporte y que estaban conformes con que se les diera presencia, tanto en la posibilidad de ser titulares de medios como en el cuerpo directivo o en el cuerpo de la autoridad de aplicación, también señalaron que es responsabilidad del Senado de la Nación dictar esta nueva ley, y que todo lo malo que contenga, sin duda, deberá pesar sobre nuestras comisiones, sobre nuestros deberes. Yo no me conformo con que nuestro poder, el Poder Legislativo, esté subordinado al Poder Ejecutivo. Y cuando se me pueda decir que no es así, entonces, paralelamente tenemos que aceptar que nuestras capacidades no dan ni siquiera para cambiar una coma a un proyecto de ley.
En consecuencia, sin entrar en lo puntual de nuestras observaciones, yo espero todavía, con los respetos que me merecen las mayorías y las minorías, una reflexión que nos lleve a hacer la mejor ley posible, sin dejar de aceptar que el día de mañana ésta podrá ser cambiada.
No está bien, por lo menos mi papel, que en el Senado de la Nación que yo integro no se pueda modificar en absoluto una ley. Habremos perdido la oportunidad de dictar un instrumento que impida los excesos —en todos los rubros, más todos los que no puedo nombrar por cuestión de espacio—, en esta materia de difusión de ideas y de información.
No está bien que no hayamos impedido que, además, nuestras empresas comunicadoras del interior, que han sido tratadas en el proyecto de igual modo que las grandes empresas, se vean sometidas, por nuestra omisión de no corregir, a un proceso de vivir en la clandestinidad o, eventualmente, tener que desaparecer. Ni le hará bien a la pluralidad de voces ni es justo que se someta a quienes quizás desde hace años vienen esforzándose y prestando un servicio necesario y útil a nuestra sociedad —muchas PYMES comunicadoras del país—, que las dejemos a merced de operadores con quienes no van a poder competir.
En consecuencia, sin desvalorizar, sin negar los aportes que tiene la ley, es necesario corregirla. Estamos a tiempo de hacerlo. Ningún gobierno deja de ser tal porque una ley se corrija en las cámaras que tienen potestades para hacerlo. Pero además le vamos a evitar a los argentinos no sólo la injusticia a la que hice mención recién, sino largas discusiones y, eventualmente, la exposición a cuantiosos reclamos, que sabrá Dios cómo terminan. Como creo tener experiencia acerca de lo que significan los reclamos al Estado, me permito decir que se volverán, en gran medida, pérdidas absolutas.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Basualdo.

Sr. Basualdo. — Señor presidente: la verdad es que nosotros, los senadores, somos unos privilegiados con respecto a los diputados. A veces criticamos acá a los diputados porque algunos se levantaron, porque no estaban organizados, pero tuvieron seis horas, seis horas para estudiar una ley. Nosotros hace más de veinte días que estamos con el proyecto de ley, y le puedo asegurar que yo, por mi parte, hubiera pedido un tiempo más todavía para seguir escuchando, para poder interpretar mejor este proyecto de ley que estamos considerando todos.
Es un proyecto de ley importantísimo. En forma particular, hace mucho, he presentado un proyecto, un proyecto muy débil. Ahora me estoy dando cuenta de que realmente, cuando hemos empezado a estudiar, a escuchar a todos; cuando cada uno de los senadores tuvo entrevistas en forma particular con diferentes medios, organizaciones, agrupaciones y sindicatos… Cada uno de nosotros hablamos con ellos. En mi provincia recibí a todos los sectores, a pequeñas y grandes radios, al sindicato de prensa, al sindicato de la televisión. Escuché, y sabía que cada vez me faltaba mucho. Cada vez decía:” Tengo que aprender más”, porque el abanico se abría más. Entonces, hoy en nuestro país tenemos la oportunidad histórica de ponernos de acuerdo en una buena ley. No decir: “Vencí con esta ley, logré lo que yo quería.” No, hay que lograr lo que le sirva al pueblo. Por eso le digo a todos los que hacen los proyectos, y a todos los que hacemos las leyes, que cuando presentemos un proyecto nos fijemos del otro lado del mostrador. Cuando hagamos una ley digamos: “Hoy somos gobierno, pero ¿mañana quién será el gobierno, quién manejará esta ley? ¿Es peligroso darle esta ley a alguien que no la pueda manejar bien, o no?” Entonces, cuando hablamos de las virtudes, tiene muchas; pero cuando hablamos de los defectos, también tiene muchos.
¿Qué quiero decirles? Vamos a ver la autoridad de aplicación, vamos a empezar por algo. No quiero empezar por los artículos, que ya después los vamos a definir. Si es en comparación con la ley en vigencia, la autoridad de aplicación está bárbara, porque antes un sólo miembro —el secretario del COMFER— decía si estaba bien o estaba mal. Ahora la autoridad de aplicación son siete miembros. Particularmente, me hubiera gustado que la autoridad de aplicación fuese la Corte Suprema de Justicia: gente independiente, que conozca el tema, que vaya más allá de la actividad política.. Que fuesen cinco miembros, no más, para que no sea burocrático. Pero que fuesen cinco personas independientes y especialistas en el tema de radiodifusión. Eso me hubiera gustado, para que ninguno tuviera sospechas de nada, y que por 50 mil o 500 mil habitantes, de la misma forma, fuesen ellos la autoridad máxima, y no ningún gobierno.
¿Qué es posición dominante? La posición dominante de Fulano o de Mengano de poder tener el 35 por ciento… Me gustaría que digamos por qué la llamamos “dominante”.
¿Nos referimos al que tiene el 35 por ciento de los medios o al que tiene más audiencia, o el que tiene más poder económico para dar más publicidad —lo que pasa en las provincias chicas—? ¿Cuál es más peligroso? Con esto de la posición dominante, a veces castigamos al que es más eficaz, más eficiente, tiene mayor audiencia porque es más objetivo. Porque la audiencia se logra siendo objetivo; si usted es parcial, no tiene audiencia. Por más que esté a favor o en contra de un gobierno. Si está siempre en contra o a favor de un gobierno, la audiencia se le va si usted es parcial. Entonces, tiene que ser objetivo y creativo para poder tener esa audiencia. La audiencia es lo que debemos tener en cuenta, no tantos canales de televisión y tantos medios.
Pero es más peligroso a veces, que en diferentes provincias —por ejemplo, en provincias chicas como la mía—, que más del 50 por ciento de la publicad que se hace es publicidad del Estado provincial. Entonces, eso es una posición dominante, eso es peligroso; donde un medio no pueda decir algún defecto del gobierno de turno porque es el mayor auspiciante que pueda llegar a tener. Y no hablo de este gobierno que tenemos ahora: siempre ha sido el mayor auspiciante el gobierno de la provincia, no de ahora sino de hace muchos años. En el año 2003 tenía un presupuesto de 5 millones de pesos para publicidad, en una provincia chica. Hoy tenemos 30 millones de pesos. Siempre el mayor auspiciante es el gobierno provincial.
Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué es más peligroso? Para mí lo más peligroso es que tenga posición dominante el gobierno provincial, de modo que pueda decir:
“Escuchá, callá o decí tal o cual cosa; o te autorizo a poner tal o cual aviso”. Le voy a contar una pequeña experiencia que me pasó en forma particular —no me la ha contado nadie— hablando de posición dominante. No tiene nada que ver con la ley de radiodifusión, pero sí tiene que ver con la ley de publicidad. Yo había contratado unos carteles, en una calle. Las elecciones en San Juan eran en agosto. En marzo de ese año contrato, pago anticipado, unos carteles de publicidad callejera. Muy bien. En junio, cuando tenía que poner la publicidad, pido a un señor que me los diagrame. Me hablan de la agencia de publicidad y me dicen: “No te podemos poner tus afiches. Te devolvemos el dinero”. Les dije: “Ustedes están locos. ¿Cómo me van a devolver el dinero?” Ya había hecho los afiches, había pagado a alguien para que los ideara. Me ofrecieron devolverme el dinero de la publicidad que había pagado, del creador de la idea y el dinero del afiche. Pregunté por qué y me dijeron que era porque un funcionario dijo que no se podían poner más afiches de la oposición. Hablé entonces con el funcionario de turno —porque me enteré por debajo—, y me dijo: “Sí, tus afiches los podemos poner, porque son inofensivos”. ¿Cómo que son ofensivos? Si alguien pone un afiche que está mal, yo he pagado los afiches y van con mi firma; soy responsable tanto civil como penalmente.
De modo que eso es situación dominante, donde alguien le dice qué afiche puede poner o qué afiche no puede poner; o quién puede hablar y quién no. Esa es la posición dominante que más me preocupa. Acá, para no tener posición dominante, ¿sabe qué es lo que debemos tener? Libertad económica. Si todos los medios fueran grandes y tuvieran independencia económica no habría presiones de nadie, ni de la parte privada ni de la pública, porque contarían con autonomía económica, que es lo fundamental para poder expresarse; si no, no podemos expresarnos.
En el año 2005 se firmó un decreto para suspender las licencias y que todos pudieran poner tecnología e invertir en los medios de comunicación como corresponde. Eso me pareció muy bueno y felicité la iniciativa, pues permitía que las empresas que estuvieran mal pudieran salir adelante, y que los trabajadores conservaran su trabajo. Pero ¿qué pasó con esto? Al que hizo las cosas bien, al que invirtió en tecnología y en medios —para eso se frenaban las licencias, es decir, para que se invirtiera en tecnología y medios— y creció —no a quien le dieron una suspensión de licencia, y el dinero lo puso bajo el colchón—, ahora se lo considera un delincuente. Antes, al crecimiento le llamábamos “pecado”; ahora, en lugar de “pecado” lo llamamos “delito”. Digo esto porque ese señor que creció, que puso tecnología y que puso mucho en medios, ahora está fuera de la ley; y esto por tener medios, por tener tecnología y avanzar.
Yo no quiero posición dominante de nadie, ni de los medios ni tampoco del gobierno.
Y no me refiero al gobierno nacional, porque la publicidad oficial representa sólo un 10 por ciento, sino a los gobiernos provinciales o municipales, que manejan mucha más publicidad que el gobierno nacional en proporción a los habitantes. Hay municipios que, quizás, con 100 mil pesos hacen entre el 80 y el 95 por ciento de su publicidad. Eso es lo preocupante, no la parte nacional.
¿Saben lo que hacen para liberar un poco a los medios de difusión? Dicen: “señores, para que los medios de difusión sean objetivos, no digan los defectos del municipio o de la provincia; de la Nación, lo que quieran”. Y a veces sucede que los intendentes municipales o los gobernadores de provincia tienen un 70 por ciento de imagen positiva, mientras que el presidente de la Nación un 20 por ciento. O sea, se puede hablar de los defectos de arriba, pero de los de abajo, no. Y eso es posición dominante.
Yo le digo a la señora que hoy nos está viendo por televisión: “¿sabe cómo va a terminar esta película?”. Al respecto, a mí me dicen “damos un año…”; pero es más de un año. Sin embargo, no va a pasar el año pues inmediatamente aparecerán los amparos por los derechos adquiridos; y eso lo pagaremos todos. Los que están viendo la televisión en su casa los terminarán pagando con sus impuestos, al igual que yo y todos los demás senadores, tanto oficialistas como opositores. Todos pagaremos este problema que sufrirá la Argentina. ¿Saben qué hará el gobierno que venga, sea quien fuere, porque todos se hacen los distraídos? El que llegue al gobierno dirá “esta deuda no es mía” e, indudablemente, esa deuda se pagará con bonos. Entonces, creará un nuevo impuesto, o verá a quién le puede meter mano para pagar eso. En ese sentido, le digo a la persona que quiera ser presidente —y que ya sabe la situación— que, si realmente quiere ser presidente, sepa con lo que encontrará, que no invente nuevos impuestos y que se arregle con lo que tiene. Si no, vienen siempre los gurúes económicos, tal como les pasa a los municipios, a las provincias y a la Nación. ¿Qué les dicen?: “vengan muchachos a los municipios a ver cómo puedo recaudar más?”. Y la respuesta es “inventen un impuesto nuevo por cartelería, por no cartelería…”.
Ahora bien, ¿por qué no les preguntan a los gurúes económicos cómo pueden bajarse los gastos innecesarios para tener déficit cero? Pero no, siempre les preguntan cómo se puede recaudar más. La idea sería que en vez de agregar impuestos se bajen los gastos innecesarios, los cuales son muchos.
Entonces, me parece bárbaro que elaboremos una ley. Esta ley tiene muchas cosas muy buenas; y las pocas cosas malas tendríamos que corregirlas. Tenemos tiempo para ello cuando consideremos el proyecto en particular.
En consecuencia, creo que debemos debatir porque la ley tiene que servirle a todos, y siempre hacer de cuenta que no se sabe quién podrá ser el gobierno dentro de tres, siete o diez años, o qué intenciones podrá tener —más allá que el gobierno actual o el futuro puedan tener muy buenas intenciones—, ya que no sabemos cómo nos vamos a encontrar. Cada vez que hagamos una ley habrá que pensar “nosotros la podemos manejar bien; los que vienen: ¿la podrán manejar bien?”. Debemos reflexionar acerca de ese tema —tenemos tiempo para ello— para sacar la mejor ley, que es lo que quieren todos los argentinos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Sonia Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: creo que hoy estamos perdiendo una oportunidad histórica de aprobar un proyecto de ley de radiodifusión por consenso. Nunca como en este momento, desde todo el arco político hay consenso en abordar una nueva ley de radiodifusión, y en terminar con las posiciones dominantes. Estamos perdiendo una oportunidad, reitero, porque este proyecto busca la posición dominante del gobierno nacional.
En marzo de 2004 presenté por primera vez un proyecto de mi autoría por el que se modificaba la ley de radiodifusión. En ese sentido, quiero recordar qué fue lo que pasó, y lo que me movió a presentar esa iniciativa en ese momento. En medio de la crisis —al compás de la crisis—, un grupo monopólico de medios —a través de sus lobbistas— se llevaba por delante al Senado para modificar la ley de quiebras mediante la eliminación de la institución del cramdown. En ese momento, los empresarios de medios tenían temor de que las empresas extranjeras se quedaran por monedas con las empresas que ellos habían defendido durante tanto tiempo. Hoy, los mismos empresarios de medios tienen miedo de que el holding K, en virtud del artículo 161 del proyecto en consideración, se quede por monedas con sus empresas de radiodifusión.
Por supuesto, posteriormente, hubo que modificar esa modificación de la ley de quiebras. Entonces, apareció la ley de bienes culturales. Y detrás de la defensa de los bienes culturales, nuevamente se protegía a un conglomerado de medios. En ese sentido, les recordaré lo que yo decía cuando se dio ese debate, porque en medio de la crisis no teníamos que legislar para proteger a una empresa o a un grupo empresario, sino a todas las empresas del país. Y con pena debo decir que este Congreso fue muy rápido en proteger al conglomerado de medios, y muy lento —nos llevó muchos años— para proteger a los deudores hipotecarios. Esa fue la realidad.
En ese momento yo decía que lo que estábamos haciendo, en realidad, era consolidar a un grupo, consolidar los privilegios, y que ese grupo iba a dedicarse a presionar y a comprar por poco precio a los pequeños medios del interior del país. En esa oportunidad participaba del debate el doctor Alfonsín, quien preguntó dónde estaban los proyectos de radiodifusión. Entonces, nos pusimos a trabajar en un proyecto de ley de radiodifusión, que fue presentado en marzo de 2004. En realidad, recogimos el proyecto elaborado por los técnicos del COMFER, lo cotejamos con alguna legislación comparada, y lo pusimos en consideración de este cuerpo.
¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Obviamente, no había ningún interés en tratar la ley de radiodifusión. En consecuencia, en diciembre de 2004 se abortó el debate y la posibilidad de sanción de una ley de acceso a la información pública. En mayo de 2005 se dictó el decreto de necesidad y urgencia 527 por el cual se suspenden por diez años los términos de vigencia de las licencias, el cual fue ratificado por la Cámara de Diputados. En marzo de 2006 vuelvo a presentar mi proyecto. Pero en febrero se había modificado el Consejo de la Magistratura, generándose una nueva mayoría a favor del gobierno. En ese sentido, es muy clara la situación, todos los argentinos saben lo que sucedió: se amordazó a los jueces, y se le dio un golpe mortal a la independencia del Poder Judicial En diciembre de 2007, un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja la fusión de Multicanal y de CableVisión.
Quiero hacer una breve referencia a mi proyecto, que fue representado en 2006 y en 2008 y que, por supuesto, nunca mereció tratamiento porque la mayoría del Senado tomó la decisión de aprobar a libro cerrado los proyectos sancionados por la Cámara de Diputados; sin importar lo que los senadores, desde hacía cinco años, estuviéramos impulsando.
Mi objetivo era promover el alcance de los servicios de radiodifusión a todo el país; facilitar el desarrollo de la industria, y fomentar la cobertura de todos los temas de interés público. Pretendíamos fomentar la diversidad y no el pensamiento único del gobierno, como lo plantea el proyecto que hoy estamos analizando. Quiero recordar también la importancia de lo que se está regulando, ya que se está legislando sobre libertad de expresión, que costó siglos de lucha de la humanidad, con muertes, asesinatos y con voces apagadas por inquisición civil y religiosa durante tantos años. A través de la iniciativa en consideración se le otorga un tercio de las licencias al gobierno y un tercio a las ONG sin ninguna limitación, lo cual, sin lugar a dudas, es otorgarle una posición dominante al Poder Ejecutivo. Quiero traer a colación aquí una frase de Alberdi, en la que se refiere a la libertad de prensa,, porque me parece que de eso aquí no se habla. ¿Qué es la prensa? Decía Alberdi que la prensa es un poder no delegado que el país retiene para ejercerlo él mismo. Abdicar de ese poder es lo mismo que abdicar de la soberanía y renunciar a ser un pueblo libre. No hay nada más preciso ni más exacto que esta definición. Libertad de prensa es una libertad que el pueblo no cede a sus representantes, la retiene para sí, es la que le permite conocer la gestión de sus gobernantes y colaborar con sus mandatarios.
Es ridículo pensar que los gobiernos estén facultados para censurar al pueblo o decirle a los ciudadanos qué es lo que pueden ver, leer u oír; o qué es lo que pueden decir, opinar o informar. Es el pueblo el que puede censurar al gobierno y jamás el gobierno censurar el pueblo. Con esta norma que estamos analizando, vamos a permitir que sea el gobierno de turno el que censure al pueblo.
Para permitir que existan medios independientes del gobierno, es necesario proteger a la industria para que existan empresas fuertes. Y esto ha sido muy bien descripto tanto por el senador Jenefes como por el senador Basualdo. No podemos avanzar en una norma que lo que está planteando es una multiplicidad de medios inviables económicamente. Así no se protege la libertad de expresión; así se somete la voluntad de expresión al poder más fuerte, que es el del Poder Ejecutivo, que es el que maneja los recursos del Estado y que es el que compra voluntades, como lo estuvimos viendo muy bien estos últimos días. Quiero traer a colación lo que planteaba con relación a las radiodifusoras sin fines de lucro, —porque el proyecto las permitía—, que dividíamos en comunitarias, educativas y religiosas. Pero establecíamos que tenían que demostrar que tenían recursos suficientes para llevar adelante su actividad, para asegurar que fueran realmente voces independientes del gobierno y no voces subsidiadas por el gobierno de turno. Entendíamos que solamente la televisión comercial y la radiodifusión comercial eran las que podían vender publicidad; no así las ONG, porque entonces estarían compitiendo contra las empresas y éstas nunca serían fuertes, que es lo que necesita la protección de la libertad de expresión. Quiero recordar aquí lo que en este sentido sostenía la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico en 1949. Se había creado una comisión para analizar la cuestión de la libertad de prensa. Aprobando el informe de esa comisión, se decía que la libre empresa en la publicación de los diarios es un prerrequisito de la prensa libre. Y en el caso de diarios de un tamaño y una circulación considerables, la libre empresa significará, en general, “empresa comercialmente próspera”. La Cámara de los Comunes no acepta limitar el rédito de las empresas periodísticas, pues sería olvidar la magnitud de los riesgos. Tampoco acepta restringir la circulación, porque privaría a los ciudadanos de la elección del órgano se su agrado.
A efectos de que la radiodifusión no comercial ni estatal no se convierta solapadamente en otra voz del gobierno, expresamente establecíamos que los servicios de radiodifusión comunitaria y religiosa se financiarían con sus propios recursos. Y solamente autorizábamos el financiamiento estatal para los servicios de radiodifusión educativa siempre que estuvieran proporcionados por establecimientos estatales.
Entendemos que el Estado debe administrar el espectro radioeléctrico y los permisionarios, autorregularse por un código de prácticas. En ese sentido, habíamos entendido muy bien la prohibición de censura previa que consagra nuestra Constitución. Por lo tanto, establecimos que las funciones del Estado se limitan a la administración del espectro, pero que son los licenciatarios los que tienen que avanzar en un código de prácticas que los haga responsables como difusores de información y de entretenimiento, para que puedan ser vistos por toda la audiencia.
Entonces, en los artículos 73 y 100, planteábamos los códigos de prácticas. Regulamos también la información sobre mediciones de audiencia. Esto es muy importante. A los efectos de la distribución no arbitraria de la publicidad oficial, necesitamos conocer las audiencias. Por lo tanto, obligábamos a las empresas a publicar la composición societaria, la conformación del directorio y la metodología utilizada, información que sería de carácter público. Jamás hubiéramos concebido una norma como el artículo 108, inciso a). Sobre el mismo, me voy a referir más adelante, en el debate en particular. Nosotros planteábamos la caducidad de la licencia cuando los licenciatarios o las autoridades de la persona jurídica hayan sido condenados por delitos contra el orden constitucional. En todos los casos, exigíamos la condena penal.
Finalmente, en la cláusula de transición, éramos absolutamente respetuosos con los derechos adquiridos y establecíamos que las licencias se rigen por la ley que estaba en vigor al momento de la concesión. Pero establecíamos una norma de estímulo; le dábamos 180 días a los licenciatarios que quisieran adaptarse a la norma y, entonces, recibirían el beneficio del nuevo plazo que establecía la ley.
Me puse a estudiar mucho a raíz de la visita de los expertos que pasaron por las comisiones. ¿Cuál era la cuestión constitucional? ¿Hasta dónde tenemos potestades en este Congreso para avanzar? Me puse a analizar a fondo el artículo 32, que fue muy bien traído a colación por el gobernador de la provincia de San Luis. De acuerdo con los antecedentes constitucionales, la libertad de imprenta ya estaba vigente en la Argentina desde 1811, cuando aparece el primer decreto que la consagra. Los constituyentes la encontraron ya vigente en el país y, entonces, la consagraron en el artículo 14 con la frase: “Conforme las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Cuando Buenos Aires ingresa a la Confederación en 1860, los porteños tenían temor de esta facultad de reglamentación que había concedido el artículo 14 de la Constitución Nacional. Entonces, incorporan el artículo 32, por el que se prohíbe al Congreso Nacional expresamente reglamentar sobre libertad de imprenta y establecer la jurisdicción federal. O sea, con esas normas tan prohibitivas, se fue reconociendo que no hay censura previa en la Argentina, nada previo a la emisión o a la expresión; pero sí hay responsabilidades ulteriores cuando con esa emisión o publicación se ha violado la ley. Entonces, este Congreso puede dictar el Código Penal y allí establecer cuáles son los delitos que muchas veces se comenten a través de la prensa, pero no puede establecer la jurisdicción federal.
Obviamente, en el momento de la incorporación del artículo 32, no habían surgido los descubrimientos del Siglo XX. El descubrimiento de las ondas hertzianas y el espectro radioeléctrico obliga a incorporar esto al Derecho. Y, como no modificamos la Constitución Nacional, se fue construyendo a través de la jurisprudencia y de la doctrina. Este Congreso Nacional puede regular todo aquello que hace a la administración del espectro radioeléctrico porque es un bien de la humanidad, es un bien común y corresponde al Estado su regulación.
Pero no puede, en virtud de la prohibición del artículo 32, regular sobre servicios de comunicación que se realizan dentro de una provincia, que no usan el espectro y que no salen de la jurisdicción de la provincia. Por lo tanto, entiendo que toda regulación que contiene este proyecto que se refiere a los cables que usan vínculo físico y que no salen de la jurisdicción de la provincia no deben ser materia de regulación por parte de este Congreso. Y me parece que ese ha sido un gran aporte, que, obviamente, surgió de los debates en este Senado. Quiero hacer referencia a otro punto: el ingreso de las telefónicas, que ha sido motivo de expresión del miembro informante. Yo solicité reiteradamente que se invitara a técnicos de la Universidad Nacional Tecnológica, pero como este pedido no fue aceptado, después tuve que reunirme con los técnicos para que me explicaran un poco cómo es esta cuestión de las telefónicas; y la verdad es que ellas de ninguna manera están excluidas. Las únicas prohibiciones que se podría decir que existen son las del artículo 25, que establece limitaciones para prestadores de licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal. Sin embargo, en el marco regulatorio de los servicios de telecomunicaciones no existe una definición que permita sostener que la telefonía es un servicio público. Desde 2003, por dictamen de la CNCA, quedó establecido claramente que los servicios de Internet y de telefonía móvil no son considerados públicos. En España, luego de la liberalización de los servicios a la plena competencia, ningún servicio de telecomunicaciones es considerado público. En cuanto al límite del 30 por ciento de capital extranjero, si Telecom Argentina —como ya está en camino— modifica su composición accionaria, estaría absolutamente dentro de la ley. Tampoco sería obstáculo la exigencia en los pliegos de privatización de ENTel, porque estamos ante un decreto que puede ser perfectamente modificado por otro decreto.
Lo que nos dicen los técnicos es que el mercado audiovisual consta de tres sectores principales: las estaciones emisoras, las radiodifusoras —los canales propiamente dichos— y las estaciones receptoras. Lo único que regula esta ley son los canales y las radiodifusoras, el resto está absolutamente liberalizado. No hay ninguna norma que impida que las telefónicas puedan prestar esos servicios de transmisión. Existe una tendencia mundial —y eso lo dijo Mariotto cuando estuvo aquí— hacia la transmisión de contenidos audiovisuales por equipos portátiles y, también, hacia la transmisión de contenido audiovisual por Internet, lo cual se está haciendo.Es decir que si Internet no está regulada —ni podría estarlo— por esta norma, al igual que ocurre con las compañías de teléfonos celulares, toda transmisión que se haga por estas dos vías no queda alcanzada por las limitaciones de esta ley y, por lo tanto, esta norma no les sería oponible.
Esto quiere decir que estamos avanzando en una iniciativa que nace tecnológicamente atrasada, que nace tecnológicamente vieja. También dijeron los invitados que no existe ninguna limitación para que las telefónicas presten y ofrezcan el servicio de triple play, lo cual ya están haciendo.
Para finalizar, señor presidente, rápidamente, quiero hacer referencia al artículo 161, que es uno de los que más dificultades genera.Yo quise buscar antecedentes con relación a cuándo se produjo una aplicación retroactiva de la ley en materia de radiodifusión, y lo encontré. En 1955, por Decreto 170/55, se intervinieron las tres redes de radiodifusión que existían en el país. Y en 1957, se revocaron con retroactividad al 1/ de octubre de 1955 todas las licencias acordadas para la explotación de servicios de radiodifusión en el país, a fin de facilitar el reordenamiento definitivo de estas actividades. El artículo 161, entonces, nos remonta a la Revolución Libertadora. Esa es la ley de la democracia que estamos aprobando.
Posteriormente, Pedro Eugenio Aramburu creó el CONART, hoy COMFER, muy intervencionista, controlando contenidos y controlando todo; y luego, la Ley 22285.
Teóricamente, había libertad, pero bajo la estricta fiscalización del ente estatal que ejercía la policía del aire. Señor presidente: no hay duda de que la autocensura bajo el control del Estado es la tumba de la creatividad.
Finalmente, llegamos al proceso de reorganización nacional. Recordemos qué pasó. En posesión de 8 canalesVHF, con sus repetidoras de alcance nacional, de 36 radios de AM de la red comercial del Estado, de 40 radios también AM pertenecientes al Servicio Oficial de Radiodifusión que encabezaba Radio Nacional, la libertad de expresión era un recuerdo del pasado, en un contexto en el que todos los medios de comunicación privados estaban sometidos a las más variadas técnicas de control y autocontrol. Y en esas épocas, que son tiempos que recordamos muy bien, todos escuchábamos informativos autocensurados o directamente censurados, entretenimientos y rock and roll. El único disenso que se permitía era en materia deportiva. El único programa con participación del público opinando era “Polémica en el Fútbo”l. Ese es el camino al que nos lleva de vuelta este proyecto Luego voy a volver a tocar el tema de la inseguridad jurídica del artículo 161, pero antes, quiero decir que nosotros somos responsables del contexto en el cual estamos aplicando esta norma. ¿Quiénes van a ser los que van a llevar adelante su aplicación? Quiero decir que así como cuando se trataba la eliminación del cram-dawn los empresarios estaban temerosos de que las empresas extranjeras se quedaran con sus medios, hoy las empresas están temerosas de que el holding K se quede con sus medios. Deseo recordar un poco cuál ha sido el comportamiento del matrimonio presidencial cuando gobernaba en la provincia de Santa Cruz. Primero, el disciplinamiento de los medios a través de la pauta oficial y, después, la compra de los medios. El único multimedios que hay en la provincia de Santa Cruz es de propiedad de Rudy Ulloa, ex chofer de Néstor Kirchner. Hay una investigación muy buena hecha por un periodista, Lucio Di Matteo, quien ha publicado un libro que se llama “Gracias, Néstor”, de donde he sacado esta información. Este multimedios de la provincia de Santa Cruz ya manifestó públicamente su decisión de adquirir medios nacionales, y tuvimos conocimiento de que hizo una oferta hostil a TELEFE por 320 millones de pesos. En esta investigación queda claro cuál fue el aumento de la pauta publicitaria oficial para el multimedios de la provincia de Santa Cruz: de una modesta cifra de 25.000 pesos a 1.200.000 pesos. O sea que gracias a la pauta oficial pudo hacer esa oferta hostil. Algunos dicen: “Es una señal para Clarín. Si molestan mucho podemos comprarles acciones a ellos y la contraoferta sería darle el triple play a Telefónica. Ganamos el canal de mayor audiencia y le ponemos un límite a Clarín.” Elisa Carrió también ha hecho referencia a tres características básicas de cómo actúa el holding K para quedarse con las empresas. Primero, concentración empresarial en distintos sectores; segundo, adquisición de empresas estratégicas por medio de empresarios amigos; y, tercero, presentación ante la opinión pública de que dichas operatorias responden a un gobierno que defiende el Estado. Estamos, señor presidente, frente a una realidad con datos objetivos. El artículo 161 está abriendo la puerta a que haya un traspaso de licencias a los amigos del gobierno, con lo cual será el golpe final a la libertad de expresión en la Argentina. Por todo ello y por la metodología con la cual ha sido tratado esta iniciativa —desde hace cinco años espero el tratamiento de una ley de radiodifusión en la Argentina—, yo no puedo acompañar este proyecto .

Sr. Pichetto.— Señor presidente: atento a que hay número, si hay coincidencia podríamos hacer un cierre de la lista de oradores.

Sr. Presidente. — Si hay acuerdo, cerramos la lista de oradores.

— Asentimiento.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: ¿puede leer la lista?

Sr. Presidente. — Sí, por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Estrada). — En este momento, se encuentran anotados los siguientes señores senadores: Corregido, Lores, Fellner, Rached, Parrilli, Reutemann, Iturrez de Cappellini, Estenssoro, Osuna, Díaz, Marín, Pinchetti de Sierra Morales, Pérsico, Pérez Alsina, Torres, Marino, Saadi, Colombo de Acevedo, Guisti, Corradi de Beltrán, Nikisch, Giri, Bongiorno, Fuentes, José Martínez, Vigo, Salazar, Mayans, Alfredo Martínez, Negre de Alonso, Gioja, Petcoff Naidenoff, Calcagno, Cabanchik, Filmus, Rossi, Castillo, Romero, Verani, Guinle, González de Duhalde, Rodríguez Saá, Giustiniani y Morales, este último como miembro informante de minoría.
Aclaro, de paso, que el dictamen de minoría obra en Secretaría en este momento. Esta es la lista. Por supuesto, luego estará el cierre…

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: corresponde que cierre el bloque Federal; luego el bloque de la Unión Cívica Radical y, finalmente, el oficialismo.

Sr. Presidente. — ¿No hay objeciones? El senador Morales informaría; después, vendría el senador Rodríguez Saá; luego, Ríos y el cierre del senador Pichetto.
En consideración el cierre de la lista de oradores.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado. Queda cerrada la lista de oradores.
A continuación, tiene 10 minutos para exponer la señora senadora Corregido. Aclaro que tenemos, más o menos, 15 horas de debate.

Sra. Corregido. — Señor presidente: un periodista escribió hace unos días una nota que tituló “Víspera”. Dicha nota decía: Todos los octubre me recuerdan a Perón, pero no porque nació en octubre, ni por el 17 de octubre. Me recuerdan a Perón porque cuando estaba en la isla Martín García le escribió una carta a Evita donde le decía que la amaba, que la extrañaba enormemente y que cuando saliera de la detención le propondría matrimonio y se irían a vivir al Chubut. Lo que no sabía Perón, es que estaba en las vísperas del 17 de octubre. Ese día que le iba a cambiar la vida para siempre, que le iba a cambiar el sentido de la vida a él, a Evita y a todos los argentinos.
La verdad es que yo también hoy me siento en una víspera. Y siento una gran emoción, porque creo que hoy va a ser el gran ayer de una ley que es muy importante para la democracia de los argentinos. Como dicen los Redonditos de Ricota, “Yo se que vendrán tiempos mejores”. Estamos en la víspera de un nuevo país, de una nueva Nación. Estoy sintiendo aquí el enorme compromiso ético que, como legisladora, el pueblo del Chaco me impone para tratar este proyecto de ley de la democracia.
Cuando tenía 17, años empecé a trabajar como profesora en la secundaria. Era una estudiante, por supuesto, y era 1976. En aquella época, había en todos los colegios un libro horrendo donde a los directores se les marcaban las conductas, los hábitos y la indumentaria que debían tener los profesores para poder ser reconocidos subversivos. Gracias a Dios, muchos directores y muchos rectores hicieron caso omiso a ese libro. Después, tuvimos la guerra de Malvinas, a la cual fueron los hombres del Norte a entregar su vida. Por supuesto, cuando hablaba de esto con mis alumnos, también había algunos padres que eran cómplices de ese proceso e intentaban hacerme callar ante las autoridades. Desde ya que no lo lograron; y los directivos me respetaron. Después, vivía la víspera de la democracia, en 1982 y en 1983. Luego, llegó el 10 de diciembre de 1983. Y mientras Alfonsín asumía, nacía mi primera hija, quien hoy está por cumplir 26 años. Sin embargo, todavía no tenemos una ley de radiodifusión de la democracia. Hoy estamos en la víspera de la sanción de una ley muy importante, porque es la ley de la cultura, de la información, de la diversidad y de la libertad de expresión entendida como el poder de decir lo que otros no quieren escuchar. Esta norma es absolutamente legítima, porque fue consensuada con un montón de sectores y porque responde al trabajo incansable de la Coalición por una Radiodifusión Democrática de la que participaron universidades, profesores, estudiantes, carreras de Comunicación Social, organizaciones sociales, sindicatos, la CGT y la CTA. Y si no se supo, es porque los medios oligopólicos y monopólicos no han querido que este debate se conozca. Pero la discusión se produjo, a lo largo y a lo ancho del país.
Este proyecto de ley tiene el respaldo del relator de las Naciones Unidas, está en concordancia con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es apoyado por el CELS, por el CIPPEC, por profesores universitarios, por constitucionalistas de toda la Argentina, por periodistas, por gremios de periodistas y por medios independientes. Por lo tanto, este proyecto de ley es absolutamente legítimo. Ahora bien, lo que no se puede hacer es prejuzgar al gobierno ni a la sociedad. No se puede decir que el gobierno, cualquiera que sea, va a cooptar a los integrantes de la autoridad de aplicación.
He estado analizando varios proyectos con relación a la ley de radiodifusión, como por ejemplo, el de la Coalición Cívica, que presentó un proyecto que modifica le ley del COMFER y propone una autoridad de aplicación según la cual el presidente es elegido por el Poder Ejecutivo y los otros cuatro miembros son elegidos, dos por los senadores y dos por los diputados. Allí no se habla de las minorías.
Sin embargo, en los Estados Unidos, por ejemplo, hay cinco representantes y todos son designados por el Poder Ejecutivo. En Brasil, también son cinco representantes, designados por el Poder Ejecutivo. Y esto tiene que ser así. Es lógico, porque el Poder Ejecutivo es votado por el pueblo y lo podemos cambiar si no nos gusta. Cada cuatro años tenemos elecciones. Pero lo que no podemos cambiar es este poder único que hay detrás de los medios, porque no le podemos pedir objetividad a los periodistas ni a los medios, porque la objetividad no existe. Sin embargo, sí debemos exigir transparencia y que nos digan qué intereses están defendiendo.
Hoy estamos también en la víspera de que el sector político se libere del monopolio que regula la vida de los argentinos. Perón decía en 1974: No puedo explicarme que la televisión, que es un organismo preponderantemente cultural que entra en la casa de todos los argentinos sin pedir permiso a nadie, pueda estar en manos de quienes defienden otros intereses que no son los puros intereses de la comunidad.
Si vamos a rendir homenaje a Perón en octubre, por su natalicio y por el Día de la Lealtad, seamos leales y volvamos a las fuentes y a todo los que nos enseñaron Perón y Evita. Una de las cosas más importantes que nos enseñaron es que los únicos privilegiados son los niños. Y mientras algún sector acumula riqueza, ciertamente hay un niño en la calle, como bien nos alertaba Mercedes Sosa con su poema de Armando Tejada Gómez. Entonces, si vamos a rendir homenaje a Perón, discutamos nuevamente el rol del Estado. Todos sabemos que cuando el Estado no regula la economía, la cultura y los recursos naturales seguro que éstos los va a regular el mercado. Y seguro va a ver otro niño en la calle. Estos medios que acumulan poder son los que muestran también cuán peligrosos son los jóvenes excluidos, pero no se hacen cargo de la inequidad, ni de los referentes culturales del éxito, ni del dinero fácil que le inculcan a los jóvenes; a esos jóvenes que no tienen posibilidades ni oportunidades de imaginar sus propias vidas ni de soñar con un futuro digno. Estamos en vísperas del retorno de un Estado mejor, de un Estado fuerte que nos contenga a todos. No tengo otra aspiración personal más importante que ser consecuente con mis convicciones. No creo que los negocios individuales ni particulares estén por encima del bienestar general.
Por estas razones, aprobaré en general y en particular el proyecto de ley de radiodifusión en consideración.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sr. Lores. — Señor presidente: para no repetir algunos conceptos que han sido manifestados por las señoras senadoras y los señores senadores preopinantes respecto de este proyecto de ley en consideración, trataré de ser breve y concreto en mi posición sobre el texto aprobado por la Cámara de Diputados.
Estamos frente a una norma sumamente compleja, de 166 artículos, y que surgió
luego de largos análisis, debates y foros llevados adelante en distintos lugares del país. Ahora, nos llega esta aprobación de la Cámara de Diputados con muchos cambios realizados al proyecto original. Sin embargo, de ninguna manera esto implica que una Cámara revisora que recibe un proyecto de 166 artículos se vea compelida a votar a libro cerrado una norma legal de tamaña complejidad.
Estoy convencido de que con la mejor buena voluntad y con el pluralismo que existe en esta Cámara, si realmente nos ponemos a trabajar en busca de acuerdos y de consensos, esta norma podría ser muy superadora respecto del proyecto que tenemos en nuestras manos. Considero que esta iniciativa podría ser la base de una verdadera política de Estado en materia de comunicación social, una política de Estado duradera, que trascienda más de uno, dos o tres gobiernos. Si lográramos llegar a ciertos niveles de acuerdos y de consensos, estoy seguro de que esta norma tendría esas características.
No estoy en contra de este proyecto de ley, señor presidente. Mis convicciones están a favor de esta norma. Como han dicho los senadores y las senadoras preopinantes, este proyecto reemplaza a un instrumento legal que fue fruto de una dictadura, a pesar de todas las reformas y los cambios que se le introdujeron posteriormente durante gobiernos democráticos. En ese sentido, creo que este Congreso tiene la obligación de remover, en el menor tiempo posible, todas las leyes que se redactaron y promulgaron en esos años nefastos de la vida argentina. Pero, insisto, no por eso tenemos que considerar apresuradamente, a libro cerrado, una norma de esta complejidad.
Por otra parte, señor presidente, repito lo que señalé en oportunidad de considerarse la Resolución 125. Si esta norma sufriese alguna modificación, si consensuáramos algún cambio en alguno de los artículos más cuestionados, si lográramos un nivel más satisfactorio de acuerdo y de consensos, ¿cuál sería el problema, cuál sería la tragedia de este cambio? No estaríamos más que cumpliendo con lo que establece la Constitución Nacional en materia de la conformación de las leyes de la Nación. Este proyecto de ley volvería a la Cámara de Diputados y se aprobaría la modificación o el artículo redactado en la Cámara de Diputados, según el número de votos que se alcanzara en esa oportunidad. Eso no sería ningún desastre, no sería el fin de esta iniciativa; por el contrario, sería una manera de lograr mayor consenso, de llegar a mayores acuerdos y —como dije— de darle mayor sustentabilidad en el tiempo.
Últimamente, se ha generado una excesiva bipolarización en torno de este proyecto de ley. Pareciera que no hay situaciones intermedias, que no hay grises. Acá están de un lado los buenos, del otro lado los malos; de un lado están los negros, del otro los blancos; de un lado están los que defienden a ultranza a los medios; del otro, están los que defienden los intereses del gobierno. Creo que esto no es así. Debemos ponernos de acuerdo para evitar estas bipolarizaciones que nos están llevando a todos los argentinos a situaciones muy complicadas y que ponen en riesgo el futuro de la paz en este país. Considero que tenemos que ser capaces, nosotros, como senadores y senadoras del Congreso de la Nación, de hacer el mayor esfuerzo para evitar este tipo de enfrentamientos que personalmente me preocupan para el futuro de la Nación y de nuestros hijos.
Por otra parte, quiero señalar que me parece significativo que le dediquemos grandes esfuerzos a la consideración de esta iniciativa que, sin duda, es un proyecto de enorme trascendencia. No obstante, creo que este proyecto no es lo que le preocupa a la mayoría del pueblo argentino en este momento. Acá se han planteado juegos de intereses políticos, ideológicos, etcétera, pero me parece que la gente tiene otras necesidades. La población nos reclama el mismo empeño y el mismo esfuerzo que ponemos en el análisis y tratamiento de esta norma para solucionar los problemas que realmente constituyen las necesidades sentidas, las que golpean duramente al pueblo argentino. Y me refiero a lo que todos conocemos: al gravísimo problema de la inseguridad y al temor de grandes sectores de la población argentina de perder el empleo —es decir, de aquellos que todavía no lo han perdido—. En mi provincia, existe una enorme crisis derivada de la problemática que tienen las empresas hidrocarburíferas, que son la base y el sustento de la economía de la provincia del Neuquén. Por otra parte, debemos mejorar el acceso de la gente a los servicios de salud y el funcionamiento de las escuelas. En efecto, hay una infinidad de problemas de índole social y económico que son los reales problemas que en este momento siente el pueblo argentino.
Tengo la seguridad de que no estamos atendiendo debidamente a ese tipo de situaciones. Creo que esta norma puede ser pasible de algunas modificaciones e, insisto, creo que la enriquecerían. He anotado aquí algunos aspectos que pueden ser importantes; por ejemplo, que las licencias deben ser otorgadas por la autoridad de aplicación. ¿Por qué diferenciar las poblaciones de 500 mil habitantes o más para que las autorizaciones las dé el Poder Ejecutivo; de las poblaciones de menos de 500 mil habitantes para que esta sea dada por la autoridad de aplicación? Realmente, me parece que esto no tiene ninguna justificación.
Esta norma debe tener un contenido más federal. ¿Por qué las jurisdicciones provinciales no pueden ser las que autoricen las licencias de los cables pymes, por ejemplo, cuya emisión no exceda el territorio de la jurisdicción provincial? Esto no está contemplado en el proyecto de ley, y creo que esta modificación no sería traumática para su contexto e importancia general y le daría una razonable participación a la provincia e, incluso, a los municipios donde se instalan cables pymes de corto alcance, que, a veces, no exceden los límites ni del propio municipio.
Ahora bien, he visto en el proyecto de ley que se acotan los tiempos para la emisión de publicidad. La publicidad es diferente en las grandes ciudades o en las regiones del interior. Los tiempos para la emisión de publicidad deben ser adecuados a las características de las distintas regiones, ya que, en muchos lugares del interior, la publicidad se vende por unidad de aviso y no por segundos o minutos. En ese sentido, es una norma excesivamente reglamentarista. Creo que si hubiera existido la posibilidad de que la norma fuese más general, por vía reglamentaria, con la participación de los representantes provinciales, se podría haber precisado mejor alguna de estas situaciones. Un tema que me preocupa, que no he lo he visto incluido en el texto de la ley, está vinculado con la incorporación de alguna garantía para la protección de los trabajadores que no pertenecen a la esfera estatal. El artículo 142 se refiere a los trabajadores del sector público.
Como se ha dicho acá, debemos hacer un gran esfuerzo para fortalecer la seguridad jurídica, evitando en la medida de lo posible las demandas y acciones que seguramente se van a producir ante la Justicia y que van a culminar con medidas cautelares que conducirán en la práctica a un bloqueo de la aplicación de esta norma. Salvando las distancias, algo parecido ha pasado con las tarifas de gas, que hubo muchísimas demandas, medidas cautelares, y hoy todavía estamos discutiendo si esas tarifas se van a aplicar o no, lo cual perjudica enormemente a mi provincia, Neuquén, que está subsidiando a un precio vil el gas que va a los sectores más pudientes de la comunidad nacional. Esto sucede cuando, en lugar de buscar soluciones razonables, de fondo, creamos este tipo de situaciones que después se judicializan y hacen inaplicables estas normas legales. Por todo lo expresado, anticipo mi voto positivo en general para este proyecto de ley porque, insisto, lo considero una buena iniciativa, una norma superadora de la ley de la dictadura. No obstante, sí voy a plantear una serie de disidencias y modificaciones en la consideración en particular.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.

Sra. Fellner. – Señor presidente: hoy es un día muy feliz, de muchísima tranquilidad porque, al fin, estamos subsanando una vieja deuda que teníamos con la democracia. ¿Cómo no sentirme feliz? Este proyecto de ley puede ser abordado desde muchos aspectos. Yo lo haré desde uno que considero fundamental para la condición humana. Es un concepto sobre el que se ha trabajado muchísimo en los últimos años. Me refiero al respeto que tiene que haber por la diversidad cultural. Justamente, ese respeto a la diversidad cultural, a poder expresarme y a poder vivir en este mundo de acuerdo con mi parecer de ser y de estar, respetando la libertad de los demás, es el respeto a la dignidad humana y a la persona desde la diversidad cultural.
Desde allí, quiero abordar no sólo lo que se refiere a este proyecto de ley sino también lo que ha pasado en estos siete días en este Senado, en las audiencias en las que hemos recibido a sesenta personas. A todas ellas, no importa lo que hayan dicho, no importa que hayan estado o no de acuerdo con el proyecto de ley, quiero agradecerles enormemente por la predisposición de venir a decirnos cómo veían en sus diversos aspectos este proyecto ley; quiero agradecerles por haberse sometido a que les realizáramos preguntas, que, en algunos casos, fueron interrogatorios. Ha sido excelente lo que ha sucedido en el Senado de la Nación.
También quiero pedirles disculpas, porque he escuchado algunas cosas que nunca deberían haberse dicho. Por ejemplo, que lo que allí sucedió fue una parodia o que nosotros, los que estamos de acuerdo con esta ley, no íbamos a correr ni una coma y que no habíamos tomado nota de lo que allí sucedió. Ello no es así, porque sí hemos tomado nota y todos nos hemos dado cuenta —por lo menos, este bloque al que pertenezco— que esta norma nos abre puertas para otras legislaciones en las que tenemos que trabajar. Claro que escuché atentamente lo que decían los cableros del interior, en cuanto a que las cooperativas ahora iban a poder brindar televisión por cable. Claro que los escuchamos.
Hemos hablado al respecto en el bloque. El senador Eric Calcagno y la senadora Silvia Gallego presentaron el 9 de octubre un proyecto de ley —al que recién nos pidieron que adhiriéramos— por el que se protegen y fortalecen las micro y pequeñas medianas empresas del interior. Lógicamente que van a estar contenidos aquellos a los que denominamos cableros. Nosotros sabíamos que tenemos que trabajar en una ley que regule la pauta oficial.
Lo hemos dicho y lo hemos tratado en estos siete días. Ese es el crecimiento. Por eso el agradecimiento personal —creo que es compartido por muchos de nosotros— a las sesenta personas que han participado de las audiencias.
Se habla de consenso. Dicen que, por la importancia y magnitud de esta iniciativa, tiene que ser una norma de consenso. Yo me pregunto cómo vamos a tener consenso si ante un mismo poder —no siempre es económico, porque puede ser político, cultural, incluso que viene desde lo social— tenemos distintas visiones.
Recién escuchaba a la senadora Escudero, a quien respeto enormemente, hablar de la libertad de imprenta de aquellas épocas. Se habló de Mariano Fragueiro. ¿Vieron esos grandes lugares del Salón Azul en el que lucen ánforas, a mi parecer espantosas, aunque otros dirán que son lindas? ¿Ustedes saben que allí había una escultura que nos recordaba a Mariano Fragueiro, que la sacaron y mandaron a una plaza de su provincia? No quiero pensar que habrá sido porque Mariano Fragueiro fue una de las fuertes voces con relación al derecho de imprenta. Hablaba del capital que no dejaba que se exprese esa libertad de imprenta. Él hablaba de los empresarios y de los editores que no permitían que salga nada más allá de lo que sus ideas decían. ¿No debe ser por eso que actualmente en el Salón Azul vemos ánforas en lugar de figuras que nos puedan hacer recordar determinadas posturas ante determinados poderes?
Siempre existe esa dualidad en la vida. Recién también escuchaba lo que decía el senador Lores. Hay un dicho que a veces hay que pensarlo: “Todo diablo es un ángel caído”.
Esa es la dualidad de la vida. Vamos a opinar de diferente forma ante distintos sucesos, que los vamos a ver de diferente manera. En este Senado, seguramente, los tres legisladores que representamos a la provincia de Jujuy tenemos posturas diferentes de acuerdo con nuestra forma de ser y estar en esta vida; en algunas coincidiremos —estoy segura— con el senador Jenefes, con otros no. El pueblo es el que decide quién los representa de acuerdo con sus intereses —porque esa es la democracia— y está muy bien que así sea. Yo me crié en un colegio religioso. Por eso, siempre que veía a alguien con sotana sentía que tenía autoridad. Lo sigo sintiendo de esa forma porque fue algo muy fuerte en mi educación. Alguien dijo: “Como enseña el Evangelio, no se trata de discutir la ley sino de llenarla de espíritu”. Es cierto. Quiero llevarle tranquilidad a quien vino a decirnos esto, porque yo estoy tranquila y hoy siento paz. Eso es lo que siento con respecto a este proyecto de ley.
En ese sentido, esta persona hablaba —también lo escuché recién— de “A libro cerrado o a libro abierto”. Siempre va a ser a libro abierto. ¿Quién puede venir a este recinto, con la responsabilidad que nos involucra el cargo que ocupamos, sin haber leído? Una vez que leí, abrí el libro. Lo importante es venir con la mente abierta y no con la mente cerrada. Ahí está lo importante. Se les dijo a quienes vinieron a exponer en las audiencias sobre los 21 puntos, como el señor Néstor Busso —estoy segura de que si a este señor le doy un micrófono ahora, los puede recitar de memoria y me los puede explicar sin necesidad de leer un papel, como yo sí lo tengo—, que en el proyecto ellos no están contenidos, que los han engañado. Es una falta de respeto total. Yo nunca me animaría a decir una cosa así.
Y ahora lo vuelven a repetir. ¿Cómo puede ser que gente que hace tantísimos años que está trabajando en esto venga y diga que estos puntos están contenidos en este proyecto de ley; y nosotros le digamos que no, que se están equivocando, porque yo lo leí? Creo que es una falta de respeto. Es ahí donde no entra el juego de la diversidad cultural y es ahí donde entra el juego de la mente cerrada, porque tengo que decir que no, tengo que oponerme; y eso es sumamente triste.
Se habló también de Jauretche y, entonces, me vino a la memoria la pregunta que éste se hacía: ¿cuál es la madre que parió todas las sonseras argentinas? “Civilización y barbarie”.
Todo lo que viene de afuera es bueno, lo que se produce acá no sirve.Y esa “Civilización y Barbarie” —lo escuchamos— es una sonsera argentina, no criolla como dijeron —es del Manual de sonseras argentinas, de Arturo Jauretche—, y sigue siendo la madre de todas las sonseras. Y uno empieza a ver la pantalla y empieza a pensar “¿todo lo que viene de afuera es bueno? Sí, claro. Sí, sí, sí”. Alguien dijo que ponía plata para el cine argentino en películas que ni siquiera sabía que se iban a hacer, y ahí agregó esas palabras tan horrorosas de que ni siquiera sabía quiénes las iban a ver, desmereciendo totalmente el concepto de formador de público.
Umberto Eco, en un libro que es fantástico, nos habla del poder de la ilusión que se crea desde Hollywood. ¿Sabe qué? A mí siempre me hizo mucha gracia y siempre me acuerdo de cuando habla de por qué los jóvenes y por qué nosotros, también en nuestras épocas, usábamos los vaqueros ajustados. Porque no sólo nos ajustan el cuerpo, sino que nos ajustan la mente. ¿Sabe por qué lo hacemos así, tan ajustado? Porque el vaquero, al ser ajustado, obliga a caminar con las piernas un poco separadas imitando a los vaqueros de Hollywood. Y dígame qué tiene que ver el vaquero de Hollywood con los que estamos acá.
Eso es un formador de público. Como se habla de cine argentino y se pregunta cuántas películas argentinas pasan los canales, nosotros hicimos unos números en mi despacho. Algunos directores de cine estuvieron en la Cámara de Diputados —Hermidas, Campanella, Rovito—, y hablaban de cuánto cine argentino pasaban los cableros. Sin contar al canal Volver, señor presidente, en donde podemos recordar a las tan queridas —por lo menos, para mí— estrellas del cine, saque aquellas viejas glorias del cine nacional que se pasan por canal Volver —reitero—, ¿y sabe cuánto hay de cine argentino en los otros canales? Solo 0,3 por ciento; el resto es cine extranjero. Y eso es no formar público. Si quiere que le diga la verdad, eso es atentar contra la diversidad cultural. Porque el cine argentino refleja mi identidad, refleja la forma de ser de esta Argentina en la cual vivimos. Eso es lo que hace este proyecto de ley. También quiero hablar del trabajo, porque se ha dicho que vamos a perder no sé cuántos puestos de trabajo. Y sí, estoy segura de que algunos van a tener que desprenderse de algunas licencias. De eso no cabe ninguna duda. Pero también quiero decir que los de FATPREN vinieron a hablar de la cantidad de puestos de trabajo que se perdieron cuando se empezaron a unir unos medios con otros. Y también quiero decir que, al tener mayor producción local, en Jujuy, seguramente habrá más trabajo para más gente de mi provincia.
Así que, con respecto a lo del trabajo, estoy de acuerdo. Ya termino, señor presidente. Solamente quiero repetir que confío en el control remoto. Hace tiempo, cuando recién empezaron los controles remotos, ¿saben para qué servían? Justamente, para hacer zapping. Cuando veía algo en esta pantalla, que no me gustaba, me iba a la otra, o a la otra, y tenía diversidad. Hoy, no tengo diversidad, porque donde voy tengo cine de los Estados Unidos, programas que son copia de programas que se hacen otros lugares del mundo, veo noticieros que pasan exactamente la misma noticia, que “ningunean”. Y esa es la no existencia o la existencia maliciosa en las provincias, cuando uso los medios para atacar otros fines, como pasó con el dengue.
Por eso, señor presidente, por el respeto que tenemos que tenerle a esto que permite que pasemos de un canal a otro y, cuando pase de canal a canal, quiero tener opciones, y quiero ver gente de mi provincia haciendo televisión, no siempre viendo lo que sucede acá, en Buenos Aires, es que con paz y tranquilidad, y con una enorme alegría por la posibilidad de que asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales y las comunidades aborígenes puedan expresarse, voy a votar afirmativamente este proyecto de ley.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rached.

Sr. Rached. – Señor presidente: evidentemente, la gran mayoría de los argentinos tenemos una gran coincidencia en cuanto a la necesidad de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. También es cierto que las leyes pueden ser, por los pueblos, aceptadas, rechazadas o ignoradas. Sinceramente, no sé cuál será la suerte de esta norma.
Esta iniciativa adolece de muchos errores. Algunos están establecidos en su propio texto y otros se corresponden con algo que se suele olvidar, que es la metodología. Esta ley tiene un problema con el tiempo, tiene un problema con los 26 años que pasaron en la Argentina, es una enorme deuda que tiene la sociedad política que no pudo resolver a través de estos largos años una cuestión que es una de las más caras y sentidas entre todos los argentinos.
También es cierto que habitualmente hablamos mucho endilgándole más responsabilidades de las debidas —creo yo— y no asumiendo responsabilidades propias de toda la dirigencia argentina a la ley de la dictadura militar. En estos años, hemos incorporado más de 200 resoluciones, modificaciones y decretos que han hecho que, en definitiva, esta realidad no tenga mucho que ver con aquélla, aunque, por supuesto, nadie puede dudar de la perversidad de una ley hecha en plena dictadura.
Además, tiene un problema en cuanto a los tiempos de hoy. Es una ley de esas a las que se está acostumbrando el Parlamento argentino, es decir, express, a leyes que tratan o se parecen, o que están hechas a las urgencias y en muchos casos ni siquiera están adecuadas a las necesidades y urgencias de un Estado o de un pueblo, sino que están hechas a las necesidades y urgencias de un sector. Esta ley también adolece de ese problema metodológico.
Esta iniciativa tiene un problema originado en otra viveza criolla, porque más allá de todos los grandes aciertos de esta norma que aquí se expone, tuvimos hace un tiempo atrás, en este recinto, la decisión de adelantar elecciones, en una típica jugada de la opaca viveza criolla argentina, en la cual muchos advertimos que iba a haber un resultado que, de alguna manera, iba no a quitarle legitimidad a este Parlamento -porque la tiene-, pero que sí nos pondría -me animaría a decir- en un evidente caso de desprolijidad. Esto podría haberse elaborado en un tiempo de gran consenso. Es más, no estamos tan lejos de un gran consenso.
Pero habitualmente, parece que las cosas tienen que salir de este recinto de manera tal que alguien aparezca alzándose con una victoria.
Esta sensación y todas estas sensaciones en cuanto al tiempo, al menos, me permiten apreciar que puede ser que estemos subestimando a buena parte de los argentinos. La finalidad de este proyecto de ley no está clara en la sociedad argentina. Esta iniciativa tendría que haber sido un mensaje de toda la sociedad política argentina contra las distintas formas monopólicas, que es algo en lo que por supuesto coincidimos todos. Pero en el pueblo está instalada la idea de que esta es una ley de un gobierno contra un sector y de esa manera es muy posible que también se esté subestimando al Parlamento, especialmente porque sabemos que el gobierno, durante un largo período, ha cultivado amistades con este sector. Permítanme ejemplificar lo que estoy diciendo de una manera campechana, ya que pertenezco a ese tipo de comunidades: esto se parece a cuando dos amigos parroquianos van a un boliche, toman unas copas y, de repente, uno desconoce al otro y se arma una gran pelea.
Bueno, yo tengo la sensación de que aquí ha pasado eso: se fueron de brindis, en algún momento se desconocieron y hoy estamos en el medio de esta bonita película intitulada y sin poder reflexionar sobre todo lo que se debería haber perfeccionado en este Parlamento.
Además, eso es algo que está reconocido por cuanto todos hemos reconocido en cuánto se puede perfeccionar y mejorar esta iniciativa. En este sentido, también viene bien recordar otra frase de pueblo: “la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer”.
Este vértigo parlamentario no es lo que suelen ofrecer los países más serios en materia legislativa a sus pueblos. Esto se parece a las ventas televisivas del “compre ya” donde el mensaje que se busca transmitir es que si no compra ahora perderá la oportunidad de su vida y, en definitiva, no va a hacer esta compra y se perderá esta posibilidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, habrá consecuencias. También se ha discutido aquí si va a generar empleo o no: en realidad, yo no sé si esto puede generar empleo o no.
Posiblemente, habrá artistas, técnicos y camarógrafos que se incorporarán, pero seguramente esto le va a dar muchísimo trabajo –más aún que a los que tienen que ver con la cuestión- a los abogados, a los jueces y a la Corte Suprema de Justicia; esa gente sí va a tener mucho trabajo y, quizá, no lo necesitan tanto como sí lo necesitan los directamente involucrados.
Aquí hay cuestiones que, tal vez, no sean centrales, pero en este mismo diario de asuntos entrados habitualmente se citan muchas cosas; por ahí, en la cita 25 se dice UPCN y sería interesante saber en qué parte, en qué lugar, dónde, UPCN tiene algo para que vayamos a corroborar qué es lo que se ha dicho; pero solamente vemos “25 UPCN” en la página 17.
Habitualmente también se citan antecedentes de la legislación norteamericana, pero también es cierto que se mencionan leyes norteamericanas que ya no están vigentes, y eso también es un error y una desprolijidad.
Voy a comentar algo que nosotros no hacemos –o, por lo menos, que yo no hago-, porque me parece que a veces hay que tener los oídos en los pasillos, porque allí se suelen decir cosas que no se sostienen en este recinto. Una de las tantas cosas que he podido oír en este tiempo por ahí es que hay gente que dice o que comenta –y uno escucha de rebote- “esto no es contra ustedes, quédense tranquilos, no va a pasar nada, le estamos dando la seguridad…”. Yo he escuchado, repito, que esto no es contra nosotros sino contra quien todos ustedes saben.
Creo que este tema hubiera necesitado un acuerdo mayoritario, fuerte y duradero que hace a las calidades que reclamamos. Nosotros, desde la oposición, les hemos dado la razón en más de 160 artículos y ese es un buen e interesante gesto democrático. A veces, ni se dan cuenta, pero esto sucede: nosotros les damos muchas veces la razón. Sin embargo, no hemos podido conseguir que nos den la razón tan sólo en una de esas propuestas. Particularmente, me hubiese conformado con que nos den la razón en el organismo de contralor. En todo el mundo se sabe lo mal que funcionan los organismos de contralor en la Argentina y lo dudoso que son en sus actos los organismos de contralor en nuestro país –y me refiero a todos los ámbitos; inclusive, a los provinciales y municipales. Porque este es uno de esos países que tienen oficinas de corrupción en estos ámbitos provinciales y que a pesar de que ya llevan diez o veinte años de existencia todavía no han podido detectar un solo caso de corrupción. ¡Miren qué raro! Hay provincias donde no se ha podido detectar tan solo un caso de corrupción, todo un buen ejemplo para transmitir…

– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rached.- Sí, pero seguramente yo no debo estar involucrado.
Estos organismos de contralor en la Argentina me hacen recordar aquel chiste que habla de un ministerio marítimo para Nepal, Bolivia o Suiza; aquí, parece que los organismos de contralor tienen funciones casi inútiles y yo espero que eso cambie.
En cuanto a la inspiración en el espíritu norteamericano, que todos conocemos que funciona bastante bien o, al menos, creemos desde la distancia que funciona bien, sabemos que hay un acta de febrero del 34 que está vigente en los Estados Unidos y que, tal vez, ha sido tan bien elaborada que ha tenido tres reformas históricas –92, 96 y 84. Yo trato de sintetizar cuál es la diferencia con ese espíritu, aunque a veces también temo de que tanta insistencia por el espíritu norteamericano y tanto recalcar el espíritu de la ley norteamericana, no vaya a ser que por debajo estemos ocultando algún atisbo de espíritu venezolano en nuestras leyes. Espero que no sea así; seguramente, el tiempo develará esta incógnita. ¿Saben cuál es, en definitiva, la diferencia entre Norteamérica y nosotros? Que Franklin Delano Roosevelt fue a su Congreso o, mejor dicho, sus interlocutores fueron al Congreso y dijeron “necesitamos una ley para esto”. Por el contrario, yo tengo la sensación que aquí vino el Poder Ejecutivo y dijo “quiero esta ley para mi”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Parrilli. Diez minutos.

Sra. Parrilli. — Señor presidente: por respeto a todas las personas que trabajaron en esta ley, a todas las instituciones y a todas las organizaciones sociales creo que de ninguna manera puedo dejar pasar lo que ha dicho el senador preopinante. Esta no es una ley antojadiza; no es —como la han subtitulado— una “Ley K” sino que esta es una ley de la democracia. Claro que en ese camino que hemos transitado y en el que estamos —por fin, hoy— tratándola aquí en el Senado ha habido muchas instancias de participación. El tema es que muchos creyeron que esta ley iba a sufrir esta ley una nueva frustración, que no se iba a tratar en el Senado e iba a pasar lo mismo que con las otras setenta leyes que no fueron tratadas.
Sin embargo, como tenemos un gobierno que está empeñado en garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información ha sido nuestra presidenta la que lo ha impulsado, y gracias a eso y a que el pueblo lo ha entendido también, estamos hoy tratándolo aquí. Celebro, la verdad, con mucha alegría, este día. Quiero decir también que esta ley respeta la diversidad cultural, como lo dijo la senadora por Jujuy. Esta ley también respeta los derechos postergados contra los derechos, quizás adquiridos, con los que algunos están argumentando. Quiero contarles que, por ejemplo, el capítulo de los pueblos originarios no estaba contemplado. Sin embargo, fue incluido en la Cámara de Diputados, hoy forman parte del Consejo y están incluidos en esta ley.
Creo que también es bueno saber que en nuestra provincia, en San Martín de los Andes, desde el año 2006 existe una radio intercultural, donde justamente podemos escuchar no sólo la voz mapuche sino también aquellos sectores que están contemplados. Fue una decisión del presidente Kirchner. Sin embargo, es única en América latina y no existen otras en el resto del país. A partir de esta ley seguramente podremos tener muchas de estas radios. Se ha hablado también de que este no es el tiempo; que hay que esperar más, seguir discutiendo y buscando consenso.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Parrilli. — Les quería contar que el 9 de septiembre de 1947, en la Cámara…

Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senadora: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Parrilli. — Termino esta idea y se la doy.
El 9 de septiembre de 1947 se estaba tratando en la Cámara de Diputados el voto femenino. El diputado Sanmartino dijo en su intervención que no era el momento oportuno, que el país estaba convulsionado. Por lo tanto, consideró que, a su juicio y ante esa realidad, no era un buen momento para reconocer el derecho del voto a las mujeres. Después de un largo debate y de intercambio de opiniones y modificaciones fue aprobado en Diputados el derecho de las mujeres a votar, por unanimidad de los 117 miembros presentes en ese momento. Entonces, realmente hoy quiero celebrar a todos los senadores de la oposición que han estado todos estos días participando de las audiencias y están apoyando este proyecto de ley. Ahora sí, le concedo la interrupción a la senadora.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — En realidad, la interrupción a la senadora Parrilli era sobre el tema de las radios y las comunidades originarias. Ella comentó que en su provincia existe una radio y que ahora podrá haber muchas más.
Quiero decir dos cuestiones. Creo que no hay una objeción legal, con la legislación vigente, para que las comunidades originarias tengan su radio. Lo que hay es un trámite muy engorroso y el impedimento del COMFER en ese sentido. En segundo lugar, le quiero comentar a la senadora que en San Luis, la Nación Ranquel tiene una radio, habla en su idioma y se comunica a través de una radio actualmente vigente. Digamos que seríamos dos. Además, acá me dice la senadora Escudero que en Salta también existe una: Río Pilcomayo.

Sr. Presidente (Pampuro). — Continúa en uso de la palabra la senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. — Celebro que haya otras.
Como lamentablemente en otras audiencias no pudimos tocar estos temas sino que estuvimos hablando del artículo 161 y demás, no tuve tiempo de conocer y de que me contaran que había otras radios también en el país. Así que realmente lo celebro. Pero lo que quiero marcar también es que en esta ley no están de convidados sino que forman parte del Consejo y asimismo de la elaboración de este proyecto de ley.
Para terminar, lo que quería fundamentalmente decir —en función del tiempo y de que ya los senadores de mi bloque se han explayado en ese sentido— es que creo que esta ley garantiza el derecho a la libertad de expresión, pero también el derecho a poner tener una variada información. Por eso, voy a tomar como mías unas palabras del poeta chileno Pablo Neruda, que dijo que monopolizar el cobre es malo, monopolizar el petróleo, café, barcos, trigos es peor; monopolizar noticias es un crimen.
Ya hemos sufrido bastante. Creo que hoy es el momento oportuno y este Senado es el lugar adecuado para que nosotros aprobemos esta ley.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Reutemann.

Sr. Reutemann. — Señor presidente: en defensa de las libertades y del federalismo vengo a fundamentar mi voto negativo a esta iniciativa que, entiendo, lesiona de manera directa las competencias, poderes y atribuciones establecidas en nuestro sistema constitucional, en cuanto al reparto de facultades en el espacio de la radiodifusión respecto de las provincias argentinas.
Advierto a su vez, que una ley tan esperada por todos y en cuyo tratamiento estamos de acuerdo no puede caer en demérito por los cuestionamientos que se observan en gran parte de la sociedad argentina, ya que muchos de sus actores principales se han expresado contrarios, no por su oportunidad sino por su texto.
Todos están esperando una ley mejor para beneficio de nuestro pueblo, de la democracia, de la radiodifusión y de la libertad de prensa.
Tampoco puedo compartir ni entender a quienes dicen que esta ley es mejor que la otra, aun imperfecta, pero que se avanza sobre la anterior, como si estuviéramos impedidos de hacer una buena norma; o como si no pudiéramos instrumentar soluciones definitivas o abarcativas de todas sus posibles consecuencias.
Esta es una ley parcial que nace destinada con una enorme incógnita a futuro. Queda claro que cuando se nos presentan a debate políticas de Estado debemos agotar todos los esfuerzos en encontrar una solución legislativa que pueda surgir de acuerdos mayoritarios, de consensos más o menos estables y permanentes que le permitan perdurar en el tiempo. Varios son los artículos que se cuestionan.
En cuanto a la lucha contra los monopolios —con lo que estoy de acuerdo— me pregunto qué se ha hecho al respecto en todo este tiempo. Que quede bien en claro que estamos a favor de un cambio legislativo y de un nuevo marco regulatorio en la materia, pero dentro del pleno respeto de los preceptos y de las tradiciones constitucionales que fundaron la Nación.
Queremos discutir los problemas existentes a través de un nuevo texto legal que no genere imprevisibles consecuencias legales, económicas y políticas, y que respete las facultades provinciales y, en algunos casos, las municipales también. Queremos una ley para el futuro, y para todo los argentinos. Queremos, en definitiva, una ley que sea respetuosa de los derechos fundamentales y de las garantías constitucionales, que no afecte al federalismo y que no desconozca facultades indelegables de las provincias.
El ejercicio de la democracia requiere de muchas voces; de todas las voces: de las actuales, de las pasadas y de las futuras, las cuales no tienen por qué callarse. Pero impone también una condición: que esas voces sean libres.
La libertad de prensa es la libertad de las libertades. Es tan esencial, que sirve para consolidar las otras libertades, y permite el desarrollo de la convivencia social en una comunidad organizada y democrática. Cuando hablamos de las “voces pasadas”, nos referimos a San Martín, Moreno, Belgrano, Alberdi, Vélez Sarsfield, Mitre, Mármol, Sarmiento y muchos de nuestros prohombres que lucharon por la libertad de prensa, y que plasmaron en la Constitución la necesidad de sustraer de la acción del Congreso la legislación sobre la prensa, en la inteligencia de que la libertad de pensar, de opinar o de publicar las ideas es un derecho anterior y superior a otros derechos del pasado.
Ellos nos enseñaron que debemos ser libres. Y hoy, esos valores están en juego nuevamente en la República. Pero no debemos cejar en el empeño de seguir sus ejemplos, y luchar por el futuro en libertad de todos y cada uno de los argentinos. Por los motivos expuestos, adelanto que me opondré al proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, en la convicción de que es preciso salvaguardar los sagrados intereses de la República. República, que necesita de una prensa libre, abierta, independiente, plural,
crítica y, también, democrática.
Por último, les digo a los compañeros colegas que todavía tenemos tiempo —durante la votación en particular— de enmendar algunos errores.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Iturrez de Capellini.

Sra. Iturrez de Capellini. — Señor presidente: el proyecto en consideración, sin duda, generó en toda la sociedad un espíritu de permanente deliberación, confrontación, aceptación y rechazo, pero no de silencio. Por lo tanto, la sociedad toda se encuentra interesada en el resultado de la votación que hoy efectuaremos.
Pero creer que una ley puede hacer que la sociedad mire algo distinto de lo que en realidad está sucediendo, me parece que es subestimar la madurez que nuestro pueblo ha alcanzado luego de veintiséis años de democracia. El cambio del mensajero no puede cambiar la realidad, si ese es el miedo que provoca el proyecto. Como representante de una provincia pequeña y pobre, pero rica en cultura y costumbres, necesito poder proyectarle a mi gente un futuro pensado en positivo; especialmente, respecto de los jóvenes. Y para ello necesitamos iniciativas como las que tratamos hoy, es decir, que vuelvan al origen, que permitan que cada pueblo tenga la posibilidad de vivenciar y de conocer lo suyo, porque es bueno que escuchemos lo relacionado con nuestra comunidad. No es malo que un joven que estudie periodismo pueda desarrollarse profesionalmente en el lugar de origen, cualquiera fuere el espacio en que se encuentre.
La ciudad de Buenos Aires —el conurbano bonaerense— se encuentra superpoblada por la migración de argentinos que deben dejar sus lugares de origen por falta de oportunidades. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley puede abrirlas y dar nuevas fuentes de trabajo a nivel local, ya que permitirá que la gente se organice y, de ese modo, vuelva a valorarse lo social, la presencia de las ONG's y demás organizaciones plasmadas en la iniciativa. Eso me lleva a ser positiva.
Creo sinceramente que ha llegado el momento de repensarnos como sociedad; de comprender que cada uno tiene una responsabilidad como integrante de ella. En consecuencia, pienso que tener medios de comunicación locales servirá como herramientas para el conocimiento y la comprensión de lo social. No quiero pensar desde la óptica de Buenos Aires ni de las grandes empresas —seguramente, ya habrá quién lo haga—, sino desde la de mi pueblo, mi territorio y la de los pueblos de todas las provincias en función de comenzar a construir y fortalecer nuestras propias identidades, y de poder decirles a los jóvenes que no será necesario que emigren porque las oportunidades estarán disponibles. En ese sentido, si hoy se aprueba este proyecto comenzarán a vislumbrarse otras alternativas, que deberemos comenzar a pensar y a crear en forma responsable.
No tengo por qué dudar de que los objetivos que tuvieron los legisladores que modificaron el proyecto en la Cámara de Diputados, no estén plasmados en el espíritu de la ley. Si hay algo que corregir, se deberá hacerlo. Pero para ello tiene que entrar en vigencia la norma. No podemos hacer futurología. Al respecto, viene a mi memoria cuando en este recinto se trató la estatización de las AFJP…

Sra. Negre de Alonso. — ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

Sr. Mayans. — Hay que dejar que terminen de hablar los oradores.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora Iturrez de Capellini, le pide una interrupción la senadora Negre de Alonso…

Sra. Negre de Alonso. — Y no el senador Mayans.

Sr. Presidente (Pampuro). — No dialoguen, por favor.

Sra. Iturrez de Capellini, — No se la concedo senadora, porque ya termino.
Continúo: en esa oportunidad, se consideraba que el Estado iba a tener juicios millonarios, y que se iba a gastar la plata en las elecciones. Pero nada de eso sucedió. Por lo tanto, tenemos que darle a esta ley la oportunidad de que nazca y se desarrolle y, en el camino, corregir lo que sea necesario. Como legisladores y como referentes políticos, no podemos asegurar lo que sucederá en el futuro, estamos obligados a pensar y transmitir un mensaje positivo. Debemos hablar no sólo de la posibilidad de que se puedan violar derechos adquiridos, sino que debemos pensar en un mensaje que vaya a aquellos derechos negados hasta hoy, postergados e ignorados. Es un hecho inédito el reconocimiento a los pueblos originarios y la autorización a las universidades nacionales para la instalación y explotación de los servicios de radiodifusión. Siempre me pregunto, y aún no logro encontrar una respuesta, ¿quién sino el Estado para estar cubriendo aquellas áreas y actividades que no resultan lucrativas?
Por los fundamentos expuestos y porque no podemos continuar con una ley en vigencia que transgrede también derechos plasmados en tratados internacionales ratificados por nuestro país, y que resulta de alguna manera anacrónica a la luz de los avances tecnológicos, es que voy a votar en forma positiva por este proyecto de ley que hoy estamos tratando.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora Negre de Alonso, usted había pedido una interrupción.

Sra. Negre de Alonso. — Había pedido una interrupción, ¿no sé si me la permite?

Sr. Presidente (Pampuro). — Yo se la permito.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: le pedí una interrupción a la senadora preopinante porque le quería pedir una aclaración con respecto a su discurso, porque ella estaba diciendo que para ser revisada la norma, que viene de la Cámara de Diputados, tenía que ser primero sancionada. Por eso le pedí una interrupción, porque creo que para eso estamos nosotros, que somos la cámara de revisión. Entonces, por eso le pedí la interrupción, para ver si me aclaraba el concepto. Quiero dejar sentado que, en realidad, estamos aquí para revisar. Para eso nos hemos pasado toda esta cantidad de tiempo debatiendo en las comisiones y por eso algunos senadores están proponiendo reformas.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: era solamente para una interrupción porque la senadora informante había hecho referencia a la expropiación de los fondos de las AFJP. Quiero decir que el efecto que tuvo esa norma fue la fuga de capitales por 6.800 millones de dólares, conforme información del Banco Central. Cada vez que agredimos derechos adquiridos se fugan los capitales y no vienen inversiones.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. — Señor presidente: como hay una larga lista de oradores, solamente
propongo que nos circunscribamos el tema en cuestión.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Giri.

Sra. Giri. — Señor presidente: la verdad es que lamento muchísimo el pesimismo que veo en la mayoría de los miembros de la oposición. Seguramente va a ser un día de júbilo, tal cual lo ha pensado también la senadora Fellner. Vengo con el mandato de algunos sectores de mi provincia; no son todos, claro. Es un proyecto de ley que implica una controversia muy profunda entre los intereses que se defienden de uno y otro lado. Y lo planteó así porque, en realidad, por allí pasa el problema fundamental de este proyecto de ley.
Vengo con el mandato de nueve concejales de mi ciudad, Córdoba, y de cuatro diputados provinciales. Son de todos los partidos, incluidos dos miembros del “juecismo” que no podemos decir que, ciertamente, apoyen al gobierno nacional. Las universidades, los sectores cooperativos, los foros barriales, los municipios, los sindicatos, las ONGs, etcétera, como todos sabemos, se han ido organizando a lo largo y a lo ancho del país. En realidad, no lo sabemos todos; lo sabemos todos los que participamos, porque los “todos”, las grandes mayorías, no lo saben porque ni las radios ni los canales ni la mayoría de los periódicos lo transmitió.
Me acabo de acordar de una anécdota, de algo que me sucedió no hace mucho, hace unos pocos días atrás. Me encuentro con un amigo y me dice: “Tengo dudas con respecto al proyecto de ley” Yo le digo: “¿Qué dudas tenés? ¿Vos te has informado?” Me dice: “Por supuesto, leo todos los diarios, escucho todos las radios y veo todos los canales.” Le pregunto: “¿Dónde escuchás la otra campana?” Me dice: “No tengo donde escucharla.” Yo le respondo: “Justamente, de esto se trata la ley; de que vos y muchos miles puedan escuchar las tantas campanas que hay en la Argentina y que hoy no tienen donde sonar y donde ser escuchadas”.
Aquí estamos discutiendo algo que es complejo desde lo técnico pero que es bastante simple desde lo político. Aquí lo que se discute es una “libertad de empresa” o la libertad de prensa. Me voy a permitir leer una frase de un señor periodista de mi provincia, Enrique Lacolla, que dijo que la peor censura es la que no se ve. Esto es lo que padecemos en la actualidad por obra de los grandes monopolios informativos.
Este periodista, editorialista durante muchos años de un prestigioso periódico, fue echado por el grupo Clarín, obviamente, porque escribió una editorial no coincidente con la posición del medio respecto de la Resolución 125. Nosotros, cuando hablamos de libertad de expresión, de libertad comunicacional, estamos hablando de eso, del derecho a pensar y no a ser pensado; el derecho a decir y no que otros digan por uno; el derecho de escuchar lo que uno quiere, de mirar lo que uno quiere y de leer lo que uno quiere.
Así como estamos hoy, no hay modo de que uno tenga ese derecho porque, justamente por la mordaza a la que nos tienen sometidos como rehenes los grandes monopolios de la Argentina, ni siquiera sabemos que tenemos ese derecho, porque nos dan la cosa pensada, porque nos dan la noticia elaborada. Es decir, no informan para que la gente piense, informan ya opinión.
Me hubiera gustado hablar un poco de todas las mentiras que he venido escuchando en los últimos tiempos pero son tantas que la verdad no vale la pena hablar de ellas. Sí quiero remarcar y recalcar que este no es un proyecto de ley K, este no es un proyecto de ley del gobierno; este es un proyecto de ley de los argentinos, este es un proyecto ley en el que se está defendiendo al ciento por ciento del espectro de los argentinos, porque estamos defendiendo al sector privado, al sector público y a los sectores sociales. Desde la oposición se defiende solamente al sector privado, no se está defendiendo lo público ni se está defendiendo lo social.
Tal vez a futuro, y no a un futuro tan a largo plazo como dijo algún senador, tal vez a
más corto plazo por los avances tecnológicos y por los tiempos como vienen desarrollándose, habrá que seguir incorporando artículos y generando modificaciones. Seguramente será así porque no hay peor ley que una que se estanca, que quedó muerta como esta, que nación con la muerte y sigue muerta durante 26 años desde que fue puesta para imponer condiciones a la sociedad argentina. Condiciones muy bien negociadas con muchos que fueron cómplices con el silencio y que fueron cómplices con la desinformación para que el pueblo argentino no se enterara de lo que estaba sucediendo en nuestro país. Yo no quiero compararme ni con Estados Unidos ni con nadie. La verdad es que no me interesa. Gracias a Dios nosotros no somos un país que invada el Golfo ni ningún otro lugar. Me quiero comparar con nosotros mismos. Y no digo “este país”, digo “mi país” con mucho orgullo, nuestro país, que es el que entre todos supimos conseguir. Después quiero decir algo sobre eso de revisar la ley de medios con la nueva legislatura.
Muchos legisladores, que hoy lo son, decían que a esta ley la tiene que hacer la nueva legislatura después del 10 diciembre. Si esto piensan todos los diputados que dijeron eso, pregunto por qué no renunciaron en lugar de votar, para ser realmente coherentes con sus pensamientos. Me refiero a los que decían que había que esperar a la Cámara que se conformará el 10 de diciembre.
Una diputada que va a asumir el 10 de diciembre por la Ciudad dice también que quiere revisar la ley de medios. Me parece fantástico que todos la revisen, porque la verdad es que no hay nada escondido, pero para algunos pareciera que la historia comienza cuando llegan ellos a una banca. Gracias a Dios, gracias a la democracia y gracias al pueblo las bancas permiten continuidades, y de esto se trata. Somos senadores hasta el 10 de diciembre, y nuestra obligación y nuestra tarea es legislar. Y aclaro que toda ley, cualquiera, es perfectible.
Para finalizar voy a hacer referencia al tema del doble discurso. Si otro lo hace esta mal, si lo hago yo está bien. Si algún senador del oficialismo cambia de opinión, que es lo que en realidad yo estuve esperando, porque yo estuve esperando que algún senador o senadora del oficialismo cambie de opinión, estaría bien y aplaudimos; ahora, si algún senador que hoy está en la oposición, ya sea porque pensó, porque lo volvió a analizar o por lo que sea, desde su propia intimidad cambió de opinión entonces es panqueque, es Borocotó y está mal.
Me parece que tenemos que dejarnos de hipocresía y que debemos transparentar realmente las intenciones, los pensamientos. Porque, desde esa perspectiva, uno no tiene derecho a cambiar, derecho a crecer ni derecho a tener opinión. Quienes me conocen saben que no soy precisamente una persona a la que amordacen ni a la que persuadan fácilmente ni a la que presionen. Esta vez gracias a Dios no me presionó nadie; la otra vez me había presionado un sector, que era el… Bueno, no voy a hablar de otra ley que ya se trató, pero esta vez decidí por mí absolutamente a solas, nadie me presionó, ni los medios ni ningún senador ni el Gobierno ni nadie. Voy a votar absolutamente convencida de los beneficios de esta ley. Y, para terminar, metafóricamente quiero decir que en la Argentina al sonido del clarín lo unimos simbólicamente muchas veces con las marchas militares. Bueno, yo estoy muy contenta y para mí es un día de júbilo porque pienso que al clarín se le van a sumar muchísimos más instrumentos de viento para construir una sinfonía nacional y popular que sea la orquesta del pueblo argentino.
Señor presidente: le pido permiso para insertar. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Pampuro). — Gracias, senadora Giri.
Tiene la palabra la señora senadora Díaz.

Sra. Díaz. — Gracias, señor presidente.
En primer lugar necesito recalcar que este Congreso y estos legisladores son legítimos, que tienen derecho a legislar y a expresarse.
Ocupo esta banca gracias al pueblo de Tierra del Fuego, que fue el que me votó, al que espero representar —si sobrevivo— hasta el año 2013; por lo tanto, todas las leyes que aquí se discutan y se debatan las voy a votar con el consenso y con la legitimidad de un pueblo que me apoya y me respalda.
Hago esta referencia porque en el Salón Eva Perón, hace unos pocos días, se amenazó
con demandar patrimonialmente a los legisladores que fuesen a votar favorablemente esta ley.
Cuando no se vota como se debe, según la particular óptica de algunos empresarios mediáticos, el Congreso está viciado de nulidad. No sucede lo mismo cuando, por ejemplo, el Parlamento legisla en pos de modificar la Ley de Quiebras en su exclusivo beneficio. En esos casos toda la legitimidad a las instituciones de la República y ninguna mención irónica al eufemismo de la preservación de patrimonios culturales, esto último dicho entre comillas.
Tampoco hubo inconvenientes cuando un presidente que se iba firmó el decreto 527 que suspendió el conteo de las licencias a los principales grupos de medios. Aclarados estos temas, paso a describir otros. Quiero referirme a dos fotos de otra película conocida, y el golpe de Estado en Honduras es una.
Imposible encontrar información actualizada entre las cadenas locales de noticias. La cobertura más intensa del conflicto fue realizada por Telesur, una señal multiestatal integrada por Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua, Argentina y Venezuela, a la que se contribuye como Estado pero que, sin embargo, no se puede transmitir en nuestras pantallas.
Los principales prestadores nunca accedieron a brindarle un lugar en su grilla, en una extraña concepción de lo que implica la pluralidad. Qué diferente se escucharía hoy el reclamo del sector privado si hubiesen permitido la competencia, el contraste en la calidad de sus contenidos y en el enfoque editorial.
La semana pasada la UCEP —y esta es la otra foto que muestro—, la Unidad del Control del Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, desalojó a patadas a un grupo de personas en situación de calle, entre ellas una mujer embarazada, quien quedó internada tras el episodio con el riesgo de perder su embarazo.
Esto no mereció la cobertura de los medios líderes de audiencia. Fue un periodista integrante de un colectivo de comunicación popular quien fotografió y denunció el operativo que ocurrió en plena noche y sin la presencia de la Justicia.
¿No es noticia que un grupo de choque emprenda a golpes a las personas que duermen en la calle? Esto es algo que quiero dejar planteado para que alguna vez lo podamos responder entre todos.
El espectro radioeléctrico es un recurso limitado patrimonio de la humanidad. La legislación internacional ordena a los estados administrar esos espacios, ese espacio colectivo, y garantizar la pluralidad de voces.
De mala fe se confunde y se alega que existe pluralidad de medios. Lo que se oculta es que esos medios tienen muy pocos dueños, a los que por supuesto nadie votó y que hacen un uso privado del bien social de toda la población.
Se puede saber quiénes son los dueños de un negocio cualquiera pero ¿a quiénes pertenecen realmente los conglomerados de medios? Muchas veces ni se les conoce las caras. Al parecer el Estado no tiene ni siquiera el derecho de registrar a los que relatan la vida cotidiana de todo un país.
En tiempos de deliberada confusión no viene mal refrescar los datos duros del último
estudio sobre concentración que acaban de realizar los investigadores Martín Becerra y Guillermo Maestrini. Ellos dicen: “En la Argentina los porcentajes demuestran la consolidación de una situación estructural. Las industrias culturales y de telecomunicaciones son fuertemente controladas por la primera en cuatro firmas.
“La influencia y el promedio de concentración son muy elevados. En el caso de la facturación representa el 84 por ciento por parte de los primeros cuatro operadores, y el dominio de mercado abarca el 83 por ciento.” Siempre se trata de promedios. Esta situación se agrava al contemplar los grupos a los que esas firmas pertenecen. Generalmente, se trata de los mismos dueños que están ramificados en todas las hileras productivas, en casi la totalidad de las industrias aquí consideradas. Entonces, ¿cómo construir otra mirada si no existen medios de comunicación desde dónde hacerlo? ¿Cómo recrear la posibilidad de otro mundo, con otros valores, si no existe desde dónde comunicarlo ni dónde compartirlo?
Aspectos centrales de la batalla política se definen en los medios masivos de comunicación. Si cuatro grupos concentran el 80 por ciento de un sector tan sensible como el audiovisual debemos fomentar la diversidad. Es el único camino para garantizar distintas formas de crear sentido, no solamente unidades de negocios. ¿Acaso no tienen derecho las organizaciones a narrarse a sí mismas con otra lógica, con el respeto por la política en su expresión más noble; a elegir quiénes son sus citas de autoridad y sus representantes en el dinámico circuito formador de la opinión pública? ¿Por qué no deberían las audiencias poder acceder a señales públicas de calidad? ¿Por qué no poder elegir entre medios privados, comunitarios y públicos? Es imposible que el mercado permita el desarrollo de otras expresiones de la comunicación. Esto no está en su lógica; y nadie lo cuestiona. Lo que se está disputando hoy es apenas inaugurar un piso de derechos.
Sin embargo, se desprecia a todo el sector de la comunicación sin fines de lucro. Se descalifica a más de 300 organizaciones, gremios, cooperativas, radios universitarias y sociedades de fomento que batallaron durante años por la democratización del espectro. Se partidiza a quien ose reclamar el derecho a expresarse, a generar comunicación y no ser únicamente espectador de la información ajena. “No alcanza con decomisarles los equipos”, se dijo en una de las audiencias en este Senado. Un catedrático se indignó: “¿Para qué necesitan tanto espacio estos sectores?” Mientras tanto, los escuchaba una joven integrante de una FM porteña, construida a puro pulmón, que se preguntó en voz baja si no querían también fusilarlos.
Los beneficios por la reserva del 33 por ciento del espectro, sujetos de derecho en toda la legislación existente en materia de diversidad cultural, quedaron bajo sospecha con el trillado argumento de ser comprados por un gobierno. Cabe aquí recordar apenas una cifra: más de cien emisoras comunitarias nucleadas en FARCO recibieron el mes pasado 19.000 pesos en concepto de pauta oficial. Se califica con verdades parciales la distribución arbitraria de la pauta oficial, pero nadie menciona una palabra sobre lo que incluye el monto abrumador de la publicidad privada en las líneas editoriales. No es una diferencia menor. Los anunciantes privados influyen con más de 7.000 millones de pesos anuales, mientras que la presión del gobierno de turno asciende a 600 millones de pesos por año, de acuerdo con las cifras publicadas en 2008.
También es permanente la amenaza a este Congreso con los juicios que recaerán sobre el erario público en caso de aprobarse este proyecto de ley. Si la violación a la norma es la práctica aceptada en el panorama mediático, me pregunto cómo es posible enjuiciar al Estado sin estar sujeto a derecho. Lo corroboraron varios expositores en las audiencias:
constitucionalistas y ex funcionarios de la autoridad de regulación de gobiernos anteriores.
Se demostró una gran preocupación en torno a si se vulneraba el derecho a la propiedad o no, y muy poco en torno a la cantidad de los contenidos a la que es sometida la infancia, como bien remarcó una de las senadoras en esas audiencias. ¿No es acaso deber del Estado también velar por la protección de la formación audiovisual de nuestros niños, hoy expuestos de cuatro a ocho horas diarias frente a las pantallas? No viene mal insistir una y otra vez: esta exposición a contenidos delineados en órbitas privadas se realiza por medio del espectro radioeléctrico, espacio que pueden usar los privados, pero que no les pertenece. ¿Y no es acaso en los medios de comunicación masiva donde se construyen subjetividades, se recrean valores y se conforma un imaginario posible en la temprana edad sin que los chicos tengan la posibilidad de contrastar ni contextualizar?
Ya es una verdad banal que la escuela ha quedado desplazada del rol central en la formación. Se produce una delicada vinculación entre la niñez y los saberes adquiridos a través de los medios de manera espontánea, por lo general en absoluta soledad. Esta exposición es objeto de severísima regulación en los países europeos, donde se audita hasta el más sutil aviso destinado a la infancia. Se trata de regulaciones que llevan ya muchos años en otras sociedades, donde existe un consenso respecto de que el patrimonio intangible no puede ser abandonado a las leyes del mercado.
También es preciso remarcar que en el rubro mediático el mercado fue distorsionado por la intervención activa del Estado a favor de la concentración. Fueron años oscuros para la cosa pública. Durante dos décadas se desmantelaron áreas de contenidos de los medios estatales…

Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, señora senadora: ¿podría ir redondeando su exposición?

Sra. Díaz. — Señor presidente…

Sr. Presidente (Pampuro). — ¿O va a ocupar los 30 minutos?

Sra. Díaz. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe en el uso de la palabra.

Sr. Díaz. — Se pulverizó el capital simbólico de lo público y se hubiese privatizado lo que quedó de no ser por la resistencia activa de los trabajadores de Canal 7 y Radio Nacional, de sus organizaciones y de algunos pocos más. Hasta fue necesario un decreto del COMFER para que Canal Encuentro hoy figure en un espacio preponderante de la grilla. Ni siquiera Canal 7 se ubica en una zona razonable, acorde con el número que lo identifica. En el espectro que nos pertenece a todos la televisión pública quedó relegada al lugar número 15.
Fue en momentos del mercado en que el cine y la música local se redujeron a su mínima expresión. Este proyecto de ley trata, entonces, del fomento de la cultura de un país, de su manera de expresarse, de su escala de valores, del espacio que se debe compartir entre muchos.
Es en la órbita de la cultura donde una sociedad acuerda un sentido común. Allí se habilita o se clausura el margen; la posibilidad de un cambio. Es demasiado relevante para ser apenas una cuestión de mercado.
Hoy quiero agradecer nuevamente al pueblo de mi provincia haberme dado la posibilidad, a través de su voto, de poder ser parte de este cuerpo legislativo para participar de este momento histórico: para decirle no al monopolio de los medios.
Algunos callaron; otros fueron cómplices; otros construyeron la mentira que permitió el sostenimiento de un régimen genocida, que desapareció y asesinó a nuestras familias, a nuestros compañeros; a los mejores militantes que lucharon precisamente para que no hubiera una sola voz sino que las voces fueran las de todos.
Dicho esto, queremos dejar expresado desde el bloque por Tierra del Fuego que votaremos afirmativamente en general y en particular el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: antes de entrar de lleno en el proyecto oficial que estamos considerando, me gustaría aclarar que desde hace siete años —y tal vez muchos más— los integrantes del ARI y de la Coalición Cívica hemos presentado numerosos proyectos a fin de reemplazar la Ley 22285, de Radiodifusión, y de hacer modificaciones específicas al artículo 96, sobre la autoridad de aplicación, que ningún gobierno quiso modificar.
Efectivamente, hicimos propuestas para sancionar una ley de publicidad oficial, que establezca criterios objetivos y transparentes en su otorgamiento. Por medio de la diputada Marcela Rodríguez, presentamos un proyecto de ley para la elaboración de un registro de los propietarios de los medios, para que el Estado se comprometiera a dar a publicidad quiénes son los dueños de los medios, la cadena de accionistas y sus estados patrimoniales, y también presentamos proyectos para la despenalización de calumnias e injurias.
Digo esto porque el compromiso de la Coalición Cívica y del ARI con la democratización de la información, con transparentar quiénes son los dueños de los medios, con que la Argentina tenga una normativa acorde con los estándares internacionales y lo que exige la Convención Interamericana de Derechos Humanos es muy amplio.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sra. Estenssoro. — También hemos presentado proyectos vinculados con la ley de acceso a la información pública. Y esto es fundamental, porque es la ley base de la democratización de la información en las democracias serias. En efecto, hubo un proyecto de ley que la Cámara de Diputados aprobó y que este Senado, cuando Cristina Kirchner estaba al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con su accionar, impidió que el Congreso contara con una ley como la que tienen Chile, Uruguay y Brasil y todas las democracias serias y modernas.
Digo esto porque hay quienes quieren decir que nosotros, los que no estamos de acuerdo con este proyecto, no estamos del lado de los ciudadanos.

Sr. Saadi. — Pido la palabra…

Sra. Estenssoro. —Nosotros siempre hemos estado del lado de la democracia comunicacional y de los ciudadanos. En cambio, hubo otros que impidieron que este debate se diera hace seis años. El oficialismo fue el que impidió que se dieran estos debates en el Congreso de la Nación hasta ahora, seguramente porque tenían otro proyecto comunicacional.

Sr. Saadi. — Pido la palabra, señor presidente…

Sra. Estenssoro. — A nivel personal, hace 27 años, cuando estudiaba periodismo…

Sr. Presidente. — Disculpe, senadora Estenssoro. El señor senador Saadi le solicita una interrupción.

Sra. Estenssoro. — Mire, no voy a dar interrupciones porque se nos ha dicho que tenemos poco tiempo y me parece que cada uno va a poder hablar en su momento.

Sr. Presidente. — Cuando termine…

Sr. Saadi. — Pido la palabra para una cuestión de privilegio.

Sr. Presidente. — Cuando termine la senadora.

Sra. Estenssoro. — Cuando termine…

Varios señores senadores. — ¡Es una cuestión de privilegio!

Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor senador Saadi.

Sr. Saadi. — Señor presidente: la senadora Estenssoro ha hecho declaraciones en el transcurso de estos días en el marco de lo que está expresando y de lo que ha expresado públicamente sobre la libertad de prensa. En ellas me ha incluido, en los tiempos en que era gobernador de la provincia de Catamarca, y ha manifestado una serie de fundamentos que son absolutamente falsos. Entre otras cosas, ha dicho de que si no fuera por los medios independientes —especialmente por el monopolio de Clarín— no habría sido factible esclarecer un hecho que fue lamentable para todos los catamarqueños: la muerte de una adolescente.
Además, ha tenido expresiones vinculadas con que el presidente Menem me había “soltado la mano”, manifestaciones que no creía que ella podía llegar a expresar. Sí le quiero decir a la senadora Estenssoro lo siguiente. En ese tiempo se puso en marcha TN y estableció la cabecera de playa en la provincia de Catamarca. Se habló de muchas cosas a las que llevaba una tapa de Clarín. Como se regodea y se regodeaba Magnetto, una tapa significaba la destrucción de un político o de un gobernador. Debo decir que, también, a la de otros sectores de la comunidad argentina.
Quiero decirles a los señores senadores que esa cabeza de playa —incluidos Clarín, La Voz del Interior y La Nación— terminaron afirmando que en nuestra provincia, nuestras mujeres y nuestros hombres no tenían la dignidad que tienen otros sectores de otras provincias y de nuestra comunidad.
Es lamentable que esto lo reitere de esa forma porque, en definitiva, por este crimen pasional se dejó a la provincia sin ninguna posibilidad ni oportunidad en lo que los medios callan, especialmente estos que hoy son oligopolios. Nos han dejado el socavón vacío de la minería, cuando tendríamos que haber sido la provincia más rica en el tema minero en la Argentina.
Pero esa fue una de las consecuencias y los intereses que instrumentaron vilmente quienes expresan a esos oligopolios. Si eso es libertad de prensa y nosotros no logramos sancionar esta ley que hace muchos años se viene debatiendo pero que nunca llegó a tratarse, lamentablemente creo que la Argentina va a retroceder en vez de avanzar hacia el futuro.
Esto significa que el despertador de la República está llegando a los oídos de estos medios y también a quienes los defienden y que lo hacen, en definitiva, porque están en riesgo sus cuentas bancarias.
Por eso, señor presidente, solicito que se traslade esta cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente.— Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Continua en uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: en este sentido, quiero hacer una aclaración a esta cuestión de privilegio.
A lo que yo me he referido —y me parece que es un tema muy importante— es a que cuando sucedió el crimen de María Soledad, si las marchas del silencio de la monja Peloni no hubieran sido retransmitidas a todo el país por los medios independientes y privados, seguramente hubiera sido mucho más fácil —o así lo estimo— que el gobierno de Carlos Menem en ese momento no se habría visto obligado, como ocurrió, a intervenir la provincia de Catamarca. Ahí hay un rol muy importante de los medios independientes que tienen alcance nacional, porque en muchas ocasiones, en muchas provincias sucede…

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Estenssoro. — … que hay cosas importantes que después los ciudadanos no saben y en
las que el gobierno nacional puede mirar para otro lado. Hacía referencia a eso
específicamente.
Sr. Saadi.— Señor presidente…
Sr. Presidente. — Continuamos con el tratamiento del proyecto. La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene la palabra el señor senador Saadi.
Sr. Saadi. — Señor presidente: eso es absolutamente mentira y absolutamente incierto. Estos
medios de comunicación, en connivencia con medios de comunicación de la provincia, fueron los que generaron ese estado de caos. Digo más, el gobierno y la intervención trajeron un fiscal federal para denostarnos y decirnos que somos tribales, que somos una tribu. No sé por qué motivos la señora senadora expresa este tipo de cosas. Además, quiero aclararle que en la provincia de Catamarca —como en la mayoría de las provincias argentinas en la actualidad— ningún gobierno, o por lo menos mi gobierno, no manejaba ningún medio de comunicación ni tenía ningún medio para expresarse, porque los medios en Catamarca actuaban en forma contraria. O sea que lo que acaba de expresar es falaz y no tiene ningún contenido.

Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento del proyecto de ley.
Sigue en uso de la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. – Señor presidente: hace 27 años, cuando estudiaba periodismo, empecé a interesarme por el tema que nos ocupa, que es la relación de los gobiernos con la prensa, con los medios de comunicación.
Aunque en ninguna parte de los 166 artículos de este proyecto oficial se mencionan las palabras “prensa”, “periodismo” o “periodista”, de lo que estamos hablando hoy es de cómo se regula la relación entre el Estado, los gobiernos, los dueños de los medios de comunicación y la prensa, para garantizar el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información.
El derecho a la información es un derecho esencial y fundamental de la democracia, porque es la información lo que permite a las personas, al pueblo, pasar de ser simplemente personas que habitan en un territorio a ser ciudadanos informados, activos, conscientes de sus derechos, que efectivamente pueden decidir, elegir y controlar a sus gobernantes. Por eso el derecho a la información es considerado un paraderecho. Solo con información y educación el pueblo se convierte realmente en el soberano. De eso estamos hablando.
En este sentido, quiero resaltar el rol de la prensa y de los periodistas, porque son ellos quienes en democracia hacen realidad y vehiculizan el derecho a la libertad de expresión y a la información, consagrados en nuestra Constitución y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en nuestro país tiene rango constitucional.
La relación de los gobiernos con la prensa, por su propia naturaleza, es difícil, tensa, porque le rol de los medios, de la prensa es, justamente, controlar, investigar a los gobernantes, y no solamente al Poder Ejecutivo sino también a nosotros, los legisladores, a los jueces, a los funcionarios, a los poderosos en general: empresarios, dueños de medios también y sindicalistas. O sea, a la gente con poder.
Por eso, este debate que estamos dando hoy es tan importante, pero es mucho más importante todavía que de esta discusión surja una buena ley, no cualquier ley. Históricamente, la relación entre los gobiernos y la prensa en la Argentina ha sido una traumática y trágica. Nos ha costado mucho desandar ese camino en estos 26 años. Por ello creo que es muy importante que cuidemos lo que hemos logrado en estos años, que es mucho, para poder conseguir lo que todavía nos falta, que también es mucho, y que espero poder expresar a lo largo de este debate.
Para que recordemos de dónde venimos y a dónde no queremos volver, permítanme referirme a una experiencia personal –seguramente ustedes tienen muchas- de aquella época. Recuerdo que en mayo de 1982 viajé a Estados Unidos a estudiar periodismo. Era plena Guerra de las Malvinas. Como tantos argentinos, yo realmente creía que estábamos ganando la guerra, que los que desinformaban eran los medios norteamericanos y la prensa internacional. Para mí fue un shock darme cuenta que no era así. La derrota además de un shock nos provocó una indignación por el sacrificio inútil de tantas vidas.
Mi tesis universitaria fue justamente sobre el control de la prensa, de la información durante la Guerra de las Malvinas. La tarea me llevó a entrevistar a cerca de un centenar de periodistas en el país, quienes me fueron contando que Malvinas fue la culminación de un proceso de amedrentamiento, censura y desinformación que había comenzado mucho antes.
La gran mayoría me dijo —esto me sorprendió y lo publiqué en forma reducida en la revista El Porteño, en el año 1983— que la libertad de prensa empezó a perderse en la Argentina durante el gobierno de Isabel Perón y López Rega. Me decían los periodistas entrevistados que a medida que aumentaba la violencia, la prensa quedó encerrada entre los diversos bandos. “Si escribís lo que sabés, sos boleta”, les decían. Isabelita estatizó los canales de televisión y las radios, pero fue la dictadura quien impuso una férrea censura informativa.
Afortunadamente, hace 26 años que salimos de ese infierno. Estoy segura de que nadie en la Argentina quiere volver a ese lugar.
En el debate público en los medios y también aquí en las audiencias, en las reuniones de comisión, se ha dicho que quienes nos oponemos a este proyecto oficial porque creemos que hay que hacerle modificaciones sustantivas, estamos con la dictadura de Videla. Me parece muy peligroso caer en estas visiones maniqueas y demonizantes, que reducen la discusión pública a eslogans malintencionados y engañosos. Lamentablemente, este ha sido un argumento permanente del gobierno en todos los debates. La muletilla es la siguiente: “El que no está con el gobierno está con Videla”.
Aclaro nuevamente que por suerte, y estoy convencida, hoy en la Argentina la mayoría de los argentinos, nadie del oficialismo ni de la oposición, quiere volver a ese infierno. Tendríamos que poder debatir las cosas importantes de nuestra democracia con otros argumentos. Nadie quiere volver a la sociedad del miedo, de la mentira y de la muerte.
También me gustaría señalar que le costó mucho a la prensa argentina dejar atrás la autocensura.
Recuerdo que en la segunda mitad de la década de los 80 yo era una principiante en el periodismo y trabajaba para la revista Time. Los sábados a la mañana se juntaban en la redacción periodistas y corresponsales extranjeros. Me llamaba la atención que muchas cosas graves que se decían allí no aparecían en los medios, no se publicaban. Entonces, decidí escribir un artículo al respecto, que se lo llevé a varios medios gráficos pero no quisieron publicarlo. La única revista que se animó a hacerlo fue Criterio, una revista católica.
Recién con la aparición de medios como el diario Página/12 y la revista Noticias, ya a principios de los 90, fue cuando la prensa en la Argentina dejó su entumecimiento, su letargo.
A raíz de las investigaciones que hacían esas publicaciones los medios tradicionales, los principales diarios, también tuvieron que dedicarse al periodismo de investigación, lo cual no sólo sacudió a esos medios tradicionales sino también al gobierno de Carlos Menem. La prensa independiente tuvo un rol fundamental para sacar a la luz la corrupción y los hechos que pasaban en ese momento.
La privatización de los canales de televisión y de radio generó mucho trabajo, hubo inversiones y se modernizaron los medios audiovisuales en la Argentina. De a poco fuimos dejando la autocensura, la complacencia y la “cadena nacional”.
Pero a mediados de los 90 apareció a otro fenómeno, los multimedios, empresas de un mismo propietario o propietarios que concentraban gráfica, radio, televisión y el cable, que fue la novedad porque multiplicaba sus señales por decena.
De esa forma entramos de lleno en la sociedad de la información y de las comunicaciones, con sus beneficios y peligros. Los beneficios son que hoy la sociedad, los ciudadanos pueden acceder a mucha más información, tanto política como cultural, a más entretenimiento, de producción local, nacional, regional e internacional. Todo esto es un beneficio. Pero también están los peligros y es que estos multimedios se concentren en pocas manos, con lo cual pueden tener tanto poder que podrían influir demasiado o moldear la opinión pública y condicionar a los gobiernos, a la democracia. Esta es una de las cuestiones centrales que estamos debatiendo hoy.
Como periodista me preocupó en los años 90 lo que pasó con el CEI, ese multimedio que había armado el banquero Moneta y el Citibank para apoyar la re-reelección del ex presidente Menen, y no sabíamos qué pasaba con ese COMFER que se había intervenido sin ningún control, pero de repente la mitad de los medios más importantes de la Argentina estaban en manos de unos pocos. No es un fenómeno nuevo.
Este es uno de los núcleos centrales del proyecto oficial, pero yo creo —después, en el debate en particular, voy a argumentar más— que el artículo 45 no regula de forma correcta cómo hacer para evitar los oligopolios tanto privados, con o sin fines de lucro, como del Estado nacional. Además, nada va a impedir que una vez que los nuevos dueños de los medios —cuando unos se desprendan de licencias y se hagan nuevos medios en la Argentina— se vuelvan a formar estos oligopolios. Esto ¿por qué? Porque el problema en nuestro país no está en la ley: está en la trampa. El problema en nuestro país es que las leyes no se cumplen.
Algunos de los medios más concentrados e importantes de hoy en nuestro país, si se cumplieran las leyes de radiodifusión vigente, de limitación de propiedad extranjera de medios audiovisuales o informativos, y la ley de defensa de la competencia, en realidad no podrían tener todas las licencias que tienen. Esa es la realidad. No hace falta una nueva ley: hay que hacer cumplir las leyes que están vigentes.
Hay un viejo lema político que dice que los gobernantes, en Latinoamérica, a los amigos les dan todo pero a los enemigos la ley. Lamentablemente, esa definición se ajusta perfectamente a lo que ha sido la historia de varios gobiernos de la Argentina, pero del kirchnerismo sin duda, en los últimos años, en esta materia.
Mientras el gobierno creyó conveniente la consolidación del Grupo Clarín y de otros medios, porque eran funcionales a su estrategia partidaria y a su proyecto de gobierno, tomó la decisión política de incumplir las leyes que acabo de mencionar: la ley vigente de radiodifusión, la de defensa de la competencia y la ley de bienes culturales. Renovó las licencias sin fiscalización alguna y, además, las extendió por otros diez años adicionales: o sea, veinte años más. Permitió la fusión de Multicanal y CableVisión con un decreto firmado por el presidente Kirchner, avalado por la Comisión de Defensa de la Competencia. Pero éste no es el tribunal de defensa de la competencia que establece la ley: un tribunal de Estado, independiente, con integrantes que tenían que acceder por concurso. No, no: este es un invento que depende de la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno, un apéndice.
También acá se incumple la ley: los concursos se habían hecho, pero este gobierno nunca los quiso hacer efectivos.
Entonces, ¿qué va a cambiar ahora si el Congreso sanciona una nueva ley pero no hay un cambio cultural, y si esta ley se aprueba no como un cambio real sino como una venganza? Además, ¿qué podemos esperar de un gobierno que ha demostrado un enorme desprecio por la información pública? ¿Necesitamos prueba más contundente que la destrucción sistemática de las estadísticas oficiales, con la intervención del INDEC y la destitución de sus principales investigadores? Este sordo atroz, que hace que andemos a ciegas y nos impide formular políticas públicas con información oficial veraz, confiable.
Por otra parte, desde la llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 —y esto ha continuado en el mandato de Cristina Kirchner—, ningún gobernante como ellos ha mostrado tanto desdén por la prensa independiente y profesional. Su único objetivo ha sido deslegitimarla, cooptarla o desmembrarla, como ahora. Y ¿cuáles han sido los mecanismos de esta deslegitimación permanente? Los presidentes, en la Argentina, no acceden a entrevistas con la prensa ni permiten que sus ministros y sus funcionarios accedan libremente a requisitos de la prensa, como si fuera algo normal; y, en realidad, nosotros tenemos que rendir cuentas ante la prensa. No es algo que podamos elegir. En todas las democracias serias la prensa entrevista normalmente, con cuestionario libre a los presidentes, ministros, funcionarios; lo que hacemos muchos de nosotros regularmente porque es nuestra obligación.
También se han suprimido las conferencias de prensa sin cuestionarios pautados. Eso no pasa en las democracias en serio.
Otra cosa que se ha instalado o que se ha querido instalar —lo han dicho muchas veces el ex presidente y la presidenta— es que ellos no necesitan de la prensa para comunicarse con la ciudadanía: que lo pueden hacer en forma directa. ¡Claro, ese es el sueño del pibe! Hasta John Major una vez, cuando le preguntaron cómo sería el mundo ideal, ex premier inglés, dijo: “Un mundo sin periodistas”. Claro: a un gobernante le gustaría que no hubiera nadie entrenado profesionalmente para interrogarlo, buscar la información, pedir cosas sobre su gestión.
Hasta nos acostumbramos y nos pareció normal que, en la campaña presidencial de 2007, la principal candidata no diera entrevista: sólo dos, pocos días antes y como una gran concesión.
Vimos, en los Estados Unidos, hace poco, los debates: no uno sino múltiples. ¡Porque es el derecho del ciudadano el que hay que resguardar”. El derecho del ciudadano a saber quién es su gobernante o quién aspira a gobernarlo. Recordemos que el soberano es el pueblo, no el gobernante. A veces, me da la impresión de que a los Kirchner les gustaría lo inverso: que ellos fueran los soberanos, no el pueblo.
Otro mecanismo de control de la opinión pública es que varios medios vayan siendo comprados por contratistas de obra pública que son beneficiados con contratos suculentos por parte del gobierno. Por eso nosotros creemos que eso se tiene que impedir en este proyecto:
que no se repitan los casos de Electroingeniería y de tantos otros. También creemos que los licenciatarios del juego, o los concesionarios de áreas petroleras o de minería no deberían ser dueños de medios porque hay un conflicto de intereses. Si están negociando contratos multimillonarios con un gobierno sus medios informativos no van a dar a conocer datos que pudieran perjudicar esas negociaciones.
La pauta de publicidad oficial ha sido otro de los mecanismos para tener una prensa más afín y para castigar a los medios críticos. En este sentido, que haya habido un salto de 46 millones de pesos —era lo que gastaba el gobierno nacional en 2003— a casi 1.200 millones, que es lo que se estima que va a ser este año, realmente hay que decirlo: ningún gobernante, en veintiséis años, se animó a hacer algo tan grosero.
Ahora, en una provincia, hemos visto las implicancias que tiene el uso discrecional en la política de la pauta de publicidad oficial.
El proyecto oficial le da un rol muy importante a los medios públicos, a los medios estatales. Eso me parece muy bien; me parece conceptualmente algo positivo. Pero es un enorme peligro cuando en la Argentina continúa esta cultura de que los medios del Estado —públicos— son del gobierno; del partido que gobierna.
Lo que pasó durante el debate de esta ley en Diputados y acá, durante las audiencias públicas de comisión, de que el canal oficial se mofaba con caricaturas, animalitos, voces ridículas en off, cuando los integrantes de la oposición interveníamos, no es para reírse. Esto me parece que nos tiene que dar una pauta de lo que viene; de que si los canales públicos van a tener un rol muy importante, según la filosofía del actual gobierno, va a ser eso: una discriminación y una ridiculización de quienes no piensan como ellos. Entonces, esto no tiene nada que ver con la pluralidad de voces ni con el rol que un Estado serio tiene en una democracia.
Si los canales públicos fueran confiables y de gran calidad informativa tendrían una gran audiencia, como pasa en Inglaterra con la BBC o con la PBS en los Estados Unidos. El problema es la baja calidad informativa, no digo cultural porque la programación cultural del Canal 7 ha mejorado mucho y el Canal Encuentro es algo que realmente tiene que enorgullecernos; pero cuando los canales públicos son parciales, hacen propaganda oficial, realmente no cumplen el rol de poner el estándar periodístico informativo de la democracia. Eso es lo que tendrían que ser y no hay nada en esta ley que exija a los medios públicos ese tipo de calidad informativa.
Otra cuestión que me preocupa y mucho es que, aunque se dice que esta ley quiere terminar con los monopolios, retoma el artículo 68 de la dictadura y crea y habilita un solo monopolio: el monopolio comunicacional del gobierno.
Esto es volver a una visión de 1980. Los artículos 62 y 63 de este proyecto de ley impiden la formación de cadenas privadas, con o sin fines de lucro, a nivel nacional. El único que va a poder emitir y tener libertad de expresión a nivel nacional va a ser el gobierno; los ciudadanos van a estar restringidos a localidades y provincias; o sea, a la jurisdicción de sus licencias. Esto es gravísimo.
Además, en la época de la globalización y cuando en Europa está por entrar en vigencia a fin de año la directiva TV sin fronteras, que se discutió en el Parlamento Europeo durante diez años —justamente, para que todos los medios de comunicación de ese gran universo cultural que es Europa tengan el mismo trato y puedan participar fuertemente en un mundo global—, en la Argentina se quiere debilitar a los medios privados independientes y volver a una legislación de hace treinta años.
Cosméticamente, en la página 2 de este proyecto de ley se dice que esta iniciativa se basa, justamente, en la directiva TV sin fronteras; pero eso es sólo cosmético y forma parte del doble discurso habitual. Acá se propone una TV con fronteras; esto es lo que estamos legislando. Esta será una televisión de medios privados con fronteras y, repito, la única que no va a tener fronteras es la voz del gobierno de turno.
Otra cuestión grave que nos retrotrae a la dictadura, a la que nadie quiere volver, es el artículo 108, inciso 1), porque recupera no solamente el espíritu sino hasta el lenguaje de la dictadura: establece que la autoridad de aplicación podrá revocar la licencia de un operador si estima que ha incurrido en actos atentatorios contra el orden constitucional. ¿Quién va a decidir esto? En democracia sólo decide un juez; esto hace al rol del juez. Pero el artículo 112 establece que puede ser el juez o la autoridad de aplicación, lo que se verá caso por caso. ¿Por qué se incluyó este frase “caso por caso”? Desde que comenzó este debate, hace tan solo un mes y medio —porque realmente en este Congreso se está discutiendo este proyecto desde hace sólo un mes y medio—, yo he dicho que el corazón de una ley de medios es la autoridad de aplicación. Y para que terminemos con el amiguismo, la discrecionalidad y la concentración de los medios en pocas manos se necesita una autoridad de aplicación que sea autónoma, idónea y confiable. Este proyecto de ley no establece requisitos de idoneidad en la selección de sus integrantes ni un proceso que asegure que su autonomía, como ocurrió cuando se nombró al Defensor del Pueblo o a los jueces con acuerdo del Senado. Esas son las cláusulas que se deberían haber incorporado en esta iniciativa. Hay quienes han dicho que más o menos cumple con los estándares de Latinoamérica. Pero, en ese sentido, siempre hago referencia al libro de Mastrini, quien sostiene que en toda Latinoamérica los medios están muy concentrados porque las autoridades de aplicación realmente no son autónomas. Por eso ocurre esto.
Seguramente, cuando discutamos este artículo me voy a explayar más. Pero lo más grave de esto es que se cambian las cosas para que nadie cambie realmente. Voy a concluir con un tema que también me parece muy serio: esta va a ser una ley vieja…

Sr. Presidente. —Señora senadora: le pide una interrupción la señora senadora Osuna…

Sra. Estenssoro. — Mire, como nos han dicho…

Sr. Presidente. — Le hemos dado cinco minutos más…

Sra. Estenssoro. — Yo preferiría dar la interrupción cuando termine.

Sr. Presidente. — La decisión es suya…

Sra. Estenssoro. — No sé quién quería una interrupción. Voy a conceder una única interrupción porque, si no, va a ser difícil concluir…

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Osuna.

Sra. Osuna. — Gracias, señora senadora.
Es para referirme a la autoridad de aplicación. En un estudio sobre los proyectos
presentados por distintos legisladores al respecto y en particular en el caso de la senadora Estenssoro, que está haciendo uso de la palabra, y del senador Cabanchik, la autoridad de aplicación es un organismo autárquico con dependencia del Poder Ejecutivo nacional. Así lo expresan en sus proyectos y, además, el número de integrantes designados por el Poder
Ejecutivo nacional es de sólo cinco miembros.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra la señora senadora Estenssoro, a quien le pido que vaya redondeando porque le quedan tres minutos para concluir con su exposición.

Sra. Estenssoro. — Justamente, mi proyecto también incluye que los integrantes tienen que ser confirmados por el Congreso según el mecanismo del decreto 222, que sirvió para instrumentar una de las medidas más importantes que tuvo el gobierno de Kirchner como fueron las audiencias públicas y un período para que los ciudadanos pudieran hacer sus observaciones respecto de los jueces de la Corte Suprema, lo que hoy nos da una autonomía que nunca tuvieron en nuestro país los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Eso es, tal vez, lo más sustantivo de mi proyecto.
Para concluir, quiero decir que este es un proyecto de ley que mira al pasado, viejo, más para 1990 que para hoy porque, de alguna manera, tampoco incluye la convergencia. Hubo un problema: se quería que las telefónicas ingresaran ya y las compañías telefónicas en la Argentina constituyen dos grandes monopolios que han incumplido —en esta cosa de “para los amigos todo y para los enemigos nada”— el decreto 764 del año 2000, que las obligaba a desmonopolizarse y eso no ha ocurrido. Por suerte eso se modificó, pero cabe aclarar que eso era por un período: hasta que se desmonopolicen, y no cancelar la convergencia que va a ocurrir sí o sí y de la peor manera, seguramente violando la ley.
Ayer leía en un diario algo que me dio escalofrío: un dirigente político decía “en mi país el debate político está totalmente alterado por el control que el gobierno tiene sobre gran parte de la información por la guerra despiadada que mantiene contra las pocas voces libres que quedan”. Estas palabras fueron pronunciadas por Máximo D'Alema, ex premier italiano y vicepresidente de la Internacional Socialista. Hablaba de la Italia de Berlusconi, donde el primer ministro controla indirectamente los tres canales estatales y directamente los tres canales privados que son de su propiedad. Uno de sus primeros actos de gobierno fue despedir a periodistas y comediantes que eran críticos. Y la prensa escrita no reaccionó: algunos dijeron que por complicidad y otros por miedo. Pero la realidad es que hoy muchos de esos medios gráficos también son de Berlusconi. Este es el modelo que, según me temo, se quiere imponer en la Argentina si se aprueba este proyecto de ley. Cualquiera que haya estado en Santa Cruz —dicho esto con mucho respeto por los santacruceños— sabe que el modelo kirchnerista de medios de comunicación no es la pluralidad de voces, sino todo lo contrario. Los miembros de la oposición, nuestros compañeros, no pueden acceder a los medios públicos. El único medio de alcance provincial es la televisión estatal.
Es verdad que por suerte este proyecto de ley promueve que haya más contenidos locales. Pero, por ejemplo, cuando Daniel Varizat atropelló a los docentes que estaban manifestándose en Santa Cruz los santacruceños no pudieron ver esas imágenes por el canal público porque no las mostraron; pero sí las vieron por los canales independientes que provenían de Buenos Aires. Entonces, la pluralidad de voces y el compromiso con la información no es lo que se ve en Santa Cruz.
Para terminar, en los años `90 en la Argentina se privatizó hasta el suspiro; esto me lo dijo mi amiga Norma Morandini. Y ahora se quiere regular hasta las lágrimas. Nos hemos convertido en un país que cada diez años arma y desarma su ordenamiento jurídico, con las mismas personas que sólo cambian de obediencia sin importar que una vez defiendan una cosa y después la opuesta. ¿No será esta la explicación de nuestra decadencia? Trece millones de argentinos viviendo debajo de la línea de la pobreza. Pero, claro, en el país de la desinformación, sin estadísticas oficiales o con el INDEC de Moreno, hay 6 millones que podemos esconder por arte de magia. ¿Qué mas tiene que pasar para que decidamos respetarnos, escucharnos y construir entre todos una cultura democrática? Esto no se hace por ley. Esto es mucho más difícil…

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Vaya terminando, senadora.

Sra. Estenssoro. — …porque es un compromiso personal que no tiene que ver con aprobar o derogar leyes. Muchas gracias.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Marín.

Sr. Pichetto. — Yo quiero saber si el senador Cabanchik va a hacer uso de la palabra también como presidente de otro bloque. Quiero hacer un debate democrático…

Sra. Escudero. — Porque es autor de proyecto, senador…

Sr. Pichetto. — Yo no lo pregunté. Le estoy preguntando al presidente de la Cámara, senadora. Yo lo que digo…

Sr. Presidente. — Los autores de proyectos tienen treinta minutos.

Sr. Pichetto. — Bueno, está bien. No lo sabía ese detalle. Pero aquí hay proliferación de bloques individuales, entonces cada senador hace un uso excesivo del tiempo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Marín.

Sr. Marín. — Señor presidente: creo que es tan amplia la discusión de la ley que algunos colegas pueden aprovechar como para agraviar gratuitamente al gobierno o sus decisiones, y tal vez no tocar el fondo de la ley, que no le interesa realmente tocar.
Debo confesar que cuando en marzo, en la ciudad de La Plata, la señora presidenta anunció el tratamiento de la ley que regula los medios audiovisuales, tuve dos pensamientos casi contrapuestos. Pensé: ¿no sería una más de las tantas veces que se habló y se presentaron proyectos de esta naturaleza, que terminan en un enunciado o tal vez depositadas en alguna comisión del Senado o de la Cámara de Diputados? Esto también, y con más convicción, lo pensaba la mayoría de la oposición y, particularmente, los sectores que se verían afectados.
Una vez que se comenzó a informar a la sociedad recorriéndose la geografía nacional, dejé de lado las dudas y sabía que la ley llegaría al Congreso, para que se discutiera y se tratara. Creí —a lo mejor, ingenuamente— que las distintas expresiones políticas del Poder Legislativo harían un esfuerzo mayúsculo para encontrar coincidencias o evitar el disenso, y que se bastardeara la ley. Claro que uno era consciente de que la ley toca intereses no menores, tal vez los más importantes de la República Argentina, y que tratarían —directa o indirectamente— de oponerse a ese tratamiento, como realmente lo han hecho. Ahora bien, ¿cuál es el objeto de la ley? Es simplemente regular el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Argentina garantizando la pluralidad de voces y también la pluralidad de radios y de canales que transmitan —aunque sea alguna vez— esas voces.
Todo monopolio u oligopolio atenta contra la libertad de expresión porque alguien se queda con la voz de todos, que es una forma de censura. Así lo dice el Tratado de Costa Rica: tener una ley de medios y evitar el avance sobre lo que entendemos es un bien social perteneciente a todos los argentinos, creando mejores condiciones para el establecimiento armónico, más justo y equitativo de la actividad audiovisual, tratando de que la capacidad de acumulación de unos pocos no condicionen a la sociedad y a los gobiernos.
Sólo por estos motivos, sin considerar otros, se configura un imperativo impostergable: cambiar este decreto de ley vigente. Por eso creo que todos, más allá de las modificaciones propuestas aceptadas y no aceptadas, en el fondo debemos celebrar que se estén cambiando las reglas de juego para la actividad de radio y televisión para nuestro país en este Congreso nacional.
Transcurridos veintiséis años de democracia y más de setenta proyectos presentados en el Congreso nacional, que nunca llegaron a debatirse, es algo que nos indica que no debemos hacer demasiado esfuerzo para saber cuáles fueron los factores que realmente impidieron su tratamiento. Creo que ninguno de los colegas senadores debe tener dudas de saber por qué no se trataron esos proyectos que vinieron de hace tanto tiempo y en una cantidad superlativa.
Ahora bien; analicemos cuáles son las objeciones que se han vertido para oponerse a la sanción de la ley, particularmente en operaciones mediáticas que —convengamos— ya a esta altura tienen hastiada a la sociedad.
Resulta difícil discutir el fondo de la cuestión pues de las distintas opiniones de los colegas senadores y de la oposición, casi en su mayoría, dicen que están en contra de los monopolios, y que si bien es cierto que la concertación se realizó porque gobiernos —Ejecutivos y Legislativos— no han actuado tienen razón. En lo que no tienen razón es en tratar de evitar o dificultar que el Parlamento procure desbaratar esos monopolios. Cuando se discute una ley que tiene que ver con intereses o monopolios existentes es cosa natural que se produzcan conflictos, y de alguna manera se trate de “embarrar la cancha”. Cuando los intereses de unos pocos son tan fuertes y contrapuestos con la sociedad es inevitable tener que optar. Por eso hoy se hablaba y se decía “es blanco o negro, no hay grises”. Pero cuando los intereses son tan contrapuestos es muy difícil tomar una zona intermedia. En eso, quien les habla no tiene dudas: por eso irá a apoyar a la ley en general y en particular.
Como dijera el general Perón a los periodistas en el año 1951, en la ciudad de Mendoza, lo que une a los hombres es tener ideales, aunque se opongan; lo que divide a los hombres es el tener intereses, porque los intereses raramente son comunes y, cuando son comunes, no siempre son permanentes. Continúa diciendo que por eso en sus luchas políticas ha preferido tener frente a mis posiciones a los hombres que actúan en nombre de sus ideales, y no a los que luchan en nombre de sus intereses o como testaferros de intereses ajenos.
Veamos, a nuestro criterio, cuáles son algunas de las objeciones y cómo comenzaron. Primero, antes de presentarse la ley, se la trataba ya de una “ley mordaza” o de la —peyorativamente— “ley K”, que atentaba contra la libertad de expresión. No se conocía cuál era el texto; no se conocía cuáles eran las modificaciones que iba a realizar la Cámara de Diputados, pero ya había una primera insinuación de saber cuáles eran los intereses que algunos manejaban para oponerse a la ley.
Se buscaba que el centro del debate no fuera la ley sino una pulseada entre el gobierno y grupos empresarios —grupos monopólicos o, como se llaman ahora, posición dominante —que tienen nombre y apellido.
Este es un proyecto de ley que viene siendo debatido hace años en el cual se recogieron los 21 Puntos de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. En la Cámara de Diputados ha tenido ciento cincuenta o ciento sesenta modificaciones. Tal vez el retiro de algunos diputados del recinto impidió agregar algunas más.
Por eso, se nos recalca muchas veces el tema de la calidad institucional. De hecho, uno no sabe comprender a qué se refieren cuando hablan de calidad institucional: si es venir a un recinto a discutir las leyes o realmente salir del recinto e ir a los medios de comunicación para ver cómo criticamos al gobierno, a los medios y al oficialismo.
Segundo: se habló sobre la falta de legitimidad de este Congreso, sobre todo para tratar esta ley. Creo que se hizo por dos aspectos: primero, para fortalecer el proceso electoral del 28 de junio; y, segundo, para decirnos “ustedes no pueden actuar más”. Ahora, ¿la falta de legitimidad era para tratar esta ley? Porque el Congreso siguió funcionando. Hemos tratado otras leyes; particularmente, algunas salieron por unanimidad. A usted no se le ocurrió cerrar el Senado; tampoco la Cámara de Diputados. Realmente, creo que fue un absurdo la excusa buscada para evitar el tratamiento concreto de la ley.
Tercero: se dijo que era una ley para las telefónicas. Se dejó sin efecto el artículo.
Cuarto: que se iban a examinar las concesiones cada dos años. Esto es algo que no dice la ley.
Quinto: se cuestiona la autoridad de aplicación (artículos 14 y 15 de la ley). Considerando todos los proyectos presentados, algunos de los cuales tienen estado parlamentario, y el actual, creo que el mejor de todos es el que estamos considerando. A continuación nombro algunos proyectos que creo que han tenido estado parlamentario. El de la señora diputada Giudice, de la UCR, proponía que sea integrado por nueve miembros: su presidente designado por el Poder Ejecutivo, cinco miembros nombrados por el Consejo Federal, un empresario, un trabajador y una provincia. La señora senadora Estenssoro proponía, también, un presidente designado por el Poder Ejecutivo nacional, dos diputados y dos senadores. El coterráneo senador Marino postulaba tres diputados y tres senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría, y la presidencia designada por el Poder Ejecutivo nacional. El doctor De la Rúa: un presidente del Poder Ejecutivo nacional y cuatro directores propuesto por el Poder Ejecutivo. Realmente, creo que la discusión por la autoridad de aplicación puede tener su fundamento y no pongo en duda la seriedad de los planteos de la oposición. Más aún, el artículo 15 dice: puede remover a los directores de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios del total de sus integrantes. Esto es lo que dice el proyecto del Poder Ejecutivo, cosa que ninguno tocó en los proyectos anteriores.
El otro hecho es que me parece absurdo subestimar a las organizaciones libres del pueblo que participan, haciéndolo casi en forma despectiva. Realmente, no lo podemos ni considerar. Algunos manifiestan que esas organizaciones son oficialistas; pero existieron antes de este gobierno, antes del otro gobierno y, presumo yo, seguirán existiendo con este y con los otros gobiernos que vengan.
Estas objeciones, más allá del paseo mediático de muchos voceros, no llegaron a conmover el contenido de la ley, por lo menos, desde mi opinión. Es mérito de este gobierno que se esté discutiendo en el ámbito legislativo.
Escuchaba, como todos hemos escuchado, a algunos periodistas que tienen programas televisivos, que se planteaban el interrogante, señor presidente, de cómo podía ser que algunos senadores que habíamos votado en contra de la 125 lo hagamos ahora a favor de la ley de audiovisuales. Yo no diría que tiene una posición gorila ese señor periodista; pero uno tiene muchos años y ha pasado por muchas cosas en la vida política argentina. Sí; yo voté en contra de la 125 y lo volvería a hacer; aunque me dolió profundamente, señor presidente. Tal vez, haya sido la única vez en mi vida que voté así, y pedí disculpas a mi bloque, que me autorizó a hacerlo. ¿Pero qué tiene que ver la ley de audiovisuales con esa ley que se trató oportunamente? Todo esto no fue hecho al azar. Ninguno acá peca de ingenuo y todos saben que se buscan objetivos.
Por eso, señor presidente, creo que esta es una de las iniciativas más importantes que se trajo al Parlamento. En mi concepto, en el fondo de todo está la cuestión de si el poder político en la República Argentina pasa por los representantes del pueblo o por las corporaciones económicas, cualquiera sea la conformación o denominación que tengan, sean audiovisuales o de otra índole. Pero creo que esa es la cuestión de fondo: o el poder político pasa por los representantes del pueblo o, particularmente, las corporaciones económicas serán las que pondrán o sacarán gobiernos, como ya lo han hecho.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: adelanto mi rechazo a la media sanción que estamos tratando, al tiempo que solicito al cuerpo que posteriormente, cuando votemos las inserciones, se incluya la mía en el grueso de mi discurso.
Unos instantes atrás, la senadora Iturrez dijo que había que darle la oportunidad a esta ley para que nazca, se desarrolle y se cumpla a lo largo y a lo ancho del país. Más o menos esa fue su expresión unos instantes atrás. Le cuento, señor presidente, que esta media sanción, sin haber sido sancionada definitivamente ni promulgada, ya tuvo algún impacto, por lo menos, en lo que es mi provincia, que siempre comete algunas cuestiones que no deben ser imitadas por el resto de las jurisdicciones nacionales.
Mi planteo tiene que ver con una experiencia propia. En la mañana de ayer, me llamaron de un medio de la provincia de Tucumán, de una radio, específicamente, que solía ser una radio independiente, con criterio propio, en la cual uno podía decir lo que pensaba exactamente, sin ofender ni agredir a nadie, sobre los temas de tratamiento en ese momento.
Yo no sabía que habían cambiado el stand de periodistas y que había a cargo dos fanáticos de esta ley, que son quienes me sacaron del aire porque yo dije que no estaba de acuerdo con su articulado ni con su espíritu. Esto es lo que seguro va a suceder, lamentablemente, en este país, si esta ley se aprueba tal como vino de Diputados y si no se producen las reformas y las modificaciones que están proponiendo las minorías en este Senado de la Nación.
Este periodista, antes de sacarme del aire, me dijo que yo ignoraba seguramente que el proyecto de ley había sido discutido largamente en las diferentes jurisdicciones, tal como dijo al comienzo de esta sesión el senador Fernández; y que se habían constituido 24 foros federales donde cada uno había aportado, razón por la cual este proyecto era una construcción colectiva. No me voy a olvidar nunca más de esto. Dije, antes de que me sacara del aire, que me parecía fantástico, que creía que todos tienen derecho a opinar; pero que la tarea de legislar, de elaborar las leyes, era del Parlamento; que nosotros teníamos la obligación de escuchar todas las voces, pero también teníamos la obligación de ejercer nuestra tarea con responsabilidad; que ninguno de los que había participado tenía la obligación de conocer cómo se elaboraba un proyecto de ley y cuál era el impacto que iba a tener en la sociedad si nos equivocábamos o no.
Entonces, él me dijo que se han producido foros, que acá se presentó el proyecto y se discutió. Le dije que me parecía fantástico, pero que lamentablemente no habíamos sido invitados los miembros de las minorías. En mi caso particular, no recibí ninguna invitación. Entonces, como me ha quedado la duda y esta sensación de indefensión de que me habían sacado del aire porque yo estaba diciendo lo que pensaba, distinto a ellos, me puse a investigar y encontré que la ley había sido presentada —es verdad— en un foro en Tucumán, presidido por quien entonces era vicegobernador de la provincia y hoy es ministro de Salud de la Nación. ¿Pero dónde se lanzó? No se lo hizo frente a la Plaza Independencia, en la capital de mi provincia, donde todo el mundo acude cuando hay algún acto importante, por ejemplo, en el salón de la Federación Económica, que tan generosamente siempre presta sus instalaciones. ¿Sabe dónde fue el foro? En el cerro de San Javier, en el Hotel Sol, a más de 30 kilómetros de la Plaza Independencia y a 1.250 metros de altura. Como hay un video ––agradezco a la Secretaría de Comunicaciones por montarlos—, yo pude mirar quiénes eran los invitados. Eran intendentes, delegados comunales, dirigentes políticos. Pero de la oposición, se lo debo, señor presidente. No logré ver, por lo menos yo, a ningún referente de la oposición. Sí había diputados nacionales, pero del oficialismo.
Entonces, cuando me dicen que había una construcción colectiva, por lo menos en lo que es la provincia de Tucumán, permítame dudar de este tipo de aseveraciones, señor presidente. En cuanto a las construcciones colectivas, con mis asesores hemos estado revisando la media sanción tal cual llegó de Diputados y encontramos los aportes, a pie de página, de la provincia de Tucumán, una vez más. ¿Cuáles fueron las sanciones que se les imponen a algunos de estos propietarios de licencias cuando hacen cosas que a la autoridad de aplicación no les gusta? Ante dos faltas leves, se convierte en una grave. El otro aporte es duplicar la burocracia estatal, porque él propuso este defensor del público. Para aquellos que han leído el proyecto, a lo mejor con los ojos de quien está sentado de este lado del recinto, el defensor del público va a tener la posibilidad de llamar a una audiencia pública y de juzgar públicamente la conducta del dueño de una licencia; y si el público le baja el pulgar al dueño, se le retirará la posibilidad de usar la licencia. Este tipo de situaciones ocurren en la provincia de Tucumán, y sin esta ley. Por ejemplo, cuando al gobernador de mi provincia no le gusta lo que dicen ciertos medios de prensa, les saca la pauta oficial. Tanto es así que hace un tiempo se votó una ley que desobliga al gobierno de la provincia a publicar las licitaciones en los medios gráficos locales. En consecuencia, si eso no es quitarle la pauta oficial a los medios más importantes —y que se ocupan de informar acerca de lo que ocurre en el territorio más pequeño del país, pero uno de los más complicados a la hora de gobernar—, quisiera que me digan cómo se describe ese tipo de cuestiones.
Nosotros, cuando asumimos, juramos defender la Constitución Nacional, y los artículos 14, 32, 28 y 75 de este proyecto de ley la violan. Yo rechazo la iniciativa sancionada por Diputados porque tuvo un trámite viciado en su origen; porque es técnicamente mala; porque nació vetusta con relación al presente tecnológico, y porque se trata de una propuesta plagada de inconstitucionalidades. Nosotros somos representantes de las provincias, y esta es la Cámara federal. Y esta norma impone la jurisdicción federal, pues legisla en temas propios de nuestro territorio. La Constitución Nacional, en su artículo 17, establece que el Estado sólo puede apropiarse de bienes privados a través de una ley que los declare de utilidad pública y sujetos a expropiación, y pagándoles una indemnización justa a los damnificados. Pero este proyecto de ley dispone la caducidad de las licencias, y que quien tenga más de diez deberá desprenderse del resto. Además, avanza sobre bienes tales como los equipos, los cuales no pueden ser declarados no excluidos de este desguace.
Para que nos entendamos, para que entiendan aquellos que están en sus casas mirando este debate por televisión y aquellos que están en el campo y presenciaron el debate por la 125, traduciré lo que entiendo que significa lo que acabamos de decir en términos agropecuarios: si actualmente un productor tiene una finca de cien hectáreas, y de hoy para mañana el Estado decide que no puede tener más de treinta y cinco hectáreas, ese campesino no sólo tendrá que malvender la diferencia sino, también, entregar tractores, arados, cosechadoras, etcétera, y despedir a obreros y empleados. Señor presidente: por este Honorable Senado desfilaron voces a favor y en contra del proyecto en tratamiento. Las que estaban a favor, argumentaron que la Ley 22285 era una norma nefasta porque venía de la pluma del último gobierno de facto. Sin embargo, resulta que si usted, yo, mis asesores o cualquier persona ingresa al sitio web del Ministerio de Justicia de la Nación y busca las leyes dictadas durante ese período, encontrará que fueron 393, muchas de las cuales están plenamente vigentes y usadas en la actualidad por los mismos que demonizan la ley actual de radiodifusión, que fue modificada por gobiernos constitucionales varias veces. Entre esas leyes se encuentran, por ejemplo, el Código Electoral —mediante el cual se rigieron las elecciones en las que fue electo usted, yo y los demás senadores, y se regirán la de los legisladores que se elegirán en el futuro—, el régimen penal de menores, el establecimiento de los feriados nacionales, los horarios de los comercios, las locaciones urbanas, la Policía Federal Argentina, tratados y convenios internacionales y, además, el nunca bien ponderado Código Aduanero, a partir del cual se dictó la Resolución 125, que causó el archiconocido conflicto con el campo que todavía no ha sido resuelto.
¿Qué quiero decir con esto? Que según sea el cliente o el interés, una ley dictada por un gobierno de facto es plausible o no. Sin embargo, las leyes no deben ser dictadas para servir a un presidente, sino a la gente, al pueblo de la Nación argentina. Quiero dejar bien en claro que entiendo perfectamente que estamos inmersos en esta sesión maratónica porque se ha montado un ring público, donde en un extremo está el ex presidente Néstor Kirchner y, en el otro, el diario Clarín. Asimismo, quiero que sepan que no he tomado partido por ninguno de los dos contendientes, sino que sostengo la postura de rechazar el proyecto sancionado por Diputados porque defiendo la vigencia de la Constitución nacional y de las leyes, y los intereses y derechos de quienes me votaron para que cumpla con ellos y con la Carta Magna.
No quiero que, en nombre de una pelea de la que no somos parte, se avance sobre derechos fundamentales que tenemos todos los argentinos, tales como los de opinar y publicar nuestras ideas por la prensa sin censura previa, de circular libremente sin tener que mirar a los cuatro costados para verificar que no haya nadie siguiéndonos o inventándonos campañas descalificantes en nuestra contra.
Y a aquellos que suponían que esa pelea era solamente por la televisión o las radios, les aviso que están golpeándoles las puertas. Ahora, Moreno y compañía están tocando a la puerta de los diarios grandes y pequeños, de las voces grandes y comprometidas, y de las voces oscuras —pequeñas— internadas en el fondo de nuestro territorio nacional. Si dejamos que el proyecto sea votado tal como fue sancionado por Diputados, mañana tendremos sobre nuestras bancas una ley que dirá que se estatizan parte de las acciones que tienen en Papel Prensa los diarios La Nación y Clarín; y el gobierno nacional pasará de tener el 27 por ciento de las acciones, a lo mejor, a poseer el 60 por ciento, y los diarios independientes desaparecerán de los quioscos y de nuestras casas.
Por los motivos expuestos, reitero mi rechazo al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Saadi.

Sr. Saadi. — Señor presidente, señores senadores: el tratamiento del presente proyecto ha movilizado a la mayoría de las personalidades e instituciones del país en torno de una temática que está muy bien que nos interese y preocupe a todos.
Las universidades argentinas, los representantes de las facultades —en las que estudian los futuros periodistas—, organizaciones intermedias, cooperativas, sindicatos y representantes de los pueblos originarios, entre otros, han dado a conocer sus posiciones favorables a la iniciativa; en tanto que los principales monopolios u oligopolios y algunas entidades del sector se han defendido manifestando su rechazo.
Si bien es cierto que los grupos que concentran la oferta informativa lo han hecho forzando situaciones o apelando a instituciones como ADEPA —la Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina—, conformada por los dueños de los medios y no por los trabajadores del periodismo, no es menos cierto que están en su legítimo derecho de expresarse.
Así llegamos a esta instancia histórica de cambiar la ley de la dictadura, que aunque muchos la quieren disfrazar en virtud de las modificaciones que tuvo, nunca dejó de ser la norma que establecieron los militares que usurparon el poder en la Argentina para amordazar a todas las voces disonantes e impulsar sus proyectos tiránicos y antiargentinos. En cuanto a esas voces, la historia sabe que el ex senador nacional, ex presidente del Consejo Nacional Justicialista y ex gobernador de Catamarca —mi padre— fue uno de los pocos que se hizo sentir durante los momentos más dramáticos de la dictadura. Él fue el más acérrimo defensor de los presos políticos y voz de apoyo para sus atribulados familiares; su estudio jurídico, el bálsamo para los que sufrían humillaciones y persecuciones de toda especie. No solamente fue defensor de los perseguidos, sino que los principales manifiestos políticos de condena al régimen fueron ejercidos por él y algunos dirigentes, entre los cuales es justo reconocer a uno de los padres de la democracia moderna, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Para defender la política y los derechos ciudadanos, a tiempo de dar batalla al régimen, formó la línea Intransigencia y Movilización Peronista, desde la cual se dio testimonio de fe de quiénes eran los que luchaban en condiciones francamente difíciles.
Traigo esta referencia de la historia que nadie, entre de las señoras y señores senadores aquí presentes, puede desconocer porque, precisamente, representó una barrera gigantesca para la actual ley de radiodifusión sancionada por los dictadores. Lo hago para que ningún malicioso suponga que el suscripto puede abrigar intereses distintos de los de la libertad de expresión y el derecho a la información del pueblo.
La restauración de la democracia plena, de la que han participado todos los partidos políticos, las instituciones y la ciudadanía en general, no tolera más eufemismos y mentiras. La ley de la dictadura ha sino nada más que eso: un instrumento apuntalado filosóficamente por el autoritarismo y la represión, y debe ser cambiada, porque a su amparo se actuó de mala fe.
En mi provincia, este ex gobernador y actual senador, lo mismo que el peronismo en general, ha sido estigmatizado por la prensa, pero jamás habrán de expresar posiciones de oposición hacia un gobierno como el actual, que es el más corrupto en nuestra provincia y que paga con dineros públicos el silencio de esa prensa adicta.
Mientras esto ocurre, y cualquiera lo puede comprobar visitando la provincia, incluidas todas las entidades del periodismo nacional, para nada los medios catamarqueños defienden su prédica perversa haciendo alusión a las libertades de prensa y en especial el diario El Ancasti. En realidad, éste último es el afectado, pero al director no le interesa porque trabaja por sus intereses económicos. En Catamarca, los opositores y los que no son amigos o allegados de algún propietario de medios no tienen espacio alguno para expresar su parecer. ¿Esto es periodismo? ¿Esto puede ser defendido por ADEPA?
En ese contexto, no debe perderse de vista que desde hace años existe la más amplia libertad de prensa y de expresión. Todos los días, invariablemente, leo denuncias periodísticas catastróficas y, las más de las veces, nunca son corroboradas. Por ello, la inmensa mayoría de los trabajadores de la prensa, no los dueños, no los Magneto, no los que manejan los oligopolios, ninguno de ellos está a favor del proyecto de ley que estamos tratando aquí. Es más, los únicos que ejercen presiones y amenazan con represalias a los periodistas son esos mismos propietarios. Hasta los hacen pelear en vivo a los periodistas con los representantes del oficialismo, cosa que no debería suceder. Como todos los aquí presentes conocen, en 1991, la provincia de Catamarca fue intervenida por el gobierno nacional y quien habla era entonces gobernador. Se lo decía hace algunos instantes al presidente cuando planteaba la cuestión de privilegio a la senadora Estenssoro. El disparador de la situación fue el hecho desgraciado de la muerte de una estudiante, el que fue aprovechado políticamente de la manera más vil. De esta forma, se tapaba el objetivo central de semejante medida, que no era otro que dejar el camino libre para la entrega de la minería a libro cerrado, lo que hoy es un verdadero escándalo y el hecho de corrupción más grande de la Argentina y sobre el que los medios guardan un silencio, me atrevería a decir, de complicidad.
Como gobernador de la provincia, en ese año, me tocó sufrir en carne propia la acción sin límites de los excesos de la prensa. En ese sentido, no puedo omitir la tarea de los medios pertenecientes al grupo Clarín. Con decir que no le dedicaron 1, 10, 20, 50 ó 100 páginas, sino más páginas y más tapas con el tema Catamarca y más de mil doble páginas en su interior también refritando información falsa y tergiversada. Por supuesto que las mentiras que se transmitieron a todo el país, a los efectos de ir formando una opinión generalizada, eran acompañadas por la aparición de denuncias y causas judiciales en mi contra. Recordarán que llegaron a acopiarse como 10 causas, todas armadas por aquella nefasta intervención, el gobierno radical que resultó electo y las tapas sensacionalistas y en continuado que mostraban al país diarios como Clarín y La Nación que, valga decirlo, aún en su edición del día de la fecha ponen en duda cuál será el sentido de mi voto.
El diario La Nación también, una vez más, afirma que estaría conversando con el gobierno nacional para que en las elecciones internas del Partido Justicialista de marzo del año que viene me ayuden a ganar las internas. Yo no necesito ayuda de nadie, y con el compañero Luis Barrionuevo estamos trabajando en forma conjunta, junto y con otros sectores independientes de la comunidad catamarqueña, para desalojar al gobierno radical que tiene ya 20 años de duración y nos ha llevado, a pesar de haber recibido muchos fondos de la Nación, a momentos de mucha pobreza.
Muchos se preguntarán en qué quedaron aquellas causas: ¡en la nada! Sí, en la nada.
En todas y cada una de ellas fui sobreseído total y absolutamente, sin discusión alguna, y con la conclusión de que solamente se trataba de basuras políticas. Sin embargo, los medios nacionales, que hicieron tapas en donde escandalizaban al país, jamás aclararon que este senador fue sobreseído en todas las causas ni jamás explicaron cuál era la gravedad de estos inventos. ¿Esta es la prensa seria e imparcial que destaca la libertad de expresión como discurso propagandístico o es el oscuro negocio del lucro duro y puro a toda costa? En paralelo a esas remanidas causas, medios nacionales trabajaron en Catamarca para establecer las condenas que ellos querían. Sostuvieron reuniones con el gobierno radical de la provincia y con algunos otros personajes, como quien presidía el Senado en 1995, para decidir un tribunal que hiciera del juicio un fusilamiento público. Participaron del nombramiento de un fiscal que llevaron de Córdoba y que, apenas terminó el juicio, renunció y volvió a su provincia para asumir como concejal de la Unión Cívica Radical.
Los medios de prensa actuaron como una verdadera corporación conducida desde Buenos Aires y, tras armar una verdadera novela a la que vendieron con extraordinarias ganancias, no volvieron nunca más a la tierra de la Virgen del Valle. Recuerdo que en la época de la joven estudiante, el Grupo Clarín fundó el canal de cable TN. Fue la cabecera de playa —como decía anteriormente— para armar el circo mediático. Terminado el juicio, TN, que actuaba en coordinación directa con Clarín, La Voz del Interior —de Córdoba— y La Nación, entre otros, jamás volvió a la provincia y jamás denunció que es un emporio de la corrupción, siendo la provincia que en los últimos seis años recibió dinero público como ninguna otra. ¿Esta es la prensa independiente, plural y equidistante que requiere la democracia? Seguro que no lo es. ¡Qué casualidad que aquellos medios que actuaban coordinadamente en esos tiempos, hoy son socios, tienen los mismos dueños, como Clarín, La Nación y La Voz del Interior!
Para cerrar esta parte y concluir mi exposición, debo remarcar que, por esas causas inventadas y en las cuales estoy totalmente sobreseído por la justicia, en 1995 no pude jurar como senador nacional por Catamarca, a pesar de que había sido nominado por la Legislatura de mi querida provincia en legal forma. ¿Qué se argumentó para impedir mi juramento y desoír el pronunciamiento de la Legislatura de Catamarca? Inhabilidad moral a raíz de las causas judiciales. Una vez más la prensa y, especialmente, uno de los grupos monopólicos, realizaron una operación junto a algunos colaboracionistas políticos, entre ellos, el presidente de la Cámara de Senadores en 1995, para producir un nuevo atentado contra la democracia: esto de impedir el juramento de un legislador sin respetar la voluntad popular.
Obviamente, tampoco por este tema hubo reparación alguna del honor, el que, al parecer, vale para algunos medios y no para las personas que actúan en política solamente como consecuencia de la voluntad soberana de nuestro pueblo.

Sra. Negre de Alonso. — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Saadi. — Quizás algunos de los presentes, por la mala información y las operaciones políticas inductivas de aquellos años…

Sr. Presidente. — Señor senador Saadi…

Sr. Saadi. — …digan que exagero. Que crean lo que quiera, pero ojalá nunca caigan bajo las garras de este tipo de mercaderes del monopolio.

Sr. Presidente. — ¿Autoriza la interrupción, señor senador?

Sr. Saadi. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Quería pedirle una aclaración al senador, porque no nombra la persona a la que hace referencia. ¿Se refiere al vicepresidente de la Nación o al presidente provisional, senador?

Sr. Saadi. — Al vicepresidente de la Nación a cargo de la Presidencia del Senado, Carlos Ruckauf.

Sra. Negre de Alonso. — Gracias por la aclaración.

Sr. Saadi. — Aún con este triste antecedente, no me guía interés subalterno alguno ni un ánimo revanchista. Estoy convencido de que los monopolios no son buenos para la democracia, pero los monopolios existen. Seguramente, esta ley pondrá las cosas en su lugar, y el principal órgano de aplicación será la propia ciudadanía y la plena vigencia de la Constitución.
Por encima de las consideraciones políticas, señores senadores, nadie tiene autoridad moral para dejar de lado una ley que viene siendo ampliamente debatida por el conjunto de la sociedad. He escuchado decir que se intenta aprobarla entre gallos y medianoche, a las apuradas, a los empujones; todos son argumentos interesados para repetir la historia de que esta ley no se reforme nunca. Ya ocurrió con otros ex presidentes que la impulsaron, y han pasado 26 años.
Y, por si faltaran argumentos, se suman las voces de apoyo de los principales protagonistas: de los trabajadores, de periodistas y de gente de las universidades argentinas en cuyas dependencias se hicieron los foros de debate, como ocurrió en mi provincia cuando se alcanzaron coincidencias a favor de este instrumento legal.

Sr. Presidente. — Discúlpeme, senador Saadi; el tiempo está vencido.

Sr. Martínez (A.A.). — Solicito una interrupción, señor presidente.

Sr. Presidente. — El senador Martínez le solicita una interrupción. ¿La acepta?

Sr. Saadi. — Con todo gusto.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez (A.A.). — Independientemente de que queríamos avanzar en el tema de ser más específicos, me parece que todos tenemos el derecho de poder expresarnos como
queramos con respecto a este tipo de leyes, pero hubo varias afirmaciones del senador Saadi referidas a nuestro partido, inclusive, en el sentido de que los fiscales hicieron tal cosa o tal otra. Yo creo que en esto deberíamos ser mucho más concretos si tenemos que hacer alguna exposición con denuncia y, si no, tratemos de llevar esto por otro camino. Es decir, para no tener que estar pidiendo cuestiones de privilegio, creo que el mejor camino sería que cuando tengamos que decir algo lo hagamos, pero no dejemos cuestiones en el aire como que fue una conspiración por parte de la Unión Cívica Radical con las cosas que ocurrieron en Catamarca.
Y repito: si hay que hacer la denuncia, me imagino que habrá que hacerla, pero para no
enturbiar de alguna manera esto tendríamos que ser un poco más cuidadosos en el uso de la palabra.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Saadi. Le pido que redondee, por favor.

Sr. Saadi. — Le agradezco al senador sus recomendaciones, pero esto lo he hecho público en muchas circunstancias. Lo digo ahora y lo he dicho antes: aquí ha participado quien después fuera el gobernador radical en la provincia juntamente con la intervención y juntamente con el monopolio Clarín.
Señor presidente: más allá de insertar la última parte de este análisis que vengo realizando, quiero expresar que por todas estas cosas y por lo expresado por los senadores del bloque de la mayoría, quiero adelantar mi voto por el dictamen de la mayoría en general y en particular.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: como varios de los senadores saben, tengo posición negativa en cuanto a este proyecto de ley, pero no en cuanto a que se discuta una ley sobre medios, en cuanto a que es importante la reforma y en cuanto a que la debe hacer este Congreso. Es decir, participo que hay legitimidad por parte de este Senado de la Nación, señor presidente.
En su momento, cuando se trate en particular, explicaré por qué voto por la negativa, pero creo que acá hay algo más que una ley de medios, y siento que a quienes queremos una reforma de la ley y a quienes queremos discutir distintos aspectos se nos ha puesto, y no digo que con intencionalidad sino desde un aspecto político, en la posición de que o aprobamos a rechazamos, porque no hemos tenido oportunidad de discutir modificaciones al proyecto. Al respecto, ya me voy a expresar, señor presidente. Acá, también, está en juego el rol del Senado. En la última sesión plenaria de comisiones, manifesté mi preocupación en cuanto a que, si tenemos una ley tan importante pero, de golpe, se nos dice que no podemos cambiar ni una coma, el rol del Senado se ve desvirtuado, señor presidente. Porque si el Senado de la Nación no está capacitado para estudiar, para analizar y para ver cada punto, quiere decir que hay un vacío de contenido con relación al mismo, y al respecto ya me voy a expresar.
Obviamente, el tratamiento de una ley de medios genera tensión, en cualquier país del mundo, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la ciudadanía y los medios, porque el debate, de alguna manera, sale a la sociedad y, en algún momento, puede causar crispación y posiciones encontradas. Inclusive, como Senado de la Nación no debemos desconocer que se debatió, porque hubo cambios de opiniones y decisiones que en su momento fueron cambiadas. Ahí juega esa tensión que se produce, también, en cualquier democracia. Pero lo que me interesa señalar con énfasis es que los senadores y este Senado de la Nación debemos tener la capacidad necesaria de dar esta discusión sin permitir que se desvirtúe el debate, inclusive, generando dudas en la ciudadanía. Aquí se ha hablado de presiones del Poder Ejecutivo. Obviamente, no nos consta, no lo podemos afirmar. Pero tampoco nos podemos escandalizar. La historia constitucional argentina ha tenido muchas veces presiones del Poder Ejecutivo. En la medida en que esas presiones sean legítimas, no nos deben mover a escándalo, porque si una Presidencia quiere una determinada ley, peleará para que así sea dictada. En definitiva, es el Senado y cada uno de los senadores quienes debemos dar ese equilibrio. En tal sentido, quiero contar una anécdota histórica para demostrar que estas cosas no pasan solamente en determinados momentos constitucionales. De paso, hago un recuerdo. Durante la presidencia del doctor Manuel Quintana, se discutía un importantísimo proyecto de ley que tenía que salir sin modificar una coma. El presidente mandó una nota y hasta a un ministro a decir que ese proyecto de ley no debía ser cambiado. Y ahí vino el rol del Senado.
Fue un senador —este año se cumplen cien años de su muerte— quien hizo una contestación escrita; luego me voy a referir a ésta, porque tiene que ver con el rol del Senado. Dicho senador fue llamado por Alfredo Palacios como el gran senador federalista, y fue un senador que tuvo una enorme importancia y que deberemos recordar en algún momento, porque fue quien organizó prácticamente en la República Argentina la actual Prefectura Naval Argentina; en ese entonces, la vieja Prefectura de Puertos, como se denominaba en aquel momento. Ese senador correntino, Manuel Florencio Mantilla, le mandó una nota en la que contestaba al presidente de la Nación, que había dicho que su firma bastaba para que el proyecto fuera aprobado. Fíjese, señor presidente, cómo se cuentan las historias. Por eso, no debemos llamarnos a escándalo con esto, sino analizar el rol de cada uno. Así, en aquella nota , dicho senador dijo: De manera, señor presidente, que ante su firma debemos inclinarnos, siempre pasando por todo y haciendo caso omiso de nuestras ideas y de nuestra conciencia. Su firma vale mucho. Pero yo hombre, senador, tengo ideas, tengo voluntad propia, y por ellas me dirijo. Puedo tener deferencia al amigo, al señor presidente, algunas veces, pero no soy miserere de los que digan a todo amén, porque lleve al pie la firma de Manuel Quintana.
Señor presidente: creo que viene bien recordar estas cuestiones, porque los roles son así. Un presidente que esté convencido de una ley ejercerá toda su presión legítima para que sea sancionada, pero el Senado puede rechazarla o modificarla, como también la Cámara de Diputados.
En el plenario, dije que me tenía un poco preocupado el rol que estábamos teniendo
frente algunos proyectos de ley. Y tuvo un pequeño enojo —respetuoso, desde ya— el señor presidente del bloque justicialista, cuando yo marqué que me preocupaba que el Senado no fuera capaz de cambiar ni una coma. No hablo de rechazar, quiero aclararlo; porque me gustaría aprobar una ley, pero si no nos dejan discutir modificaciones ni plantear algunas dudas en el debate en las comisiones, quedamos siempre a favor o en contra de la norma.
Este proyecto de ley tiene muchos aspectos positivos. Lo quiero aclarar. Incluso, hoy lo hablé con algunos señores senadores y senadoras. Pero hay aspectos que nos preocupan.
Me preocupa el rol del Senado, por lo siguiente: entre 2008 y 2009, vinieron desde la Cámara de Diputados ochenta y siete proyectos. A setenta y nueve de ellos no les modificamos ni una coma. De alguna manera, debemos tomar conciencia o analizar esto, independientemente de cómo salga este proyecto de ley, porque esta institucionalidad queda afuera y muchos de esos proyectos eran importantes, como todos saben. Y no hablo de un rechazo. No me escandalizaría ni me preocuparía por ese porcentaje de aprobación. El problema es no modificar ni una sola coma. Desde ese punto de vista, no nos podemos llamar cámara revisora; a pesar de que todos esos proyectos vinieron desde la Cámara de Diputados, en donde sí —sin embargo— se hicieron algunas veces cambios; inclusive, en este proyecto de ley. Y esto hay que admitirlo: el oficialismo aceptó algunos cambios importantes en esta iniciativa, que han sido muy positivos. Pero cambiemos este eje de la discusión, porque si no, nos convertiremos en certificadores de proyectos que vienen de allí. ¿O acaso los senadores no somos capaces de efectuar aportes?
Recuerdo que hubo un problema cuando se cerró el plenario de las comisiones. En tal sentido, con todo respeto, quiero dirigirme a algunos senadores que informaron sobre esto, a los senadores miembros de las cuatro comisiones, inclusive, a quienes no integran las mismas comisiones, porque no tuvimos oportunidad en la comisión de discutir punto por punto el proyecto. Es cierto que se hizo un sistema de audiencias, pero no nos engañemos: fue para escuchar el aporte —valioso— de muchas instituciones y personas a favor y en contra de ley; pero los escuchamos y, de golpe, se paralizó la discusión, se avisó que no se cambiaba ni una coma y que terminaba el debate. Así nos encontramos hoy, en esta tarde, limitados a hablar punto por punto, pero ya jugados a todo o nada.
Sin embargo, este tema merecía una discusión técnica sobre algunos aspectos y aportes propuestos. Desde ese punto de vista, discrepo respetuosamente con el señor miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales acerca de que hubo consenso. No hubo ningún consenso. Consenso habrá habido afuera. Hubo aportes importantísimos, pero los senadores no tuvimos la oportunidad de analizar cada punto de este proyecto, a pesar de que nos generaba ciertas dudas. Por eso, vuelvo a decir con todo respecto que no tuvimos oportunidad de que hubiera consenso alguno. Ahora bien, si al momento de agotarse la discusión no se arriba a consenso, entonces, la mayoría se impone y esto es legal y democrático. Puede gustar o no, pero es legítimo. Luego tendremos tiempo, algún día, de revisar o modificar la norma. Pero, por lo menos, el Senado habría tenido la oportunidad de discutir a fondo. Y la verdad es que debemos analizar que otras veces debemos poder modificar algunos proyectos de ley, para que la estadística del 91 por ciento en algo baje, porque nos perjudica como institución.
El debate no es algo teórico. Ya fue recogido en algunos fallos. El más paradigmático, que ustedes conocen, es el caso “Halabi”, en donde en algún momento se planteaba la incostitucionalidad que era así dictada por la Justicia, donde no existió un debate legislativo suficiente previo al dictado de la ley, lo cual, en este caso, carece de motivación y fundamentación apropiadas.
Obviamente, hay fundamentos del oficialismo a favor, pero eso debe ser discutido y analizado en cada comisión. Sin embargo, no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Se diga lo que se diga, no hemos podido discutir los puntos en esas comisiones. El debate se cerró abruptamente. Por supuesto, en algún momento tenía que terminar. No obstante, creo que se podría haber discutido este tema algún tiempo más, por lo menos siete días más, para que los senadores pudiéramos reflexionar después de haber escuchado a quienes habían asistido al Senado. Sin embargo, de golpe, nos encontramos con esto. Ahora bien, en muchos puntos, este proyecto de ley es bueno, pero también genera dudas o, por lo menos, discrepancias. Y cuando digo esto, señor presidente, no me refiero a un gobierno que está en ejercicio, sino a la perspectiva de aplicación en el tiempo que, obviamente, debe cerrar.
Acá se habló mucho de distintos puntos. Creo que los vamos a debatir con más profundidad en particular, donde plantearemos nuestras distintas posiciones. Sin embargo, me parece que deberíamos haber discutido un poco más con respecto a la autoridad de aplicación. En ese sentido, presenté una nota a los señores presidentes de las comisiones, que espero la hayan visto, donde planteo la posibilidad de que la autoridad de aplicación dependa del Congreso, es decir, con la inclusión de diputados y senadores y, obviamente, un representante del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, genera dudas el porcentaje del espectro radioeléctrico, teniendo en cuenta que debe existir, desde ya ,espacio para las universidades con grandes antecedentes y gran prestancia académica; por supuesto, deben tenerlo. Asimismo, las organizaciones no gubernamentales también deben tener su espacio. Desde ya, estoy de acuerdo con ello, pero creo que deberíamos haber discutido un poco más el espacio que se diferencia en cada provincia. Digo esto porque, de un ciento por ciento, hay espacios en provincias que pueden estar ocupados en más o en menos. Deberíamos haber discutido también la prohibición de por qué técnicamente un canal de aire no puede tener un canal de cable y viceversa. ¿Cuál es el razón fundamental de eso?
La posibilidad de las señales de cadena nacional. Debemos recordar a los señores senadores, —y cuento la experiencia de mi provincia— que muchas de las frecuencias moduladas, cables chicos del interior que no pertenecen a ninguna cadena, tienen su espacio en el lugar, dan sus noticias, tienen sus productoras de noticias; pero también son generadoras de noticias las cadenas nacionales que lleguen. Por lo tanto, en vez de desmembramiento de cadenas nacionales, deberíamos tratar de que haya una explosión de cadenas de distintas ideologías, de distintas ideas. Obviamente, si hay una cadena, una empresa que avanza sobre el Estado y sobre la población, en virtud de ser un monopolio o de ejercer una posición dominante, el Estado ya tiene todos los instrumentos para frenar eso o algún aspecto de este proyecto de ley, en el que podemos no estar de acuerdo y quizá afinar un poco más ese 35 por ciento que se nombra y que es importante. Podemos discutir algún aspecto de eso.
En vez de haber desmembramiento, debería haber explosión de medios, y de todos: grandes, medianos y chicos. Me refiero a cooperativas, a organizaciones no gubernamentales, con las condiciones que deben hacerse. Sin embargo, no tenemos oportunidad. Pero no debemos olvidar que el derecho a ser informados es uno de los parámetros, de los pactos que nuestro país ha firmado.
Me preocupa también la adjudicación directa para emisoras de baja potencia. Si analizamos el artículo, es una adjudicación que puede complicarse, que no sigue los parámetros de otros y no tiene por qué. Digo esto porque quien tenga un informe técnico de una emisora de baja potencia sabe que no es de tan baja potencia. No llega a diez habitantes, llega a muchos. Y el artículo no determina hasta cuántas emisoras de baja potencia podemos poner por localidad. O sea que cualquier Poder Ejecutivo podría un buen día decir: “Vamos a poner cinco emisoras de baja potencia en tal ciudad”; y les aseguro que si analizamos el proyecto de ley, no lo prohíbe.
Ahora bien, quiero que se me entienda. No me obsesiona lo que pueda hacer el actual gobierno o no. Esta será una ley para muchos años; se puede aplicar mejor o peor por el actual gobierno, y el día de mañana lo puede hacer peor otro gobierno. Entonces, esto es preocupante.
Señor presidente: creo que hay muchos puntos a considerar, como la facultad y la caducidad de las licencias. En ese sentido, hay ciertas competencias difusas. Las cláusulas de desinversión es algo que jurídicamente deberíamos haber estudiado un poco más. No es tan simple, atento que cuando el propio Estado adjudicó o prorrogó licencias jurídicamente, no corresponda el respeto a esa propiedad privada. Ese es un punto que deberíamos haber estudiado.
En cuanto a las competencias federales, pregunto a los señores senadores: ¿cuál es la razón jurídica, constitucional, legal que impide que un Poder Ejecutivo provincial pueda adjudicar un cable chico en un municipio de provincia? ¿Cuál es? ¿Qué espacio nacional ocupa? ¿Qué espectro radioeléctrico nacional ocupa una frecuencia modulada que se escuche solamente en ese municipio? ¿Por qué la autoridad de aplicación debe ser nacional, centralizada, con gestiones acá, con un marco enorme de burocracia? ¿Por qué hoy, el día de mañana y en cada renovación de licencia aparece ese famoso centralismo que aún nuestro país no ha podido eliminar? Y quiero aclarar que no le echo la culpa a este gobierno, para nada; pero es algo de lo que ya tenemos que salir. Digo esto porque es una tendencia que los provincianos no podemos cambiar. ¿Cuál es la razón? No la entiendo. La Constitución no lo dice. Más bien, si leemos la Constitución Nacional veremos que se trata de las facultades que no están delegadas de la Nación, atento el poder de delegación que tiene nuestra Constitución.
Obviamente, es una ley marco y hay que hacerlo. Es una facultad nacional. Hay muchos aspectos nacionales e internacionales, pero también hay aspectos municipales y provinciales que, realmente, deberían quedar en nuestras provincias; y desde ahí, el Congreso de la Nación debería hacer una ley marco. Para finalizar, no debemos olvidar que todo esto está suscrito por la Argentina en distintos pactos internacionales, incluso con algunas opiniones consultivas que se han dado por requerimiento de distintos Estados. Leo algunos: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y el de recibir informaciones y opiniones sin condicionamiento alguno. El abuso de controles oficiales o particulares en periódicos, frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos en la difusión de información o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones… Hay muchos otros textos que ustedes conocen mejor que yo y ya los han estudiado. En consecuencia, creo que no debemos dejar resquicio para que el día de mañana cualquiera tenga un poder centralizado enorme, para que existan funcionarios con una autoridad de aplicación con mucho poder o atribución en desmedro de condicionamientos a las provincias y a los municipios.
Me hubiera gustado discutir todo eso en un marco de consenso, de diálogo y de aporte. Considero que estábamos en condiciones de aprobar esta iniciativa por unanimidad.
Quizá no hubiéramos llegado a la unanimidad en cuanto a los artículos y en muchos, tal vez, no hubiéramos coincidido. Pero, por lo menos, hubiéramos tenido la posibilidad de decir que lo discutimos, que lo aprobamos en general y que en particular nos diferenciábamos. Y eso tiene que ser válido y respetado.
Por estas razones, fundamento mi voto negativo, que ya lo expresé. Pido, por favor, que como Senado de la Nación seamos capaces de modificar más leyes.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Torres.

Sr. Torres. – Señor presidente: no voy a hablar del articulado del proyecto de ley específicamente, dado que fue ampliamente debatido en Comisión, explicitado por los senadores que me precedieron en el uso de la palabra y también descalificado por muchos medios de prensa y periodistas. Me parece importante discutir el entorno en el que se desarrolló este debate, porque entiendo que no existió toda la buena fe y la madurez que se necesita para una discusión de estas características.
Cuando escucho a senadores de la oposición hacer calificaciones al Poder Ejecutivo;
cuando escucho las declaraciones de los senadores de la oposición de las últimas 48 horas que fueron funcionales a los intereses de los medios masivos de comunicación que tienen un poder dominante y que coinciden plenamente en descalificar a cuanta persona esté apoyando este proyecto de ley; y cuando escucho el argumento de los distintos senadores, me parece que hubiéramos estado en cámaras de Senadores diferentes tratando leyes distintas y escuchando a otras personas.
Llegamos al extremo de oír que esta norma tendría que tener más tratamiento, porque no sabemos cómo va a interpretarla o a aplicarla un gobierno futuro. ¡Esto es una barbaridad; algo primario! Es un despropósito que sancionemos leyes en función de que en el futuro un gobierno malo pueda aplicarlas.
Además, ese discurso opositor se contradice con la postura de todos los otros senadores que se oponen a este proyecto, que plantean que esta iniciativa es para beneficio del actual gobierno. ¿Realmente con quién tenemos que debatir? ¿Cuáles son los argumentos que sostiene la oposición?
Por eso no creo que haya una mínima posibilidad de que este proyecto se apruebe por consenso. Lo dije públicamente y lo repito ahora. Si el Poder Ejecutivo hubiera enviado este proyecto incluyendo todas las observaciones que hicieron los senadores de la oposición, seguramente habrían encontrado otros artículos para cuestionar, con lo cual igualmente se habrían opuesto al proyecto, porque es una constante de que estén de acuerdo en general pero terminan votando negativamente.
Es una constante en este cuerpo que todo el mundo esté de acuerdo; dice sí, pero es no. En ese sentido, me interesa mucho el comportamiento que tenemos los senadores, que creo que deja mucho que desear ante la sociedad, por las cosas que decimos, como las conferencias de prensa de ayer y de anteayer. Es gente que quiere volver al pasado, gente que descalifica porque una persona cambió de postura, como si en este Senado nunca se hubiese cambiado de postura.
Nosotros mismos estamos devaluando el sistema democrático como legisladores y representantes del pueblo acusándonos de “tarjetas”, de “banelcos”, de que se compraron, de que la provincia necesita dinero y por eso se cambia el voto de los senadores. ¡Son una vergüenza las acusaciones irresponsables que hacen algunos senadores!
Yo puedo entender a la gente que representa al conservadurismo en nuestro país y que defendiendo su postura política vota en contra de este proyecto, porque así defiende un modo de vida, porque así defiende algún tipo de privilegio. Pero lo plantean de frente y están defendiendo sus ideas, aunque no las comparta.
Uno puedo respetar a un adversario, por ejemplo, al típico liberal argentino, con su comportamiento tan característico, que cuando las cosas andan bien piden libertad para todo pero cuando las cosas andan mal, el gobierno tiene la culpa. Ellos defienden sus propios intereses. No estoy de acuerdo con lo que postulan pero los respeto, porque dentro de una sociedad existen distintas corrientes de pensamiento. También respeto a los propietarios de los medios de prensa oligopólicos. Ellos están defendiendo sus intereses, aunque no estoy de acuerdo con ellos.
Nunca tuve tanta tranquilidad de conciencia —recuperé parte de esta mística que se va perdiendo por distintas situaciones— como al tratar un proyecto de ley como este, que es el aporte más importante que hace la presidenta de la Nación al sistema democrático.
Decía que respeto a esos propietarios de medios de prensa con actitudes dominantes, porque defienden sus intereses. Pero me cuesta muchísimo entender a aquellos militantes, dirigentes y representantes de partidos populares que votan en contra de este proyecto. No encuentro explicación alguna que por acción u omisión sean funcionales a los intereses de medios oligopólicos o monopólicos. A eso no le encuentro una explicación. Tampoco encuentro respuesta a por qué mi ex partido, la Unión Cívica Radical, sostiene este comportamiento ante esta ley que estamos tratando.
Es bueno que en algún momento yo diga que ocupé todos los cargos dentro de la Unión Cívica Radical: fui presidente del partido, convencional, delegado en el Comité Nacional, presidente de bloque, diputado. No me fui porque me hayan tentado o comprado sino porque entendí que tenía culpas en cosas gravísimas que ocurrieron en este país.
En la crisis de 2001, mi hija, mi yerno y mi nieto de un año y medio se tuvieron que ir del país. Yo nunca vi a una persona derramar tantas lágrimas como a mi esposa ante la partida sin retorno de sus seres queridos. Yo también derramé muchísimas lágrimas, pero no sólo fueron por dolor sino también por vergüenza, cargo de conciencia y culpa, porque yo formé parte del gobierno de ese entonces. Yo fui presidente del partido que hizo el primer lanzamiento de la candidatura de Fernando de la Rúa. Yo fui testigo de cómo arriamos las
banderas y dejamos que Cavallo manejara el gobierno de la Unión Cívica Radical. Fui testigo
de cómo este país casi llegó a la disolución, cómo miles de jóvenes fueron a buscar un futuro
en otros países para subsistir, entre ellos mi hija y mi nieto. Nunca me voy a olvidar la
vergüenza que tenía, que me llevó a escribir una carta al diario local pidiendo disculpas por el
comportamiento político que había tenido.
Ahí entendí lo que es la política. Yo era un opositor durísimo. Puse en jaque al
gobierno justicialista durante muchos años. Después de esa participación mía, de esa
responsabilidad mía en este hecho —creo que nos hace falta evaluar el comportamiento que
tenemos los políticos en distintas etapas de nuestras vidas—, entendí que no estaba del lado
de los buenos solamente y que los que estaban del otro lado no eran los buenos. Entendí que
para salvar a este país no importa quién gobierne. Sí importa el proyecto político y apoyar al que está gobernando para que termine su mandato como corresponde. Y que se termine la
lógica de la política argentina que dice que para llegar al gobierno hay que destruir al
gobierno que está, a fin de tener mayores posibilidades.
Esto que ha sucedido, señor presidente, no es algo que se me ocurre a mí. Esto ocurrió
con Raúl Alfonsín y los medios de prensa masiva. Sucedió con Carlos Menem y con muchos
dirigentes políticos en las distintas provincias. Y a mí, en un programa, el presidente de la
Unión Cívica Radical, cuando vi que era una ley que vetó el gobierno de de la Rúa, me dijo:
“¿Y vos no eras radical?” Sí, era radical. Y me dijo, con una cara que después analicé, “Vos
sos kirchnerista”, casi con una cara de repulsión, como planteando esa palabra.
Estamos hablando de un ex presidente constitucional y de la actual presidenta de los
argentinos. Si criamos este tipo de sentimientos, no estamos aportando absolutamente nada.
No entendemos nada. ¿Con ese tipo de actitud, creen que podemos salir adelante?
Por eso y dado que mi tiempo se acorta, quiero terminar con una carta que ya leyeron
en las comisiones, dirigida al señor contador Juan Carlos Fissore, y que decía: Estimados
amigos cooperativistas —es muy cortito, señor presidente, ya termino—, esta vez les voy a
fallar y no estaré presente en este acto del cooperativismo. Lo lamento mucho porque, como
ustedes saben, siempre he tenido una especial preocupación por la labor que desempeñan
esas instituciones. Creo, como ustedes recordarán, en los inicios de mi gestión como
presidente de la Nación, en el año 1984, envié un proyecto de ley a la Cámara de Diputados
de la Nación para que se modificara la Ley 22285 de 1980, que discriminaba a las
cooperativas para hacer radio y televisión. Mi intención era terminar con esa injusticia nacida
en los años de la dictadura militar. Si bien no logré el objetivo anhelado, estoy seguro de que
en algún momento se podrá llegar a resolver favorablemente esa discriminación que castiga
al movimiento cooperativo.
Y se despedía, señor presidente: En los vaivenes de la historia de nuestro país,
finalmente triunfarán las causas justas. Lamentando nuevamente no poder estar junto a mis
amigos, le envío mi solidaridad y mi admiración por ese espíritu de lucha que siempre los ha
animado. Firma: Raúl Alfonsín.
Hoy, yo le puedo decir a Raúl Alfonsín que esa deuda que él tenía pendiente, de 1984,
con el voto de los senadores que creen que lo mejor es enemigo de lo bueno, vamos a estar
saldándola. Y creo que el doctor Raúl Alfonsín puede descansar en paz.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: voy a tratar de usar menos tiempo y a solicitar, como lo han
hecho otros, la inserción de mi discurso.
Según mi punto de vista, esta iniciativa propone las condiciones para el ejercicio de
una ciudadanía más plena, en una sociedad en la que el impacto mediático modela con
inmensa fuerza los valores, los usos, las costumbres y nuestros consumos.
Los medios de comunicación, que nacieron con el fin de posibilitar la libertad de
informar y de recibir información, fueron cambiando el afán de informar por el afán de
controlar las preferencias de los individuos y alentar sus elecciones. Esto aumenta el peligro
de convertir a la ciudadanía en vasallaje.
Por eso, creo que debemos establecer las condiciones que hagan posible el ejercicio
de una auténtica libertad en democracia. Para ello, necesitamos una pluralidad de oferentes,
como propone esta norma, que brinda importantes espacios a voces que hasta ahora no tenían
la posibilidad de hacerse oír. Sólo a través de la participación en la vida pública se realiza la
condición de ciudadano.
La democratización de los medios, en desmedro de los grupos multimediáticos
monopólicos que han administrado egoístamente el derecho a la información en función de
sus propios intereses, es —en mi criterio— el eje medular que propone esta nueva ley de
medios audiovisuales. Señor presidente: voy a anticipar —como dije, brevemente, pero con mucha
responsabilidad y honor— mi voto positivo, en general y en particular de todos los artículos
de este proyecto de ley.
Como los senadores preopinantes de mi bloque han explicado claramente o han
rebatido —como lo hicimos en las comisiones— las posturas que se expusieron en particular,
en cada artículo, yo quiero tocar solamente dos temas.
He escuchado todo tipo de versiones de por qué no tenemos que tratar esta norma; la
verdad, bastante inéditas y que poco tienen que ver con la ley. Una de las últimas que he
escuchado de lo senadores preopinantes es por qué no podemos cambiar una coma a esta ley,
como si fuera costumbre de este Senado cambiar una coma de los proyectos de ley para que
vuelvan a la Cámara de Diputados. Yo creo que lo que se esconde detrás de eso es no querer
que se trate la iniciativa, como ocurrió en otros gobiernos. Por eso creo que hoy debemos
tratar y aprobar este proyecto de ley.
Con respecto a otras cuestiones en particular, que quiero manifestar brevemente ahora
para no hablar después, también he escuchado críticas acerca del artículo 32, especialmente
por parte de los senadores de mi provincia. Y claro quedó cuando el senador Jenefes explicó
en la Comisión que por la teoría de los actos propios no podía dar esa explicación.
Yo también tengo para mostrar acá un Decreto de 1994, del entonces gobernador
Adolfo Rodríguez Saá, en el que veta una ley de medios de radiodifusión de San Luis
diciendo que era potestad de este Congreso regular la radiodifusión, que creo es lo que dice la
Constitución.
Quería tocar esos puntos rápidamente, en particular, para no hablar de ellos
posteriormente.
También quiero decirles que la única preocupación que me queda, después de esta
votación afirmativa, es que se aplique rápidamente la ley, que se aplique claramente, que se
aplique como dije, con el Consejo Federal, con la fuerza de los gobernadores y del Ejecutivo
nacional, que funcione ampliamente y que se permita que ella logre que nuestra ciudadanía
crezca.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: Pido la palabra para hacer una aclaración, porque he
sido aludido.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. – Con todo respeto, señor senador, usted hizo alusión a que quienes
criticamos que no se cambia una coma no queremos que se trate la ley. No analice
intenciones; desde esta banca no lo hacemos. Yo sí quiero que se trate esta iniciativa; y di
mis fundamentos. Le pido por favor que no analice intenciones que usted no conoce, ni
adivina el pensamiento. Yo quiero que se trate este proyecto de ley. Porque si no, entramos
en una concepción autoritaria de un lado o del otro.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pérsico

Sr. Pérsico. – Señor presidente: con respecto a la posición del senador, yo lo dije porque
veo que primero dijeron que, por ejemplo —y no quería entrar a detallar todo esto, ahora—,
este Congreso —algo inédito— no tenía la responsabilidad para tratar esta ley o no era
viable; lo cual me parece muy extraño.
Después, se dijeron muchas cosas, en general. Yo nombré lo suyo como el último
punto que escuché, pero no he visto argumentos claros. Porque realmente nosotros queremos
aprobar este proyecto de ley; creemos que cada uno de sus artículos ha sido ampliamente
modificado y debatido.
Por ejemplo, hace dos años, en San Luis, asistí a los primeros foros sobre esta norma;
y recuerdo haber hablado, hace cuatro años, con periodistas, cuando se expresaban los
primeros veintiún puntos. Y sé que cuando lo presentó la presidenta, de lo cual yo participé,
el 18 de marzo, se colgó en Internet, se entregaron los libros de la iniciativa y se hicieron más
de cien modificaciones. Luego, en la Cámara de Diputados se hicieron otras tantas
modificaciones. Por lo que creo que la iniciativa fue ampliamente modificada y creo que
llega a este Senado con la posibilidad de ser aprobada como tantas leyes que han sido
aprobadas por esta Cámara y no han vuelto a la de Diputados.
Yo no quiero dudar de su honorabilidad sobre el tema y pido disculpas si lo afecté en
eso, pero simplemente creo que hay algunas cuestiones que, ocultas o no, influyen para que
todos los días vayamos cambiando el eje de discusión de esta ley y siempr encontremos algo
para no aprobarla. Y el temor que tengo, por eso quiero que se sancione hoy, es que no la
aprobemos. Después, que el Congreso, cuando cambie de posición, como dicen algunos, si se quiere hacer cargo de mejorarla o cambiarla, que lo haga. Yo me voy a hacer cargo de lo que
voy a votar hoy. Por eso me preocupa esa postura en algunos puntos que no hacen a la
iniciativa, pero hacen a su tratamiento.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Le quiero pedir una aclaración al señor senador Pérsico. Él habló de algunas cuestiones ocultas y a mí me gustaría que me dijera cuáles son esas cuestiones
ocultas. Porque nosotros estamos en contra de este proyecto de ley y no tenemos ninguna
cuestión oculta.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérsico.
Sr. Pérsico. — Señor presidente: se lo voy a aclarar: tal vez, no soy muy bueno para expresar
lo que pienso. Todos sabemos que en mi provincia, por ejemplo, el poder político ha
manejado los medios más importantes a través de los fondos económicos del gobierno
provincial. Y esa es una cuestión real, no oculta, para usar ese poder. Pues bien, este proyecto
de ley busca evitar que eso se produzca.
A su vez, hay otros poderes, como los monopólicos, de empresas que tienen una gran
cantidad de licencias, que también están a la vista y que defienden sus intereses, y es lógico
que así sea. Cada uno defiende sus intereses.
Ahora bien, yo coincido con el mensaje del señor senador por La Pampa en cuanto a
que tenemos que dejar de lado los intereses e ir hacia las cuestiones y los principios que
pueden hacer que mejore este país. Entonces, tal vez me expresé mal y esas cuestiones no son
ocultas sino que están claras. Yo respeto la postura de todos los senadores de la oposición,
porque esto hace a la democracia. Simplemente, lo que pasa es que a veces no coincidimos y
en la realidad vemos que hay intereses que se contraponen. Así es la vida. Pero no están tan
ocultos. En realidad, lo que quise decir es que forman opinión, nos estructuran, nos manejan,
y eso es lo que queremos evitar con este proyecto de ley.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Bongiorno, quien podrá hacer uso de
la palabra durante diez minutos.
Sra. Bongiorno. — Señor presidente, señores senadores: quería decirle, señor senador
Pérsico, que no tengo ningún poder oculto ni ninguna intención oculta. Voy a tratar de ser lo
más breve posible en el tratamiento de este proyecto de ley tan complejo y con tanta
diversidad de actores que hoy nos toca llevar adelante.
Estoy totalmente de acuerdo —y creo que todos coincidimos en este aspecto— en que
esta es una ley de la dictadura que debe quedar fuera de vigencia prontamente, para lo cual
todos nos debemos el debate que hoy nos estamos dando en este Senado. Pero escuché dos
conceptos que me quedaron muchísimo: uno es el de la necesidad de la sanción de una nueva
ley de medios audiovisuales. Y esta necesidad surge de que desde hace 26 años que nos
debíamos este debate, del cual yo me siento partícipe.
En ese sentido, quiero dejar en claro que los senadores somos la cámara revisora,
aquella que por último tiene el deber y la finalidad de darle la última sanción. No perdamos
esa oportunidad, no desnaturalicemos nuestras prerrogativas y nuestra institucionalidad.
Demos ese debate, pero no a puro oído y sólo para escucharnos, sino un debate donde sea
posible que introduzcamos entre todos las modificaciones y el consenso que necesitamos.
Nos lo debemos nosotros y se lo debemos al país.
También escuché otra frase que realmente me llamó la atención: Que la ley podía ser
perfectible. Obviamente, toda ley puede ser perfectible, pero creo que este es el momento y
este es el lugar.
Creo que podemos llegar a la mejor ley, a una ley de excelencia, pero eso debemos
hacerlo en base al consenso entre todos. Seamos capaces y responsables de encontrar un
consenso.
Yo no estoy de acuerdo con el monopolio privado ni estatal. No soy partidaria de que
se cercene ninguna voz. No tengo medios ni ningún interés en particular. El único interés que
me rige es el de la libertad de expresión y el derecho a la información, que son derechos
reconocidos constitucionalmente y que tenemos el deber de respetar como ley fundacional y
fundamental de este país y que los senadores tenemos como vértice fundamental de nuestro
accionar.
Pero además de todo esto, yo creo que hoy es el momento para que le demos una
lección de ciudadanía a todos: a nuestros hijos, a nosotros mismos, por el futuro. Que el
federalismo tome en esta Cámara el lugar que debió tener siempre. No nos dejemos avasallar por el poder central y no hablo de un gobierno o de un Poder Ejecutivo en particular. Somos
nosotros quienes representamos a ese federalismo.
Asimismo, adhiero totalmente al discurso del señor senador Pérez Alsina: ¿por qué en
los medios audiovisuales de una provincia o de un municipio no pueden ser regidos por esa
misma provincia o por ese mismo municipio? ¿No tenemos gobernadores o intendentes
capaces de llevar adelante eso con toda honestidad e idoneidad? ¿Por qué recurrir al poder
central, a la burocracia o a quienes no nos conocen?
Quiero dejar en claro que no estoy hablando del partido que hoy está en el gobierno.
Lo que estoy diciendo es que esto nos está pasando y ya nos ha pasado.
Nosotros debemos tener en claro que lo fundamental en esta Cámara es el
federalismo. Pero, aparte de todo esto, he hecho mención a consideraciones constitucionales
que realmente me hubieran gustado salvar en las Comisiones antes de llegar aquí al recinto;
lo que también he escuchado de otros senadores preopinantes.
Me refiero al tema de los regímenes legales, de la seguridad jurídica, del derecho a la
propiedad. ¿Qué seguridad jurídica podemos dar hoy si ahora sancionamos una ley que,
quizá, mañana quede en el olvido, como ya pasó? Y aclaro que no soy defensora de ningún
medio y les puedo asegurar que en mi provincia me han cercenado mi derecho de expresión
en algunas radios provinciales.
Entonces, lo que yo quiero es que, más allá de a quien lo censuran y que no puede
hablar, hoy tengan todos el derecho a la expresión y a la información. Creo que en este
proyecto de ley hay una injerencia discrecional del Poder Ejecutivo. Eso es avasallamiento al
derecho de la libertad de expresión, al derecho a la información.
¿Alguien me puede decir a mí cuál es un contenido relevante? ¿Por qué figura eso en
este proyecto? Si todos tenemos el derecho a informarnos, a elegir tal o cual medio, a elegir
tal o cual editorial, a seguir por uno u otro camino? Lo que yo les pido es que nos demos una
ley que sea fruto del consenso y de la idoneidad, que sea realmente una ley de la democracia,
de la República.
Pero volviendo al tema de la seguridad jurídica, que fue algo que me preocupó desde
un principio en este proyecto de ley, quiero decir que cuando hicimos un estudio de la
legislación anterior observamos que por el Decreto 527/05 se prorrogaron las licencias por
diez años. Pues bien, a través del artículo 161 de este proyecto de ley se obliga a la
adecuación de esos medios en el término de un año.
¿Qué significa eso? Que damos por tierra con los derechos adquiridos y con la
seguridad jurídica. ¿Qué significa eso? Judicializar la ley, tildar a la ley de inconstitucional,
tornarla inaplicable, no poder llevarla adelante. Entonces, si desde el vamos estamos en una
inconstitucionalidad, poco podemos opinar de los artículos que le siguen. Poco vamos a
avanzar si desde el principio ya tenemos un vicio o un defecto. Corrijamos eso, porque yo sé
que en este proyecto de ley hay algunas cuestiones que son buenísimas; incluso, hay muchos
artículos que serían muy meritorios que se pongan en práctica.
Pero nada de eso podemos hacer porque no tenemos ni el más mínimo derecho a
introducir el más pequeño de los cambios, a lograr el más mínimo consenso, a que seamos
escuchados, a que se respeten nuestras opiniones. Eso es la democracia, ese es el consenso:
que cada uno pueda llevar adelante y congeniar el texto de un proyecto de ley que marque el
final que nos merecemos, enterrando de una vez y para siempre una ley de la dictadura; una
de las tantas leyes de la dictadura que aún seguimos utilizando, por lo cual seguimos en
deuda con el pueblo.
En resumen, lo que quiero decir son dos cosas: cuando uno judicializa una ley, esta
termina convirtiéndose en juicios, los que a su vez se transforman en resarcimientos por
derechos adquiridos perdidos, ya sea por daños o por indemnizaciones. ¿Quiénes pagan todo
eso? Lo pagamos todos: Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza y Río Negro, tengan o no tengan
multimedios.
Entonces, lo que estoy pidiendo es que, por favor, nos tomemos el tiempo necesario
para hacer el debate necesario con el objeto de modificar cuestiones que son sustanciales y
que hacen al vértice de la cuestión.
Llevemos adelante una ley. Sí, yo también lo pretendo y creo que es el momento de
cambiarla, pero no lo hagamos con subjetividades. No pretendamos crear a futuro una
sociedad orwelliana. Ya sabemos cuál es el riesgo de eso; ya sabemos y lo hemos vivido.
Hoy puede ser un Poder ejecutivo, mañana será otro. ¿Pero qué seguridad jurídica
queremos? ¿Cuál es la seguridad jurídica? La libertad de expresión es una aliada del debate de ideas, es una elección de criterio,
es un medio de vida; junto al derecho de información nos nutre de poder. Ese poder nos hará
mañana, como ciudadanos, ver qué sociedad queremos, a qué sociedad apuntamos.
¿Sabe por qué lo digo? Lo digo con todo el respeto y por todos los senadores.
Lleguemos al consenso, lleguemos a adecuar una ley. Porque yo quiero que mi hija y mis
nietos, el día de mañana, tengan la misma posibilidad de elegir con quién se quieren
informar, qué quieren leer, qué quieren escuchar, que tengan la libertad plena de su consenso
y de su criterio. Porque la información es la materia prima del proceso cognitivo; es la
materia prima que me permite realizarme en la realidad, buscar soluciones, encontrar
oportunidades, llegar a visualizar qué problema puedo llegar a solucionar.
¡Démosle a las generaciones futuras todas las herramientas, las que quizá no han
tenido nuestros padres en épocas dictatoriales y las que yo no he tenido en el secundario!
¡Démosle la libertad para que se puedan expresar!
¡No importa si están o no de acuerdo con el oficialismo: que sean ellos quienes
decidan lo que quieren escuchar! ¡Nos merecemos ese debate! ¡Las provincias merecemos el
mismo trato que la capital! ¡Por qué van a decidir qué tengo que escuchar y qué no en las
provincias! ¡Por qué la provincia va a tener que seguir los designios de las grandes capitales,
de más de 500 mil habitantes! ¿Por qué? ¿No somos capaces los que vivimos en las
provincias y en los municipios de llevar adelante nuestros propios medios? ¡No son
facultades delegadas; no las hemos dado al poder central! ¡Las queremos, las reivindicamos,
las queremos para nosotros! ¡Porque sabemos cuál es nuestra idiosincrasia, qué vivimos en la
provincia, qué necesitamos en los municipios, cuál es la información requerida! Pero dentro
de un contexto, en un marco de democracia republicana. Eso es lo que necesitamos.
Es necesario que todos estemos a la altura de los acontecimientos. Esto lo digo muy
sinceramente. Hoy quiero votar una iniciativa que tenga libertad de pensamiento, que
engendre libertad de pensamiento, y no claudicar bajo la censura. No importa de qué lado venga: la censura es censura; venga del Poder Ejecutivo o venga de los monopolios.
Hoy tenemos acá las herramientas para estar a la altura de los acontecimientos, de
manera que las generaciones futuras no nos señalen con el dedo diciendo: “Ustedes nos
cercenaron el derecho a conocer nuestro pasado, nuestro futuro y en qué sociedad queríamos vivir”.
Seamos responsables, lo pido desde esta banca, tanto aquellos que se consideran
oficialistas y tanto los que en este momento nos consideramos fuera de los alcances del
oficialismo, la oposición. Todos; busquemos el mejor remedio, busquemos el federalismo.
Seamos defensores de nuestros acontecimientos, de nuestras situaciones, de nuestras fiestas
populares, de nuestra idiosincrasia provincial y municipal. Pero por sobre todas las cosas,
resguardemos la información y la libertad de expresión de nuestras generaciones futuras.
Seamos capaces y estemos a la altura de los acontecimientos.
Hoy propongo que revisemos y podamos llegar a una ley que definitivamente borre
todo designio de la dictadura. No tengo las manos ensangrentadas; lo único que pido es que
hoy tengamos la cabeza y la suficiente prestancia para poder visualizar esa ley: libertad,
derecho de expresión y derecho a la información.
Lo digo hoy, con todo el orgullo de una hija que ha venido a presenciar el debate.
Quiero que tenga acceso a toda la información; que sea ella quien discrimine y quien juzgue.
Porque hay una verdad: no es el pueblo el que debe temerle a sus gobernantes sino el
gobierno al pueblo. Con esta frase pido que tengamos visión de futuro, que pensemos en
las generaciones futuras.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente: en realidad, después de escuchar durante estas horas
distintas exposiciones pareciera ser que la construcción de consensos en este Senado pasara
por aceptar los dictámenes en minoría. Creo que no es ese el mecanismo de construcción de
la democracia.
Quiero decir también que no sostengo posturas conservadoras, como se ha
mencionado en general en algún momento del debate.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, don José Juan Bautista Pampuro.

Sra. Giusti. — Tampoco defiendo los intereses de ningún medio ni del gobierno, en general ni en particular. Creo sí que debo votar según mi criterio político, mi compromiso político y partidario
y según mi conciencia, pero de ninguna manera transformar este recinto en la sede de catarsis
personales. Creo que tampoco eso espera la ciudadanía de nosotros sino que se espera otra
altura de debate.
Quiero manifestar también que voy a votar afirmativamente en general este proyecto
de ley puesto a consideración, con disidencias —es decir, con voto negativo— en los
artículos 14, 63, 82, 89 y 161.
Con respecto al tema de la ley en sí, esta es una norma que podría hacerle un bien
incalculable a la democracia; una ley que ha recibido aportes de innumerables actores
sociales: más de trescientas organizaciones nucleadas en la Coalición para una Radiodifusión
Democrática, que nos dieron lugar a los 21 Puntos que están en el origen de esta norma. Un
grupo que ha sostenido, a lo largo del tiempo, la necesidad de contar con una nueva ley que
sustituya a la actual 22285, de la dictadura militar. Lo han logrado. Creo que sus aportes se
han transformado en una construcción colectiva, plural y democrática.
También quiero decirles que estoy absolutamente convencida de que nadie debe ser
silenciado en la Argentina.
Por otro lado, pese a mis disidencias, entiendo que hay absoluta libertad de expresión
en el país; si no, no se diría todo lo que se está hablando durante este debate y durante
muchos otros debates históricos que hemos tenido en estos años.
También deseo una televisión, una radio, un medio audiovisual que nos permita
informarnos de los asuntos públicos, de las cuestiones económicas, del acontecer cultural.
¿Quién podría estar en contra de todo esto?
Por otro lado, sostengo que nuestro país es históricamente centralista. Las grandes
concentraciones urbanas reúnen gran parte del poder político e institucional que, sin duda,
han generado un importante desequilibrio en todo el interior del país.
Esto nos lleva a concluir que muchas veces el federalismo es una mera declaración de
voluntades, pero este es el lugar del federalismo y por eso entiendo que nos estamos
expresando con nuestra palabra, así como también lo haremos con nuestro voto.
Sin lugar a dudas, los medios no son la excepción a esta centralización que
históricamente vive la Argentina, pero debemos hacer los esfuerzos posibles para tratar de
difundir los intereses federales, que todos compartimos, a través de los distintos medios con
los que contamos.
Según la información que hemos recogido en estos días, el 70 por ciento de los
medios en nuestro país está en manos de diecinueve empresas. Este control concentrado
implica que el poder de manipulación de la opinión, la formación de opinión, a veces sirve
para fines que no están totalmente claros. Fíjense, todos ustedes habrán recibido —como
también ha ocurrido en mi correo oficial del Senado— algunos mails en cadena que nos
piden que no votemos la “ley K” cuando, en realidad, pareciera ser que la opinión pública
desconoce las más de cien modificaciones que le introdujo la Cámara de Diputados.
Obviamente que no despejamos totalmente —por lo menos en mi caso particular— si
con la sanción de esta ley no estamos reemplazando o sustituyendo un monopolio por otro.
Puede ser que se den situaciones que permitan beneficiar a algunos que no son los actuales.
Eso se verá con el correr del tiempo.
De todas maneras, creo que la iniciativa es un avance manifiesto de la democracia. Se
han hecho los esfuerzos necesarios para lograr consensos, que no siempre significan
uniformidad: para eso estamos las mayorías y las minorías.
Para no abundar y no abusar del tiempo que cada uno de nosotros tiene asignado,
solicito la autorización correspondiente para insertar el resto de mi discurso y —como ya dije— para fundamentar también el por qué de mi voto negativo en los artículos que
anteriormente mencioné.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Corradi de Beltrán.

Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: adelanto mi voto afirmativo al proyecto de ley,
porque después de analizarlo profundamente y de haber escuchado las distintas ponencias en
este Senado de la Nación, puedo afirmar que su espíritu verdadero es contemplar y definir
acciones que, a mi criterio, son muy importantes, tales como combatir el monopolio,
promover la pluralidad de voces, lograr la igualdad de oportunidades en el acceso a la
información, defender la libertad de expresión, proteger los derechos de los niños y difundir,
defender y valorar nuestra cultura. Creo que estos son aspectos muy importantes, entre otros que contienen los artículos de este proyecto, que merecen su acompañamiento hoy en el
Senado.
El derecho a la información es de raigambre constitucional y al que debemos acceder
todos los ciudadanos. Así lo establecen nuestra Constitución y los pactos internacionales.
Pero lamentablemente, cuando los medios no brindan la información de manera objetiva y
oportuna, estos derechos se ven avasallados. En estos casos, los medios, cuando están
concentrados en pequeños grupos y, sobre todo, cuando estos grupos son económicos,
tienden a opacar el objetivo que deben perseguir, que es justamente brindarles información a
todos los ciudadanos. La concentración de los medios de comunicación en grupos
económicos es negativa y muy peligrosa para un sistema democrático, que es el que nosotros
aquí queremos defender. No digo que esté mal que los medios de comunicación estén
manejados por sectores económicos. Pero considero que no está bien que más del 80 por
ciento de los medios de comunicación esté en manos de muy pocos grupos económicos. La
uniformidad en la construcción de un discurso mediático es muy inconveniente para nuestro
sistema.
Señor presidente: creo que tenemos que impulsar este proyecto, para garantizarle a
cada uno de los habitantes la posibilidad de ejercer su derecho a la información plena y el
acceso a toda la comunicación. Nosotros necesitamos en nuestro país un Estado presente, un
Estado fuerte, que garantice la pluralidad de las voces.
En este proyecto de ley considero que se cumple con este objetivo; porque al haber
asignado un tercio de las licencias al bien público y otro tercio a los organismos no
gubernamentales, se está contribuyendo a satisfacer las expectativas de tantas organizaciones
no gubernamentales, asociaciones, sindicatos y universidades que han bregado para concretar
su libertad de expresión.
Yo creo que tenemos que acompañar este proyecto de ley, porque otro de los artículos
que vale la pena resaltar es el que se refiere a los contenidos. La Convención por los
Derechos de los Niños nos indica cuáles tienen que ser las acciones para preservar los
derechos de aquellos. Y en esta iniciativa expresamente se determina y se regula sobre los
contenidos que deben cumplirse para proteger estos derechos, así como también para
determinar las franjas horarias, indicando cuáles son los horarios de protección al menor y
cuáles son los contenidos que deben estar incluidos en uno u otro horario.
En un contexto globalizado como este, que nos ha permitido acceder a situaciones o
lugares que antes nos parecían inimaginables, lograr la igualdad de oportunidades para
acceder a la información debe requerir una protección jurídica. Porque no todos tienen la
posibilidad de lograr esta igualdad; y esto se debe a que la comunicación actualmente es
considerada un bien de mercado. Pues bien, creo que es oportuno que dejemos de
considerarla como un bien de mercado y comencemos a pensar que la comunicación es un
bien común. Es necesario que todos los argentinos puedan expresarse.
Quiero referirme también a lo que establece nuestro proyecto con respecto a los contenidos y
a la necesidad de difundir nuestra cultura. Nosotros vemos que la oferta de películas, series
televisivas y noticieros extranjeros es muy común y está muy presente en cada uno de los
hogares, porque están presentes permanentemente en distintos medios de comunicación.
Ahora bien, tiene que ser una política de Estado defender nuestra identidad argentina. En este
caso, me refiero directamente a quienes son nuestros músicos, sobre todo al aporte que han
hecho estos para defender nuestra cultura, cuando no hace muchos años percibíamos que la
influencia cultural extranjera se hacía presente cada vez más en los hogares y nuestros
jóvenes estaban consumiendo cada vez más de la misma. Han sido los músicos quienes han
comenzado a convocar y a contener a la juventud, quizás empleando instrumentos que no
eran comunes en los distintos grupos musicales, lo cual ha permitido que hoy muchos
jóvenes estén presentes en las fiestas nacionales o en los distintos festivales folklóricos que
se realizan en nuestro país. Ese es el aporte que han hecho nuestros artistas. Entonces, como
Estado, nosotros tenemos que velar para que la cultura nacional prime, para que la identidad
nacional sea común a todos, para que defendamos y difundamos nuestra cultura.
Creo que a partir de haber regulado los contenidos de producción argentina o de
producción local, en el articulado de este proyecto, vamos a obtener ventajas en dos sentidos.
En primer lugar, yo considero que realmente se van a abrir nuevas posibilidades, que va a
haber un abanico de propuestas laborales para nuestros profesionales en la comunicación,
para nuestros artistas; porque seguramente vamos a dejar de importar profesionales
capacitados de otros países. Nosotros seguramente tenemos mano de obra que ahora vamos a poder aprovechar.
Pero por otro lado, que es lo más destacable, vamos a defender nuestra cultura, nuestra
identidad; y esto nos va a servir para sentirnos mejor. En mi caso —creo que esto es común a
muchos—, al ver una película extranjera, sobre todo norteamericana, muchas veces nos hace
sentir un poco de envidia o admiración el hecho de que esté tan presente la bandera de
Estados Unidos. Creo que nosotros tenemos que legislar de modo tal de que vayamos
afianzando ese amor, ese sentimiento hacia nuestros símbolos patrios, hacia nuestra cultura,
hacia lo nuestro.
Señor presidente: para finalizar, quiero hacer una reivindicación a la participación y al
protagonismo que han tenido tantas organizaciones no gubernamentales y asociaciones, que
han elaborado los 21 Puntos, sobre los cuales se ha basado la confección de este proyecto.
Con esto quiero quitarle el rótulo de “ley K”. Creo que si bien es cierto que este proyecto ha
formado parte de la agenda de esta presidenta, también otros presidentes han querido
modificar esta ley y nunca han tenido la posibilidad de hacerlo. Nosotros hoy tenemos esa
oportunidad.
Creo que esto es saludable para la República. Es una deuda que tenemos con la
democracia. Y el hecho de que tantos organismos y sindicatos y los pueblos originarios
hayan aportado para los 21 Puntos vinculados con la ley de radiodifusión, da el consenso y
legitimidad necesarios. En este sentido, creo que estamos considerando un proyecto que
cuenta con el consenso y la legitimidad indiscutibles que debe tener una norma para que sea
fructífera.
Para finalizar, adelanto que en general votaré afirmativamente esta iniciativa
—porque estoy convencida de que tiende a defender el derecho de todos los habitantes de la
Nación, no solamente de las minorías—, y que en particular acompañaré cada una de los
artículos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Nikisch.

Sr. Nikisch. — Señor presidente: como se ha dicho en este recinto, creo que estamos ante un
hecho histórico. Este proyecto es tremendamente importante para los argentinos, y fue
debatido suficientemente.
Asimismo, pienso que a la sociedad se le presentaron falsas opciones. Creo que el
grueso de los argentinos asiste a un debate sin entender. En ese sentido, los medios han
instalado la existencia de dos posiciones totalmente encontradas, hecho que quizá le quita un
poco de certeza a las opiniones de la gente.
Por ejemplo, esta mañana me llamaron de una radio de Castelli —del Impenetrable
chaqueño— para que me refiriera acerca de la problemática del Banco del Chaco. Ni siquiera
sabían que a nivel nacional se estaba discutiendo una cuestión relacionada con el destino de
las radios de esas características. Sin embargo, me llamaron como chaqueño y no como un
senador que estaba por discutir este tema.
Más allá de las falsas opciones que se plantearon —cuestión que no es menor—,
estábamos convencidos de que este proyecto tenía que salir y de que debía aprobarse una
nueva ley de radiodifusión; posiblemente, no en las condiciones en que se lo está por hacer.
De todas maneras, estábamos convencidos de que había que cambiarla.
En ese sentido, fueron muy importantes los aportes que se recibieron durante mucho
tiempo —sobre todo en la última semana— en el ámbito del Senado por parte de
especialistas, técnicos, profesionales, empresarios, entidades representantes de todas las
empresas y sindicatos, así como también por los empleados que podrían llegar a verse
afectados por esta norma. Algunos se expresaron a favor y otros en contra; pero la mayoría
estaban convencidos de que era necesaria una nueva ley de radiodifusión.
Hay muchas cosas con las que estamos de acuerdo y, por lo tanto, votaremos
afirmativamente. Pero lo que nos llamó la atención fue la imposibilidad de hacer
modificaciones. Valoramos tremendamente la labor realizada en Diputados —se habló de
más de cien modificaciones—; pero todo es perfectible, y creemos que hay muchos aspectos
que podrían cambiarse.
Nuestro miembro informante fue claro con relación a la posición del bloque de la
Unión Cívica Radical; y el resto de los senadores del bloque abordarán la temática desde
diversos puntos.
Vemos con mucho agrado la incorporación de los pueblos originarios entre los
beneficiarios de esta iniciativa. En provincias en las que la cultura indígena es muy fuerte,
esto viene a llenar un vacío. Poder acompañarlos y ayudarlos a desarrollar sus contenidos creo que es muy importante. Por ello consideramos que hay cuestiones esenciales que están
muy bien contempladas por el proyecto.
Asimismo, es excelente que se haya incorporado con mucha fuerza a las
universidades; haberlas hecho partícipes en la discusión y que estén involucradas en lo que
será el Consejo Federal de Radiodifusión. En ese sentido, creo que el debate pertinente
permitirá el aporte de los diversos sectores de la sociedad.
Pero hay cuestiones que no tocan el núcleo duro de la discusión que se dio en la
Argentina; y me referiré a algunas de ellas. Vemos con mucha satisfacción que se hayan
incorporado a las cooperativas al servicio de radiodifusión. Los que somos de provincias en
las que el espíritu cooperativista es muy fuerte y está enraizado con su desarrollo y
colonización desde los inicios de sus historias —me refiero a aquellos gringos que vinieron e
hicieron nuestro Chaco; y a los correntinos, santiagueños y los integrantes de los pueblos
originarios—, vemos con beneplácito esa medida.
Pero también debo decir que en mi provincia —como en tantas otras del territorio
argentino— hay localidades pequeñas donde empresas familiares, con mucho esfuerzo,
lograron llevar el servicio de cable y que a través de este proyecto se verían absolutamente
afectadas y podrían desaparecer si no les damos un “paraguas” protector.
Por ese motivo planteamos que el artículo relacionado con las cooperativas disponga:
Las cooperativas podrán prestar el servicio en aquellas poblaciones de más de 30 mil
habitantes, salvo que en esas localidades no exista ese tipo de servicio.
Con esta cláusula no sólo dejamos de lado nuestro espíritu cooperativista sino que,
también, vamos en defensa de un sector importante y que genera mucha mano de obra.
Por ejemplo, Video Cable Canal 5, que presta servicios en La Leonesa —una pequeña
localidad a 60 kilómetros de Resistencia—, plantea cuestiones tan simples como que, con
relación al servicio de banda ancha, ellos pagan 800 dólares el megahertz, mientras que en las
capitales se paga 150 dólares. Sus dueños manifiestan que no se sienten acompañados porque
no están incorporados en la iniciativa. Al respecto, ellos pretenden ser incorporados como
minipymes; y hacen ese planteo desde el punto de vista de tener menos de diez empleados.
Con relación a los diez empleados, en la iniciativa se da una cuestión que no es
menor. Me refiero al artículo 98, en el que se habla de la promoción federal. Para los cables,
la promoción federal es del 10 por ciento de lo que tendrían que pagar. Pero ¿cuál es la
limitante? En el caso de los cables, se circunscribe a los que tienen más de diez empleados.
Pero un cable como el de La Leonesa no tiene diez empleados; se trata de una minipyme,
inclusive para la provincia del Chaco y, en consecuencia, no sería beneficiaria de esa
promoción federal.
En consecuencia, creemos que estas variantes no van en contra del núcleo de la ley,
pero no obstante ello no son tenidas en cuenta por el oficialismo.
El artículo 37 también es importante, ya que establece en su primer párrafo:
“Asignación a personas de existencia ideal de derecho público estatal, Universidades
Nacionales, Pueblos Originarios e Iglesia Católica”. ¿Cuál es el problema de poder cambiar
y, en lugar de “Iglesia católica” poner “Confesiones religiosas que estén inscriptas en el
Registro Nacional de Cultos”? El pueblo evangélico y otras confesiones religiosas tienen que
tener la oportunidad y el mismo rango para estos servicios. Estas pequeñas cosas tampoco
dañan el núcleo central de la ley, pero son dejadas de lado. Y lo que hemos planteado es
cambiar no solamente las cosas profundas de la ley, sino también estas pequeñas cosas, que
son tremendamente importantes para nuestros pueblos y nuestra gente.
En ese sentido, lo que más nos ha llamado la atención y preocupado es que se han
convocado al plenario de comisiones a muchas instituciones, personas y profesionales, para
opinar. Han sido ricas sus opiniones y aportes pero, lamentablemente, la tozudez deja de lado
estas posibilidades.
En este sentido, adelanto mi voto negativo a esta ley. Y no quiero dejar pasar la
oportunidad, más allá de que el senador Ramón Saadi no está presente en el recinto, para
decirle que, en su momento, quien en vida fuera Carlos Pavicich, vino nombrado por la
Legislatura chaqueña para asumir en este Senado. Y fue esta Cámara quien, con mayoría
justicialista, le negó el acceso y, por ese camino, llegó Hugo Sager. Es decir, en todas las
provincias y en este Senado también, se han cometido errores. Y le recuerdo que la joven de
la que él habla y no nombra es María Soledad.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Blanca Osuna.

Sra. Osuna. — Señor presidente: tenemos en análisis un proyecto de ley con media sanción,
que llega en revisión a este Senado. Llega en revisión, lo cual quiere decir que estamos en
condiciones de revisar, de someter el texto a un nuevo análisis.
Si bien estamos facultados a modificar, no estamos obligados a hacerlo. Y cuando no
lo hacemos, no lo hacemos por tozudez —como recién dijo el señor senador Nikisch—, sino
que estamos sosteniendo este proyecto con absoluta convicción.
Quiero referirme a este proyecto de ley, no sólo inventariando sus virtudes, que están
plasmadas en principios que hemos sostenido desde hace muchos años. Ésta es una muy
buena ley, y quiero destacar los méritos del texto, que son derivados de la coherencia y la
consistencia con otras políticas llevadas adelante con esfuerzo, convicción y por encima de
las coyunturas.
Se han reconocido a los sectores sociales que han participado en todo este proceso,
donde abordamos una cuestión de la mayor relevancia. Por eso, ha habido tantos
pronunciamientos y la formulación de este proyecto convocó a una movilización entusiasta y
creciente de nuestra comunidad, que no fue indiferente a esta cuestión, porque sabe que tiene
impacto en su presente y, de algún modo, moldeará su futuro. Lo hizo con la vehemencia de
lo que estaba en juego, que es mucho más que diversificar el abanico de frecuencias. Está en
juego una firme apuesta a construir una nueva cultura social.
¿Cómo avanzamos en ese paradigma? En primera instancia, resaltamos que en este
proyecto prima el principio del derecho humano a expresar, recibir y difundir informaciones,
ideas e opiniones por sobre los intereses de las empresas que hegemonizan el mercado.
En el plenario de comisiones, en los debates públicos y televisivos, efectivamente,
esta tensión quedó patentizada. Fue notable la posición de quienes buscaron preservar el statu
quo, abogando por intereses empresarios supuestamente afectados o, quienes quizás sin
buscarlo, fueron funcionales a esa postura; para quienes, en todo caso, la mejor ley era la
ausencia de ley. Otras veces, esta cuestión dio resultado, frustrando avances legislativos
importantes, muchos de cuyos postulados esta ley recupera. Por otra parte, era clara la
posición de quienes optaron por un modelo nuevo de comunicación social, democratizador y
plural, en sintonía con la más plena realización del derecho a informarse y a comunicar.
Muchos, acá y afuera, han trabajado para transformar los intereses particulares en
intereses del conjunto de la sociedad. Creo que no han podido. Es necesario advertir que la
alarmante concentración de la propiedad de las empresas de los medios de comunicación las
convirtió, casi excluyentemente, en emprendimientos comerciales en desmedro de su
condición de bien social.
Acá ya se han dado en reiteradas oportunidades porcentajes, por lo que no abundaré
en eso. Pero sí quiero citar, en palabras del especialista Owen Fiss, que el principal enemigo
de la libertad de expresión no resulta ser tanto el poder público como el privado. La nueva
ley redefine esa realidad, adecuando los mecanismos de regulación y poniendo en el centro
de la escena a todos los actores, incluyendo a quienes hasta ahora han estado afuera.
En ese marco y en esa movilización en torno de esta ley, quiero destacar los aportes
que en los foros de la provincia de Entre Ríos se hicieron a los artículos 3°, 4°, 19, 24 y 25,
entre los cuales está el acceso a personas con discapacidad, la federalización de la Defensoría
del Público y la incorporación de emisoras comunitarias.
Señor presidente: apostamos a que esta ley nos ayudará a sostener debates que vayan
más allá temporalmente de lo que suceda hoy en este recinto, para hablar no sólo de
operaciones financieras o de reingenerías empresarias. Queremos seguir debatiendo los
valores en juego; discutir lo que haremos con el futuro de nuestros chicos y chicas, y de lo
que adultos somos capaces de ofrecerles en términos de experiencia formativa.
Ya se ha hecho referencia a un diagnóstico absolutamente compartido: el que
reconoce que la escuela ha perdido exclusividad en la formación de los jóvenes. En virtud de
eso, creo que se ha ido acuñando la expresión de homo videns para identificar a un estamento
actual, destituyente, del clásico antropológico del homo sapiens. Toman de los medios
—especialmente, los jóvenes— sus modelos y, más aún, la forma de transmisión de los
mensajes constituye un mensaje en sí mismo. Reivindicamos que la nueva ley impulse la
instalación y afianzamiento de las radios escolares —hoy en incipiente desarrollo—, que
conforman una herramienta de gran potencial educativo.
También, reivindicamos que se cree el Consejo Asesor Audiovisual y de Infancia, que
no es una forma de intervenir en los contenidos. Por el contrario, se trata del Estado
asumiendo no una posición arbitraria, sino de cumplimiento de convenios y acuerdos que la Argentina ha firmado y que están efectivamente referidos en el artículo 75 de la Constitución
Nacional.
En síntesis, cuando hablamos de comunicación social, hablamos de herramientas
poderosas para formar a los sujetos. Dada esa trascendencia, ninguna democracia de
avanzada en el mundo prescinde hoy de modernas regulaciones en el mundo audiovisual.
Quiero referirme especialmente al aporte realizado por las universidades públicas
argentinas, a quienes no se las hizo partícipe especialmente. Ellas tomaron la posta y lo
hicieron desde 1983. Nuestras universidades han sido ejemplares en este sentido en su
reciente pronunciamiento unánime en Villa María, que nos lo dieron a conocer en los
plenarios de comisiones.
La presencia de las universidades fue relevante, reclamando el tratamiento del
proyecto en el marco del apoyo a los 21 puntos de la Coalición por una Ley de Radiodifusión
y de la declaración del VII Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social, por la
valoración que se hace de los medios como agentes de construcción de la identidad nacional
y, en consecuencia, por el papel que en ese terreno es ineludible. Bienvenido el aporte de
nuestras universidades para que jueguen no como invitadas periféricas —eso era hasta
ahora—, sino como pilares sobre los que esa identidad y el desarrollo nacional y local debe
necesariamente anclarse.
Con relación a las universidades, quiero referirme a palabras del rector Caballero, que
dijo, cuando nos visitó, que la ley permitirá democratizar la educación superior, que
defendemos como un bien público, porque es una herramienta que nos permitirá llegar con
nuestro desarrollo académico a muchos lugares, al entorno y a las comunidades.
El proyecto reserva a las universidades una actuación central, proponiendo la
inclusión de representantes en el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual pero,
también, en la autoridad de aplicación y en el acceso directo a licencias para la titularidad de
una cuota relevante en el espectro de señales, superando la situación actual donde debían
constituirse como entidades privadas renegando, justamente, de su característica principal.
Por eso reivindicamos que la puesta en marcha de las políticas sostenidas por este
proyecto de ley posibiliten que en nuestras provincias se generen usinas y equipos de trabajo
y de producción de programas que superen los datos actuales que confirman los porcentajes
que aquí se han dado. El 70 por ciento de los programas repetidos en nuestras provincias son
hechos aquí, en la ciudad de Buenos Aires, y de ellos, un alto porcentaje solo por dos canales.
Este proyecto de ley establece que el 60 por ciento de la programación deberá ser de
producción nacional, el 30 por ciento de producción propia y el resto, de producción
independiente. Eso tampoco es intervenir en los contenidos; esto es cumplir con lo que
establece el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Acompañaremos —eso sí— a los canales y radios de nuestra provincia, y vemos que
serán necesarias e indispensables políticas culturales contundentes que generen condiciones
económicas para que el enorme talento técnico y artístico que nos distingue pueda encontrar
su cause. Eso es trabajo, pero significa, a su vez, la posibilidad cierta de que se afirmen y
sean reconocidas las identidades provinciales.
Al decir de Eduardo Jaquet, las identidades provinciales son entidades políticoculturales
vivas que se acomodan, que negocian y que resisten los imperativos formulados
desde Buenos Aires. Y que desde esta Capital, muchas veces, se muestran de un modo
folclorizado, en un tapiz, en una música o en alguna comida regional. La riqueza de esa
identidad está en la diversidad que se origina y desarrolla en nuestras regiones. Este planteo
no está hecho en términos maniqueos de porteños versus provincianos, sino desde el lugar de
conflicto, de tensión, a veces contradictorio, a veces influyente, entre intereses nacionales y
provinciales.
Lo digo con firmeza: hay una deuda histórica que es el reconocimiento político
activo, dinámico y creativo, no ridiculizado, de las identidades provinciales.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora, vaya redondeando.

Sra. Osuna. — Ya termino.
Por eso es necesaria la diversidad comunicacional.
Me resultó muy significativo que, durante el tratamiento, uno de los rectores apelara
al principio de buena fe, trayéndolo a colación para respaldar sus intenciones. La buena fe es
un elemento de la vida humana que también se usa en el medio jurídico como principio
general ante un problema concreto y representa un punto de conexión entre lo ético y lo
jurídico. Quiero apelar a la buena fe y me pregunto: ¿Hubo buena fe cuando se buscó poner en
dudas la contundencia de una declaración como la del Consejo de Rectores, con el valor
institucional que debería conmovernos a todos, en reconocimiento al conjunto de todas las
universidades públicas argentinas? ¿Hubo buena fe cuando se descalificaron a los foros
realizados en las provincias porque había piqueteros y que, al decir de algún legislador, lo
miraban feo y por esa razón no asistió? ¿Hubo buena fe en la imparcialidad manifiesta con
que se trataron los intereses de algunos actores involucrados en el proyecto de ley,
justamente, los más poderosos y dejando de lado a los más débiles? ¿Hubo buena fe cuando
no se debatió en particular en la Cámara de Diputados y, a su vez, aquí, desconociendo las
reglas de juego, no se asistió a la última reunión convenida? ¿Hay buena fe cuando se
pretende confundir o desvirtuar la regla fundamental de la democracia que, al decir de
Norberto Bobbio, es la regla de la mayoría?
La verdad es que me quedan muchas dudas. Quiero exceptuar a quienes con
honestidad intelectual disienten en temas puntuales.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora, vaya terminando.

Sra. Osuna. — Ya termino, pero no quiero dejar de traer a la memoria y hacer presente a los
constituyentes de mi provincia que aprobaron el artículo 70 de la Constitución, que los
entrerrianos conocemos muy bien, que dice que el Estado desalentará mediante políticas
activas la conformación de monopolios, oligopolios o cualquier otra forma de concentración
de medios, etcétera.
Quiero homenajear a los periodistas entrerrianos de la pluma, en tiempos en que no
existían grupos mediáticos concentrados; hombres cultos, libres y con vocación como
Martiniano Leguizamón, Fray Mocho, Alberto Gerchunoff, Amaro Villanueva y Gaspar
Benavento. Asimismo, no puedo menos que recordar a los y las periodistas desaparecidos y
muertos en las figuras de Rodolfo Walsh y Paco Urondo.
Por último, quiero hacer presente a quien indagó como pocos la problemática de los
medios de comunicación: Nicolás Casullo, miembro fundador y animador del espacio Carta
Abierta que, por extraña coincidencia, nos dejaba hace justamente un año. No tengo dudas de
que estamos dando un paso fundamental para consolidar un proyecto equitativo, justo y
plural de Nación. Agradezco a todos los entrerrianos, aquellos que activamente participaron
en este proceso, y me comprometo con ellos a trabajar para hacer realidad los postulados,
principios y designios de este proyecto de ley porque, efectivamente, va a haber que trabajar y mucho.
Finalmente, adelanto mi voto positivo y mis más fuertes y sinceras convicciones.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente: vengo a expresar mi voto negativo, en general, al
proyecto de ley de servicios audiovisuales que remite el Poder Ejecutivo Nacional. Y lo hago
por distintas razones, fundamentalmente, algunas vinculadas con cuestionamientos que tienen
algunos artículos de este proyecto, con su constitucionalidad.
Antes, me gustaría hacer referencia a algunos de los slogans que se han instalado en
el debate. Porque, realmente, es bueno dejar constancia en la versión taquigráfica de esta
sesión de algunas aclaraciones que hagan honor a la verdad, a la verdad histórica, a lo que
ocurrió en la Argentina a partir de 1983 desde la recuperación de la democracia.
Al momento de presentar esta iniciativa ante los medios, se dijo que, a lo largo de 26
años, ningún gobierno había mandado iniciativas de este tipo al Congreso nacional. Y no
solamente se dijo “ninguno” sino que, para dar más fuerza a esa afirmación, se dijo que
cuando se dice “ninguno” es “ninguno”, usando un recurso argumentativo que tiende a
reforzar la aseveración que se había formulado, y esto no es cierto. Esto indica, primero, que
se desconoce la realidad o, lo que es peor, que se niega la realidad. Voy a decir por qué y, si
me permite, voy a leer, para no equivocarme las fechas.
En 1985, por el decreto 2446, el doctor Raúl Alfonsín convocó al Consejo para la
Consolidación de la Democracia que, además de estar integrado por encumbrados
constitucionalistas y hombres públicos, tenía por función trabajar en un proyecto de reforma
constitucional; además, elaboró un proyecto de ley de modificación de la ley de
radiodifusión.
Yo lamento que hayan equivocado a las máximas autoridades de nuestro país;
aparentemente, fue el señor Mariotto el que dio esa información de que esta era otra decisión
refundacional de este Gobierno, y se negara o ignorara la existencia de estos antecedentes
parlamentarios. Porque el proyecto que elabora el Consejo de Consolidación para la Democracia es presentado el 17 de noviembre de 1987 ante el señor presidente de la
República, quien remite al Congreso el proyecto de ley de modificación de la ley de
radiodifusión el 24 de abril de 1988. Ese proyecto ingresó en Diputados, allí fue debatido, se
publicó el Orden del Día número 688 del año 1988, fechada el 21 de septiembre de ese año,
la cual contiene una extensa documentación referida a los dictámenes de mayoría y de
minoría que recayeron son sobre el proyecto que nunca llegó a ser considerado por el
plenario de la Cámara. El dictamen de minoría fue firmado —entre otros— por el entonces
diputado por la Unión Cívica Radical Osvaldo Álvarez Guerrero, y el dictamen de minoría
fue firmado —entre otros— por Augusto Alasino —que en ese momento era diputado— y
por el señor Jorge Matzkin. Conocidos y reconocidos dirigentes del Partido Justicialista
también abordaron el debate parlamentario de este proyecto e introdujeron modificaciones.
Por supuesto que aquella iniciativa reconocía el derecho de todos los habitantes de la
República Argentina a expresar libremente sus ideas sin censura previa, el derecho a la
información conforme a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y determinaba
que la libre selección de la programación era un derecho del emisor. En absoluto avanzaba
sobre la regulación de los contenidos, como sí creemos y entendemos que hace el proyecto
que está hoy en análisis en el Congreso.
Esa iniciativa también hablaba, por ejemplo, de los poderes adjudicantes y les daba
participación a las provincias. Las provincias y los municipios podían adjudicar licencias de
radiodifusión. Era un proyecto de base profundamente federal. Y el propio bloque
justicialista, a menos que el justicialismo de aquel momento sea diferente al justicialismo de
hoy, lo enriqueció de manera sustantiva. Lo que por supuesto lamentamos es que nunca tuvo
debate en el recinto.
Luego, vino el presidente Menem. El 14 de julio de 1993, Menem envió un proyecto
de ley para modificar la ley de radiodifusión. Y en 1999, por un decreto, emitió otras
disposiciones, tal vez, un tanto contradictorias con las contenidas en el proyecto de ley que
había remitido en el año 1993.
El propio doctor Fernando de la Rúa, en abril de 2001, remitió al Congreso nacional
un proyecto de modificación de la ley de radiodifusión, y recordemos quién era autoridad
titular del Comfer durante aquella gestión de la Alianza; una Alianza que tanto se denosta
pero, al parecer, hay aliancistas que gozan de simpatía y otros que, realmente, por poco
merecen ser condenados al exilio político en nuestro país.
Uno de esos aliancistas, el actual vicejefe de Gabinete, el doctor Gustavo López, era
titular del Comfer durante la época del doctor Fernando de la Rúa, que fue cuando se elaboró
ese proyecto de ley que fue remitido Congreso y que el Congreso no trató.
En los fundamentos del proyecto de Alfonsín, se planteaba con toda claridad que el
modelo de radiodifusión centralizado, autoritario y temeroso traía como consecuencia
inexorable —la experiencia así lo demostraba— acallar a la sociedad, una sociedad sin voz y
una sociedad sin espíritu crítico. Por eso, planteaba hasta dónde importaba cómo y de qué
modo se hacía la regulación de los alcances del ejercicio de estos derechos.
En esos fundamentos se planteaba, por ejemplo, que los bienes de los radiodifusores
eran inembargables, que los bienes que se utilizaban para emitir en los medios de
radiodifusión eran inembargables, y también, planteaba cómo debía funcionar la autoridad de
aplicación.
Y, respecto de la autoridad de aplicación, decía concretamente que debía ser ejercida
por un cuerpo colegiado, plural y con representación de todos los sectores parlamentarios
que tuvieran representación política en la Cámara de Diputados, integrado por personas con
idoneidad y con estatura, que pudieran administrar esta ley de manera equitativa e imparcial.
Por último, otra cosa que me gustaría señalar de ese proyecto es la idea de dar
licencias bajo una caracterización que a mí no me convence, porque delegaba en provincias y
municipios la posibilidad de otorgar licencias cuando, en realidad, nosotros creemos que las
provincias y los municipios tienen facultades para hacerlo. El propio dictamen del bloque
justicialista de entonces hacía referencia a la creación de los consejos provinciales de radio y
televisión.
Entonces, ¿por qué ahora se elimina olímpicamente a las provincias de cualquier
injerencia sobre la materia? Debería estar contemplado en la ley y no lo han hecho, como
otras tantas cuestiones que casualmente han determinado que se generaran tantas resistencias
en algunos sectores. Como me decía un periodista de mi provincia, hay quienes, con alguna visión ciertamente romántica, ven más virtudes de las que yo creo que tiene este proyecto,
pero pregunto por qué no aceptar modificaciones.
Yo dije que iba a hablar de algunos slogans, porque me gustaría que quede la verdad
histórica asentada en la versión taquigráfica. Y pasando a uno de los slogans, en primer
lugar, quiero señalar que este no es el único Gobierno sino el cuarto en enviar un proyecto de
ley de radiodifusión al Congreso de la Nación Argentina en estos 25 años de democracia
recuperada.
En segundo lugar, es una ley de la dictadura, pero también son leyes de la dictadura,
por ejemplo, la del INDEC —Ley 17622— y el Código Aduanero y, sin embargo, parece que
hay leyes de la dictadura que no son tan malas, porque se las mantiene y no se las quiere
modificar por las consecuencias por todos conocidas.
Bajo ese argumento de “la ley de la dictadura” se estructuró la defensa de un proyecto
de ley inconstitucional. ¿Por qué? Porque determina un cambio en la estructura del campo de
los medios audiovisuales creando suspicacias respecto de qué va a suceder con los tercios
famosos de gestión estatal, de gestión privada sin fines de lucro, de gestión privada con fines
de lucro, y quienes van a ser los que terminen siendo adjudicatarios de esas licencias.
Finalmente, hay cuestiones en el proyecto que determinan que, de manera directa o
indirecta, los medios de comunicación de nuestro país —los de gestión estatal, los de gestión
privada con fines de lucro o sin él— van a terminar, directa o indirectamente, sometidos al
control del Estado. Y esto es violatorio de la libertad de expresión, que equivale a la libertad
de pensar.
Hay doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según me han informado
distinguidos abogados que han colaborado conmigo en este tema, que establece con toda
claridad que la libertad de expresión es un derecho esencial al sistema democrático, que tiene
tanta jerarquía e importancia como las otras instituciones representativas. Entonces, por
ningún motivo se puede hacer una interpretación restrictiva de este derecho y desconocer la
letra de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, que están
enumerados de manera taxativa en dicho texto. Entre ellos, cabe citar el Pacto de San José de
Costa Rica, que desarrolla de manera minuciosa cómo debe protegerse el derecho a la
libertad de expresión sin censura previa, y cómo los estados deben garantizarlo y protegerlo.
La operatividad de esa disposición es, de acuerdo con lo que se me ha informado,
realmente incuestionable. Y quiero mencionar una breve cita, para lo cual prometo ser
sintética…

Sr. Presidente (Pampuro). — Señora senadora: tiene su tiempo vencido, pero la escuchamos. Continúe.

Sra. Colombo . — Alberdi, en sus Bases, decía: La Constitución debe dar garantías de que
sus leyes orgánicas no serán excepciones derogatorias de los grandes principios consagrados
por ella, como se ha visto más de una vez. Es preciso que el derecho administrativo no sea un
medio falaz de eliminar o escamotear las libertades y garantías constitucionales. Por ejemplo,
la prensa es libre, dice la Constitución, pero puede venir la ley orgánica de la prensa y crear
tantas trabas y limitaciones al ejercicio de esa libertad que le deje ilusoria y mentirosa.
Espero que esa prevención del propio Alberdi no termine plasmándose en los hechos
a partir del momento en que se ponga en vigencia esta norma de radiodifusión remitida por el
gobierno nacional.
Se nos dijo que este proyecto ponía al Parlamento a prueba para ver si era capaz de
mejorar la calidad institucional y de legislar usando los poderes a favor de la gente y no en
contra de ella, olvidando treinta años de tragedia en la Argentina. Pero mucho me temo,
lamentablemente, que con esta pobreza de debate estemos por sancionar una norma que va a
parar a los estrados judiciales, por algunas de sus disposiciones…

Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senadora: le encarezco que vaya concluyendo.

Sra. Colombo. — …Y que va a generar, lamentablemente —espero equivocarme— muchos
problemas, porque la letra de la Constitución es clara e indubitable. Hay artículos que son
inconstitucionales. Por ejemplo, no se respeta el artículo 14 de la Constitución Nacional; se
violan las disposiciones de ese artículo; del artículo 32; y del 13 del Pacto de San José de
Costa Rica.
Me quedó un último slogan, al cual el presidente ya no me va a dejar referir…

Sr. Presidente (Pampuro). — Continúe, señora senadora.

Sra. Colombo. — Se refiere a los famosos monopolios. Si hay monopolios, es porque
alguien los dejó crecer. Ahora, esos funcionarios que permitieron, cuando los medios les sonreían, que se formaran y se concentraran en empresas y se fusionaran, ¿adónde están hoy?
Tienen que rendir cuentas ante la sociedad y, posiblemente, ante la Justicia, por haber
incumplido con sus deberes de funcionarios públicos.
Por último, para terminar, quiero decir que no se puede analizar una ley fuera del
contexto político, social y económico en el que es planteada, y aquí estamos considerando
esta norma después de una derrota electoral del gobierno el último 28 de junio. Yo invito al
gobierno de la señora Cristina Fernández de Kirchner a que reflexione que la derrota
electoral del 28 de junio no fue culpa de la prensa.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadora: su tiempo ha concluido.

Sra. Colombo. — Y voy a hacer una última referencia, porque aquí se habló de la situación
de Catamarca. Soy testigo histórica de lo que pasó allí: la provincia de Catamarca fue
intervenida por el ex presidente Carlos Menem, hoy colega nuestro, por un estado de
conmoción interior y porque no se garantizaba el principio republicano de independencia de
los poderes en nuestra provincia.
Sin embargo, hoy, nuestra provincia funciona dentro de los carriles institucionales
normales; el Poder Legislativo de Catamarca funciona; la prensa es independiente; y los
diarios de Catamarca no son oficialistas. Los invito a que lean los títulos de los periódicos
para comprobarlo.
También debo recordar que la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca
está dominada por la oposición y que, sin embargo, estamos funcionando en un marco de
respeto por el sistema republicano, representativo y federal, tal como consagra nuestra
Constitución.

Sr. Presidente (Pampuro). — Gracias, señora senadora.
Pido a todos que tratemos de respetar los tiempos. Se fijó un tiempo para exponer.
Así que seamos respetados todos y vamos a estar mejor.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.

Sr. Fuentes. — Señor presidente: cercanos a la medianoche, vamos a culminar un proceso
que va a permitirnos comenzar a pagar una de las principales deudas que la democracia tiene
con el campo nacional y popular. Pero no ha sido sencillo. Hubo distintos intentos, proyectos
y voluntades expresadas por otros gobiernos para hacerlo. Evidentemente, faltó la voluntad
política necesaria, o faltó coraje, o faltó la capacidad de articular una acumulación de fuerza
lo suficientemente sostenible en el tiempo y en el desarrollo que implicara transitar una pelea
en términos de desigualdad con los monopolios concentrados de la información, tal como se
genera en este debate. Este es el tema fundamental que subyace en la cuestión denominada de
los medios en la República Argentina.
El otro día, mi hijo me preguntaba cómo era posible que fuerzas centenarias con
trayectorias nacionales y populares no acompañaran este proyecto y fueran funcionales,
consciente o inconscientemente, a la presión y a la estrategia fijada deliberadamente tiempo
atrás por esos grupos para evitar tratar este proyecto de ley. Por eso, a la pregunta de por qué
no hay modificaciones al proyecto, yo respondo que ello obedece a que las modificaciones
son una trampa.
La instancia de discusión de este proyecto era esta, donde se abrió el debate a la
totalidad de las fuerzas políticas en la Argentina para que sumaran las iniciativas que
permitieran acumular el volumen suficiente de material para resistir lo que era evidente desde
los titulares abiertos, los micrófonos graciosos y las cámaras sonrientes todo lo que hemos
visto a lo largo de todo este tiempo a través del enfrentamiento despiadado en esta lógica
contra los detentores de ese monopolio. Y aquellas fuerzas políticas que se sumaron con sus
propuestas de modificación fueron receptadas. Señalar hoy la falsedad de que se pretende
corregir una norma, cuando, en realidad, lo que se quiere es —aun por el artículo de forma—
que este proyecto vuelva a la Cámara de Diputados para ver si se “plancha” allí y no vuelve,
constituye la más clara manifestación de que se intentan burlar los intereses populares.
Cuando trataba de explicarle esto a mi hijo, le decía que hagamos de cuenta que esto
es Teología: tenemos tres construcciones materiales superpuestas en un mismo espacio; una
acumulación salvaje de capital monopólico que, a lo largo de la historia reciente de la
Argentina, ha aprovechado para acumular poder durante gobiernos dictatoriales y
democráticos, y no precisamente sujeto a las lógicas de la virtud o de la moral, que no las
reconoce, pero que sí es capaz de sostener el statu quo de convocar a cuanto corifeo jurídico
o amanuense sirva al dictado de estas intenciones en sus presuntos dictámenes de
constitucionalidad o inconstitucionalidad. Ese conjunto de concentración económica convive en un mismo plano con la
posibilidad y voluntad de construir una política de comunicaciones en la Argentina, que tiene
como objetivo fundamental, a partir de la diversidad, la democratización y la pluralidad,
poder generar la docencia y la formación política de nuestros ciudadanos.
Esto es lo que sí garantiza la libertad. La libertad se garantiza en la posibilidad de
tener la capacidad de realizar un análisis crítico de la realidad, es decir, en la posibilidad de
ser consciente de los propios intereses del sector y no repetir como bobo lo que se bombardea
a través de la masividad de la propaganda o la difusión.
Esa segunda acumulación material —construcción de capital concentrado,
construcción de una política popular de comunicación— se acompaña con la construcción de
una ley, y acá es dónde está la virtud.
El anuncio realizado por la señora presidenta sobre el lanzamiento de esta ley se
manifestó en voluntad y coraje, no sólo porque sabíamos lo que venía, sino porque
conocíamos lo que habíamos vivido. Y en lugar de enviar directamente el proyecto al
Congreso, tuvo la capacidad de bajar la iniciativa a las organizaciones populares y de base
para que se comenzara con la discusión, generando así la legítima acumulación de fuerza
para poder avanzar sobre el particular.
Hoy se puede decir lo que se desee sobre este proyecto. Pero la realidad es que este
proyecto se ha discutido sobradamente. Como bien se ha dicho aquí, hemos sorteado la
descalificación de nuestras calidades de legisladores en un sentido maravilloso respecto de
los seis años de mandato; aparentemente, durante los dos primeros años puedo discutir cosas
importantes; durante los dos siguientes, cuestiones intermedias, y en los últimos dos años
sólo pavadas o declaraciones. Eso fue lo que se intentó decir; que la ley no podía ser dictada
por este Congreso. La fuerza principal de oposición decidió retirar en bloque a sus diputados
para no acompañar un debate a fondo, y ahora quiere venir a discutir hasta las comas, como
camino para que regrese este proyecto. Este es el tema central que hoy se está discutiendo.
Entonces, o somos capaces de entender que es necesaria la articulación de un
acompañamiento importante de fuerzas políticas, o vamos a quedar huérfanos en el camino.
Porque una ley no garantiza nada.
Además, esta es una ley instrumental y de alto contenido tecnológico, pero constituye
la reglamentación de la capacidad de los sectores convocados a participar para ordenarse,
proponer y avanzar en democratizar la información argentina. Dictar una ley no significa
nada. Este es el desafío fundamental con el cual nos encontramos. Busquemos los
argumentos que queramos. La disyuntiva que hoy estamos discutiendo es la siguiente: la
agenda política en torno a cuáles son los debates de los argentinos se fija desde la política y
desde los propios grupos de intereses o se fija desde los multimedios.
Soy coherente con esta propuesta y me reservo la discusión en torno a lo que ahora
viene a hablarse de derechos adquiridos, como si los monopolios pudieran esgrimir esa
posibilidad sobre concesiones y licencias del Estado, sobre bienes públicos, como mínimo.
Parecería ser que nos olvidamos —porque ha sido borrado por ese cúmulo de corifeos
jurídico— de que las constituciones provinciales y la Constitución del 49 tenían la potestad
de rescate de las concesiones por parte del Estado. El rescate era una facultad que permitía el
recupero de la potestad original del Estado, sin indemnizaciones de lucro cesante. Esta
discusión la vamos a dar después, cuando empecemos a avanzar en el tratamiento en
particular. Por lo tanto, acompaño en general y en particular esta iniciativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salazar.

Sr. Salazar. — Quiero fundamentar el sentido de mi voto.
Analizaré la sanción de la Cámara de Diputados desde un punto de vista formal, en
primer lugar, porque creo que no es menor este concepto y, luego, me referiré al fondo de la
cuestión.
Desde lo formal, estoy seguro de que este tema no se ha manejado de la mejor manera
posible. Observemos el contexto en el que se encuentra la iniciativa. Una guerra, entre
comillas, entre el Ejecutivo y algunos medios, con una elección anticipada que puso
legisladores, diputados y senadores, que están pero que no han asumido, lo que hizo que se
cuestionara la legitimidad de los que actualmente estamos sesionando, cuestión que no
comparto. Todo ello se encuentra dentro de una guerra mediática feroz, con una votación cuanto menos desprolija en la Cámara de Diputados y con un abrupto final del debate en las
cuatro comisiones en el Senado. Todo ello ha contribuido a que estemos en un ambiente de
crispación que no es el ideal para tratar una ley de la magnitud e importancia de la presente.
No obstante eso, ha salido una sanción reconociendo todos los aportes realizados en la
Cámara de Diputados, que tiene muchas cosas buenas. Escuché muchas veces la frase “esta
es una ley buena”, tanto desde el oficialismo como de alguna gente de la oposición, que no
dejan de desconocer aquellos valores que son el fruto del esfuerzo de una enormidad de gente
que durante dos años trabajó intensamente. Deseo señalar que pude seguir este trabajo en
muchas de las circunstancias porque, como miembro de la Comisión de Medios,
periódicamente nos visitaba gente que se refería a este tema. De manera que reconozco el
trabajo que se ha realizado al respecto.
¿Cuáles son los puntos que más me atraen de este proyecto de ley? En primer lugar,
deseo mencionar el hecho de que permite que una multiplicidad de voces acalladas
actualmente puedan ser oídas. Estoy hablando de algunas universidades —algunas tienen
radios y otras no—, cooperativas, pueblos originarios —algo que es muy importante—,
ONGs, etcétera. Este es uno de los puntos que más valoro dentro de este proyecto.
Otro punto en el que coincidimos la gran mayoría es el que limita fuertemente las
posiciones dominantes; tal vez, sea el núcleo de este proyecto de ley. Estoy plenamente de
acuerdo con esta cuestión.
Creo que el tema de los contenidos de producción local es muy positivo porque va a
permitir que trabajadores de las provincias puedan generar, conseguir o lograr su trabajo en el
lugar y no tendrán que irse, que es lo que actualmente ocurre con la gran mayoría de los
periodistas del interior.
La figura de la Defensoría del Público también me parece interesante. Se trata de un
anhelo largamente reclamado que ahora está apareciendo en la parte final del artículo 13, que
es lo que se refiere a que las multas no son canjeables por publicidad, como sucede
actualmente.
Tengo una serie de reparos sobre este proyecto, fundamentalmente, sobre la autoridad
de aplicación. Ya se ha hablado mucho sobre este tema. Simplemente, deseo señalar que —a
mi criterio— se le da una injerencia y preeminencia demasiado importante al Ejecutivo;
aclaro que no me refiero a este Ejecutivo, sino al Ejecutivo de turno.
Otro artículo con el que no estoy de acuerdo y que luego fundamentaré cuando se
trate en particular es el artículo 32. La verdad es que no me convence la explicación que
escuché desde el oficialismo respecto de que es para darle mayor jerarquía o por un doble
control. Interpreto que es la misma autoridad de aplicación la que debería dar la licencia,
independientemente de si la población en la cual estará ubicada la emisora es de menos o de
más de 500 mil habitantes, y no como figura en este artículo que expresa que, en el caso de
que sean más de 500 mil habitantes, es el presidente de la Nación el que va a firmar
finalmente y luego de todos los pasos previos, como en el caso de las poblaciones de menos
de 500 mil habitantes.
El artículo 161 es otro de los artículos cuya redacción no termina de convencerme. He
escuchado a quienes dicen que no hay derechos adquiridos y a otros que dicen que sí, que los
hay. Con mis asesores, consideramos que sí hay derechos adquiridos. Por consiguiente,
pregunto: ¿por qué, en lugar de arriesgarnos, no dejamos que las licencias venzan
naturalmente y, luego, no se renueven? Esta es una posición que creo que fue planteada por
parte de la oposición.
No me voy a extender respecto del articulado, ya que lo haré durante la consideración
en particular, pero quiero anticipar mi voto positivo en general y mi voto negativo para los
artículos 28 30, 32, 48, 73 y 161.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.

Sr. Salazar. — Finalmente, quiero hacer una aclaración. Lamento traer este tema aquí, pero
hace dos días que estoy sin dormir. He sido sometido… Mi hija me escribe acá: “No es
libertad de expresión, es impunidad de expresión”. Realmente, me he sentido como nunca en
mi vida. Tal vez, yo no tenga la experiencia política necesaria, pero sí tengo muy fuertemente arraigados mis valores, que son fruto de lo que me enseñó mi familia y que trato de transmitir
a mis hijas.
Se ha dicho que cambié mi voto cuando, en realidad, diez días atrás, comenté lo que
pensaba a los integrantes del Interbloque al cual pertenezco. Alguien habló acá de blanco o
negro, de que no había grises. Esa era la misma sensación que yo tenía. Escuchaba a alguien,
y el proyecto era algo maravilloso; escuchaba a otros, y el proyecto era lo peor. Entonces,
opté por leer a conciencia el proyecto de ley y llegué a la conclusión de que no es tan malo.
En ese sentido, el senador Jenefes dijo una frase muy linda; y si no reclama derechos de
autor, la voy repetir:”No es tan buena como para que se la apruebe por completo, pero no es
tan mala como para que se la rechace por completo”. Y coincido porque, habiendo escuchado
ya a muchos de mis pares, creo que es mucho menos lo que nos separa. Estoy seguro de eso.
Oí a algunos senadores decir que hay cinco artículos que nos diferencian.¡Qué lindo
sería!, ¡qué mensaje bueno sería para el pueblo que pudiéramos lograr el consenso en esos
artículos que quedan, rompiendo todo tipo de especulaciones!
Finalmente, a mis hijas, a mis amigos, al pueblo de Tucumán, a mis pares debo
decirles que no he cambiado mi voto. Se llegó a la herejía de decir que la moneda de cambio
era un paciente mío que actualmente está con prisión domiciliaria. Eso no lo puedo aceptar,
jamás. Y estoy seguro de que mi paciente tampoco lo aceptaría. Sólo quiero decirles a todos
que no ha habido absolutamente ninguna cosa así, y que lo he tratado de fundamentar.
A mí me falta mucho el don de la expresión, pero lo que sí tengo muy claro es qué es
lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo no he actuado mal y puedo demostrarlo.
Lamento haber traído este tema que ensucia este ambiente tan sacrosanto para mí.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Mayans.

Sr. Mayans. — Señor presidente: en verdad, siento que hoy es un día histórico por este
proyecto que estamos considerando. Se trata del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales
que cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y que se originó en una iniciativa
enviada por el Poder Ejecutivo. Los basamentos y el espíritu de este proyecto radican en el
aporte realizado por muchísimas organizaciones civiles que trabajaron en estos 21 Puntos que
no tienen desperdicio. Cuando uno lee los 21 Puntos en los que han coincidido estas
organizaciones civiles, creo que nadie puede dejar de estar de acuerdo con esto. Lo que ha
hecho la presidenta de la Nación es volcar esos 21 Puntos en este proyecto de ley enviado a la
Cámara de Diputados donde, por supuesto, hubo acciones y reacciones, con algunos
legisladores a favor y otros en contra.
Pero, acá, el tema central fue la estrategia que se sentó sobre este proyecto de ley.
Hubo un sector de la oposición que dijo, desde el principio: “No vamos a dar quórum para el
tratamiento de este proyecto”, por todo lo que sabemos que se le atribuye al gobierno,
argumentando una serie de cuestiones. Sin embargo, hubo otro sector de la oposición que
dijo: “Nosotros vamos a tratar el proyecto y vamos a aportar cambios”. Y eso es lo que pasó
en la Cámara de Diputados. Se hicieron más de cien correcciones a este proyecto. Hubo
aportes muy importantes que enriquecieron al proyecto. Y la estrategia de la oposición, que
dijo que no iba a dar quórum, que se ausentó del recinto en forma irresponsable, fracasó. ¡Esa
estrategia fracasó! Porque a nadie escapa que el oficialismo no tiene la fuerza propia para
poder sancionar este proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Este proyecto está hoy acá
en tratamiento porque ha tenido el respaldo de otros sectores de la oposición, entre los que se
encuentran, nada más y nada menos, que el gobernador de Santa Fe, que, en su momento,
dijo: Acá no se trata de hacer una oposición sistemática, negativa, de decir ‘blanco’ o ‘negro’
o que todo lo que viene del Poder Ejecutivo está mal y todo lo que hace la oposición está
bien, sino de ver que hace mucho tiempo nosotros veníamos trabajando para conseguir esta
norma. Por consiguiente, han contribuido —lo ha dicho el gobernador de Santa Fe— con
reformas importantes y, por eso, acompañan el proyecto de ley. Me parece algo sensato.
Debemos hablar de la democracia integrada ya en 1973, donde se decía que cada uno
conservaba sus principios y sus ideas, pero ya con un objetivo común, que es la recuperación
de la Nación. Y estamos trabajando todos los argentinos para alcanzar realmente ese estado
de derecho —que es imperfecto hasta ahora— que todos nos merecemos; el derecho a la
vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna, a la libertad de expresión y a la información. Ocurre que, a veces, en la Argentina, seguimos con ciertos antagonismos —a
favor de uno, en contra de otro— y, en ocasiones, nos molesta la disidencia.
Hoy estamos prácticamente por derogar una ley que fue dictada en 1980 por la
dictadura militar, una dictadura sangrienta, genocida, corrupta. Esta ley que estamos por
derogar tiene las firmas de Videla, Harguindegui y Martínez de Hoz.
Por supuesto que la democracia argentina se debía esta ley. Celebro realmente esta
actitud que ha tenido ese sector de la oposición que permitió el tratamiento de este proyecto
tan importante para la democracia argentina en la Cámara de Diputados y hoy acá en el
Senado. Celebro que haya sido de esta forma, porque no se olviden de que la ley de la
dictadura estaba inspirada en la doctrina de la seguridad nacional. Es una ley por la que se
disponían censuras, como en el caso de Mercedes Sosa. Su música estaba prohibida. La otra
vez el delegado del COMFER describió perfectamente la situación. Por ejemplo, la canción
Juana Azurduy estaba censurada.
En uno de los 21 puntos se dice que cuando hay concentración en los medios, cuando
son pocas las empresas que ejercen el control de la información, no existe la democracia. Eso
es cierto. Los sistemas monopólicos van a en contra de la democracia, porque también existe
un esquema de censura, aunque muchos medios digan que existe libertad de expresión. A
veces no existe ni siquiera el derecho a réplica.
En la dictadura encarcelaban o hacían desparecer a las personas o las echaban del
país. Ahora algunos medios también practican ese tipo de premios y castigos para quienes
piensan como ellos o piensan distintos a ellos. Se hacen esos “escraches” por encargo, como
se dice. Un publicista de Estados Unidos decía que si se quiere ganar al adversario político
hay que robarle la imagen pública, hay que devastarlo públicamente para que a esa persona ni
siquiera la quieran sus parientes. Eso es lo que pasa a veces.
Fíjense el caso de estos senadores que dijeron que van a votar de esta forma: han
sufrido un acoso permanente, una estrategia diría perversa. Incluso, un gobernador es
declarado culpable hasta que demuestre lo contrario de un crimen que ocurrió en su provincia
y se dice que negoció para que no se lo acuse de dicho crimen a cambio de que la senadora
por esa provincia pueda votar la ley de una determinada forma.
Se tiene que construir el Estado de derecho basado en el respeto y el disenso. Todos
hemos cometido y cometemos errores. Nadie es perfecto.
Algunos conductores de ciertos programas de algunos medios son tan perfectos que
parece que de los Diez Mandamientos cumplen once. Por supuesto, bastardean a la clase
política.
Acá el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Los argentinos hemos visto
este comportamiento en un principio contra los militares, después contra la Iglesia, los
sindicatos, los jueces, los políticos. Hoy los medios tienen que salir a aclarar ciertas cosas. O
sea, todos hemos cometido errores. Entonces, trabajemos para construir esa Argentina en la
que exista realmente el respeto por los derechos humanos y la pluralidad.
Por eso digo que esta ley va a transformar realmente el sistema de comunicación de la
Argentina…

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente…

Sr. Mayans. — No voy a permitir interrupciones, señor presidente.

Sr. Presidente. — Bueno, está bien.

Sr. Mayans. — Que usen su tiempo para hablar, que tienen bastante porque son bloques
chicos y, entonces, tienen media hora cada uno. Nuestro plazo es muy corto.
La Argentina tiene aproximadamente 2.700 municipios. Todos van a poder tener sus
radios para expresarse, al igual que las universidades, los pueblos originarios.
Es cierto que hay un centralismo. Entonces, desde un programa que se hace en la
Capital Federal se pontifica sobre los usos y costumbres de cada provincia. ¡Y guay si
alguien no piensa como ellos porque están dispuestos a destrozarlo!
El gobierno nacional ha hecho un aporte muy importante con este proyecto, con esta
discusión, que va a traer un cambio muy fundamental en el sistema de radiodifusión
argentino, para garantizar en nuestro país el Estado de derecho y la libre expresión de todos
los ciudadanos argentinos. Por estas razones, acompañamos este proyecto de ley en revisión, que ha tenido en
dicho ámbito más de cien modificaciones.
Acá en el Senado algunos decían que como el proyecto se había girado a dos
comisiones, querían que se enviara a cuatro comisiones. “Bueno, perfecto, que se envíe a
cuatro comisiones”. Después se dijo que se iba a tratar el proyecto en audiencias públicas de
lunes a viernes. “No, nosotros queremos tres días más”. Si no se les daba tres días más, era
un corte abrupto del debate por parte del oficialismo. Se hacían todo ese tipo de comentarios.
Entonces, se les preguntó qué propuesta iban a hacer. Decían: “La autoridad de aplicación
tiene que ser nombrada por dos tercios del Parlamento”. ¡Imagínese, señor presidente, dos
tercios del Parlamento! Ni siquiera la Corte Suprema de Justicia de la Nación es nombrada
por dos tercios del Parlamento.
Para ser presidente de la Nación es necesario el consenso de más del 45 por ciento de
los ciudadanos. De acuerdo con la Constitución, el mandato es de cuatro años. Hoy es
presidenta la doctora Cristina Fernández de Kirchner y mañana podrá ser cualquiera de los
que están acá, que ejercerá el cargo con la legitimidad que da el voto popular.
Considero que no está mal la norma que prevé que para la integración del Directorio
el Poder Ejecutivo proponga dos miembros, tres el Parlamento y dos el Comité Federal.
La verdad que es corto el tiempo del que disponemos para hacer uso de la palabra
porque tenemos muchas cosas para decir.
Acompañamos el proyecto de ley en consideración, entendiendo que va a ser muy
positivo para la República Argentina. No queremos que sea en contra de nadie, pero tampoco
queremos la concentración de la información. Queremos que sea posible la expresión de
todos los argentinos y, por supuesto, que se refleje en lo que se va a hacer a partir de la
sanción de la ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez, por Santa Cruz.

Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente: la senadora Fellner en su exposición nombró a
Arturo Jauretche —un hombre al que admiro muchísimo— y a su Manual de zonceras
argentinas. En ese momento recordaba como inicia Jauretche ese libro. Dice que la zoncera
nunca se va a morir, porque cuando muere el zonzo viejo queda la zonza preñada. Son
palabras textuales de cómo empieza el libro Arturo Jauretche. Esperamos que esto no ocurra.
Hagamos el esfuerzo para que ello no ocurra.
Recién el senador Mayans se refería a las autoridades de aplicación. Nosotros
pensamos que en la designación de la autoridad de aplicación que tiene la potestad de los
concursos, autorizaciones, otorgamiento de licencias y demás, debemos garantizar la absoluta
autonomía, autarquía y federalismo de esa representación. Por eso no nos parece un exceso
que tenga un mecanismo de audiencia pública, que intervenga el Congreso e, incluso, que
sean necesarios dos tercios, aunque no del total del cuerpo sino de los presentes. Yo
interpretaba que un exceso hubiera sido si la norma decía que era del total del cuerpo. Sería
de la misma forma que cuando se elige al defensor del pueblo o a un ministro de la Corte
Suprema. Nosotros insistimos con este requisito.
Estamos absolutamente de acuerdo con los 21 puntos. El punto tercero —ninguno es
más importante que otro— dice que se garantizará la independencia de los medios de
comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventaja, castigo, etcétera.
También estará prohibido por ley la asignación arbitraria o discriminatoria de la publicidad
oficial, créditos oficiales, prebendas, etcétera.
En muchos de los enunciados de estos puntos, cuando se menciona a los medios
públicos de comunicación, se insiste mucho —lo dice el CIPPEC, la Asociación de Derechos
Civiles, FOPEA— en que se garantice que sean absolutamente independientes del gobierno.
Dice que sean medios públicos estatales pero garantizada la absoluta independencia por parte
del gobierno de turno. Y me abstengo de pensar en este gobierno. Digo “del gobierno”.
Vivimos una experiencia, con el senador Filmus, el otro día, en un programa de
televisión del grupo Clarín —esto lo debo decir, porque lo dije públicamente también—
donde me asombró el encarnizamiento que los dos periodistas tuvieron con el senador
Filmus. Casi me convierto en oficialista para defenderlo; pero realmente me asombró.
Recuerdo que dos o tres veces, cuando ellos me quisieron enganchar para que yo
colaborara pegándole al senador Filmus, yo dije que esta ley hay que analizarla sin los ojos de Kirchner y sin los ojos de Clarín. Dos o tres veces se los repetí cuando me quisieron
enganchar en esta discusión, que realmente iba a ser respetuosa, como siempre hemos
discutido con el senador Filmus: con diferentes posiciones, pero sin duda respetuosa. No nos
dieron oportunidad, inclusive, de poder debatir a nosotros. Creo que este es un concepto: no
hay que mirarlo con los ojos de Clarín ni con los de Kirchner, por definirlo de alguna manera,
según se presentó mediáticamente este debate.
El senador Gioja me mira y no estoy haciendo ninguna referencia física. Eso quiero
aclararlo. Y lo digo muy en serio. Como usted se sonrió, senador, por las dudas, lo aclaro.

Sr. Gioja. — Pero por otra cuestión, nada más. (Risas.)

Sr. Martínez (A. A.). — Creo que esto es lo que hay que tener en cuenta.
Y la semana pasada, cuando estábamos escuchando a varios expositores que vinieron
a darnos su opinión, a colaborar para que pudiéramos entender una ley tan compleja como
esta, tuve la sensación, en un momento tuve la sensación de que no estábamos discutiendo
una ley de medios: de que estábamos discutiendo “poder”. Me dio una sensación no linda
sino fea.
Uno sabe que cuando discute esto, discute poder; tampoco somos ingenuos. Pero
cuando se impone el poder por sobre el contenido de una ley de estas características; de estas,
que son leyes casi fundacionales; son leyes que de alguna manera van determinando qué
modelo de país queremos para adelante —no es una ley cualquiera: es una ley fundamental—
realmente sentí un gustito amargo en la boca.
Lo mismo sucedió —y esto lo digo con todo respeto— cuando el senador Pichetto nos
manifestó el jueves por la tarde que ya estaban en condiciones de firmar los dictámenes: o
sea, dio por cerrado el debate. Nosotros participamos con nuestras diferencias. La
legitimación la dimos estando en cada uno de los plenarios; hoy, sentados acá discutiendo.
Tendremos posiciones diferentes, pero aceptamos las reglas de juego que tiene la
democracia. Esto es así: discutiéndolas. Y realmente creo que hubo muchas cuestiones, en las
cuales —me incluyo— a veces uno caía en la tentación de comenzar a debatir cosas que no
tenían que ver con la ley. Esto realmente espero que sea un punto de partida.
Cuando analizamos la composición y cómo tiene que ser manejada la empresa nueva
que se va a generar con los medios de comunicación públicos, creo que tenemos que tener los
resguardos necesarios para garantizar la idoneidad por un lado, por supuesto, sin modificar la
composición. No digo que no tenga que ser como está, pero que realmente tengamos la
posibilidad de que sea alguien totalmente autónomo e independiente de los gobiernos de
turno. Creo que eso nos va a dar una tranquilidad mucho más importante.
Lo otro, para concluir y no ocupar demasiado tiempo en particular —luego iremos
viendo cada una de estas cosas—, debo decir que no hubo una sola de las organizaciones que
no nos planteara la necesidad de tratar esta norma. A veces, quizá por el entusiasmo del
debate, se tergiversan las cosas. Cuando se hablaba de que el Consejo Interuniversitario había
apoyado esto, salvo la senadora Osuna, que lo dijo con total y absoluta claridad, el punto
segundo de lo que se trata es de apoyar el tratamiento del proyecto de ley, no aprobar la ley
como venía. Esto no quiere decir que no coincida con algunos de los representantes; pero
creo que tenemos que ser justos, evitar los excesos y tratar de llevar estas cuestiones a donde
tenemos que llevarlas.
Repito: ¡ojalá que éste sea un punto de partida, porque nos quedan cosas pendientes y
urgentes para dar un poco de contenido! Si no tenemos una ley de lo que es la pauta oficial; si
no tenemos una ley que permita el acceso a la información, que es una herramienta
fundamental para la investigación periodística y que está “cajoneada” en este Congreso; si no
tenemos un estatuto del periodista que garantice a los periodistas su estabilidad laboral tanto
en lo público como en lo privado, realmente creo que vamos a dejar una ley muy “renga”.
Ejemplos tenemos. Tenemos el ejemplo de una empresa contratista de obra pública,
que nosotros entendemos que no debe ingresar en los negocios de la radiodifusión, que
compra en su momento Radio del Plata y lo primero que hace es “bajarle” el contrato a
Nelson Castro. Y tenemos el otro ejemplo en Radio Nacional, donde el periodista Eliaschev
también fue dejado de lado del uso del micrófono. Por eso lo que no queremos son
monopolios privados ni monopolios públicos; y queremos un estatuto del periodista que
permita a los que trabajan, en la parte privada tanto como en la pública, la garantía de opinar para acceder al derecho a informar, y esencialmente el derecho de informar y de informarnos
que tenemos cada uno de los habitantes.

Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso, ¿usted informa por el segundo dictamen en minoría? Tiene treinta minutos.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, presidente. Lástima que no está el senador Mayans porque
nosotros no somos uno: somos tres. Como dijo que no me dio la interrupción porque tenía
media hora porque era una, le quiero decir —lamento que no esté; está la banca vacía— que
somos tres en nuestro bloque…
¡Ah, colega! Lo veo en las escaleras del recinto. Además, quiero decirle que el motivo
es que hemos firmado dictamen en minoría.
Señor presidente: acá se ha citado a Arturo Jauretche, a quien sigo mucho. Tengo
todos sus libros. Los releemos, de vez en cuando, con mi marido. Pero yo voy a hacer otra
cita. Voy a parafrasear a mi gobernador: Esto es un botín. Esta ley es un botín y ese botín son
las provincias argentinas. Ese botín es el federalismo. Ese botín es la afectación de los
derechos constitucionales.
No es verdad, presidente, que este proyecto de ley sea constitucional. No es verdad
que este proyecto de ley no afecte las autonomías provinciales. Tampoco es verdad que este
proyecto de ley no avasalle las autonomías provincias. No es verdad, presidente, que este
proyecto de ley no afecte la libertad de prensa. Y no es verdad, presidente, que este proyecto
de ley no afecte derechos adquiridos.
Me voy a referir, en primer lugar, a la afectación del federalismo. Me alegro de que
varios senadores se hayan referido al artículo 32 de la Constitución. Desde San Luis, el
gobernador de la provincia creo que fue el primero que alertó sobre la afectación que se
estaba haciendo de la garantía constitucional.
Y digo que me alegro de esto porque de una vez por todas, presidente, nosotros,
fundamentalmente los senadores, nos tenemos que poner de pie y decir que representamos al
pueblo de las provincias; que representamos a aquellos que dieron origen a esta Nación y a
esta República.
¡Nosotros, presidente, fuimos anteriores a la constitución de la Nación! Nosotros
formamos esta Nación. Nosotros hicimos nuestra Nación. La hizo San Martín, la hizo
Moreno, la hizo Pringles. ¡Nosotros, San Luis, fue la provincia que mayor cantidad
—porcentualmente hablando— dio de su sangre, de sus hombres y de sus jóvenes para la
campaña libertadora! ¡Cómo no vamos a reclamar, en este recinto, que nos respeten! ¡Cómo
no vamos a reclamar que nos tengan en cuenta como un Estado dentro de este Estado federal,
y que no avasallen nuestros derechos!
Y esto no es circunstancial, señor presidente. La senadora Escudero se refirió al
artículo 32; creo que también lo hizo el senador Pérez Alsina. No quiero hacer omisiones
porque varios han hablado del artículo 32.
Efectivamente, presidente, antes de que se incorporara la provincia de Buenos Aires
existía el artículo 14, que protege la libertad de prensa. La provincia de Buenos Aires es la
que exige la incorporación del artículo 32. Lo exige expresamente. Piden y convocan a la
reforma constitucional de 1860 y exigen el artículo 32 en protección de la libertad de
imprenta porque, lógicamente, en ese momento no había otra cosa que papel escrito.
Ahora bien, señor presidente, yo fui a revisar los textos fundamentales y con su autorización
voy a citar un párrafo de quien defendió la incorporación de este artículo, que fue Vélez
Sarsfield —autor del Código Civil—. Él se refirió a la opinión pública y dijo que la reforma
dice, aún más, que el Congreso no puede restringir la libertad, la libertad de imprenta. Puede
considerarse como una ampliación del sistema representativo o como su explicación de los
derechos que quedan en el pueblo, que quedan al pueblo después que ha elegido sus
representantes en el cuerpo legislativo. Cuando un pueblo elige sus representantes no se
esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos. Esto sería
hacerlos irresponsables —estamos hablando del año 1860—. Y agrega que el pueblo puede
conservar y conviene que conserve el derecho de examen y de crítica para hacer efectivas las
medidas de sus representantes y de todos los que administran sus intereses. Dejemos pues
pensar y hablar al pueblo y no se le esclavicen sus medios de hacerlo. Sobre todo, sin la
absoluta libertad de imprenta no se puede crear hoy el gran poder que gobierna los pueblos y dirige a los gobernantes, el gran poder que gobierna y dirige: la opinión pública. Sólo la libre
discusión por la prensa pueden hacer formar juicio.
Señor presidente: eso es lo que dijo Dalmacio Vélez Sarsfield: la libertad de imprenta
comprende el derecho a la opinión pública. Y agregó que el Congreso Nacional no podría
legislar sobre la libertad de imprenta, porque no tiene facultades para hacerlo.
En primer lugar, quiero decir que estamos avanzando sobre la libertad de expresión,
sobre la libertad de pensamiento. Estamos legislando en contra del artículo 32 de la
Constitución que, como algunos otros señores senadores también han dicho, le
correspondería a las provincias o, en su caso, a las municipalidades, siempre que no afecte
los tratados internacionales que la República Argentina ha firmado y que nosotros hemos
incorporado a la Constitución de 1994. Por eso es que se habla de facultades delegadas, de
facultades reservadas y prohibidas de delegar —una es esta— y de facultades concurrentes.
Consecuentemente, cabe señalar que el Congreso no tiene facultades respecto de la
libertad de prensa o de imprenta.
Asimismo, quiero decir otra cosa más respecto de la afectación de las garantías
constitucionales. Las provincias no han delegado el poder de policía para reglamentar las
profesiones liberales dentro de los ámbitos de su actuación.
¿Por qué digo que no es verdad que este proyecto de ley no afecta a la Constitución y
no avanza sobre las provincias? No sólo porque afecta el artículo 32, que nos prohíbe legislar
en ese sentido, sino por otra cuestión que no se ha discutido acá y que sí nos ha tocado
debatir en el tratamiento de otros proyectos de ley que han llegado a este Congreso, donde
siempre nos hemos opuestos a aceptar estas regulaciones porque hemos dicho que son una
facultad no delegada de nuestras provincias a la Nación: fíjense que el artículo 12, inciso 21,
establece que la autoridad federal de servicios de comunicación y audiovisual deberá
registrar y habilitar al personal técnico y de locución que se desempeñe en los servicios de
radiodifusión y audiovisión. ¿Usted se da cuenta, señor presidente, que esto sería lo mismo
que a los ingenieros, a los médicos o a los abogados nos pusieran un registro nacional y no
pudiéramos ejercer nuestras profesiones en nuestros ámbitos jurisdiccionales? ¡Esto avanza
sobre el federalismo¡ Pero nadie ha dicho que esto avanza sobre el federalismo: nos estamos
dejando imponer que una autoridad nacional registre y habilite a los locutores para ejercer la
profesión en nuestras provincias. ¿De qué estamos hablando? ¡¿Qué es lo que estamos
votando?! ¡¿Cómo se nos va a pasar semejante cosa?! ¡¿Cómo vamos a dejar que se sancione
este artículo?! Los locutores de una localidad de 150 habitantes van a tener que venir a
registrarse aquí Pero, además, lo que es casi ridículo es que esto avasalla nuestras
autonomías federales, nuestras autonomías provinciales. El poder de policía no está delegado,
señor presidente.
La tercera cuestión que tiene que ver con el tema de la afectación de la Constitución
está relacionada con la libertad de pensamiento y de expresión. La Convención Americana de
Derechos Humanos, que acá se ha mencionado, establece en su artículo 3/, inciso 3), que no
se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso
de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o
de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualquier otro medio
encaminado a impedir la comunicación y circulación de ideas y de opiniones.
Pues bien, la libertad de prensa es la libertad de pensamiento expuesto y al respecto
hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Ivcher Bronstein C/ Perú”,
que se refiere a la importancia de esta libertad y, además, a todo lo que tiene que ver con los
derechos adquiridos en ese marco. Enseguida me voy a referir a él.
Antes de ello, voy a hacer una reflexión sobre otra cuestión que tiene que ver con los
derechos de propiedad y con los derechos adquiridos. Recientemente, en un encendido
discurso, un senador dijo que repetíamos como “bobos” el discurso de algunos medios en
cuanto a la afectación del derecho de propiedad, agregando que no existía tal afectación. A la
vez, señaló que tampoco había afectación de los derechos adquiridos. Voy a resumir lo que
quiero expresar sintetizando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que
fue citado en un artículo de reciente aparición, publicado en “La Ley” el 5 de octubre de
2009. Se indica que La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió el derecho de
propiedad, consagrado en el artículo 21 de la Convención, como el legítimo uso y goce de sus
bienes, entendiéndose por estos a cosas materiales apropiables así como todo derecho que
pueda formar parte del patrimonio de una persona. Dicho concepto comprende los muebles,
los inmuebles, los elementos corporales y los incorporales, y cualquier otro objeto inmaterial
susceptible de tener valor. Reitero: susceptible de tener valor.
Acá se habló de que no existen derechos adquiridos; de que no existe derecho de
propiedad. Se habló de los monopolios. Entonces, me pregunto por qué en el año 2005 se
firmó el decreto 527. Entre sus fundamentos, ese decreto indica que los medios de
comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido uno de los sectores
afectados por la intensa recesión, lo que ha provocado situaciones de rentabilidad negativa en
la mayoría de las empresas; que entre las principales causas de las crisis sufridas por los
prestadores de servicios de radiodifusión figura su endeudamiento externo, originado en la
necesidad de contar con una infraestructura técnica actualizada que le permita cumplir con
sus obligaciones; que, en definitiva, la realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas
tendientes a asegurar la contribución —a asegurar la contribución— que realizan los
servicios de radiodifusión al desarrollo social y económico de la sociedad.
¡La verdad es que veo una incoherencia entre los discursos de algunos miembros del
oficialismo y lo que firmó el ex presidente Kirchner en el año 2005! Allí se decía que la
realidad evidencia la necesidad de adoptar medidas tendientes a asegurar la contribución
—asegurar la contribución— que realizan los medios de radiodifusión al desarrollo social y
económico de la sociedad, posibilitando la prosecución de las transmisiones regulares y la
preservación de las fuentes de trabajo. Diez años de suspensión de licencias, presidente.
Entonces, hablamos de monopolio, de oligopolio, de posiciones dominantes ¿y
tenemos esos fundamentos en el decreto firmado en 2005?
Mire, presidente: la verdad es que tengo corazón limpio, mente limpia y brazos
abiertos para decir lo que corresponde porque en enero de 2002 voté en contra de los bienes
culturales y milité en contra de esa ley junto con la senadora Escudero. No recuerdo quién
más estaba en esa época.
Nosotros nos opusimos —está en las versiones taquigráficas— a que derogaran el
cramdown como lo derogaron.
¡Yo era presidenta de la Comisión de Legislación General y firmé un dictamen en
minoría! ¡Después me opuse a la Ley de Bienes Culturales! ¿Y sabe qué, presidente? Recién
mi colega Fuentes dijo que había que tener coraje cuando la presidenta mandó esta ley. ¡A mí
nunca me faltó coraje! ¡Y no eran tiempos fáciles! ¡Le voy a decir más, porque tengo la
constancia! ¡A mí me ponían la Marcha Fúnebre en mi teléfono celular y está la denuncia
que tuve que ir a ratificar ante el juez federal! ¡Me ponían la Marcha Fúnebre! ¡Entonces
tengo libertad para hablar porque tengo coherencia! Yo no voté a favor de lo que hoy dicen
“los oligopolios, las posiciones dominantes” y que se justifican para coartar la libertad de
prensa y formar otros grupos, de otros pensamientos.
Si estamos tan en contra de los oligopolios, ¿por qué votaron la ley que votaron en
enero de 2002? ¡Está en las versiones taquigráficas, presidente! También votó en contra la
hoy presidenta de la Nación. Y si están en contra de los oligopolios, ¿por qué no pusieron en
marcha la Ley de Defensa de la Competencia? El artículo es clarísimo en cuanto a las
medidas que pueden tomar al respecto. Entonces, creo que hay incoherencia en el discurso.
Se dice que están prohibidos y serán sancionados los actos o conductas que
constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar
perjuicio para el interés económico en general.
Acá el interventor del COMFER dijo lo mismo que repitió el miembro informante,
senador Fernández: que no se pueden conocer las sociedades. Eso se lo pueden decir a todos:
a los abogados, no. Las sociedades tienen un registro de sociedades. Si las sociedades venden
las acciones las tienen que registrar y si no, presidente, a más tardar en un año, tienen que ir a
votar la aprobación del balance y el cambio de autoridades; o no?. No vamos a entrar a
analizar la Ley de Sociedades. Eso se lo pueden decir a la gente que no es abogada. Los que
somos abogados, no aceptamos eso. Entonces, los dejaron avanzar; miraron para otro lado, firmaron este decreto. Porque a
nosotros nos hablan de la teoría de los actos propios, a la que ya me voy a referir. ¿Por qué
no dice el oficialismo cuál es la teoría de los actos propios para el ex presidente? El ex
presidente firmó este decreto que, además, fue aprobado por la Cámara de Diputados.
¡Clarísimo! Toda la contribución al desarrollo social de la Argentina de los medios de
comunicación. ¿Y a quién le prorrogó las licencias, señor presidente? Las licencias llegan
hasta el 2017 o 2019. Usted sabe cuáles son: cuatro o cinco grupos económicos. O sea, en el
2005 les firmamos porque esos grupos económicos colaboraban al progreso social de la
Argentina, y hoy nos venimos a rasgar las vestiduras. El resto, los que no votamos a favor del
gobierno —como nos ha tratado recién acá, el colega, de bobos—, somos unos bobos.

Sr. Rodríguez Saá. — Y, en 2005 había elecciones.

Sra. Negre de Alonso. — ¡Claro! En 2005 había elecciones. Tiene razón lo que me dice el
senador Rodríguez Saá.
Así que le quiero decir al senador Fuentes que no me faltó ni me falta voluntad ni
coraje. Es más: violaron la cerradura de mi departamento. Llegué a mi casa en la madrugada,
como era en las famosas sesiones de 2002. De hecho, me encontré todas las luces prendidas
—enero de 2002— y el pollo que tenía en la heladera, comido. Me habían dejado los restos
de los huesitos. Eran las tres de la mañana. ¡Sí, presidente! No es la primera vez que lo digo:
lo he dicho en reunión de labor. Estoy escribiendo sobre eso. Tuve que salir a buscar a
alguien para que me abriera la puerta, despertar al portero para que me abriera la puerta del
departamento y encontré los huesitos. Se ve que me habían intervenido el teléfono…
¿Sabe qué otra cosa? Se lo voy a decir, señor presidente. Porque uno la historia la ha
vivido y la tiene que decir. Yo no tenía despacho acá: tenía un despacho en la Caja. Había
empezado la sesión esa, famosa, y yo era presidenta de la comisión. Estaba tratando de
terminar mi discurso. Porque, además, yo era presidenta de comisión y estaba en contra del
proyecto: o sea que el mío era un dictamen en minoría. Me dicen que me buscan dos señores
—me lo dice mi secretaria—. Los hago pasar. Los señores —que yo ni sabía quiénes eran—
me traen una cosa así y me dicen: “Esto es lo que usted tiene que votar”. Me abstengo de
decir quién los mandaba. “Esto es lo que usted tiene que proponer que se vote”. Toda esa
documentación la tengo guardada —y muy bien guardada—: que delegáramos en una
comisión formada por distinta gente, en la que no estábamos los legisladores, y después
teníamos que aprobar a libro cerrado lo que ellos habían propuesto.
Cómo serán las cosas que yo les dije, que mi secretaria vino pensando que me pasaba
algo. ¿Cómo llegaron, cómo entraron, quién los hizo pasar y quién los mandó? Entonces, ¿me
van a venir a mí con eso de “repetición, como bobos”, y que nos falta coraje y voluntad?
Mire, presidente, a mí no me falta ni coraje ni voluntad, y tengo coherencia en lo que digo.
Yo quería referirme a algunas cosas de las que dijo el senador Fernández, con todo lo
que lo aprecio. Hace muchos años que estamos compartiendo, aun cuando yo no era
legisladora, pero participaba en la famosa Comisión de Unificación en la Cámara de
Diputados. Así que hace muchos años que lo conozco, y hemos compartido todos estos
avatares con él también, presidente. Todos estos avatares, porque ellos también estaban en
contra.
Quiero decir lo siguiente, presidente. Porque acá se dice: “Defendemos al usuario; no
vamos a permitir que se ejerza la censura empresarial. Vamos a defender los contenidos.
Demos un debate de Ciencia Política moderna”. Mire, señor presidente: la verdad es que, más
que defender al usuario, me interesa ocuparme de la pobreza. Me preocupan “los
descartables”, como ha dicho el arzobispo de Buenos Aires. Me preocupan los sin techo. ¡Ese
tendría que ser el tema de Estado nuestro hoy, en la Argentina! Han fracasado todos los
sistemas de inclusión que se han propuesto desde el gobierno nacional. El de nuestra
provincia no: es muy exitoso. Lo hemos propuesto y nunca lo aceptaron. ¡Ese tendría que ser
un debate de Ciencias Política moderno, tomando el guante de lo que ha dicho el senador
Fernández!
Cuando mencioné el trabajo de la UCA en alguna sesión me salieron a decir que en
realidad era poco, que los segmentos analizados… Bueno: ahora, todos los diarios están
diciendo que prácticamente la pobreza en la Argentina está llegando a los niveles de 2001.
¿No es ese el debate que necesitamos los argentinos? ¿No es ese el debate que tenemos que dar, el de la gente que está durmiendo al aire libre? ¿Por qué no venimos a la plaza temprano,
acá, frente al Congreso? ¿Por qué no recorremos la Avenida Coronel Díaz o Santa Fe a la
altura de Palermo, para que vean lo que es, a las siete de la mañana, la gente durmiendo
tirada en el piso tapada con cartones?
Se ha hablado de las universidades. La Universidad Nacional de San Luís tiene una
radio y desde ahí hace conocer sus políticas, al igual que su pensamiento. En Villa Mercedes
tiene una y en San Luís capital hay otra: o sea, no es impedimento.
Se hablaba de las comunidades originarias. ¡En nombre de las comunidades
originarias escuché tantos discursos! Que le vamos a dar una radio a las comunidades
originarias. Como le dije a la senadora Parrilli: ella no puede saber porque no conoce de San Luís…

Sr. Presidente. — La señora senadora Parrilli solicita una interrupción a la señora senadora.

Sra. Negre de Alonso. — Adelante, senadora.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra para una interrupción la señora senadora Parrilli.

Sra. Parrilli. — Gracias, señor presidente y señora senadora Negre de Alonso.
Quería aclarar esta cuestión. Quizá no fui lo suficientemente clara o no nos
entendimos, porque esto genera bastante entusiasmo. Yo me refería a que AM 800 es la
primera radio intercultural de Argentina y de América latina, y es una AM: no FM, como
tienen otras comunidades aborígenes.
Eso es lo que le quería aclarar con respecto a esto.

Sra. Negre de Alonso. — Gracias y la felicito, senadora.
La verdad es que el tema de las comunidades originarias también nos preocupa, señor
presidente; pero no nos preocupa para darle una radio. ¡Nos preocupa que le devolvamos las
tierras; nos preocupa que los acerquemos a su identidad; nos preocupa que los hagamos
desarrollar como tales!
Pero nosotros también tenemos coherencia en esto que planteamos, señor presidente.
En San Luís, la nación Ranquel recibió 60.700 hectáreas en el corazón ganadero de la
provincia, con agua subterránea, con lagos; y la provincia le hizo este pueblo (La señora
senadora exhibe una imagen.), estas viviendas conforme a su modalidad de vida: en vez de
ser toldos son de cemento. Hay escuelas con maestros que hablan y enseñan la lengua
ranquel; y hospitales para que las madres ranquelas tengan sus hijos respetando sus
costumbres. ¡Esto sí es reivindicar a las comunidades originarias, señor presidente! Entonces,
no podemos decir que les vamos a dar una radio o la posibilidad de tenerla. ¡Hoy no hay
impedimento para que los pueblos originarios tengan una radio!
Finalmente, quiero decir algo que no han mencionado acá todavía; pero lo voy a decir
por las dudas de que alguien que hable después que yo lo diga. El artículo 75 inciso 19) de la
Constitución es una cláusula de progreso; y esta tiene facultades concurrentes. Entonces, no
es que el artículo 75 inciso 19) se oponga al artículo 32 sino que se conjugan con el artículo
32; y el artículo 75 es la cláusula de progreso.
Antes de cerrar, lamento que el senador Pérsico no esté porque quería contestarle. Vio
que los abogados a veces decimos cuestiones previas a expresar pronunciamiento. Como el
senador Pérsico no está, quiero decirle a él y a los señores senadores que en realidad el
decreto que él imputó que había firmado el señor Rodríguez Saá no ha sido firmado por él.
Acá tengo el Boletín Oficial de la provincia de San Luís: lo firmó el entonces vicegobernador
en 1994.
Pero además, como él habló de cuestiones ocultas, yo le pedí que me lo aclarara y me
dijo que es la política de poder en la provincia, le quiero decir, señor presidente, a través suyo
a los demás senadores, que en mi provincia hay televisión pública. A la televisión pública
nacional nunca me han invitado. Sin embargo, el domingo a la noche estuve con el senador
Pérsico discutiendo en un debate público, con mucho respeto —ya es la segunda vez que
debatimos—, la cuestión relativa a esta ley. En mi provincia hay televisión pública; no hay
televisión privada del gobernador ni del poder, como quiso decir. Él estuvo el domingo
conmigo debatiendo, así como ya debatimos la delegación legislativa.
Para terminar, repito lo que dije cuando estuvo el gobernador Capitanich: frente a la
duda, señor presidente, más federalismo; frente a la duda, señor presidente, más libertad;
frente a la duda, señor presidente, deroguemos el delito de calumnias e injurias. ¡Apostemos a nuestras provincias, y apostemos a no restringir y amordazar la libertad de prensa, que es la
libertad de pensamiento plasmada en un papel, en Internet, en una radio o en una televisión!
Por eso, estamos en contra del proyecto de ley.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Gioja.

Sr. Gioja. — Gracias, señor presidente.
Bueno; vamos a tranquilizarnos un poco.
En diez minutos a veces no es posible transmitir el pensamiento que uno tiene en
relación con un tema de la importancia que este proyecto tiene; pero voy a gastar unos
minutos en replantear una cuestión sobre la cual la senadora preopinante me parece que no
fue muy precisa en sus afirmaciones.
Pedí la Constitución Nacional y leí el artículo 32. Este artículo dice que el Congreso
federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la
jurisdicción federal. Dice “leyes que restrinjan”. Yo entiendo que este proyecto que estamos
debatiendo lo que hace es ampliar; expandir la libertad de expresión; y que de ningún modo
la restringe. Por lo tanto, creo que las afirmaciones con relación a una presunta
inconstitucionalidad que se manifiesta no corresponden.
De alguna manera lo señaló la senadora, el artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional, en la última parte de su inciso 19), dice que el Congreso de la Nación está
habilitado para dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y
circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y
audiovisuales. Esto quiere decir que este Congreso está habilitado perfectamente, y en el
marco de su jurisdicción, para tratar este proyecto que hoy consideramos.
Voy a decir, señor presidente, con relación al tema, que esto es realmente importante
y necesario. Es importante porque los medios de comunicación hoy están participando de
toda la vida de la comunidad. Los tenemos en la casa, en el cine, en la sala de espera y
demás. En ese sentido, Umberto Eco —citado por la senadora por San Luis— manifiesta que
lo que no está en la pantalla, no existe, está fuera de la realidad. Creo que eso es cierto y que,
por ello, esta ley es importante.
Hay que definir con absoluta claridad si la realidad que crean los medios es la que nos
pinta la vida cotidiana, y si la formación de esa realidad contiene, de alguna manera, la
participación de todos los sectores de la comunidad. Al respecto, en virtud de que existe un
desfase, consideramos que debe primar —como dice nuestro proyecto— el pluralismo cívico.
Esta cuestión también nos plantea la necesidad de analizar si la omnipresencia de los
medios de comunicación habilita a que sean solamente privados o estatales. Entendemos que
no puede ser así; que no pueden estar exclusivamente en manos privadas ni estatales. Por ese
motivo, este proyecto divide las frecuencias en un 33 por ciento para los medios estatales
nacionales, provinciales o municipales; un 33 por ciento para las organizaciones intermedias,
y un 33 por ciento para el sector privado. Esa fue la solución que le encontramos a la
cuestión.
Asimismo, se trata de una ley antimonopólica; ese es uno de los objetivos centrales de
la norma. Y definimos elegantemente como “posiciones dominantes” a los monopolios. Hay
dos tipos de monopolios. Uno es el económico, que es criticado y prohibido por todos los
países civilizados del mundo. Nuestra economía de mercado rechaza fundamentalmente ese
tipo de acciones, pues se pretende que haya igualdad de oportunidades para todos y cada uno
de los sectores. Nosotros tenemos el compromiso constitucional de facilitar a todos los
agentes que así lo quieran, la posibilidad de participar del negocio o del servicio audiovisual
en el país.
Pero más importantes, serios y profundos son los monopolios de la voz, la palabra y
la imagen. Considero que no hay objetividad pura —quizás esa sea la riqueza de la condición
humana—; que no hay una sola voz argentina; que hay múltiples manifestaciones y una gama
amplísima de diferencias. Por eso, es importante que preservemos para el conjunto social la
posibilidad de participar, de expresarse, de opinar y de conformar una opinión pública.
Estamos en contra de todos los monopolios públicos y privados; y entendemos que
ese es uno de los objetivos centrales de este proyecto de ley, que trata de asegurar
expresamente la pluralidad de voces que construyan esa sociedad, esa democracia
participativa que todos queremos Esta es una ley federal; una norma que, desde el punto de vista administrativo, les da
a las provincias una participación —les permite integrar el Consejo Federal— que les
posibilita definir cuestiones vinculadas nacionalmente con el tema de los medios de
comunicación. Asimismo, dicha participación federal está claramente sostenida en los
contenidos del proyecto de ley, en cuanto a que obliga a los diversos medios —en distintos
porcentajes—a realizar aportes a la producción local.
Creo —y estoy convencido— que se trata de una buena ley, y que el proyecto no está
en contra de nadie. Además, no lo planteamos como una lucha por el control o el poder sino,
por el contrario, como un mecanismo legal que permite la pluralidad e impide la
concentración de los medios, cosa que beneficia a toda la sociedad, y que es importante en
orden a la construcción de una democracia estable y, fundamentalmente, participativa.
Con mucho respeto, deseo señalar la forma de crítica que tuvo la iniciativa. Pienso
que fue analizada de una manera muy formal; que nos preocupamos más por si faltaron cinco
minutos, por si no vino “Fulano” a expresar su opinión, o por situaciones que se dieron en
Santa Cruz, Buenos Aires o donde fuere, y que nos olvidamos de analizar en profundidad su
contenido. En ese sentido, algunos sectores prefirieron oponerse al proyecto —en razón de
esa política de permanente oposición a las decisiones oficiales—, en vez de analizar la
importancia y significación que implicaba.
También, haré una referencia concreta a un tema que me preocupa: el de los niños,
niñas y adolescentes argentinos. Nuestros jóvenes —nuestros hijos— están un promedio de
cuatro horas por día frente al televisor; quizás están más tiempo que en la escuela. Es más,
muchos hacen los deberes frente al televisor. Nuestros niños ven, anualmente, varios miles de
episodios totalmente violentos. En consecuencia, la transmisión de los valores culturales a
esos niños, evidentemente, es vacía y agresiva.
Al respecto, un pensador inglés —cuyo nombre no recuerdo— dijo que el hombre es
prisionero del niño, y que como sea el niño será el hombre del mañana. Por lo tanto, si a ese
niño no le transmitimos a través de los medios valores que tengan que ver con
responsabilidad social, civismo, calidad de vida y compromiso social, seguramente no
conformaremos a un ciudadano de bien para el mañana.
Me alegro de que exista la posibilidad de advertir ese tipo de circunstancias en el
Consejo que al afecto prevé la ley; y de que a través de la distribución entre sectores
oficiales y entidades intermedias y privadas la posibilidad de generación de emisiones, pueda
modificarse la programación y darles a nuestros niños el respeto que se merecen en cuanto al
ejercicio del derecho constitucional a ser instruidos correctamente.
Provengo de la provincia de San Juan —y la represento—, que es la cuna de un gran
patriota, de un hombre que escribió, que fundó muchos diarios, que defendió la palabra, que
se enfrentó a los poderes y que sufrió persecuciones, pero que también supo, con dignidad,
plantear que las ideas no se matan, que las ideas no se cambian, que las ideas no se juzgan.
En función de esa tradición, y de entenderlo a Sarmiento como el gran patriota que
fue, afirmo que votaré en forma positiva el proyecto en consideración.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: me parece que es muy importante discutir esta
media sanción, que tiende a la regulación de servicios de comunicación audiovisual, ya que, a
mi modo de ver, se encuentra afectada por innumerables vicios que la tornan en un estado de
cosas absolutamente cuestionable desde el punto de vista constitucional.
El ideal constitucional de la libertad de expresión no solamente se limita a la no
censura, sino que requiere de un concepto amplio, que fue receptado más allá de la
Constitución nacional, por los pactos internacionales y, fundamentalmente, por el artículo 13
del Pacto de San José de Costa Rica, que fuera citado hace unos minutos por la señora
senadora Negre de Alonso.
Hay mucho para hablar. En el pleno convencimiento de que este proyecto pone en
serio riesgo a la libertad de expresión en la Argentina, solamente citaré algunos de los
artículos y aspectos donde se pueden centralizar esos riesgos, porque quiero ocupar este
tiempo para discutir otras cosas.
En definitiva, acá se han planteado posiciones políticas con mucha convicción, las que acepto
y respeto. Desde mi punto de vista, me parece que hay una lógica discursiva que nada tiene
que ver con los hechos que se han dado en el país en los últimos años. Los riesgos a la libertad de expresión aparecen en los siguientes artículos y aspectos
del proyecto: en el artículo 28, que tiene que ver con los contenidos; en el artículo 32, en
cuanto a la discrecionalidad —seguramente, daremos el abordaje en la discusión en
particular—; en el mecanismo de asignación de pauta oficial, que nada tiene que ver con los
21 Puntos, que tiene mucho de mensaje y de trabajo participativo de la Coalición por una
Radiodifusión Democrática; en el régimen de sanciones, que es absolutamente arbitrario,
discrecional y, si se quiere, hasta extorsivo —lo desarrollaremos en la discusión en
particular—; en el artículo 45 que, con criterios de multiplicidad de licencias, lo único que
garantiza —no me quedan dudas— es el aniquilamiento de señales, de contenidos y de voces
independientes de la Argentina.
Pero quiero detenerme en otras cosas. Si tenemos que hablar de libertad de expresión,
quisiera, en primer lugar, saber dónde estamos parados, cuál fue el escenario de la libertad de
expresión y el manejo del gobierno al respecto en los últimos años en la Argentina. Quisiera
decirles que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó en 1997, con relación
a los claroscuros en materia de libertad de expresión, que, en el caso de las decisiones que
provocaron los alejamientos de José Eliaschev y Víctor Hugo Morales de Radio Nacional y
de Canal 7, quedó una inexplicable sensación de arbitrariedad. El mismo CELS, en 2008,
cataloga “sensación de arbitrariedad”, cuando se trata del tema de la prórroga de la
suspensión de licencias.
FOPEA, Foro de Periodismo Argentino. 2008. Presidenta advierte con preocupación.
La presidenta califica de cuasimafioso a caricaturista. Cristina Fernández de Kirchner calificó
una caricatura de Hermenegildo Sabat, de Clarín, como un mensaje cuasimafioso.
Presiones a periodistas que cubren conflicto gobierno-campo. FOPEA. Monitoreo de
la libertad de expresión. 2009. Hostigamiento fiscal a los medios. Poca o nula información
respecto de la metodología de adjudicación de pauta oficial. Dependencia absoluta de
muchos medios locales de pauta oficial. Creación de medios para canalizar la pauta oficial.
Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos: La Relatoría sobre la Libertad de Expresión lamenta que durante 2008 se continúa
recibiendo denuncias sobre actos de agresión a periodistas.
Distribución de publicidad oficial. La Corte deberá dirimir el tema del fallo de la
Editorial Perfil. En su fallo, los magistrados de la Cámara sostuvieron que en la causa se
examinó una conducta discriminatoria, con el único objeto ostensible de castigar a las
publicaciones no afectas al gobierno de turno. Los camaristas que ahora deben resolver la
presentación resaltaron el principio de igualdad y de libertad de expresión que debe existir en
un régimen republicano. Sin ellos no existe democracia en el país.
Santa Cruz. Relatoría de la Libertad de Expresión. Censura previa. 5 de marzo de
2007. La Dirección de la Emisora Pública LU 14 Radio Provincia de Santa Cruz decidió
cancelar el programa “La ronda”, donde se instó al gobierno provincial a prestar más
atención a las reivindicaciones salariales de los profesores. La Dirección justificó su decisión
indicando que no deben hacerse este tipo de manifestaciones en una radio pública.
FOPEA. Entorpecen distribución de la revista “Noticias” en Santa Cruz. El lunes 7 de
febrero de 2007, un individuo en un auto llevó por la tarde todos los ejemplares de la edición
destinada en los quioscos de la ciudad de Río Gallegos.
Interferencias en programas de la televisión de Santa Cruz. 8 de abril. Un canal de
cable santacruceño cortó la emisión de un programa de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, donde se discutía el conflicto entre docentes y el gobierno con el campo.
“Levantate”, el programa de Nelson Castro. El contrato con Radio Del Plata,
propiedad del Grupo Electroingeniería. Los caminos de Nelson Castro y Radio Del Plata
tienen que ir por carriles separados.
Cuestión particular. 23 de septiembre de 2008. Canal público estatal, en mi provincia:
Retransmisión en directo del programa “La liga”. Se trataba el problema de la desnutrición.
Se corta la señal.
— Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador José Juan Bautista Pampuro.
Sr. Petcoff Naidenoff.— Éste es el estado de la libertad de expresión en la Argentina. Y a mí
me parece que si estamos tratando una ley que tiene que ver, justamente, con la garantía de la libertad de expresión, tenemos que saber cuáles son los antecedentes del gobierno en esta
materia, por la discrecionalidad de la autoridad de aplicación, por un régimen sancionatorio
que se vincula con la propia autoridad de aplicación con mecanismos extorsivos, y por
multiplicidad de licencias que silencian voces independientes. Esto es lo que debemos tomar
en cuenta.
Yo lo escuché atentamente al senador preopinante cuando expresaba que lo que no
está en la pantalla no existe. Y cuando lo que no está en la pantalla no existe, en la actualidad
de la Argentina, con un feudalismo comunicacional sin precedentes, donde los canales del
Estado no responden al Estado sino que responden al gobierno, donde la publicidad
condiciona, cercena y castiga, ésta no es la mejor ley ni la que debemos aplicar en el mediano
y largo plazo, con una deuda de 26 años.
Se habló de muchas cosas con una hipocresía discursiva que corresponde mencionar.
He escuchado a algunos senadores con mucha atención. Escuché al miembro informante
—citando a Jauretche— hablar de los totalitarios que reprimen toda la información. Hay que
recorrer el país para darse cuenta de que se reprime la información y verificar los propios
antecedentes del gobierno.
También escuché a un senador hablar de la acumulación salvaje del capital y de los
monopolios. Y me pregunto, señor presidente, ¿qué ha hecho este gobierno para poner freno
a la acumulación y a los monopolios? Algunos dirán que no contaban con las herramientas.
No, presidente; no lo quiso. Pudo haber puesto freno a los monopolios, y no tuvo la intención
política. No aplicó la Ley de Defensa de la Competencia, no integró el Tribunal de Defensa
de la Competencia, porque la discrecionalidad y el autoritarismo están a la orden del día
cuando, lógicamente, con esos grupos que hoy el gobierno los visualiza como los enemigos
de la causa, las relaciones eran absolutamente diferentes.
Por eso y en esa lógica puede explicarse la fusión de CableVisión y Multicanal, que la
autorizó este gobierno. Este gobierno fue quien autorizó esa fusión. Y este gobierno nos baja
un discurso de democratización de medios de servicios audiovisuales para poner freno a los
monopolios. Hay que decir las cosas como son: no se quiso corregir las cosas de los
monopolios; no se tuvo la intención. Entonces, uno puede preguntarse: si no se tuvo la
intención, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué estamos tratando un proyecto de ley de
servicios de medios audiovisuales cuando la lógica del gobierno va por otro camino?
Respeto el trabajo que viene realizando desde 2004 la Coalición por una
Radiodifusión Democrática. Puedo respetarlo, pero las cuestiones centrales que tienen que
ver con la garantía de una publicidad oficial, que no sea discriminatoria ni arbitraria para
garantizar la independencia de las voces, este proyecto las omite.
¿Cuál es la situación actual, señor presidente? Asfixia, persecución y silenciamiento
de las voces críticas e independientes de la Argentina. Con estos antecedentes, ¿alguien
puede decir que realmente lo que pretende esta ley es garantizar la libertad de expresión en la
Argentina? Nada que ver. Esto es arbitrariedad y discrecionalidad. Esto tiene que ver con la
lógica de la confrontación. Ayer fue el turno del campo, hoy le toca a los medios. ¡Vamos
por todo! No importa lo que ha dicho la gente el 28 de junio. El 28 de junio dejémoslo a un
lado. Si el 70 por ciento de los argentinos ha puesto freno con su voto a la discrecionalidad, a
la prepotencia, a la arbitrariedad, ¡vamos por todo! Eso no sirve. Hay número. Avancemos.
Más superpoderes, más facultades delegadas, no al consenso. Porque cuando el Parlamento
argentino consensuó, en función del diálogo como política de Estado, y se acordaron las
leyes de emergencia para el sector productivo, en muchísimas provincias —que votamos por
unanimidad—, la respuesta de la Rosada fue el veto. ¡La respuesta de la Rosada fue el veto!
Y el comportamiento del oficialismo en la Comisión Bicameral de Tramite Legislativo fue el
acompañamiento del veto. Es decir, de nada sirvió el consenso. ¿Por qué? No fue la intención
del cuerpo, sí la lógica de la imposición.
¿Para dónde vamos? Vamos por los medios, vamos por las voces críticas e
independientes de la Argentina. Por eso el proyecto de ley es enmarañado y con una
autoridad de aplicación discrecional. Y con una dualidad que juega en la “B” para la
autoridad de aplicación y en Primera “A” para el Poder Ejecutivo que adjudica las grandes
licencias, supuestamente con un concurso previo que no es vinculante. ¡Por eso la mecánica
de los contenidos! Todos dicen que no se regulan los contenidos. Yo quisiera que se lea el artículo 28; hay un capítulo de contenidos. El gobierno marca la cancha y te sanciona. Que
tengan cuidado, y escuchen los medios, porque en el régimen de sanciones se establece como
una falta grave la suspensión de publicidad sin límites de mínimos ni máximos. ¿Saben lo
que implica la suspensión de publicidad cuando un medio plantea en sede administrativa su
no acompañamiento y se agota la instancia administrativa en sede judicial? Esa decisión de
suspensión de publicidad —que no habla de publicidad oficial— no tiene efectos
suspensivos, quiere decir que se ejecuta. ¡Esa es la extorsión!
Discrecionalidad desde la autoridad de aplicación, manejo de los contenidos y
régimen sancionatorio que te extorsiona, porque termina con los medios; con una falta
disciplinaria puede implicar el cierre de los medios. ¿Qué medios puede subsistir si se
suspende la publicidad, se recurre a la justicia y ese recurso no tiene efecto suspensivo?
Entonces, algunos podrán decir que son políticas de Estado. ¡No hay políticas de Estado! Yo
no hablé de la cláusula de desinversión. No hablé del 161. Hablé de cuestiones elementales,
de contenidos; hablé de un régimen sancionatorio que puede condenar a los medios a la
extinción. Y el gobierno y el oficialismo no mueven ni una coma, y tiene los números para
modificarlo. Hablé de sentido común, pero aquí no sirve; lo que sirve es la imposición.
En este sentido, en esta lógica perversa, esto avanza mucho más allá porque con la
cláusula de la desinversión, que ya se va a abordar en el tratamiento en particular, hay algo
que en el proyecto de ley no se ha previsto: no se ha previsto la exclusión de los contratistas
de obra pública ni tampoco la exclusión de los licenciatarios del juego. ¡Oh, casualidad!
Algunos amigos del poder que se han quedado con algunos medios, como Electroingeniería,
la primera decisión que han tomado fue la rescisión contractual de periodistas críticos e
independientes como Nelson Castro.
Por eso, con el respeto del tiempo y en el pleno convencimiento de que bajo el
discurso de la democratización, para garantizar la pluralidad y la diversidad de voces, este
proceso se encamina a imponer una sola voz: la del Estado y las organizaciones paraestatales
y los amigos del poder. Por eso no acompaño en general esta media sanción.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: efectivamente, somos defensores de la pluralidad de
voces y, en forma oportuna, mucha gente se solidarizó con lo que le sucedió a Nelson Castro,
que de hecho estaba frente a un medio privado, pero no escuché, por ejemplo, la misma
solidaridad con el periodista de TVR, de Canal 13. Tampoco escuché una crítica respecto de
una situación que vivió el país en momentos en que las instituciones estaban a punto de
consolidarse. Un presidente, de quien nadie puede dudar de su profunda vocación
democrática, el 22 de octubre de 1985, ordenó la detención del periodista Daniel Horacio
Rodríguez, del diario La Prensa, Jorge Vago, director de Prensa Confidencial, y de Rosendo
Fraga por entender que estaban frente a un complot golpista.
Más allá de coincidir o no con lo que en ese momento sucedió, que de hecho coincido,
estuviera equivocado o no, el presidente, que en ese momento firmó el decreto, entendió que
desde la clandestinidad —y así lo fundamentó— se pretendía llevar adelante campañas de
temor, de amedrentamiento y de caos para quebrantar la armonía.
La realidad es una, la historia es una y nos comprende a todos. Cuando no hay
pluralidad de voces, hasta hombres como Raúl Ricardo Alfonsín debieron, efectivamente,
poner en manos de la justicia cuestiones que todo el mundo conoce. Pareciera que al
silenciarse en el recinto y elegir ejemplos de extraña jurisdicción que, reitero, no conocen,
estamos diciendo la mitad de la verdad.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Calcagno y Maillman.

Sr. Calcagno y Maillman. — Señor presidente: fueron momentos de intenso intercambio.
Yo voy a tratar de llevarlos un poquito al medioevo, si me acompañan, para hablar de las
catedrales, de esos edificios “puntudos” que están dispersos en Europa y que, quizás, fueron
el primer dispositivo audiovisual. Fueron el primer dispositivo audiovisual porque, por un
lado, estaba el vitral —la imagen— y, por el otro lado, estaba el párroco —el sonido—. De
algún modo, estas primeras creaciones que tenían una mezcla de imagen y sonido, este
primer sistema de construcción casi económica de lo audiovisual, sirve para propagar y mantener un modelo social. Las catedrales eran el gran asunto de la construcción en las
ciudades de Europa del medioevo.
¿Qué decía ese sistema audiovisual? Decía que uno tenía que vivir como estaba
preestablecido: si era de la nobleza, si era del clero o si era campesino. Si era de la nobleza,
pues tenía que defender a todos; si era del clero, pues tenía que rezar por todos; y si era
campesino, pues tenía que alimentar a todos. Como se ve, los campesinos llegaron tarde.
Las tecnologías han evolucionado y las sociedades han cambiado, pero los sistemas
audiovisuales siguen siendo dispositivos de poder social que le dicen a cada uno qué lugar
tiene que ocupar en la sociedad. Mi primer punto es tratar de demostrar que los sistemas
audiovisuales crean realidades.
Tanto ha evolucionado la sociedad y tanto ha evolucionado la tecnología que los
sistemas audiovisuales hoy ya han salido de las catedrales y se han popularizado. Es más,
quizás tengamos una pequeña capilla en cada uno de nuestros hogares bajo la forma de una
pantalla. Es decir, siguen diciendo qué lugar hay que ocupar en la sociedad y, sobre todo,
producen y distribuyen una mercancía que ya no es más las trascendencia, como en época de
las catedrales, sino que es una mercancía llamada información o llamada unidad de sentido
cultural, o llamados signos, símbolos, sentidos, que tenemos cada uno en nuestra casa. Eso es
productor de la realidad. La realidad no surge frente a nosotros de modo inmanente sino que
se construye por estos medios.
Es una mercancía con valor de uso, es una mercancía con valor de cambio y es una
mercancía con valor de sentido. Al mismo tiempo, como los sistemas audiovisuales son un
mercado, siguen las reglas del mercado. Y en la Argentina, estas reglas, en los últimos
tiempos, unos decenios atrás, han sido la desregulación, la privatización y la concentración
del paisaje audiovisual del país. De hecho, en mi ciudad natal, La Plata, estaba el Canal 2,
que era público; hoy no está más en La Plata ni tampoco es público.
Quisiera pasar al segundo punto, que es estudiar rápidamente lo que son los
comportamientos económicos de posición dominante. Una posición dominante en el mercado
audiovisual funciona exactamente igual que en cualquier otro mercado. Primero, hay una
influencia sobre los precios y sobre las cantidades; hacen pagar más caro el producto y
reducen la oferta. Recordemos que es una mercancía que, además, transmite sentido. Así que
es más cara y se reduce la oferta. Es lo que nosotros vimos con los acontecimientos de interés
general, con el famoso tema del fútbol: más caro y reducía la oferta.
Luego, también limita la competencia, en la teoría económica, la cuestión de la
posición dominante, porque se busca generar una renta de esa posición dominante a la vez
que frenar la capacidad tecnológica que puede romper esa posición dominante.
Por último, en nuestro tiempo, aquí y ahora, no ya en el medioevo, no ya en las
catedrales, los sistemas audiovisuales son los que fijan la agenda. En los sistemas
audiovisuales, la comunicación, en particular la comunicación política y la comunicación
económica, no sólo dice lo que hay que pensar, sino que dice cómo hay que pensarlo. Es ahí
donde esta el tema de la Agenda Setting que estudiaron varios teóricos de la comunicación de
los años 70. La información no llega a nosotros incolora, inodora e insípida, sino que ha sido
objeto, como una mercancía, de un proceso de producción y de distribución. Entonces, del
mismo modo en que nosotros nos fijamos, antes de consumir, la fecha de vencimiento de
algunos productos, fijémonos también en la calidad de la información que quizás estamos
consumiendo, porque nos dicen —y así funciona— qué es lo importante y qué hay que
pensar sobre eso.
A mí me parece que, quizás, en este debate, se ha evacuado la cuestión de las
relaciones de poder, la cuestión de asimetrías en las sociedades. Hablamos de la libertad de
imprenta y hablamos del tiempo de mediados del siglo pasado y del armado de la
organización nacional. Fue en ese momento cuando Mariano Fragueiro escribía en
Cuestiones Argentinas, reflexionando sobre la prensa que, además de toda la cuestión de la
importancia que había de que cada uno expresara sus ideas, también había algunas
restricciones, por supuesto, las que imponía la ley, pero también, otras que imponía el propio
hecho civilizatorio de vivir en sociedad. La primera —dice Fragueiro— es la restricción de la
ley y la segunda es la restricción del capital, porque el pobre, el que no puede pagar la impresión, no puede publicar. Entonces, ahí tenemos una primera determinación de quién
puede hablar y quién no.
El tercer punto que señala Fragueiro es la restricción de los empresarios, redactores y
editores que no consentirán la impresión de ningún escrito contrario a sus doctrinas.
Entonces, aparte de la restricción económica, ahí tenemos una restricción política, y esto
inherente a los sistemas de comunicación. Por lo tanto, tener un paisaje audiovisual
exclusivamente mercantil nos va a llevar, quizá, a que la creación de valor solape, desplace u
obture la creación de sentido o la confunda; porque, cuidado, los sistemas audiovisuales
crean realidad. Del mismo modo que para hacer las Cruzadas se necesitaron las catedrales, se
necesitan los medios de comunicación para decir, por ejemplo, un peso vale un dólar. Y esto
funciona. Esa realidad funciona, es operativa. El consumidor inadvertido lo toma, lo cree y
modifica su actitud, y si alguien modifica su actitud por algún impulso externo que recibió,
bueno, esa es la definición de poder. Así que, estamos hablando de poder y esta ley también
habla de la distribución de poder.
Hay que tener cuidado con todo el sistema audiovisual, porque es muy fácil hacer
pasar un interés particular por un interés general; es más, es lo propio de una clase
hegemónica, citando al compañero Gramsci, cuando un sector particular logra imponerle al
resto de la sociedad sus propios objetivos y hacerlos pasar como objetivos generales de la
sociedad. Entonces, ahí evidentemente la operación simbólica se completa y se puede decir
que esa es una clase o un sector hegemónico. Del mismo modo, se puede hacer creer que
existen cosas que no son —cito el ejemplo económico de un peso igual un dólar—, pero, en
ese sentido, me parece importante señalar que, en el plexo de la ley, en lo que se refiere a la
cuestión económica y en lo que se refiere a la cuestión del mercado audiovisual, con las
posiciones dominantes que existen, lo que está previsto en la ley va a redundar en una mayor
eficiencia económica, porque va a haber un formato de desarrollo más inclusivo y más
desarrollado; dejando el lado mercantil pero incluyendo lo público y lo social. Lo público es
tirado para abajo en el caso de una sociedad mercantil que sólo busca el lucro a corto plazo y
es ignorado en lo que se refiere a lo social. Bueno, vamos a tener una mayor cantidad de
voces que nos permitan tener diferentes capillas, diferentes catedrales, diferentes religiones y
que nos permitan construir una realidad más rica y verla en toda su complejidad. Si nosotros
tenemos sólo un mensaje repetido a saciedad… Se citó a Umberto Eco, y aquí podríamos
hablar de El Nombre de la Rosa, cuando Jorge de Burgos dice: todo es perpetuo y sublime
recapitulación, y a fuerza de la recapitulación, cuando no hay argumentos —por allí se decía
“miente, miente, que algo queda”—, se construye una realidad y se actúa como si esa
realidad fuese, en el fondo, aquella en la cual nos movemos y la que nos marca los límites y
los alcances de lo que podemos hacer.
Los sistemas audiovisuales, la comunicación como un lazo social, no pueden estar
únicamente mercantilizados. De lo contrario, vamos a tener sistemas de representación que
van a estar guiados únicamente hacia un determinado tipo de consumo. Y un sistema de
representación es el que nos dice qué es lo que podemos hacer o qué es lo que no podemos
hacer, qué es lo pensable o qué es lo no pensable.
Por ejemplo, tenemos la siguiente escena: profesor universitario en varias
universidades nacionales del conurbano, sectores sociales más bien populares —buena idea
la de tener universidades en el conurbano, por cierto— y un público en el aula que no es el
público habitual de las universidades, pero que no hablaba; y no hablaba porque no está
acostumbrado a hablar, no está acostumbrado a tomar la palabra, no está legitimado a hacer
uso de esa palabra porque el sistema de representaciones que ha adquirido desde su más
tierna infancia les dice que no tiene que hablar.
Otro ejemplo. Cuando a fines de los 90 y principios de este siglo estallaba la
desocupación, muchas veces decían que la culpa la tenía el desocupado porque no se había
actualizado. Entonces, cuidado con los sistemas de representación. Cuidado al ver qué es un
sistema económico, qué es producción, distribución y consumo. Sepamos lo que estamos
consumiendo. Yo creo que esta ley, precisamente, avanza en ese cuidado. Tal vez habría
otros argumentos para desarrollar, pero sin duda podemos desarrollarlos en la discusión en
particular. Yo también vengo del periodismo, y debemos tener cuidado con los adjetivos,
debemos tener cuidado en el modo en que se arman las frases para determinar “Ley mordaza
K de medios”. ¿Es eso la ley? Es un poco pobre como explicación. Y se mencionaba desde el
principio, incluso antes de tomar conocimiento del texto. Hurbert Beuve-Méry, que fue
fundador del diario Le Monde, recibe a un joven periodista y éste le pregunta “¿Sobre qué
quiere que escriba?”; entonces Beuve-Méry le dice: “Sobre lo que quiera”. Ante eso, el
periodista le pregunta cuál es la línea del diario y el director le responde: “No, ponga sus
ideas; si puede argumentarlas, está bien”. Entonces, el joven periodista se va y cuando está
por salir Beuve-Méry le dice: “Momentito, momentito. Eso sí: si va a poner un adjetivo,
venga a verme”. La construcción de la realidad, el adjetivar, es una materia inestable; cuando
se ejerce el periodismo con responsabilidad y con honestidad, hay que saber qué se dice y
cómo se dice.
Quisiera terminar mi fundamentación del voto positivo en general y particular a esta
ley refiriéndome a un concepto que mencionó el senador Marín y que yo quisiera desarrollar
citando a Lucien Sfez, un sociólogo francés —qué voy a hacer—, que sostuvo que las teorías
y las prácticas políticas están hoy amenazadas por una comunicación sin rostro cuyo olor es
el dinero, cuya estrategia se llama marketing, que vuelca toneladas de mensajes repetidos y
revueltos, diluidos al extremo y que terminan ellos mismos por delirar, formar remolinos
sobre ellos mismos hasta la impotencia. ¿Qué puede hacer la política? Desaparecer sin
murmurar, protestar, fingir indiferencia o resurgir de nuevo con nuevas formas.
Es por eso que, acompañando en general y en particular el proyecto sancionado en la
Cámara de Diputados, abogo porque la distribución de la palabra nos sirva para mantener,
aumentar y perfeccionar la distribución del ingreso.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: pido disculpas al senador Pichetto porque vaya a utilizar los 30 minutos…

Sr. Pichetto.— No sabía cómo se había acordado. Ya me lo aclaró el presidente. No le haré
ningún cargo.

Sr. Cabanchik. — Acepto.
Si yo estuviera seguro de que esta ley nos lleva de nuevo al medioevo —aprovecho
las resonancias del discurso del senador preopinante—, la verdad es que la votaría en general
y en particular. Me gustaría tener esa aventura. Por momentos, pensé que nos llevaba al
medioevo, que nos iba a desconectar de una gran sala de televisión, de una especie de
máquina de experiencias que nos programa constantemente; pero no, no creo, porque yo no
subestimo al pueblo argentino y no subestimo a cada uno de nosotros. Creo que no nos
llevarían al medioevo de prepo por la aviesa utilización de las tecnologías audiovisuales.
¿Por qué digo que festejaría y acompañaría este proyecto si nos llevara al medioevo,
aunque por momentos parecería que nos quiere llevar al medioevo? Bueno, las catedrales son
mejores que la televisión —yo también firmaría eso—, pero lo firmaría porque creo que,
efectivamente, estamos dominados por lo que podemos llamar efecto medios; y esto, el modo
en que se está tratando este proyecto de ley hoy y en el que se ha tratado en la Cámara de
Diputados en oportunidad de su sanción y el modo en el que la presidenta de la Nación lo
propuso en su momento es mediático.
Quisiera recordar un episodio ocurrido hace pocos días, que, en realidad, me pareció
un episodio obsceno. En el momento en el cual estábamos aquí despidiendo a Mercedes Sosa,
a quien hoy tan justamente homenajeamos, se atrasó un partido de fútbol para que se pudiera
televisar el momento en el que la presidenta y el ex presidente despedían a Mercedes Sosa,
para mostrar por los medios de comunicación lo compungidos que estaban. No discuto, no
cuestiono ni pongo en duda la autenticidad de la emoción y de su expresión, pero se
utilizaron los medios para mostrar eso al público, y se atrasó un partido de fútbol para dar
lugar a esa transmisión. Quiere decir que el gobierno está envuelto en el efecto medios.
No puedo dejar de pensar, aunque no tengo por qué presumir que es totalmente
certero —pero es lo que pienso y, a lo mejor, lo creen muchos argentinos— que la noche del
28 de junio, la interpretación de la derrota fue “Nos ganó Tinelli”, “Nos ganó la caricatura de
De Narváez en el programa de Tinelli”, programa al que muchos políticos fueron aceptando
la lógica de los medios. Esa mediatización de la política es algo que se nos ha impuesto. Todos estamos comprometidos con ello. El gobierno también. Por eso pienso que,
increíblemente, después del 28 de junio, luego de una llamada al diálogo político con el
argumento de recuperar siempre la posibilidad de discutir una reforma política, hoy estamos
—a tan poco tiempo— discutiendo este proyecto de ley.
¿Es importante tener una ley de medios de la democracia? Sí, lo es; todos podemos
compartir ese objetivo. ¿Pero de esta manera? Esta manera de imponernos la discusión, de
imponernos ciertos tiempos y ciertas formas, es directamente producida por el efecto medios.
¿Esta era la agenda del pueblo argentino? La agenda no la puso el pueblo. ¿Esta era la
agenda de los medios de comunicación privados, de los multimedios a los que se demoniza
en esta discusión, por lo menos, por parte del oficialismo? Tampoco es este tema algo que
hayan puesto los medios. Entonces, ¿quién pone esta agenda en la discusión? El propio Poder
Ejecutivo nacional o, más ampliamente, el propio oficialismo. Es decir, el oficialismo ha
puesto esta discusión en la agenda, y es la primera gran discusión que pone como nueva o
estratégica después de la derrota en las urnas del 28 de junio. Esto me parece, al menos,
incongruente con la realidad que estamos viviendo y con las necesidades postergadas del
pueblo. El pueblo no estaba clamando por tener una participación en la palabra, sino en la
comida, en el techo propio, en el trabajo y en la dignidad. Pero no estamos haciendo nada por
ellos, y eso sigue empeorando en la Argentina.
Es una pena que estemos debatiendo de esta manera, porque hoy podría ser uno de
esos pocos días que marquen un hito histórico en la vida democrática de nuestro país; porque
podríamos estar siendo protagonistas; los que le dieron a los argentinos una nueva ley de
radiodifusión, moderna, acorde con los avances tecnológicos, que asegurara el pleno derecho
de los habitantes a la libertad de la información y al pluralismo respetuoso de la diversidad.
Podríamos ser los hacedores de una herramienta eficaz contra los monopolios u oligopolios
en la propiedad y el control de los medios de comunicación. De igual modo, hoy podríamos
ser los legisladores que pusieran fin a más de veinticinco años de impotencia legislativa para
derogar una ley de radiodifusión que, quizás, como ninguna otra norma de la dictadura,
plasmó el pensamiento autoritario y represivo inspirado en la nefasta doctrina de la seguridad
nacional.
Sin embargo, si hoy convertimos en ley la sanción de la Cámara de Diputados, no
vamos a haber logrado todo eso, sino que vamos a haber reproducido una vez más una lógica
de confrontación, que parecer ser el único instrumento de gobernabilidad de la gestión
Kirchner. Esta me parece que es la principal dificultad y gravedad de este debate, cualquiera
sea el resultado; porque si hoy se consagra esta norma, será algo malo en algún sentido, y si
no se consagra, será malo en otro. Esto es una debilidad intrínseca del modo en que gobierna
el Poder Ejecutivo nacional.
Me voy a permitir leer un párrafo de un filósofo que ha publicado hace 150 años un
texto llamado “Sobre la Libertad”. Hace poco, hicimos un homenaje a ese texto en la
universidad pública, con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Lo que decía John Stuart Mill es lo siguiente: En política, casi es un tópico que un
partido de orden y de estabilidad y un partido de progreso o de reforma son los dos elementos
necesarios de un Estado político floreciente. Esto —reitero— fue dicho hace 150 años por un
pensador del liberalismo, y lo repito, porque me parece interesante proyectarlo a nuestra
realidad política de hoy. Continúo; decía: En política, casi es un tópico que un partido de
orden y de estabilidad y un partido de progreso o de reforma son los dos elementos
necesarios de un Estado político floreciente, hasta que uno u otro haya extendido de tal
manera su poderío intelectual, que pueda ser a la vez un partido de orden y de progreso,
conociendo y distinguiendo lo que se debe conservar y lo que debe ser destruido.
Considero que el problema que tenemos es que el Poder Ejecutivo nacional no es ni
un partido de orden ni un partido de progreso. Está al mismo tiempo en la revuelta y en la
gobernabilidad. Y no se puede estar en los dos lados al mismo tiempo. Entonces, se encierra
en una situación permanente de creación de conflicto y pone a andar —y esto también es un
efecto medios— un significante, una expresión, por ejemplo, la 125; y luego, se divide en el
campo total de la significación en los amigos de la 125 y los enemigos de la 125; los propios
y los ajenos. Esto se ha venido haciendo pronunciadamente desde que Cristina Fernández de
Kirchner está ejerciendo la primera magistratura. Hoy es la ley de medios. Se está a favor del proyecto del Poder Ejecutivo o en contra, y eso divide completamente el campo de la
significación social, cultural, política y pasional de los argentinos.
Pero esto no es así, porque afuera de estos dos polos, quedan los indiferentes, los
dudosos, los ambiguos, los excluidos y aquellos a los que no les atañe en forma directa la
cuestión. Los 13 millones de pobres que tiene la Argentina no deben estar pendientes ni
deben tener como una prioridad este debate. Entonces, seguir dividiendo a los argentinos ¿es
la forma de gobernar nuestro país?
Es obvio que este proyecto no potencia el desarrollo del sector de los medios
audiovisuales. Habría que ver cuáles son todas las consecuencias. Hay algunas que
inmediatamente podemos imaginar, y son negativas. Ya se han dicho mucho en el debate de
hoy y, seguramente, las seguiremos apuntando en el tratamiento en particular cuando
discutamos los diferentes artículos.
Pero creo que la principal cuestión ronda en la libertad de expresión, conectada por la
tradición más importante del pensamiento occidental. Así, podemos hablar de Kant y del
propio John Stuart Mill, entre tantos otros. Conectada —digo— la libertad de expresión con
la libertad de pensamiento, cabe señalar que no hay libertad de pensamiento sin libertad de
expresión. La libertad de expresión es un ejercicio público; la libertad de pensamiento podría
ser vista como algo del fuero privado. Pero el derecho a la libertad de pensamiento requiere
el hecho de la libertad de expresión.
Ahora bien, la libertad de expresión requiere, a su vez, de medios para poder ser
expresada; de medios que sean masivos, que tengan gran alcance y que no puedan ser
cooptados por ningún poder monopolizante o oligopolizante.
Mi madre, seguramente, ha querido seguir el debate durante toda esta tarde para ver
cómo andaba el nene, y muchas veces prendió Canal 7, y ya se cansó de gritar todos los
goles, sin lograr seguir el debate del Senado de la Nación por Canal 7. Espero que esto no sea
lo que ocurra de ahora en más, con tantas situaciones fundamentales por las que estamos
transitando. Entonces, ¿por dónde se ha podido seguir este debate? Mal que les pese a
aquellos que están denostando a través de esta norma a cierto sector en particular, lo siguen
por TN, que levanta la transmisión de Senado TV. En fin, digo esto como una nota de color,
pero también tiene su grano de verdad.
El proyecto que estamos discutiendo contiene, a mi modo de ver, dos dimensiones.
Por un lado, tiene una dimensión central ordenadora, porque está bien escrito, bien hecho y
bien pensado: es un proyecto para concentrar el poder a través del dominio de los servicios
de comunicación audiovisual en la Argentina. A mí me parece que el oficialismo puede
pretender hacer esto, es decir, defenderlo y hacerlo aprobar, y si tiene número en el
Congreso, adelante. A su vez, tiene que asumir las consecuencias.
En las sociedades contemporáneas y complejas como la nuestra, el Congreso
Nacional debería ser considerado como una instancia de mediación para que la violencia sea
desviada, aminorada y no pueda enseñorearse de la vida de toda una nación. Pero el
Congreso se devalúa cuando esta Cámara —Cámara revisora al fin— no puede revisar,
porque hay una situación, podría decir —cayó mal en su momento— de pantomima o de
simulación de debate. Creo que lo que hacemos tiene un valor en sí; tiene un valor en sí lo
que ejercimos en los plenarios de comisión y tiene un valor en sí esta sesión también. Lo que
da pena es que tanto esfuerzo que ponemos —riqueza argumental, de imágenes, asociaciones,
citas, compromiso, pasión— no dejamos que ejerza fuerza sobre las conclusiones. En las
conclusiones, ya todos estamos donde estábamos previamente. Por lo tanto, el debate no tiene
eficacia real; tiene el valor de ser expresivo y de poder enriquecer el lenguaje y la
inteligencia de todos aquellos que lo siguen y de nosotros mismos, naturalmente, pero no le
damos la eficacia de cambiar nuestras acciones. Eso obedece a otros resortes. ¿A cuáles? Uno
puede decidir porque se somete a un interés determinado o a un alineamiento de una fuerza
determinada, a una identidad o a una tradición. Reivindico que el legislador tiene que hacer
de la razón una fuerza decisiva, es decir, una fuerza superior a cualquier otra. El lenguaje
tiene muchas variantes. La razón es una. Ahora bien, el problema que tenemos es que no
dejamos que la razón adquiera fuerza propia, y la verdad es que sólo en el terreno de la razón
ejercemos la libertad de pensamiento y de expresión. Cada vez que la retórica nos hace pervertir el orden de las razones, se ha depuesto la
libertad, está derrotada porque ya estamos atados a la no libertad, a la fuerza de hechos, de
intereses, de ambiciones, de fidelidades y del “gana-pierde” en el que estamos
constantemente encerrados. La verdad es que no tengo mucha esperanza de que esta reflexión
compartida vaya a hacer cambiar su voto a los legisladores que ya han asumido qué van a
votar hoy.
No me sorprende que estemos debatiendo este tema después del 28 de junio y de la
convocatoria al diálogo político; aunque un poco me sorprende, porque sigo teniendo alguna
ingenuidad y alguna esperanza. Esperaba que después del 28 de junio otra cosa pasara en la
Argentina y no que estuviéramos profundizando ese camino peligroso por el que ya venimos
andando. Nos achicamos como Nación, nos enfrentamos en el discurso, hay enfrentamiento
en las calles, hay exclusión social, no se cree en un horizonte posible de mejoramiento para la
Argentina. Hoy la Argentina es más chica que lo que soñó ser, que lo que tal vez alguna fue y
que lo que deseamos que sea. ¿Es la Argentina hoy un país de 40 millones? Decíamos que
podía ser un país para 400 millones y sólo tenemos, quizás, un país que incluye a 15
millones. Se discute con pasión este proyecto de ley cuando la Argentina se encuentra en este
proceso, del cual podemos hacernos responsables todos, pero cada uno en su medida y si
quieren, también, armoniosamente; pero mayor responsabilidad le cabe al gobierno nacional
en el Poder Ejecutivo, mayor responsabilidad le cabe al oficialismo.
Hablé del efecto medios. Es evidente que los medios masivos de comunicación son
un arma de doble filo porque, al mismo tiempo, pueden potenciar el ejercicio de la libertad de
pensamiento y de expresión, y pueden, también, aplastarlo, porque los medios de
comunicación coaccionan también nuestra mente, nuestra capacidad de diálogo interior, de
expresión exterior, y nos uniforman el pensamiento. No estoy defendiendo aquí ni a un grupo
en particular ni, en general, a la lógica más mediática. Por el contrario, quisiera rescatar a la
cultura y a la política de la victimización que se le hace diariamente por la tiranía de la
imagen, del discurso rápido, del pensamiento esquemático y de la tergiversación.
El señor senador Calcagno manifestaba que los medios de comunicación construyen
realidad. La verdad es que también las instituciones y nuestros discursos la construyen. No
me parece bien la tiranía que ejercen los medios. Pero no está en nuestras manos
individuales, ni siquiera colectivas, la posibilidad de cambiar el orden de las cosas, que es el
orden mundial. La Argentina está en ese orden. Esa globalización se expresa también por la
lógica más mediática. Pero, por lo menos, rescatemos un debate en el Congreso nacional; por
lo menos, rescatemos los proyectos de ley y la forma en que se los va a discutir a partir de la
Presidencia. No nos sometamos a esa degradación cultural y social que significa el dominio
de los medios. Me parece que el gobierno es cómplice de ello: sólo quiere tener el
instrumento para volcarlo a su favor, y esto lo sabe todo el mundo.
Hoy a la mañana, cuando estaba tomando el café donde habitualmente lo hago, el
mozo me preguntó sobre quién gana y quién pierde; qué quieren unos y otros. O sea,
hacémela corta, hacémela fácil. Es fácil: si el gobierno gana, tendrá más poder a través de los
medios; si el gobierno pierde, no lo tendrá. Ustedes dirán: claro, lo tendrán los que hoy lo
tienen; pero ¿quién lo tiene? ¿No hay en eso una fantasía? Yo puedo decir que aquí quien
gobierna a través de los medios no es nadie, es un gobierno anónimo.
Mi amigo Miguel Wiñazki, pensador de los medios y filósofo también, en el libro que
se llama La Noticia Deseada dice que la noticia deseada es, de alguna manera, quien
gobierna. La noticia deseada no es la que algún maniático o algún demonio detrás de un
escritorio ha definido en un grupo privado y tampoco en una oficina del gobierno nacional.
La noticia deseada es la que ni siquiera sabe el pueblo. Vamos al caso de nosotros: ni el
pueblo argentino sabe qué noticia desea. Hay una cosa extrañísima: la noticia aparece, la
noticia se impone. Y esa noticia, ¿quién la quiere? La quiere un colectivo, un anonimato, que
la impone así y, en realidad, no se sabe por qué es así. Yo creo que el gobierno nacional tiene
la ilusión de que va a poder poner su noticia, la noticia que desea imponer a través de los
medios. Pero esa es una batalla inútil, es una batalla perdida de antemano.
Seguramente, muchos de nosotros debemos haber pasado por la experiencia de que
cuando éramos estudiantes leíamos el libro que el profesor no nos recomendaba y cuando
éramos profesores nos quejábamos de que los estudiantes no leían los libros que nosotros recomendábamos. Esto es así. Uno quiere sentirse libre y ejercer —ilusoriamente o no— esa
libertad. Entonces, ¿qué va a buscar el pueblo? Siempre va a buscar la noticia que piensa que
es la no deseada por el poder de turno. Así que esto, además de todo, es una batalla inútil;
otra división inútil entre los argentinos, en lugar de estar gobernando para la unión de los
argentinos, para el desarrollo de la Nación, para recuperar el tiempo perdido, para incluir a
los excluidos, y podría seguir… Y ya muchos han apuntado cosas similares antes que yo.
Como todavía tengo algo de tiempo, voy a reflexionar sobre el proyecto en sí mismo.
He dicho que el proyecto tenía dos dimensiones: una dominante, concentración de poder, y
otra a la que llamaré efectos colaterales de la guerra contra el enemigo creado por esta lógica
amigo-enemigo, que es la lógica del gobierno argentino actual. En algunos casos, el efecto
colateral puede ser benéfico. En este sentido, deseo señalar, por ejemplo, el hecho de que se
incluyan los pueblos originarios, las universidades nacionales, alguna cooperativa que no sea
monopólica… Estas cosas pueden ser efectos colaterales benéficos de este proyecto, pero de
ninguna manera son su objetivo primordial. Si esos efectos colaterales benéficos no sólo no
molestan al gobierno sino que incluso son promovidos, es porque eso le ha dado apoyo,
legitimación pública, porque ha incluido en este proyecto a los menos poderosos, a las voces
menos fuertes; y yo creo que muchas de ellas son bien intencionadas.
Respeto los famosos 21 Puntos, así como a muchos intelectuales, comunicadores y
periodistas que han estado y están sinceramente comprometidos, creídos de que esto es un
mejoramiento de la situación actual; que esto libera, esto incluye palabra, esto
desmonopoliza. Pero, en verdad, apelo a la razón y sigo insistiendo —casi platónicamente, si
se quiere— con que es una. Si todos nos dejamos guiar sólo por la razón, concluiremos que
este proyecto de ley, así como está, no puede ser realmente antimonopólico.
Esta iniciativa sí es concentracionaria, es profundamente antiliberal Hay muchos
sentidos en que el liberalismo debiera ser considerado más positivamente por nuestra
sociedad y, también, en el punto de esta norma. Digo esto porque se puede entender que
respecto de un bien finito, como es el espacio radioeléctrico, el Estado esté obligado a excluir
operadores del espacio radioeléctrico, a fijar frecuencias, porque si no, obviamente, no puede
funcionar, porque hay escasez posible del recurso.
Esto está claro. También está clara la restricción al 35 por ciento, incluso en el
dictamen de minoría que acompañé y con el que colaboré en su redacción. Considero que
está bien mantener eso, porque no es lo mismo el cable que el diario, a pesar de que se
parecen mucho. En efecto, yo puedo comprar muchos diarios distintos, pero estoy conectado
a un solo cable. Entonces, está bien evitar las posiciones dominantes en el mercado de cable,
pero esa es toda la regulación que podríamos hacer, pues la regulación de contenidos va en
contra de la libertad de expresión.
Con relación al tratamiento igualitario de los cables y del espectro radioeléctrico, es
injustificado, arbitrario; excepto por la lógica concentracionaria de la que ya hablé, como el
artículo 45, que no permite esa multiplicidad de señales. Meterse con las señales y limitar las
señales como se las limita en este proyecto, también es injustificado si lo que se quiere es
mejorar el sistema.
Todo es justificado si lo anoto como instrumentos de la concentración de poder. Ahí
todo se justifica, todo se armoniza. Pero lo que le pediría al oficialismo es que no lo haga
hipócritamente, que de una vez asuma que lo que le interesa con este proyecto es concentrar
el poder sobre los medios para —por esa ilusión que antes señalé— pensar que sigue
concentrando el poder en la realidad. No obstante, se muestra que eso no es así; y no se va a
revertir por tener más poder sobre los medios. Dejemos de pensar en esos términos. Se va a
revertir si este Congreso nacional le muestra a la sociedad que puede estar a la altura de las
circunstancias; si esta Cámara revisora puede, al menos, cambiar una coma —por decirlo
simbólicamente—, un artículo, un contenido.
No se puede decir que hay consenso cuando sólo se está de acuerdo con los propios.
Sólo tiene sentido hablar de consenso cuando se ha superado un disenso. Entonces,
superemos algún disenso alguna vez. Ustedes pueden devolverle esto a la oposición. Y acá se
dijo —y el senador Naidenoff lo expresó con toda claridad— que se han logrado
unanimidades. Puedo citar la ley de glaciares, unánimemente votada por este Congreso. Eso
sí fue consenso. ¿Y en qué terminó? Veto presidencial. Entonces, lo que hay que cambiar es la mentalidad, la construcción de poder, la gobernabilidad en la Argentina. Esto es un
capítulo más de esa batalla; no profundicemos el camino hacia el lugar equivocado.
Este proyecto de ley no excluye, por ejemplo, a los contratistas del Estado, como se
dijo. Eso también es funcional a la concentración posible de poder. Esta norma dejará sin
voz, sin audio, sin participación a muchas radios y a muchos cables pequeños, a muchas
pymes del sector; y esto también está reconocido. Si no me equivoco, la senadora Fellner lo
reconoció al decir que, justamente, con fecha 9 de octubre ha presentado un proyecto para la
defensa de las pymes, para su mejoramiento. Eso es un reconocimiento de que este proyecto
las daña.
¡Cómo no va a ser necesario tener incluido un capítulo de defensa de la competencia
cuando se está tratando de luchar contra los monopolios!
Sra. Fellner. — Pido la palabra.
Sr. Cabanchik. — ¡Cómo no va a ser necesario incluir un capítulo entero de publicidad
oficial! ¿Por qué el ex presidente Kirchner pudo empezar dando el ejemplo, autolimitándose
en el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, y hoy…
Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senador. La señora senadora Fellner le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Cabanchik. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente (Pampuro). — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fellner.

Sra. Fellner. — Señor presidente: solamente quiero hacer una aclaración. Sí, yo dije eso,
porque fue algo que se habló cuando vinieron los cableros del interior.
El senador comete un error al mencionar que una cooperativa puede ser un
monopolio. Cuando se habló de eso, se dijo que ya se estaba trabajando en un proyecto para
mejorar todas las pymes y micropymes, y no solamente por lo que pueda suceder con esta
norma.
En ese sentido, quiero aclararle esto al senador, porque me hace decir cosas que no he
dicho y está sembrando una duda que no tengo.

Sr. Presidente (Pampuro).— Continúa en uso de la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchick.— Rápidamente, para no pasarme del tiempo, quiero decir que hay muchas
cosas de este proyecto de ley —por ejemplo, la previsibilidad, el orden de legalidad, la
constitucionalidad— que son discusiones muy profundas y que ya nos hemos dado la
oportunidad de tratarlas en otros debates.
Tener figuras en la norma como la falta grave, sin definir lo que es una falta grave;
tener el artículo 108, inciso a), que habla de incitar al atentado contra la democracia sin
precisar nada, son problemas serios de la letra misma del proyecto.
Ahora bien, o se es un partido del orden, un gobierno del orden que intenta desarrollar
una Nación y, entonces, ofrece previsibilidad y respeta los contratos, o se está todo el tiempo
cambiando las reglas de juego y se da la peor de las señales a la inversión. ¿No queremos
desarrollar la Argentina? ¿Vamos a desarrollar la Argentina cuando les estamos diciendo a
los inversores “miren que yo pateo el tablero cuando quiero o necesito”? Digo esto porque
darle el plazo de un año a todas las empresas que han invertido, incluso de acuerdo con un
decreto como el de 2005, que ha suspendido por diez años el tiempo de vigencia de las
licencias otorgadas vigentes anteriormente, es patear el tablero. ¡Eso es patear el tablero!
Entonces, estamos equivocándonos.
Entiendo que, en este caso, el oficialismo del Senado siente que no puede, en general
—porque algunos senadores sí lo han hecho—, separarse de estas órdenes del Poder
Ejecutivo nacional, de esta línea que baja así, taxativa y masivamente. Pero, bueno, en algún
momento habrá que hacerse cargo. Mientras tanto, así profundizamos los problemas y no los
resolvemos.
Quisiera terminar leyendo un texto que me gustaría escucharle decir a la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, el próximo 7 de junio. Dice así: Deseo
agradecerles una vez más la tarea realizada por todos ustedes al servicio de la democracia
argentina a través del trabajo que significa hacer trascender a la opinión pública lo que
sucede; es decir, la tarea informativa. Les agradezco lo que hacen por la democracia al
criticar, porque la democracia necesita controles y tiene la característica de destapar todo, incluso las grandes equivocaciones. Les agradezco la solidaridad que incuestionablemente
han puesto claramente de manifiesto al servicio de las instituciones de la Nación.
Ojalá la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reúna a todos los periodistas,
grandes ausentes de este proyecto —por lo menos, en su letra—, y les diga esto. Estas
palabras fueron dichas por el ex presidente, doctor Raúl Alfonsín, el 7 de junio de 1987, a
los periodistas, felicitando, celebrando la crítica como un motor de la democracia. En
cambio, hoy, ¿qué estamos discutiendo?, ver cómo vencemos a los que consideramos un
enemigo —más mediático— para hacernos del instrumento para conseguir fines, vaya a saber
cuáles.
Estamos discutiendo mucho de medios y no de fines. Estamos discutiendo una norma
que viene a quedarse más bien con los medios y que no pone los medios institucionales, la
potencia de este país, al servicio de su grandeza.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus. — Señor presidente: antes que nada solicito autorización para insertar en el
Diario de Sesiones parte de mi exposición, a la que quería referirme también. De todas
formas, si me quedan un par de minutos lo voy a hacer. Se trata de aportes muy serios y
sustantivos respecto a la temática educativa, de los niños y jóvenes, de la comunicación y la
necesidad de protección que tiene nuestra sociedad respecto de los mensajes que transmiten
los medios y de la necesidad de una lectura crítica que necesitamos para formar a nuestros
docentes, chicos y jóvenes. Considero que la iniciativa contiene un conjunto de aspectos muy
importantes, que si tenemos tiempo voy a referirme al final de mi exposición.
Ahora me gustaría dedicar unos minutos a algunas cuestiones que se dijeron recién,
porque si las dejo pasar significaría cierta condescendencia con eso que se manifestó que
pienso que no es del todo acertado.
En primer lugar, empiezo por algo que se expresó en la Cámara. Quiero agradecer
especialmente al senador Alfredo Martínez —se lo he dicho personalmente en privado y lo
quiero hacer público ahora— por el gesto y la actitud que ha tenido y que tiene respecto al
trabajo conjunto, poniendo lo que nos une por encima de todo. Lo que ha planteado en el
Cuerpo me parece muy digno de ser agradecido. Me emocionó el planteo que hizo.
En segundo lugar, en la misma dirección de recoger manifestaciones que se hicieron
en el debate, señalo que he escuchado con mucha preocupación al senador Petcoff Naidenoff —lamento que no esté aquí en este momento— los planteos que ha hecho. Me gustaría
discutir al menos un par de ellos.
El senador Petcoff Naidenoff ha dicho, entre otras cosas, que este gobierno asfixiaba,
perseguía y silenciaba a los periodistas. Nos ha dicho a los senadores —algo de eso repitió
luego el senador Cabanchik— que defendemos una posición, que es una posición hipócrita.
Al respecto señalo que yo defiendo las posiciones que pienso, siempre lo hecho, como en el
caso de la ley de los glaciares, senador Cabanchik. No defendería una posición que no
comparto. Estoy planteando acá mi posición con toda honestidad, como la que supongo
tienen los senadores Petcoff Naidenoff y Cabanchik. No hay por qué menospreciar una
posición que es distinta.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Filmus. — En última instancia, cuando hablaba el senador Petcoff Naidenoff pedí que me imprimieran la siguiente frase de Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero
defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Creo que todos los que estamos acá
pensamos más o menos así; y lo quiero reafirmar.
Como fui parte del Poder Ejecutivo, tal cual lo mencionaba en su momento el senador
Petcoff Naidenoff, no voy a aceptar lo que dijo sobre hipocresía, persecución y
silenciamiento, porque la libertad de expresión, la posibilidad de expresar lo que pensamos y
sentimos en este país no es patrimonio de este gobierno ni de ningún gobierno sino que lo es
de los que pelearon para recuperar la democracia en 1983.
Y eso no está en discusión por esta ley, no sólo porque está en la Constitución y en
los tratados internacionales, que están por encima de esta ley, sino porque es producto de la
lucha del pueblo argentino, por lo que nadie va a permitir la censura del Estado; es producto
de aquellos que como Rodolfo Walsh o Haroldo Conti dieron su vida para que ello fuera así; es producto de aquellos que como Timmerman fueron en su momento torturados y exiliados,
al igual que otros grandes periodistas, como Rodolfo Terragno y Horacio Verbitsky, sin ir
más lejos, que también fueron exiliados durante esa época.
Esa libertad que logró conquistar nuestro pueblo, con todos los partidos que estamos
aquí —probablemente la gran mayoría de los partidos populares—, no se va a perder nunca e,
insisto, no porque esté en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes sino
porque realmente es un pueblo que aprendió a vivir en democracia y sin ningún tipo de
censura.
También quiero decirle al senador Petcoff Naidenoff —espero que esté escuchando
en donde esté— que hay que leer todo lo que dice el CELS. Es verdad que el CELS año tras
año envía sus inquietudes respecto de la libertad de prensa —yo las recibía cuando ocupaba
un cargo en una institución—, en época de otros gobiernos democráticos y que el senador
leyó. Pero también debiera haber leído lo que dijo el CELS cuando vinieron a una de las
audiencias, si realmente tiene respeto por la institución y si lo escuchó.
Leo las conclusiones del CELS con relación al proyecto de ley en tratamiento: A
modo de cierre, el valor de esta ley como parte de una agenda ampliada de libertad de
expresión y derecho a la información. En conclusión, para el CELS este proyecto de ley
respeta los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de la libertad de
expresión. De modo que, por un lado, dificultará las injerencias arbitrarias sobre la actividad
de comunicación audiovisual y, por otro, favorecerá la mayor pluralidad y diversidad en las
voces de debate público.
¿Qué es lo que leyó el senador Petcoff Naidenoff? ¿Por qué no leyó el análisis del
CELS sobre la ley que estamos discutiendo ahora? Es importante discutir con todo, y no sólo
con una parte.
Por otro lado, acuerdo con lo que dijo la senadora Negre de Alonso: si hay duda, más
libertad; si hay duda, más federalismo. Hay dudas con esta iniciativa y uno puede discutir
sobre ello. Yo mismo tuve que leer este proyecto de ley y compararlo con el que envió en su
momento el presidente Alfonsín, con el que envió en su momento el presidente de La Rúa,
con lo que decía Carlos Nino, alguien que valoramos todos, cuando condujo los debates sobre
la democracia en la Argentina. Es muy similar. Cuando uno analiza en concreto los temas
que se plantearon acá respecto de cómo funcionan en otros países, es muy similar.
Si aún hay dudas, prefiero estar del lado de las universidades, de los que lucharon por
esa libertad y no del lado de los que en forma oportunista ahora se ponen la camiseta de la
libertad de expresión. He escuchado en la Ciudad de Buenos Aires, a la que represento en una
parte, que aquellos mismos que nombraron como jefe de la Policía a un procesado por
encubrimiento en la causa de la AMIA, se rasgan las vestiduras por la libertad de expresión,
y estando pinchando los teléfonos actualmente, como ha quedado marcado.
Estoy de acuerdo en que si hay dudas, más libertad. Podemos pensar que es distinto
para cada uno, pero hay que avanzar en esa dirección.
¿Qué es hipocresía? Permítanme leer en esta parte una carta de un correligionario:
Pasó más de un año desde que nos propusimos desde la Comisión, y con el fundamental
aporte del COMFER, dar forma a una nueva y muy reclamada ley de radiodifusión. En este
lapso tuvieron lugar numerosas reuniones de diputados y asesores. Al cabo de unos meses se
llegó a una redacción que creíamos satisfactoria y se formalizó con la presentación en la
Cámara de Diputados. Comenzó, entonces, la etapa de análisis del proyecto del PEN y otros
proyectos, al tiempo que comenzaron a realizarse audiencias públicas en todas las regiones
del país. Y se llegó, con la esforzada tarea de los asesores de la comisión, a un proyecto de
dictamen que, con el aporte de los diputados, desembocaría por fin en el terreno de la
definición parlamentaria. Hubo mucho trabajo, mucho empeño, mucho viaje, discusiones,
reuniones con todos los sectores involucrados y una probada voluntad de conseguir un
consenso que contuviera a todas las inquietudes, derechos y propuestas que fueron
recibiendo. Y cuando todo indicaba que esta tarea llegaría a buen puerto, nada, no hubo
dictamen, desapareció la voluntad de sancionar la ley. Todo fue a parar a una vía muerta. La
permeabilidad a las presiones pudo más que el compromiso asumido frente a la sociedad y a
nuestras propias convicciones. Como no estoy dispuesto a claudicar de manera tan resignada, le comunico mi decisión de renunciar a la comisión que usted preside. No le voy a negar que
queda en mi boca el sabor amargo de una frustración que nunca imaginé de este modo.
Esta es la carta de renuncia a la Comisión de Comunicación del diputado mandato
cumplido Luis Brandoni. Cuando tuvo que bajar a firmar el dictamen, lo hicieron tres de
todos los que habían participado y estaban de acuerdo.
Tenemos que decir que los argentinos tenemos un problema con las políticas de
Estado, porque es verdad que puede ser que nuestra fuerza no haya acompañado en ese
momento, pero también es verdad que fuerzas de la oposición hoy no están de acuerdo con
posiciones que antes si compartían, porque no son gobierno.
Cuando discutimos la ley de educación, la ley de financiamiento educativo, la ley de
educación técnica, la ley de educación sexual en muy pocas de ellas se pudo lograr consenso.
En el Senado hubo consenso para aprobar la ley de Educación, a la que se introdujeron más
de cien cambios, pero en la Cámara de Diputados los mismos bloques que sí consensuaron no
la aprobaron, con la idea de que vuelva y no salga nunca. Entonces, me parece que el tema de
cómo construimos una Argentina distinta tiene que ver con que hagamos un esfuerzo grande
por sumar consensos. Y estoy orgulloso de estar, en muchos aspectos, votando una ley que
tuvo reformas profundas.
Yo no estaba de acuerdo con el tema de las telefónicas, no estaba de acuerdo con la
autoridad de aplicación, ni con lo que se sospechaba de la revisión a los dos años. Todo fue
cambiado en Diputados. Hubo más de cien cambios. No estamos obedeciendo al gobierno.
Hemos participado en la discusión de Diputados y hemos planteado reformas profundas. Por
algo también estoy orgulloso de que estén con nosotros otras fuerzas sociales, la de Solanas
por ejemplo, o la del Socialismo, la de Tierra del Fuego u otras. Y se han incorporado porque
se hicieron los cambios. Y no es un signo de debilidad cambiar, es un signo de conseguir
consenso, de trabajar en una decisión común. Lo que no puede haber es una ley
contradictoria.
Entonces, podemos estar de acuerdo con algunos de los puntos o no. Yo escuchaba
recién hablar del 35 por ciento, ese es un punto fundamental. Señalaba lo de la autoridad de
aplicación; hay muchos aspectos en los cuales podemos estar en conjunto y, aun cuando
tengamos algunas diferencias, ellas no hacen a la libertad de expresión frente al Estado.
Todos sabemos que es una libertad que se pelea y se decide de otra manera. Este me parece
que es el tema central para que nosotros podamos crecer.
Permítanme terminar planteando algunas cuestiones que me parecen centrales.
Nosotros tuvimos una experiencia con el Canal Encuentro, cuando nadie pensaba que desde
el Estado se podía hacer algo plural, de elevado nivel cultural y que realmente fuera atractivo.
Y lo hemos logrado. Creo que es un ejemplo de las perspectivas con las cuales podemos
trabajar en forma conjunta.
Quiero decir que es muy importante el papel de los medios en la formación de
nuestros chicos y de nuestros jóvenes. Alguien hablaba del Medioevo y, en una época, quien
transmitía los valores era la familia, luego la Iglesia y también la escuela. Pero hoy en día, lo
decían muy bien los senadores Gioja, Osuna y Díaz —realmente me encantó la forma en que
ella lo planteó en la mañana—, estamos hablando de chicos que están cuatro horas en la
escuela y, a veces, seis frente a los medios. En efecto, según las investigaciones que hicimos
nos dieron seis horas frente a los miedos…, Digo los medios; aunque el fallido vale, porque
según un estudio que hizo el COMFER hace varios años, en nuestra televisión, en la
Argentina, tenemos un hecho de violencia cada quince minutos, sin importar si el horario es
de protección al menor o no.
Estas son las cuestiones de fondo que podemos discutir. Son temas con los que, como
con el mecanismo que fija la ley, de la Comisión de Radiodifusión e Infancia, puntualmente,
se permite y plantea como objetivo la mirada crítica de los chicos, la formación de los
docentes y la posibilidad de que trabajemos todos juntos en la dirección de la formación de
las nuevas generaciones, lo que realmente me parece fundamental.
Planteo otras dos cuestiones, aunque podría señalar algunas más: el tema de la
participación en todos los aspectos de la Universidad y la carrera de Comunicación; y el tema
de la accesibilidad, que realmente permite que lleguen justamente a quienes más lo necesitan,
como los chicos con necesidades especiales. Termino tratando de ser coherente con lo que he planteado y comprometiéndome, y
comprometiéndonos —espero, porque hubo varios senadores que lo plantearon acá—, en
avanzar sobre aquellos aspectos que tenemos pendientes; uno puede ser la ley de pymes, que
tiene que ver con una cuestión más general. Pero avanzaremos sin lugar a dudas respecto del
acceso a la información y a la pauta oficial. Compromiso. Hay proyectos presentados.
Podemos trabajar y, antes de fin de año, si llegamos a un acuerdo, podemos avanzar.
Hoy empezamos con el homenaje a Mercedes Sosa. Recuerdo “Todas las manos,
todas; toda la sangre, toda”; pero también: “Todas las voces pueden ser canción en el viento”.
Creo que esta ley va encaminada en esa dirección, más voces, más pluralidad, más canciones en el viento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Marino.

Sr. Marino. – Señor presidente: creo que hoy estamos participando de una sesión que
seguramente puede convertirse en histórica, por la dimensión y la importancia que tiene este
tema. Pero la trascendencia no solamente está dada o significada por el texto de la norma sino
también por cómo se ha instalado en la sociedad, en la gente, una sociedad que entendemos
está siendo engañada por esta sanción de la Cámara de Diputados. Hoy, el oficialismo
pretende su aprobación sin ningún tipo de modificaciones. Mientras el discurso va para un
lado, cuando uno analiza el texto de la ley, ve que va para otro.
Esta iniciativa se presenta también como recogiendo los 21 Puntos Básicos que
generó la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Verdaderamente creo que este es un
trabajo que tenemos que reconocer todos los argentinos a todos los que trabajaron en la
elaboración de estos 21 Puntos. Pero si uno analiza lo medular de la ley, su corazón, estos 21
Puntos, en su mayoría, están ausentes.
Creo que si no efectuamos correcciones significativas, que incorporen un alto valor
institucional, seguramente estaremos sancionando una ley que se va a convertir en un fraude
para estos tantos que trabajaron en los 21 Puntos de esta Coalición y también para todos los
ciudadanos que participaron a lo largo y a lo ancho de la República Argentina.
Otro de los enunciados en la presentación de esta norma es la obligación moral de
terminar con una ley creada o generada en un gobierno de la dictadura. En esto estamos todos
de acuerdo; todos creemos que se debe derogar una ley de la dictadura. Ahora, también
permítanme decirles que quiero recordarle a la presidenta de la Nación que sería bueno que
deroguemos otras leyes de la dictadura, como por ejemplo el Código Aduanero, que le
permite a este gobierno esquilmar a los productores agropecuarios mediante las retenciones.
También me gustaría que estuviéramos derogando la ley de telecomunicaciones, de la
que acá no se habla y creo que vamos a tener que trabajar rápidamente en ello, porque me
parece que quedan algunas puertas abiertas, algunos caminos abiertos para que también
incursionen en la televisión en la Argentina.
Además, sería bueno que la presidenta hubiera usado los mismos términos cuando
presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, ya que al otro día eligió
unilateralmente la norma digital que va a adoptar la Argentina, justamente por una facultad
que le otorga la Ley 22285, de la dictadura. Entonces, si demonizamos una cosa, también
demonicemos la otra. Quizá sea la mejor norma; la verdad es que no lo sé. Puede ser la mejor
o la peor, lo importante hubiera sido que se debatiera aquí, en el Congreso de la Nación.
Señor presidente, tenemos que derogar una ley espuria en cuanto a su origen,
políticamente incorrecta y que, además, cuando uno la mira desde el punto de vista de la
innovación tecnológica, es vieja. Pero fundamentalmente creo que también deberíamos estar
saldando una gran deuda que tiene el Parlamento con el pueblo argentino, porque si no lo
hacemos —y es cierto que durante más de veinticinco años la han reclamado y la hemos
reclamado todos—, seguramente deterioraremos, una vez más, la imagen de este Congreso.
Esto ocurre porque, en lugar de tratar una ley de medios como se debe, creo que el
oficialismo, en esto, ve en la norma una herramienta para consolidar un modelo hegemónico,
que no es lo mismo, que no es menor, acallando voces.
Nadie puede dudar de que las audiencias públicas fueron excelentes, tanto por los que
vinieron a hablar a favor como por los que lo hicieorn en contra, porque verdaderamente creo
que contribuyeron, que nos desasnaron con muchas de sus intervenciones. Por eso no
entendimos y no entendemos por qué, abruptamente y justamente el bloque de la mayoría, cortó esas audiencias. Parece que, cuando lograron la octava firma, se terminaron las
audiencias. Y quedó mucha gente sin participar —como la especialista a la que habíamos
convocado—, a quienes en verdad nos hubiera venido bien escuchar.
Cito a dos, para no normbrar a demasiados. Esta iniciativa tiene aspectos técnicos
fundamentales, complejos. Por supuesto, no se dejó participar a la Universidad Tecnológica
Nacional; me parece que habría sido excelente que hubiera estado aquí.

Sra. Osuna. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Marino. – No voy a conceder interrupciones, porque no creo que me alcance el tiempo; ya veo que estoy complicado.
También se habló acá de otro tema importante, de que esta es una ley que va en contra
de los monopolios. Estaba invitada a las audiencias públicas la gente de Defensa de la
Competencia; tampoco la dejamos participar. Pero ya que hablamos de que se trata de una
ley antimonopolios, no podemos dejar de señalar que, si los monopolios existen es porque
este gobierno quiere que existan, ya que este tiene las herramientas legales para combatir los
monopolios o las posiciones dominantes —depende cómo se los quiera denominar—, pero no
sólo que no las utiliza sino que, además, instrumentó normas para fomentar las actividades
dominantes o monopólicas.
Permítanme decir algo: en el artículo 85, inciso b), de la Ley 22285 —la norma
vigente— dice muy claramente que son causas de caducidad de licencias las maniobras de
monopolio. Además, en el articulo 53 se dice claramente que las licencias se extinguirán por
razones de interés público. ¿Acaso el COMFER no considera que combatir un monopolio es
una razón de interés público?
Pero me permito también recordarles que el funcionario que tenía y tiene estas
herramientas en la mano es, justamente, el licenciado Mariotto, es decir, el interventor que
está al frente del COMFER, quien vino a una de las audiencias públicas y nos hizo creer a
nosotros y a la ciudadanía que quienes nos manifestábamos en contra de este proyecto de ley
estábamos a favor de los monopolios; una gran mentira. No hay que mentirle a la sociedad,
hay que decirle a la verdad porque, como aquí se dijo, cuando las verdades son a medias se
transforman en una gran mentira.
A su vez, permítanme decirles otra cosa: la presidenta de la Nación también tiene la
facultad de constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia. Y si no lo ha hecho no es
porque no se lo hayamos pedido: este bloque de la Unión Cívica Radical lo ha hecho en
numerosas oportunidades. Justamente, una de las funciones de ese Tribunal es pelear y luchar
para que no existan las posiciones dominantes.
Pero hay algo aún más grave: este gobierno no sólo no usó estas herramientas de que
disponía y sigue disponiendo en la actualidad para combatir los monopolios, sino que
instrumentó formas de fomentarlos. Si no, ¿cómo nos explican la prórroga de licencias?,
¿cómo nos explican la fusión de Multicanal con CableVisión? Eso lo hizo este gobierno;
ustedes; no nosotros. Eso es fomentar y defender los monopolios.
Entonces, les pregunto quién está a favor de los monopolios o las posiciones
dominantes en la República Argentina. No le echen la culpa a la oposición de lo que no
quisieron, no pudieron o no supieron hacer. Esa no es responsabilidad nuestra.
Esta situación también va a llevar actuaciones complejas: por ejemplo, el artículo
161, el famoso desguace que van a tener que hacer los medios. Seguramente habrá
innumerables juicios en contra del Estado y también seguramente los vamos a perder. No les
quepa duda que los vamos a pagar todos los argentinos. Esos innumerables juicios los vamos
a pagar todos los que aportamos en esta bendita República.
Pero también es cierto que, precisamente, a partir de ese desguace estarán esperando
los amigos del poder, que se están frotando las manos. Ahí están los que le preguntamos a
Mariotto, que nos quiso decir que estaban encuadrados dentro de lo que son servicios
públicos. No. Los contratistas de la obra pública y los licenciatarios del juego en la Argentina
van a estar preparados cuando venga el desguace para comprar esos medios y, por supuesto,
para transmitir todo lo que el gobierno quiere que se transmita a cambio de la tan preciada
obra pública en nuestro país.
Tenemos antecedentes graves, muy graves, en la materia: Radio del Plata fue
comprada por Electroingeniería, amigo del poder, obra pública. ¿Cómo terminó eso? Con un periodista absolutamente independiente —un señor, Nelson Castro— teniendo que abandonar
esa emisora, como pasó con “Pepe” Eliaschev en Canal 7, en el canal del Estado o del
gobierno.
Y como cité a algunos periodistas también quiero nombrar a otros: Víctor Hugo
Morales, Magdalena, “Negro” González Oro y tantos otros que escuchamos en todo el
territorio argentino; aunque cada uno escucha al que quiere. Pero también hay que decirle a la
sociedad la verdad: no sé cuánto tiempo más los vamos a poder escuchar.
Seguramente, esto va a provocar que existan en la Argentina ciudadanos de primera y
de segunda. Y, por supuesto, que nosotros creemos que debe haber únicamente ciudadanos de
primera, todos iguales, con las mismas posibilidades, con acceso a la información pública,
que tengamos libertad de prensa y de opinión y, fundamentalmente, libertad de elección, de
elegir lo que queremos ver, leer o escuchar.
En este esquema, en la televisión del interior vamos a poder ver sin problemas a
Crónica TV. Pero no creo que podamos llegar a ver a América Noticias, Canal 26 o Todo
Noticias, porque como tendrán que emitirse como señales locales propias por los operadores
de cable creo que, en consecuencia, solamente recibirán esas señales los abonados de esta
ciudad, de la Capital Federal, de la Ciudad de Buenos Aires. Eso va a impedir, seguramente,
que la misma información no llegue a quienes vivimos en el interior del país. Ni qué hablar
de los medios públicos. También hay que entender que los medios son públicos, no
gubernamentales; que son de todos, no del partido del gobierno.
Señor presidente: a la gente hay que hablarle claro. Creo que esta ley completa un
círculo por demás complicado para la libertad de expresión y de la democracia en la
Argentina. Por un lado, manejo arbitrario de la pauta oficial, otorgamiento de licencias y, por
supuesto, impedimento a la información pública.
Justamente, este gobierno ha incrementado la pauta oficial en los últimos seis años en
un 1.300 por ciento. En el primer semestre de este año se han gastado 620 millones de pesos:
50 en el mes de enero y 200 ó 210 en junio. ¡Qué casualidad, justo cuando el ex presidente
Kirchner fue candidato a diputado nacional!
Ahora bien, si hablamos del acceso a la información pública, es dable señalar que acá
hay dos senadores que evitaron que la Argentina hiciera un pago indebido en el “caso
Greco”: Gerardo Morales y Ernesto Sanz. Pero para eso tuvieron que ir a la justicia a recabar
información porque no la conseguían por ningún lado. Gracias a Dios, la Justicia fue rápida y
expeditiva, y gracias a esos dos senadores se logró que no se pagara un dinero que no se
debía pagar.
Todo esto en las manos de un gobierno es un cóctel explosivo. Esto atenta contra la
libertad de prensa y contra la libertad de información.
Estamos en un país donde, aunque parezca increíble, Faggionato Márquez sigue
administrando justicia. ¡Estamos bárbaros, esto es genial! Y, justamente, sigue administrando
justicia porque este gobierno también “fue” por el Consejo de la Magistratura y logró tener el
poder absoluto. Eso se dio a través de un proyecto impulsado por quien hoy gobierna este
país cuando era senadora de la Nación.
Estamos en un país, donde Guillermo Moreno se da el gusto de manejar índices y
estadísticas a su antojo y ahora también quiere manejar el papel de los diarios diciendo una
barbaridad: “A quien divulgue esto los muchachos le parten la columna”. Bárbaro: yo pensé
que en democracia no iba a escuchar estas cosas; menos aún de alguien que es un funcionario
público.
Estamos en un país donde los gobernadores tienen que arrodillarse ante el poder
central para pedir lo que les corresponde, la obra pública y los recursos que también son de
las provincias.
Lógicamente, ahí viene el otro esquema: esos mismos gobernadores presionan a sus
legisladores para que vengan aquí, cuando se trata este tipo de leyes fundamentales para la
República, y voten como oficialistas.
Pero ese no es el esquema que votaron los argentinos el 28 de junio próximo pasado.
Y aclaro que yo no soy de los que dicen que los legisladores cuyo mandato vence el próximo
10 de diciembre no tienen legitimidad; no soy de los que sostienen eso. Creo que tienen toda
la legitimidad, pero también permítanme decirles que deben tener la enorme responsabilidad —tanto los que se van como los que nos vamos a quedar, de escuchar lo que nos dijeron
miles y millones de argentinos el 28 de junio.
Señor presidente: a los que colaboraron, a los que vinieron —creo que de muy buena
fe— a las audiencias públicas, a los que trabajaron en los 21 Puntos Básicos, creo que todos,
el pueblo argentino, les tenemos que hacer un agradecimiento enorme.
Nosotros, desde la Unión Cívica Radical, también queremos pedirles disculpas,
porque creo que no se escuchó a los que vinieron. También les pedimos disculpas a los que
queríamos que vinieran y no los dejaron venir.
Asimismo, hacemos un compromiso desde la Unión Cívica Radical. Queremos que
nos permitan introducir modificaciones para sancionar la mejor ley de la democracia, pero si
no se da, si no nos permiten introducir los cambios que son para mejorarla, también quiero
asegurarles a todos los que estuvieron que no vamos a abandonar la lucha; que vamos a
seguir, que lo vamos a intentar.
Porque hay algo que no vamos a perder los radicales. Podemos perder elecciones,
pero lo que no vamos a perder son los principios; lo que no vamos a dejar de lado
seguramente los radicales es lo que nos dijo la sociedad el 28 de junio. Justamente nos pidió
que dialoguemos, que consensuemos, que no vayamos a avasallar a nadie, que colaboremos;
que se vuelva una Argentina más dinámica, donde el gobierno tenga la enorme
responsabilidad de gobernar, y nosotros la enorme responsabilidad de ser una oposición
prudente, moderada pero fundamentalmente constructiva.
Señor presidente: para terminar, quiero decirle a usted y a todos mis colegas que la
Unión Cívica Radical no defiende monopolios; que la Unión Cívica Radical tiene principios;
que la Unión Cívica Radical acompañará, como lo ha hecho, todas las leyes importantes para
la República. Pero también que nos permitan aportar lo mucho que tenemos desde este
centenario partido, para mejorar una norma que realmente tiene que ser histórica. No nos
pidan, por favor, que cambiemos una ley de la dictadura militar por una ley de la imposición.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: estamos en esta larga jornada debatiendo el proyecto de ley
de radiocomunicación que viene con la sanción de la Cámara de Diputados y que pretende
regular el otorgamiento y la caducidad de licencias, el funcionamiento de los medios de
comunicación y el contenido que deben tener los medios de comunicación, tanto radial como
televisivo, de la República Argentina.
La primera pregunta que corresponde formularnos es si este Congreso de la Nación
tiene facultades para regular el funcionamiento, la autorización y la expresión de contenidos
de los medios de comunicación.
Adelanto que estoy convencido de que no. Definitivamente, no. En este sentido,
quisiera compartir la lectura del artículo 32 de la Constitución nacional: “El Congreso federal
no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción
federal”.
Este proyecto de ley claramente está vulnerando la libertad de expresión y está
violentando la jurisdicción federal. De modo tal que debemos coincidir con que esta sanción
que viene de la Cámara de Diputados, por imperio de esta expresión, está claramente
marcada como inconstitucional.
Pero este artículo 32 no está solo sino que también deben tenerse en cuenta los
artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional. El artículo 14 habla de los derechos de los
ciudadanos para poder expresar sus ideas sin censura previa y el artículo 28 le prohíbe al
gobierno reglamentar el funcionamiento y el ejercicio de esos derechos.
Usted sabe, señor presidente, que la Argentina ha suscripto muchos tratados
internacionales, entre ellos el conocido Pacto de San José de Costa Rica. El artículo 13 de
dicho tratado marca con absoluta precisión que la censura previa no está permitida, que la
publicidad oficial no tiene que condicionar a los medios y que la independencia de los
comunicadores sociales tiene que estar consagrada en la Constitución y en las legislaciones
propias.
Por otro lado, hay también otra violación a la Constitución y a las leyes, que es
precisamente la violación a la seguridad jurídica. Años atrás, más concretamente el 20 de mayo de 2005, el entonces presidente Kirchner dicta el Decreto 527/05 que, como todo
decreto, tiene considerandos y parte resolutiva.
Voy a leer dos de las consideraciones que en aquel momento ponía el presidente
Kirchner: Los medios de comunicación, orientados básicamente al mercado interno, han sido
uno de los sectores afectados por la intensa recesión sufrida, lo que ha provocado situaciones
de rentabilidad negativa en la mayoría de las empresas.
Continuaba diciendo: En la actualidad, pese a haberse superado la etapa más difícil de
la crisis, la situación de los medios audiovisuales necesita un horizonte de previsibilidad, que
involucre los plazos mínimamente necesarios para recomponer su situación económica
financiera.
¿Sabe qué resuelve este Decreto 527/05? En su artículo 1/ dice: Suspéndase por el
plazo de diez años los términos que estuvieren transcurriendo desde las licencias del servicio
de radiodifusión o sus prórrogas previstas en el artículo 41 de la Ley 22285. Los términos se
reanudarán automáticamente vencido el plazo de suspensión antes citado.
Es decir, cada licenciatario tenía equis plazo por delante de vigencia de su licencia, y
el Decreto 527/05 dice que va a interrumpir por diez años el cómputo de estos plazos. Pero
no fue sin cargo para los titulares de la licencia sino que en el artículo 3/ determina que en un
plazo de dos años, cada licenciatario deberá presentar ante el Comité Federal de
Radiodifusión, para su aprobación, un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología,
como la digital, que implique mejora e innovación en los servicios que presta.
Usted sabe que una de las primeras personas que fue invitada cuando se debatía en la
Comisión este proyecto fue, precisamente, el actual interventor del COMFER, licenciado
Mariotto, quien ante la pregunta mía de cuántos titulares de radio y televisión se habían
adecuado y habían cumplido con este emplazamiento que le ponía el gobierno para presentar
el plan, nos contestó que el 98 por ciento de los titulares de frecuencias dieron cumplimiento.
Con lo cual, está claro. Cuando nos repartieron un informe que pedimos en el que se incluían
los vencimientos de cada licencia, nos encontramos con algunas que, inclusive, vencen en
2025. Esta seguridad jurídica, este derecho adquirido de los titulares licenciatarios de radios y
televisión se otorgó en 2005 por un gobierno democrático, a través del presidente del
momento: Néstor Kirchner.
Ante esto, ¿cabe alguna duda de que estamos vulnerando la seguridad jurídica,
cuando por el artículo 161 del proyecto de ley en tratamiento se les exige a las prestatarias
adecuarse a dicha ley, de modo tal que deberían desprenderse de las licencias en el plazo
máximo de un año? Es un principio básico del Derecho que no se puede legislar
retroactivamente. No se puede generar inseguridad jurídica y no se debe violentar el derecho
a la propiedad.
Quiero decir que yo comparto la necesidad de que se regule el espectro radioeléctrico.
Quiero decirles que también comparto que, dentro de ese espectro radioeléctrico, tenga
cabida la mayor pluralidad de medios. También comparto la idea de que no debe haber
monopolios en la comunicación, tanto radial como televisiva. Estoy de acuerdo con que las
organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro tengan su espacio y su posibilidad de
expresión. Comparto que las comunidades originarias puedan mantener la llama viva de toda
su historia, contando para ello con los medios adecuados. Pero también es necesario e
imprescindible que existan medios independientes, medios privados, medios fuertes, medios
libres y medios dispuestos a investigar las cosas que muchas veces al poder no le gusta que se
indaguen. Eso sí, todo esto debe ser incorporado en un instrumento legal que no vulnere la
Constitución Nacional y los principios de la garantía a la seguridad jurídica.
Señor presidente: se trabajó fuerte en el plenario de comisiones aquí, en el Salón Azul
del Senado. Yo participaba sin pertenecer a ninguna de las cuatro comisiones que estaban,
porque tenía una clara pretensión, la cual hice pública en varias oportunidades: me parecía
incomprensible que la Comisión de Educación y Cultura —soy autoridad de esta— no
tuviera ningún protagonismo ni participación, porque no formó parte de esas cuatro
comisiones.
De cualquier modo, por encima de que no se hizo lugar a todos los invitados que
nosotros habíamos propuesto, hay que reconocer que se invitó a mucha gente y que todos se
pudieron expresar. Creo que por aquí pasaron más de cincuenta invitados, de los matices más diversos y de las áreas más variadas, a quienes escuchamos con seriedad. La mayoría de ellos
aportaron propuestas de modificaciones, tal vez, con la legítima aspiración o anhelo de que
esas observaciones pudieran ser incorporadas, precisamente, en el texto de la ley.
Empezó a generarse la sospecha de que estábamos ante un simulacro: el de
escucharlos sabiendo de antemano que no íbamos a rescatar absolutamente ninguna de esas
observaciones. Recuerdo que uno de los expositores expresó su convicción de que, mientras
estaba hablando, el oficialismo ya había tomado la decisión de aprobar esta sanción de la
Cámara de Diputados a libro cerrado. Esa fue la palabra textual que empleó. Una senadora
del oficialismo reaccionó molesta y le dijo: “Usted no puede decir que nosotros estamos
escuchando y vamos a aprobar este proyecto a libro cerrado”. Entonces, yo intervine en ese
intercambio de palabras y les dije: “No resolvamos ahora estas dos posiciones tan
encontradas y tomémonos algunos días para ver qué nos dice la realidad de los hechos”.
Pero el oficialismo no se hizo eco absolutamente de ninguno de los aportes de todos
los invitados que participaron en el debate del Senado. El señor que sospechaba que estaba
tratando un proyecto a libro cerrado, señor presidente, tenía razón.
Hoy siento que el Senado de la Nación no sólo se ha convertido en una escribanía del
Poder Ejecutivo, sino que —con tristeza lo digo— nos hemos convertido también en una
escribanía de la Cámara de Diputados. Fíjense que ni siquiera hemos tenido capacidad para
ponernos firmes y corregir horrores de redacción que vinieron de la Cámara de Diputados. El
artículo 95 de la ley dice, en el segundo párrafo: “El Banco de la Nación Argentina
transferirá en forma diaria los montos que correspondan conforme a lo previsto en el artículo
88”. El artículo habla de facturación. Sin embargo, el artículo 88 no dice absolutamente nada
ni de montos ni de lugares de facturación ni de formas de depositar, sino que se refiere a
normas nacionales de servicio, de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Nada que ver.
Le leo otro, señor presidente: el artículo 124. Fíjense que este artículo está haciendo
alusión a la constitución del Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, diciendo
cómo se va a conformar. En el segundo párrafo dice: “Sin perjuicio de las facultades de
incorporación de miembros conforme el artículo 116, estará integrado, por miembros de
reconocida trayectoria en los ámbitos de la cultura, educación o la comunicación del país”.
Yo fui al artículo 116 y ¿saben de qué trata? De emisoras ilegales. Por lo tanto, no tiene nada
que ver con la conformación del Consejo Consultivo.
Aclaro que esos errores podrían haberse subsanado si al día siguiente de sancionado,
el proyecto hubiera entrado en el Senado. Pero se tomaron cinco días. Al respecto, unos
decían que era para corregir prolijamente la norma; otros, sospechaban que era para que no
estuviera el presidente del Senado cuando llegara la iniciativa a esa Cámara, a efectos de
evitar que lo derivara a comisiones que el oficialismo no quería. No importan las razones. Lo
importante, como dato de la realidad, es que se demoraron cinco días para revisar el proyecto
y no pudieron darse cuenta de los gruesos errores que contenía, los que no fueron corregidos
ni en el trabajo en comisión ni en el dictamen.
Si este Senado no tiene atribuciones para corregir esos errores graves de redacción en
que incurrió la Cámara de Diputados, ¿qué expectativas podemos tener de que puedan
modificarse otros artículos importantes de la ley?
Obviamente, cuando se habla de modificar aspectos importantes de la norma, nos
referimos a resolver los temas de la inconstitucionalidad, de la inseguridad jurídica y de la
autoridad de aplicación, entre otros. En ese sentido, la autoridad de aplicación antes tenía
cinco miembros; hoy tiene siete. Pero de esos siete, el Poder Ejecutivo tiene cuatro —o sea
que ya tendría mayoría— y, además, elige al presidente . Hay que tener en cuenta que las
decisiones se toman por simple mayoría. Ante esa realidad, está claro que por más que los
otros sectores tengan representación, el oficialismo marca claramente una preponderancia en
la toma de decisiones.
¿Qué posibilidades hubiéramos tenido de incorporar temas tan reconocidos o fuertes,
como que los contratistas de obras públicas no puedan ser titulares de licencia? Actualmente,
cuando un contratista, a través de una licitación o de una adjudicación directa trabaja para el
Estado, lo hace por sumas millonarias. Al respecto, todavía la Comisión Bicameral —y
nosotros en el recinto— está analizando la renegociación de contratos de la época de la convertibilidad. Esta cuestión implica sumas y multas millonarias, y plazos de obra
extensísimos. Además, se genera una relación directa entre el contratista y el Estado. Pero,
por ejemplo, si ese contratista es, a la vez, titular de medios de comunicación, ¿puede creerse
que autorizará a sus periodistas a que investiguen la irregularidad en la ejecución de una obra
en cuanto a la calidad, el precio, los sobreprecios, etcétera? Es obvio que el periodista dirá
“Es mi patrón el que me está marcando esa incompatibilidad”. Por lo tanto, esta iniciativa no
dice absolutamente nada acerca de esa situación, razón por la cual se permitiría.
Tampoco establece nada acerca de los licenciatarios del juego, actividad que tanto
daño le hace a la sociedad mundial, que destruye familias, que muchas veces maneja dinero
negro, y que genera focos de corrupción enorme. Hoy, a través de este proyecto, los dueños
de empresas de juego están facultados a tener medios de comunicación.
Asimismo, en esta norma se reglamentan casos insólitos. Por ejemplo, una radio de
amplitud modulada —una AM— no puede transmitir su programación simultáneamente en
FM. Sin embargo, en cualquier ciudad grande, un radio operador le dirá que hay mucha
contaminación en la banda sonora. Esto hace que la gente, automáticamente, se da cuenta de
que ese programa que históricamente le gusta escuchar en AM, no puede escucharlo en su
trabajo porque la construcción edilicia no se lo permite y, entonces, sintoniza FM. Y con los
jóvenes sucede lo mismo. Hay una tendencia natural a las FM. Pero este proyecto, reitero,
prohíbe la transmisión en simultáneo de una programación en AM y FM.
Tampoco tiene sentido que un cable del interior de nuestras provincias no pueda tener
un canal propio; que se reglamenten los contenidos; que a los cables o radios FM pequeños
—que ni siquiera traspasan sus pueblos— tengan que estar sometidos a la jurisdicción
nacional y que nuestras provincias —con la autonomía que poseen y en virtud de su poder
original que nunca se delegó— no puedan tener competencia ni intervención en la resolución
de estos casos.
Paralelamente, obviamos cosas muy graves e importantes. No decimos un solo
renglón acerca del acceso a la información pública, que es un derecho natural, legítimo,
reclamado y reconocido en todos los tratados internacionales. Y a pesar de que lo piden todos
los organismos internacionales, la Concertación Democrática para la Radiodifusión y los 21
Puntos, no dicen nada de la pauta oficial.
Obviamente, el gobierno tendría que haber dado el ejemplo diciendo “Me desprendo
del manejo de la pauta oficial; se distribuirá sin ningún tipo de discrecionalidad; se buscará
una fórmula determinada para establecer qué le corresponde a medio”. Pero se avanza en algo
que genera premios y castigos desde la publicidad, sobre todo por los montos que
últimamente se están manejando desde el presupuesto nacional y, también, desde las arcas
provinciales y municipales.
Hay cosas que cuestan creer, como esa imposibilidad que nos autoimpusimos para
modificar cosas que son imprescindibles en la norma, para darle continuidad y sacarla de los
carriles de la judicialidad. Por ejemplo, este Congreso, en forma seria y responsable
—primero la Cámara de Diputados y, después, el Senado—, trabajó en un proyecto conocido
como la ley de glaciares.
Se trataba de un compromiso con nuestra generación y las venideras en cuanto a la
protección del medio ambiente; era un mensaje a la humanidad. El proyecto de ley fue
aprobado por unanimidad; pero la presidenta lo vetó. Hoy, seguimos sin la ley de glaciares.
Otro ejemplo: hace pocos meses, el país estaba siendo azotado por una de las sequías
más importantes de los últimos cincuenta años. Diputados y senadores se hicieron eco de esa
gran preocupación de la gente del campo y elaboraron un proyecto de emergencia
agropecuaria en el que se discriminaban las situaciones por pueblo y localidad, con la
intervención previa de las provincias y de las legislaturas de cada una de ellas. También fue
aprobado por unanimidad; pero la presidenta lo vetó.
Creo que el 28 de junio de este año los argentinos se expresaron en las urnas y que,
cuanto menos, nos dieron dos mensajes. Uno de ellos, que no comparten este estilo y esta
forma de gobernar, es decir, sin consenso, con confrontación y sin políticas de Estado. El otro
—fue muy clara la ciudadanía y nos alcanzó a todos—, que nos ocupáramos de resolver los
grandes problemas del país. Si hiciéramos una encuesta en cualquier barrio o ciudad, ¿cree que alguien le va a
decir que la prioridad que tiene en su vida cotidiana es la radio FM o AM que le sacarán o
instalarán, o el canal con el que hace zapping? El tema es la pobreza, la desocupación, la
inseguridad, el flagelo de la droga, no haber resuelto después de un año y medio el conflicto
con el campo.
El problema está en las autonomías provinciales que han sido despojadas, con los
superpoderes y la delegación de facultades, de recursos que les son propios. Hoy tenemos un
Estado muy rico, desde el punto de vista del Poder Ejecutivo Nacional, con provincias y
municipios fundidos. Y tienen que venir a deambular por las oficinas, a veces de algún
funcionario de tercer o cuarto nivel, para ver si se vuelven con alguna “obrita” a cada uno de
sus pagos.
Hoy el Poder Ejecutivo avanza peligrosamente sobre la libertad de expresión, y es un
avance que se suma a otros que ocurrieron con anterioridad. El Congreso Nacional quedó
debilitado cuando cedió facultades que le son propias, cuando le generó al Poder Ejecutivo
Nacional superpoderes. Hoy, prácticamente, ha quedado vaciado del contenido de facultades
que son indelegables. Respecto de la Justicia, a partir de aquella modificación al Consejo de
la Magistratura, se ha debilitado al Poder Judicial.
Ayer lo escuchaba personalmente al senador Sanz cuando trababa de impulsar la
investigación y el apartamiento provisorio de un magistrado que tiene 38 denuncias, muchas
de ellas promovidas por la propia Cámara a la cual pertenece, y una mayoría casi automática
bloqueó esa posibilidad, por lo que hoy, por supuesto, continúa en sus funciones.
Los organismos técnicos han sido debilitados y el INDEC es la prueba más clara de lo
que estoy diciendo. Y los organismos de control también fueron debilitados, si no miremos lo
que pasó con la Auditoría General de la Nación.
Hoy se avanza sobre el derecho a la libertad de expresión. Tengo la impresión de que
la intención central de este proyecto es acallar a los medios. Y para cumplir ese objetivo, se
avanza con un proyecto de ley que vulnera, inclusive, la Constitución Nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Señor presidente: de acuerdo con lo que hemos estado escuchando en todos
los discursos, aquí estamos tratando nada más ni nada menos que la libertad de expresión,
que no es una libertad aislada sino que va ligada a la libertad de pensar, a la libertad de
aprender, a la libertad de discutir y a la libertad de dialogar. Y esta libertad realmente luchó
mucho para convertirse en un derecho. Esta libertad, como tal, recién tuvo amparo como un
derecho de los seres humanos en los siglos XVII y XVIII. Quizás, es una de las libertades
más preciadas que tiene el ser humano, pero es una libertad que tuvo que abrirse camino y
por la que se tuvo que luchar mucho a lo largo de la historia de la humanidad.
Quizás, la búsqueda de esta libertad deberíamos verla en alguna ciudad, en alguna
sociedad o en alguna civilización que haya entendido que esta libertad era un valor. Quizás,
si pensáramos en Occidente, esa sociedad la veríamos en Grecia. Es decir, los griegos
amaban el saber, amaban estudiar, y allí nacieron varias ciencias, como la filosofía, y algunas
otras que marcaron una sociedad que ha ido llevando adelante una dinámica.
Esta Grecia se expande conjuntamente con Macedonia, y ese hijo ilustre que es
Alejandro Magno, funda la ciudad de Alejandría. Ptolomeo, que es un general que va a
gobernar esa ciudad después que muere Alejandro Magno, funda la biblioteca, que es el
primer templo del saber, el primer templo donde esta libertad se recreaba en cuestiones
materiales. Se dice que esa biblioteca la gobernaban filósofos que buscaban comprar escritos
de otras civilizaciones de África y de Asia. Por ejemplo, fueron a Palestina y buscaron la
copia de la Torá, que se convirtió allí en Pentateuco, y lo tradujeron a su propio idioma.
Cada vez que llegaba un barco al puerto de Alejandría, se dice que subía alguien de la
biblioteca e investigaba si en ese barco había algún libro. Y si había algún libro, debían
bajarlo; en la biblioteca lo copiaban y luego, lo devolvían. Es decir, era realmente una junta
del saber. Allí los juntaban en volúmenes, en esos papiros que se doblaban o en hojas de
cuero. Se dice que en un momento dado hubo más de 700 mil volúmenes, y la primera idea
de que esto se quemó fue en aquella guerra alejandrina. Lo vimos en la película de Cleopatra;
la lucha de Julio César para que Cleopatra lo siga a Ptolomeo. Allí se perdieron algunos
volúmenes, pero Cleopatra era tan bella y atractiva que, luego, Marco Antonio le va a regalar, de la biblioteca de Pérgamo, 200 mil volúmenes más. Por lo tanto, quedaba ampliamente compensado aquel proceso.
¿A dónde voy? Todas estas cuestiones del saber, a lo largo de la historia , siempre han
tenido por lo menos dos enemigos frente a los cuales tener que luchar; uno, el poder político,
y otro, la tolerancia. Otra palabra que puede ser religiosa o puede ser también de orden
político.
Fueron cambiando los tiempos de la historia acerca de cuándo se quemó esta
biblioteca; poco se sabe y se habla del siglo II o IV. Por ahí le quieren echar la culpa a los
árabes, pero parece que la quemaron antes. Cuando el imperio romano estuvo en manos de
los cristianos, esto se convirtió, al decir de Diocleciano, en algo así como la catedral del
paganismo, y había que liquidar esta biblioteca.
A partir de la desaparición de esta biblioteca, la humanidad, probablemente, haya
perdido cientos de años de conocimiento y, asimismo, haya conocimientos que se han
perdido para siempre. Pero en esta historia de la libertad y del pensamiento no hubo más
revolución hasta mil años después.
Mil años después, un señor que se llamaba Güttenberg crea la imprenta y, a partir de
allí, la libertad de expresión se empieza a masificar y, fundamentalmente, se empieza a poder
llevar adelante los conocimientos, los debates y otras cuestiones. A los pocos años, se agrega
otra cuestión revolucionaria: a un señor que se llamaba Martín Lutero, y que no solo andaba
denunciando la venta de indulgencias, se le ocurrió hacer una traducción de la Biblia al
alemán. Es decir, al idioma del vulgo.
¿Qué hizo Marín Lutero con esto? Hizo algo muy revolucionario; en alguna medida,
le quitó el monopolio del saber a la Iglesia. Y no sólo le quitó el monopolio del saber en las
cuestiones religiosas, sino que obligó, a través de la fe y de todos estos procesos, a que las
sociedades fueran abandonando paulatinamente su analfabetismo, se fueran cultivando y
fueran en la búsqueda de estas libertades extraordinarias y maravillosas.
A modo de simple anécdota, quiero mencionar que por esa misma época, y en honor a
nuestra lengua, en San Millán de la Cogolla, que está situado en La Rioja, España, había un
cura que no sabía mucho latín y tenía que copiar la Biblia; entonces, como no sabía mucho
latín, al margen iba escribiendo algunas palabritas en la lengua de su pueblo. Bueno, dicen
que así nació el castellano. Es decir, casi de casualidad y de la ignorancia de este cura que, si
no recuerdo mal, se llamaba Gonzalo de Berceo y que por estar en San Millán de la Cogolla
al lado del camino de Santiago de Compostela, realmente, tuvo un extraordinario camino y
salida.
¿Por qué traigo esto? Porque cuando hablamos de libertad de expresión, decimos
“poder publicar nuestras ideas sin censura previa”. Bueno, la suma de Güttenberg y Martín
Lutero inventó la censura previa. Es decir, a partir de estas dos personas los poderes, tanto
terrenales como atemporales, dijeron “No señor. No puede haber publicación si no hay una
censura previa”, y esto ocurrió en la humanidad durante unos 200 años.
Recién cuando un inglés, William Blaxton, planteó el tema de que no servía la
libertad si, a partir de que se la propalara, el que tuviera alguna responsabilidad que fuera por
su responsabilidad, pero que no hubiera alguna censura previa.
Como acá se ha dicho, este procedimiento es receptado en la primera enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos; luego, este derecho es consagrado, por, ejemplo, en
Francia, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que dice que la
libertad de opinión y de pensamiento es uno de los derechos más preciosos del hombre. Esa
es la forma en que lo explica.
El poder emitir, hablar, escribir, imprimir era realmente un concepto revolucionario,
porque era un concepto que abrigaba la paz de las ideas del racionalismo que a partir de ese
siglo se empezaban a dar y que se transmiten en la Argentina en la Primera Junta de gobierno
y en el Triunvirato. Moreno fue el primero, en La Gaceta, porque era un concepto
absolutamente revolucionario. Es decir, no sólo que el gobierno pudiera expresar al pueblo
sus actos de gobierno sino, también, que la gente entendiera cuál era el sentido de la
revolución, cuál era el sentido del cambio que se llevaba adelante.
Bueno, en la Argentina, esos cambios existieron. El primer Triunvirato dio la
posibilidad de que se hicieran este tipo de publicaciones, aunque está claro que en materia religiosa no fue así. Es decir, los códices de prohibición siguieron muchos años.
Casualmente, cito como anécdota que Belgrano, como se fue a estudiar a Europa y
parece que era un hombre muy serio, fue uno de los pocos que logró una dispensa papal para
poder leer los libros prohibidos por la Iglesia en esa época; de manera tal que él tenía alguna
ventaja sobre el resto de los otros patriotas en este camino.
Pero estamos acá en este tema de hoy. Estamos acá en este tema de la libertad y en
este tema tan puntual y concreto de esta ley, y a mí se me ocurre hacer una reflexión con
alguien a quien en el pensamiento se lo respeta mucho, porque es un francés que sufrió
mucho, que sufrió los atropellos del nazismo, y se llama Albert Camus. Él decía que la
prensa puede ser buena o puede ser mala, pero si no es libre, seguramente es mala.
Viene a este recinto un proyecto que se podrá aludir de mil maneras, que tiene
cuestiones complejas como las comunicaciones —nada más y nada menos que en la era de
las comunicaciones— y, entonces, no hay que confundir lo subalterno u ocultar lo evidente.
Estamos frente a un proyecto que nos pregunta hasta qué punto defendemos el valor de la
libertad y, como decía un colega aquí, estamos frente un proyecto en donde
fundamentalmente se discute, más que la libertad, cuestiones de poder.
Ojalá la historia de este proyecto fuese el relato oficial que hemos escuchado todo
este tiempo. Ojalá la historia de este proyecto fuese lo que esta mañana sesudamente nos dijo
el miembro informante cuando nos planteaba los debates anteriores casi como si esto se
tratara de la construcción de una sabia racionalidad hegeliana, en donde todos participaban
del debate, en donde se acogía el pensamiento de la oposición y de otros más y señalando
como que acá estamos abiertos a que realmente las verdades de todos y de cada uno formen
parte de este proyecto. Ojalá, porque si hubiese sido así, le estaríamos ahorrando un tiempo
precioso a la República y nos estaríamos ahorrando unas cuestiones extraordinarias en la
realidad y, seguramente, muchos problemas para el futuro. Pero sabemos que no es así.
Podemos decir que la gestación de este proyecto es más prosaica, menos heroica, más
pedestre, más pragmática o más real, pero ¿cuándo nació este proyecto? Yo creo que este
proyecto nació cuando el actual Gobierno entrevió un horizonte de decadencia. ¿Por qué digo
esto? No es un antojo. Porque antes de que haya visto un proceso de decadencia, este
Gobierno concedió prórrogas y facilitó fusiones.
Yo creo que este proyecto nació a los pocos días de un nuevo mandato, quizás tras
una valija incómoda de incómodos socios.
Probablemente este proyecto nació esa noche en la cual aquí, en este mismo Senado,
decidimos ponernos del lado de la Argentina productiva, derrotando no sólo resoluciones
ministeriales.
Probablemente, este proyecto también haya nacido cuando en mi provincia,
Catamarca, un 8 de marzo, se hizo una elección. Allí fueron las mayores investiduras y nos
dijeron “¿por qué adelantan ustedes las elecciones?” o “¿qué le pasa a esa burocracia? ¿Tiene
miedo? ¿Por qué adelantan las elecciones?” Nosotros somos una provincia chica, humilde y
tranquila, pero no nos gusta que nos arrebaten, y contestamos callados, en silencio, y con los votos.
Al otro día ocurrió algo. Los titulares de los diarios nacionales, obviamente,
nacionalizaban una elección provincial, y ahí sonó esa frase tan famosa que decía “¿Qué te pasa Clarín?”. Esa frase que, en alguna medida, fue una especie de declaración de guerra,
aunque probablemente venía de antes esa guerra.
Quizás, también, este proyecto haya nacido cuando se decidió, fruto de aquella
actitud, porque todo esto va concatenado, cambiar la regla —no las reglas— en política, que
fue adelantar las elecciones.
Todos nosotros somos miembros de partidos políticos y sabemos que si las
elecciones se hacían en octubre los partidos políticos sabían cuándo podían llamar a internas,
cuándo podían publicar las listas y demás, pero se cambió la regla, que es la regla de la fecha
electoral. Y esto va concatenado. Son decisiones políticas que se van tomando. Entonces, se
adelantaron las elecciones para evitar una cascada —así se decía—, pero el resultado del 28
de junio existió.
¿Qué nos dijo el 28 de junio la gente? Nos dijo cosas sencillas; todo dentro del
respeto, todo dentro de la tolerancia y de la República. Nada fuera de la democracia. No nos dijo nada que los argentinos no supiéramos desde nuestros pensadores de mayo. No nos dijo
nada que no nos haya legado Mariano Moreno con su verba y con su fuerza con ese primer
diario; no nos dijo nada que no nos haya dicho con su humildad Belgrano, con su sacrificio el
propio San Martín, o ese cuyano alborotador que a veces nos incomoda a todos desde la
historia, pero a quien nadie podrá contradecir cuando dijo que las ideas no se matan. Es decir,
no nos dijo nada el pueblo argentino distinto de eso ni de la mesura.
Entonces, cuando uno reflexiona sobre la caída de la calidad institucional de la
República Argentina, cuando uno habla de estas cosas con colegas —incluso, del
Mercosur—, sabe que lo único en que nos respetan, a esta altura, tanto nuestros colegas de
Chile como del Brasil, es ese ánimo y esa fuerza que tenemos para debatir y discutir. O sea,
la firmeza y valentía de nuestros planteos. Pero esto es lo único que nos está quedando. Y
esta ley nos va a estar afectando en estas cuestiones.
Creo que no se puede callar a un pueblo por decreto. No se eligen voces plurales por
ley. Cuando un gobierno cercena la libre expresión, es porque ha iniciado una hora difícil. No
se compadecen aquí cuestiones de sentido común. Estamos tratando este proyecto de ley y
hay una movilización aquí afuera. ¿Están en ella los radioescuchas bregando por la sanción
de esta norma? ¡No! No tiene nada que ver la gente que está afuera con lo que aquí estamos
debatiendo. Es como que hay una realidad de la política y de la imposición. Y esto no va a
terminar aquí. De aquí hasta diciembre, es muy probable que haya también un intento de
cambiar las reglas de juego políticas.
Entonces, tomando lo señalado por el senador Cabanchik, creo que estamos entrando
en un camino de bifurcaciones en donde, en algún momento, vamos a tener que recrear bien
cuáles son los valores de convivencia que queremos entre los argentinos, y vamos a respetar
verdaderamente la democracia y los valores que marcan la división de los poderes y otras
herramientas.
¿Dónde están aquellos discursos que privilegiaban las cuestiones que hacían a la
calidad institucional? Con toda honestidad, veo un camino muy peligroso, en el cual hasta
uno, que tiene un lugar de privilegio —ser senador de la Nación implica estar en un lugar de
privilegio—, siente el desasosiego de haber venido aquí, muy caballerosa y civilizadamente,
a escuchar, pero sin posibilidad de plasmar ningún cambio, ninguna convicción y ninguna
posibilidad de que ese diálogo signifique algún proceso de cambio de algo. Es, realmente,
una situación difícil. Es como una abstracción en la cual cada uno está en un rol o en un
escenario jugando un papel, pero que no estamos dispuestos a cambiar. Quizás todavía ahora,
en este siglo XXI, la Argentina tenga una gran oportunidad. Lo hemos dicho en otras noches
y en otros debates. Quizás estamos todavía con posibilidades. Aquí, cambiando muy pocas
normas, esta iniciativa que nos separa, seguramente, nos podría estar uniendo. Ojalá llegue el
momento del sentido común.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. — Señor presidente, señores senadores: ¿cuál es la razón política que engendró
este proyecto del oficialismo? ¿Cuál es esa causa? Mucho se ha dicho aquí al respecto. Al
respecto, yo quiero aportar alguna aproximación a esta búsqueda de la verdad y del
conocimiento.
Sin dudas, existe una voluntad de concentración de poder y de control de la opinión
pública y, también, un ánimo de revancha por parte del ex presidente Kirchner, a quien
inspira una actitud de revancha y de venganza contra quienes se le oponen, ya sean grandes o
pequeños. Esta es la actitud que tienen el ex presidente y el gobierno respecto del campo y de
las fuerzas políticas que no son domesticadas por él.
Este proyecto de ley, denominado de medios, sin duda va a ser una ley del miedo, si
se llega a aplicar como pensamos. Se puede argumentar, artículo por artículo, qué
deficiencias técnicas tiene y cuál es la falta de correspondencia de su texto con la realidad
—porque, en muchos casos, ha sido escrita sin ninguna fundamentación técnica o práctica—
y acerca de cómo deben manejarse los medios de comunicación. Pero la síntesis es que si esta
norma puede afectar la libertad, ya es grave.
No quiero caer aquí en viejas dicotomías, pero en la Argentina y en nuestra
Constitución, siempre se reafirmó la libertad, incluso, desde antes de la Constitución, cuando
comenzó nuestro proceso nacional, después de 1810. Ya en ese entonces, se comenzó a hablar de libertad, no sólo ante España, sino con relación a los otros valores de la libertad.
Eran las teorías liberales del momento, que hoy parecieran una especie de herejía. Sin
embargo, por suerte, nuestra Constitución también refleja esas ideas libertarias. Porque no es
la libertad una categoría burguesa; que le quede claro a los nostálgicos y a los que creen que
corriéndonos con los aborígenes, con la ONGs y con los pobres —que hay muchos y cada
vez son más— vamos a posponer la defensa de la libertad. Todo es parte, y cada parte es
importante. Y no va a haber recuperación del país, ni salida de la pobreza, ni mejora de la
educación, si no hay participación. Y para que haya participación, debe haber libertad. Ahora
bien, esta norma, aplicada como sospechamos que se pretende aplicar, no va a producir ese
resultado en la búsqueda de la libertad, ni en la búsqueda del crecimiento del país.
También sabemos, por otras experiencias que hemos ido aprendiendo, que el gobierno
hace varios años que viene haciendo como el tero. Es decir, pone los huevos en un lugar y
canta en otro. Así sucedió con la reforma del Consejo de la Magistratura, cuando se vistió
con una modificación a dicho organismo con el fin de darle agilidad y, luego, vimos, con la
experiencia, que la intención no fue mejorar su funcionamiento sino lograr dos objetivos, que
de hecho están logrando: por un lado, tener atemorizados a los jueces con esa especie de
Tribunal de Inquisición para la independencia de los jueces que significa el Consejo de la
Magistratura y, por otro lado, proteger a los jueces amigos. Y han logrado su objetivo. No
nos dijeron que lo iban a hacer. Y tal vez por eso, algunos no se dieron cuenta y lo apoyaron.
Lo mismo pasó con la modificación de la ley jubilatoria, que era en principio para
defender a los jubilados. Muchos nos opusimos. Hoy ya quedó evidenciado —resulta
obvio— que el único interés que tenían era tomar los recursos y financiar, incluso, hasta a
empresas extranjeras, proyectos faraónicos y el capitalismo de amigos.
Con esta norma ocurre lo mismo. Se cubre de un manto absoluto de dobles principios.
Se habla, incluso, de la ley de la dictadura, como si fuera la única que queda. Sin embargo, ya
que se mencionó tanto el tema de la ley de la dictadura, le aviso al bloque oficialista que
quedan todavía 230 normas para desgarrarnos las vestiduras.
Entre el 77 y el 83, se hicieron 230 normas, de las cuales muchas están vigentes,
incluida la ley electoral que, seguramente, intentarán modificar en los próximos meses.
Seguramente, ya nos van a sorprender con la ley electoral, será la próxima idea brillante en la
noble causa de modernizar la política. Con seguridad, estará plagada de trampas para tratar
de asegurarse algo que sueña Néstor Kirchner, que es el poder perpetuo entre él y su señora.
¿Se imaginan una convención tipo norteamericana manejada por operadores políticos del
gobierno? ¿Quién puede resultar candidato? ¿Qué garantías hay? No nos hablen de sistemas,
que pueden ser buenos, pero únicamente si hay buena intención. También es posible que nos
enteremos en las próximas semanas que el papel importado va a tener cupo, que habrá
licencia de importación de papel para los diarios amigos, etcétera. Es posible que una fábrica
que actuó bastante monopólicamente durante estas últimas décadas sea tomada por el Estado.
Sin embargo, prefiero pelear con una fábrica monopólica y no con el poder monopólico del
Estado. Esto se lo va a decir cualquier editor de periódico.
Además, deseo señalar que, al afectar la pluralidad, se afecta la diversidad y la
libertad. ¿Qué diferencia hay, entonces, entre esta ley y la de la dictadura? No veo ninguna
diferencia, salvo la motivación. En esa época, estaba la lamentable y desgraciada doctrina de
la seguridad nacional. Ahora, disfrazado de la democratización de los medios, yo creo que lo
que se quiere hacer es una profundización del modelo. Me parece que el ex presidente dijo,
después de la derrota del mes de junio, que las urnas le indicaban que se debía profundizar el
modelo. Es un dato curioso porque, justamente, lo que decían las urnas era lo opuesto. De
todos modos, si uno fuera psicoanalista y lo interpretara, podría señalar que quiso decir que
hará todo lo posible para que su modelo autoritario perdure cueste lo que cueste.
No es casualidad que en los países más aliados de nuestro gobierno haya más
problemas con la libertad de prensa y más enfrentamiento con los medios de comunicación.
No voy a hablar del caso de Cuba, que es histórico, ya es como un Jurassic Park de la falta
de libertad. Pero podemos hablar de Ecuador, Bolivia y Venezuela, que son los aliados de
este gobierno, que absolutamente tienen problemas. Nosotros estamos entrando tarde en este
sistema. Entonces, vamos a ir viendo ahora lo que pasó en Venezuela hace uno o dos años
con los cierres de medios. En caso de aplicarse esta ley, dentro de un año veremos lo que está viviendo Venezuela ahora, que es el cierre de medios. Esos son los aliados nuestros en el
subdesarrollo. Son nuestros aliados en la restricción de las libertades; por ejemplo, la libertad
de comercio, de producir, etcétera. Puedo mencionar, también, las otras libertades que se van
conculcando en este país con los controles de precios y con el falso indicador del INDEC,
con la presión a las empresas, las amenazas de los ministros a las empresas, las estatizaciones
absolutamente dañinas para el país como la de Aerolíneas, que nos cuesta dos millones de
dólares por día; o ENARSA, que vaya uno a saber qué está haciendo con los recursos
públicos; u otra línea aérea, de la que no recuerdo el nombre, que nunca voló un avión. Ese es
el modelo que el gobierno procurará mantener con la restricción de la libertad, que es lo que
estaba faltando.
Hay muchas observaciones a este proyecto, pero meterse en los contenidos afecta la
libertad de expresión. Quiere decir que nadie en un medio podrá expresar su opinión
independientemente sino sobre la base de las pautas de los contenidos que se quieren dar;
desde el gobierno, se dictarán los contenidos, la música que debemos escuchar, el tipo de
programa que debemos ver, etcétera. Por supuesto, no voy a culpar a los señores senadores y
senadoras que defienden la supuesta mejoría en la calidad de la televisión, que bastante mala
es; pero, por lo menos, hoy uno puede hacer zapping entre 100 canales, de los cuales sólo
algunos son del Estado. Lo que no me gusta es que después, posiblemente, uno tendrá que
hacer zapping entre diez canales, de los cuales siete serán del Estado. Esto no es bueno ni
para el que le gusta hacer zapping ni es bueno para el país. Espero que no limiten Internet
como en Cuba, que creo que si uno se conecta a Internet va preso. Entonces, uno se puede
enterar de otras noticias. Ya va a llegar la televisión por banda ancha. A través de Internet, la
gente podrá escuchar, ver o leer medios del extranjero o de la propia vocación de muchos
argentinos de difundir ideas. No me asusta esa restricción desde el punto de vista que no
pueda ser sorteada; pero no se puede negar que es dañina. No hay una garantía de que esta
ley se vaya a aplicar bien —no estoy convencido—, sino que se va a intentar regular y
controlar.
Asimismo, se hace referencia a que una gran cantidad de instituciones de bien público
—espero que sean otros cultos también—, como la Iglesia Católica, tendrán medios; ya hoy
los puede tener. Con la ley actual, se podrían haber aumentado los medios. En mi provincia,
con más de un millón de habitantes y 157 mil kilómetros cuadrados, desde que se inventó la
televisión, hay un solo canal. Por suerte, proliferaron cables y hay competencia. Hay
pequeños cables que son pymes; también se liberó espontáneamente el espectro radial con las
radios sin autorización, porque felizmente están; son pequeñas pymes familiares, muchas
funcionan en las propias casas de familia. Eso es pluralidad y diversidad.
Algunas universidades han tenido o tienen canales que no pudieron explotar. Puedo
mencionar el caso de la Universidad de Tucumán, en la cual, hoy, el canal es del gobierno y
no de la Universidad. Seguramente, el gobierno tiene los recursos y banca el canal que
supuestamente debería ser para difundir la vasta cultura y tradición de la Universidad de
Tucumán y no ser el canal oficial del gobierno. Lamentablemente, por alguna razón, no lo
hace. Si quisieran, los gobiernos mismos podrían tener canales; no es un pretexto decir que
van a apoyar esta ley porque van a tener un canal en la provincia. No es un justificativo.
Tampoco es cierto —como dijo el señor senador por la provincia de Buenos Aires—
que es tan injusto el sistema de medios que los pobres no pueden imprimir cada uno una hoja
o papel. Eso no es así. Son todas las libertades que puede tener un pobre de elegir qué
escuchar, ver y leer y, después, expresarse, también habiendo más diversidad. ¿Pensamos que
cada uno podrá imprimir un diario o tener una radio? He visto mucha gente que siendo muy
humilde se expresa a través de la radio porque pudo montar un pequeño equipo en el living
de su casa y transmite los mensajes solidarios en el barrio.
La libertad es lo que nos hará progresar; no lo hará el control ni los medios de
amigos. ¿Cuáles son los que se van a concentrar? Hablemos de la importancia de todas esas
entidades de bien público que hemos mencionado. Es una noble expresión, igual que las
comunidades aborígenes, decir que puedan tener medios de comunicación. Pero en mi
experiencia, nunca he visto una ONG que no sea absolutamente pobre y esté siempre
pidiendo plata. ¿Quién es el único financista de un medio de comunicación de la ONG, de la
misma CGT o de la universidad? El Estado. Es ahí donde el Estado, entre los medios propios y los que financie, tendrá un monopolio que avasalle la posibilidad de la diversidad. Ese es el
problema. Ya tenemos muestras del uso de la publicidad oficial con los amigos.
Si me permite, señor presidente, acá tenemos la distribución de la publicidad oficial y
cómo ha aumentado en el último tiempo de elecciones. El diario Página 12 —que es una
especie de Pravda o Granma, que no se conoce quiénes son los dueños y es un misterio en
este país— recibió 29 millones de pesos en 2008; 20 millones en 2007 y 14 millones en
2006.
En 2008, recibió dos millones más que Clarín —al que tampoco le fue mal—, pero,
por lo menos, Clarín tiene el justificativo de una circulación mayor, absolutamente mayor.
Después, hay un diario que se llama BAE, de un señor Spolski; Revista Veintitrés, del señor
Spolski, el diario Diagonales, del señor Spolski, el diario El Argentino, del señor Spolski,
todos vinculados con el gobierno. Un solo medio, BAE, recibió cinco millones de pesos, es
decir, un 300 por ciento más que el año anterior. De esta lista, hay sólo dos medios del
interior: La Voz del Interior, que recibió la cifra de un millón de pesos, y El Día, de La Plata.
Los demás son todos medios vinculados con la Capital Federal, y muchos de ellos, amigos
del gobierno como Radio Del Plata, que recibió dinero de una empresa proveedora del
Estado, que no sólo incursiona en muchos rubros desde hace poco tiempo, sino que, además,
se dedicó a perseguir a quienes pensaban distinto en ese medio. Y ni hablar —como ya se
mencionó aquí— del multimedio Austral, del señor Ulloa. Esto es lo que se hace con los
recursos del Estado, y se va a multiplicar por diez o mucho más.
Aquí no sólo mencionamos de qué manera se viola la Constitución —algo que ya han
expresado con mucho rigor los señores senadores que me precedieron en el uso de la
palabra—, sino que, también, decimos que se viola el artículo 13, inciso 3, del Pacto de San
José de Costa Rica, que habla del abuso de los controles oficiales. Cabe destacar que el punto
cinco de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión dice que la censura previa,
interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información
difundida a través de cualquier medio de comunicación escrito, artístico, visual o electrónico
debe estar prohibida por ley. Bueno, esta norma, salvo muchísimas cosas que prohíbe, en
ningún lugar prohíbe la restricción o la supresión de la libertad de prensa.
Lo más curioso de este proyecto de ley es que, prácticamente, la palabra “libertad” no
figura en su articulado. Hay una sola mención en una nota al artículo primero, que cita al
pasar la contribución que debe hacer esta ley a la libertad. No se han animado a poner que
esta norma, de alguna manera, quiere garantizar la libertad de expresión. Si eso fue un lapsus
o no, no lo sé. Debe ser un lapsus de no permitirse expresar una categoría burguesa, como es
la libertad.

Sr. Rodríguez Saá. — Senador, proponga que la agreguen.

Sr. Romero. — Sí, no he visto aquí mucha voluntad de que acepten agregados, pero, en
particular, lo vamos a solicitar como inclusión en el artículo 1/.
También se habló aquí de las amenazas, de la presión para que se apoye esta
iniciativa. Hay una señora senadora a la que el partido de su provincia la amenazó con
expulsarla por mantener una posición disidente en este proyecto.
Como ya se dijo acá, creo que se violan aspectos constitucionales. Es una norma
intervencionista, unitaria…

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Romero. — Señor presidente, le pido que por favor…

Sr. Presidente. — Silencio, por favor, porque distraen al orador. Además, es una falta de respeto. Continúe, senador Romero.

Sr. Romero. — Esta voluntad de cercenar la libertad de prensa desacredita aún más a nuestro país. Ya de por sí, los argentinos estamos sufriendo esta falta de confianza. Estuvimos al
límite entre Oriente y Occidente en Estambul, para reafirmar nuestra voluntad de pertenecer a
Occidente. El esfuerzo que hacen los turcos para estar en Europa… y nosotros fuimos ahí para
reafirmar, simbólicamente, que queremos volver a Occidente, negociando otra vez con el
Fondo Monetario Internacional. Ojalá eso sea bueno para el país, si así lo decide el ministro.
Él dijo que la Argentina es un país que genera confianza. Yo no veo que generemos
confianza por la propia información que nos hace llegar el Banco Central, donde la fuga de capitales en estos últimos tres años es mayor que la de 2002; 8 mil millones en 2007; 23 mil
millones en 2008 y 11 mil millones en 2009.
No digo que sea ciento por ciento falta de confianza; también, puede ser especulación.
Pero, en gran medida, la fuga de capitales responde a los desafíos de este gobierno, que ha
minado la seguridad jurídica, la confianza y el crédito del país. Este es el resultado: la fuga de
capitales. Eso se revierte no con leyes que restrinjan la libertad, sino hablando seria y
claramente, dedicándose a gobernar y a resolver los problemas de la gente, sin tantas
complicaciones como las que tenemos.
No quiero concluir mi discurso sólo con una visión negativa. Creo que los argentinos
hemos superado muchísimas dictaduras y presiones de distintos gobiernos hacia los medios.
Me tocó vivirlo entre 1975 y 1986, cuando dirigía un diario. Sé lo que fueron las presiones,
cómo se sortearon y de qué manera los argentinos, luchando, recuperamos la libertad. Estoy
convencido de que, más tarde o más temprano, este Congreso, con pluralidad, con
prescindencia política, con innovación tecnológica, con sentido social y con equilibrio, dará a
la Argentina una nueva ley, un proyecto superador, donde no sólo se nos permita hablar, sino
aportar.
Cuando se dice que queremos cambiar una coma para que vuelva a la Cámara de
Diputados, tampoco es grave para el oficialismo, porque lo puede sortear. Si queremos
cambiar comas y textos es para intentar mejorar este proyecto de ley. Ya que de por sí es
malo y tiene tantos errores, se lo podría haber mejorado. Pero la persistencia en no aceptar
un texto mejor consensuado muestra, según mi punto de vista, que el gobierno no quiere que
le alteren aquellos artículos que hacen a la esencia de su voluntad de cercenar la libertad, de
controlar a los medios y de tenerlos a todos dominados.
Ya domesticaron a muchos en la Argentina, ahora les falta domesticar a la opinión
pública. Ese es el interés que tienen. Por eso, el gobierno no quiere que haya cambios. No
vaya a ser que la ley no pueda ser utilizada con los fines que ellos persiguen.
Por todo lo expuesto, señor presidente, anticipo mi voto negativo tanto en general
como en particular.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Verani.

Sra. Perceval. — Pido la palabra para una interrupción.

Sr. Presidente.— ¿Concede la interrupción a la senadora Perceval?

Sr. Verani. — Cómo no.

Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.

Sra. Perceval. — Desde ya, le agradezco al senador Verani.
Hay más de cuarenta mil personas en la plaza. Realmente, no sólo están aquellos que
convocó el rabino Bergman, el ex candidato a presidente Castells y el señor De Angelis, sino
también vastos sectores populares, movimientos sociales, de radios cooperativas, artistas,
productores de cine, creadores y hacedores de cultura, músicos cantando…
Como conozco al senador Castillo, sé que, tal vez, en sus palabras se puede deslizar
un pensamiento cuando dijo que no sabrían a qué habían venido. El pueblo sabe de qué se
trata en sus casas, en los trabajos y, también, en la plaza. Más allá de sus posturas —como
aquí también se expresan—, saben que estamos debatiendo en el Senado no cuándo vamos a
hacer una visita guiada, no cómo vamos a iluminar la cúpula del Barolo, no cómo vamos a
reformar la Constitución. Saben que estamos debatiendo los derechos a la libertad de
expresión y de libertad a la información como derechos humanos.
Justamente, por conocerlo al senador Castillo, sé que no puede pensar que el pueblo
no sabe de qué se trata. Quiero reivindicar que los senadores y las senadoras valoramos esa
presencia de la gente, más allá de cuántos hay de cada lado y de las diversas posiciones que
se están expresando en la plaza, para acompañarlas, encarnándolas en cuerpos de ciudadanos
y de ciudadanas que saben que acá se está debatiendo una nueva ley de medios de
comunicación audiovisual para la Argentina.

Sr. Presidente. — Tiene un minuto senador Castillo.

Sr. Castillo. — Señora senadora: también le tengo el mismo respeto y cariño. Sé que hay
movilizaciones auténticas, pero también sé reconocer las otras movilizaciones: las de los
colectivos pagos, las de militantes que no tienen nada que ver con los temas que estamos
debatiendo; y no podemos creer que este gobierno no sepa de estas cosas. Entonces, hay de todo en esto. Probablemente, un poco de lo que usted dice, pero, también, he alcanzado a ver
de lo otro.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Verani.

Sr. Verani. — Señor presidente: he escuchado con mucha atención a todos los senadores que me precedieron en el uso de la palabra. Fundamentalmente, escuché posiciones referentes al
federalismo y a la constitucionalidad o no de esta ley, sobre todo, de las senadoras Escudero
y Negre de Alonso. Realmente, me fortalecieron en la concepción, casi fijación que tengo
desde hace muchos años, que me surgió en el Paraninfo de Santa Fe, cuando fui convencional
constituyente. La primera gran inquietud es que ahí no se definió claramente si el país era
federal o no cuando se votó el artículo 124 de la Constitución a las 6.30 de la mañana y con
una leve mayoría de parte de quienes lo aprobamos. Lo advierto ahora porque casi ni se tiene
en cuenta la situación autónoma de las provincias; no se hace hincapié en ello.
La Constitución histórica de 1853/60 no contemplaba lo relativo a los recursos
naturales. La Constitución del 49, en su artículo 40, definió con mucha claridad la posición
nacional cuando dijo que los minerales; las caídas de agua; los yacimientos de petróleo,
carbón, gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son
propiedad imprescriptible e inalienable de la Nación, con la correspondiente participación en
su producto, que se convendrá con las provincias.
Cuando se derogó la Constitución del 49 ,volvimos a un estado de inseguridad
jurídica con respecto a estos recursos naturales, hasta que en 1994, se sancionó el artículo
124, que, en su último párrafo, establece que son de dominio originario de los estados
provinciales aquellos recursos naturales existentes en el territorio. Es decir, que lo que se
define aquí es que la propiedad y la administración de los recursos naturales garantizan un
presupuesto de federalismo en cuanto hace a la personalidad que tiene que adquirir
definitivamente la Argentina, o perderla definitivamente.
Si analizan lo que dicen todos los constitucionalistas, si repasan lo que dice María
Angélica Gelly en su Constitución comentada cuando se refiere al territorio, comprenden
todo, el subsuelo, el suelo, el mar y el aire. Entonces, allí comenzamos a entrever que
podemos tener verdaderamente una personalidad definida que camine hacia el federalismo,
alejándonos de esta “obeliscomanía” que adquieren muchos cuando llegan a Buenos Aires.
Yo digo que la primera restricción que establece nuestra Constitución es el artículo
75, inciso 13), cuando reserva al Congreso la facultad de legislar en materia de comercio
exterior y, al mismo tiempo, en la relación interna entre provincias.¿A qué llegamos con
esto? Si está claro que la relación entre provincias es materia del Congreso Nacional, yo me
pregunto qué pasa con la regulación y administración en materia de recursos naturales dentro
de cada una de las provincias. No nos merecemos siquiera tener la consideración de pactar
con la Nación o tener un recurso compartido en lo que hace a esta especificación.
Yo digo que en la Convención Constituyente quedó claro que cuando el artículo 124
habla de recursos naturales debe entenderse que se refiere a todos los recursos naturales
renovables, no renovables y en cuanto a su territorio —como decía recién—, en sentido
amplio, lo que incluye suelo, subsuelo, espacio aéreo, ríos. Esto lo dijeron en la Convención
Constituyente los convencionales Cafiero, Díaz Araujo, Romero Feris y otros que en ese
momento enarbolaron fuertemente la necesidad de que las provincias fuéramos reconocidas
en nuestra autonomía.
Al respecto, quiero contar una anécdota. Ustedes saben que en la Convención
Constituyente de 1994 se trataba en un núcleo lo relativo a Buenos Aires, la autonomía, y
todos los artículos relativos al federalismo estaban sueltos, independientes unos de otro. De
manera tal que corríamos el gran riesgo de que se demorara el tratamiento de muchos puntos
—como había sucedido en 1957, que se logró solamente la sanción del artículo 14 bis—,
entre ellos, el tratamiento de aquellos que nos interesaban a nosotros en materia federal. En
un determinado momento, integramos una comisión, de la que formé parte, para
entrevistarnos con el presidente y vicepresidente de la Comisión de Redacción, los doctores
Corach y Hernández, respectivamente, y les manifestamos que estábamos dispuestos a
suspender el tratamiento de todo punto si no se hacía un núcleo con todos los temas federales
para ser tratados todos juntos. Esto obligó a la Comisión de Redacción a establecer que el tratamiento de los temas en las sesiones debía hacerse de esa manera, y de esa forma
recuerdo que se pudo tratar todo lo relativo a lo federal.
Esto lo digo porque, desde ese entonces, vengo con la intriga de qué nos pasa
realmente a nosotros, que somos los representantes de las provincias, que no consolidamos
este derecho vocacional de propiedad que tenemos y que tanto colaboramos con los estados.
Con los ex gobernadores aquí presentes, los senadores Rodríguez Saá, Romero, Marín,
hemos asistido a verdaderas luchas en los pactos federales que se fueron celebrando con los
distintos gobiernos. En esto no hago ninguna imputación especial, porque, además, no es mi
estilo.
Estamos sancionando una ley por la que nos autoignoramos, en la que no nos damos
valor. Luego de esta ley, va a venir el presupuesto. Allí veremos cómo se descascara, cómo
se desnuda el poder provincial para el mantenimiento del poder central. Creo que hay que
hacer el sacrificio, en una Argentina que hay que recuperar. Pero por qué tenemos que ser
calificados de malos administradores si no tenemos nuestros recursos, como ya lo vamos a
ver cuando nos toque el Presupuesto.
Y en esto digo que cuando la Convención Constituyente debatió el tema del dominio
de los recursos naturales, los convencionales hicieron —si ustedes recuerdan— un desarrollo
importante referente a lo que era el mar: a los ribereños, a la provincias ribereñas. Yo lo
recuerdo porque una de las convencionales que tuvo un gran fervor en esto fue la actual
presidenta. Y fíjense que el constituyente Ferreyra de las Casas sostuvo, ante la ley 17500,
que los recursos del mar hasta las 200 millas, eran de dominio nacional. Por lo tanto, con esta
inclusión del artículo 124 parecía un despropósito; pero yo recuerdo el artículo original, que
dio lugar a la posibilidad de sancionar y aplicar el 124. Era realmente pavoroso porque las
provincias nos apropiábamos del obelisco, a viceversa de lo que tenía que ser.
Pero allí, al establecer una exageración de las 200 millas, sin embargo los
constitucionalistas nos dieron la razón. Fíjense que Quiroga Lavié, en su libro Derecho
Constitucional, dice que el Estado nacional se ha atribuido la soberanía sobre el mar
territorial —200 millas—, declarando que los recursos allí existentes son de su propiedad,
reservándose la explotación de los mismas: leyes 17500, 17094, 18502, 20136. Se indica que
esta legislación es inconstitucional pues ha implicado una confiscación del dominio público
provincial sobre ese territorio que le corresponde por imperio de la Constitución, sin
reparación de ninguna especie: Quiroga Lavié.
Después se sancionó la ley 22922, con una contemplación que es la que yo decía por
qué no se tiene en esta ley. Así lo hizo cuando estableció una especie de acuerdo que se
legisló no como acuerdo pero casi una ley convenio —diría yo— que estableció las 12 millas
del mar. ¡Y no es poco! Fíjense ustedes que en mi provincia, Río Negro, nosotros legislamos
sobre la pesca en esas 12 millas. Es decir, tenemos empresas radicadas en San Antonio Oeste,
en Sierra Grande y en el Golfo de San Matías, donde se pesca. Esta pesca la autoriza la
Dirección de Pesca de la provincia y la regula la provincia en sí.
Digo esto porque, si en esta materia hemos logrado todo eso, por qué no lo podemos
lograr en todo lo que significa el uso del aire en la materia que estamos viendo ¿Por qué?
Porque las limitaciones que la Constitución le pone a esto aparecen en el artículo 126, que —si prefieren— no lo leo porque quiero evitarles el aburrimiento de la lectura, que es el que
establece qué es lo que no pueden hacer las provincias.
Fuera de ese 126 y de las limitaciones del 75, inciso 13), aparecería otra limitación
que fue materia de discusión —si ustedes recuerdan—, o por lo menos de contrapunto, entre
los dos gobernadores que nos visitaron, Rodríguez Saá y Capitanich, cuando se alegó —no
quise entrar en ese tema porque la senadora Negre de Alonso lo expuso con mucha
claridad— la inconstitucionalidad referida al artículo 32 y su relación.
Pero fíjense que el artículo 75, inciso 19), en su parte final, pareciera poner una
limitación cuando habla de la protección e incluye la palabra “audiovisual”. Pero no habla del
sistema de administración. sino de la protección. Por ejemplo, sería como legislar —así se
decía acá— el tipo de espectáculos que hay que poner, en qué hora. Sí puede ser una
legislación de fondo, pero no la concesión del permiso que se le da.
La contestación que he tenido a veces fue técnica. Pero tengo aquí, anotado, lo que
nos pasa en Río Negro. Y quiero insistir, primero porque es un pentágono fascinante, como lo denominamos los rionegrinos y, además, porque tenemos una extensión de 200 mil
kilómetros cuadrados con distintos valles y geografías. Gracias a Dios, vamos desde las
regalías hasta los recursos turísticos de Bariloche, de nuestro mar Atlántico y nuestros valles.
No solamente tenemos el Alto Valle, donde hay una gran concentración de población: más de
500 mil habitantes, en una extensión que va desde Chichinales hasta Catriel de más o menos
100 kilómetros. Pero en el Valle Medio hay una pyme. El Valle Medio es el que va de
Choele-Choel, por la ruta 22, hacia Viedma. Si ustedes doblan allí van a cruzar el Valle
Medio pasando por Luis Beltrán, Lamarque, Pomona y la localidad de Darwin, Belisle y
Chimpay, que es el pueblo de Zeppelín.
En ese Valle Medio funciona una empresa de cable pyme, que provee servicios a
varias localidades como Beltrán, en la cabecera de la red, que es uno de los pueblos más
chicos. Salvo Choele-Choel, que es el más grande, y dos o tres de ellos, el resto puede de
tener 4 a 5 mil para abajo. En ese caso, esta pyme provee servicios a todas las localidades
desde Lamarque, Pomona, Darwin, Belisle y Chimpay. De hecho, llevó la señal a Pomona.
Este es un pueblito que no debe tener más de 1.500 ó 1.800 habitantes, con no más de 80
inscriptos.

– Ocupa la Presidencia el presidente provisional del H. Senado, don Juan José Bautista Pampuro.

Sr. Verani. — Creo que cobra 100 pesos por mes por el servicio.
Con esta estructura se animaron a hacer una inversión importante como la colocación
de la fibra óptica en 40 kilómetros, que es la distancia que va cubriendo este canal.
Entonces, todo este desarrollo es para sostener a 5.000 abonados, en una extensión de
pueblos de esta dimensión. Uno de ellos, como les dije, es Pomona, con 80 abonados. Esta
pyme tiene 23 empleados. En forma directa provee espacios para la emisión de programas de
producción local o regional, y si se mira la relación costo-beneficio, evidentemente raya casi
en lo no rentable. Ahora, yo me pregunto qué va a pasar.
¡Tengo tal lío en el “balero”, como decíamos cuando éramos chicos, que no sé qué les
va a pasar! No vinieron a preguntar.
Tanto quise meterme en la ley; pero a veces,a uno le falta la técnica, sobre todo a esta
edad en que lo último que hemos manejado bien fue una Remington o una Olivetti y
entonces, cuando nos metemos allí, adentro de las áreas de computación modernas, nos
cuesta mucho.
Ahora bien, esa falta de claridad no se daría si la provincia tuviera la facultad de
administración. No estoy pidiendo nada, ni estoy criticando o diciendo que la ley está bien o
está mal, más allá de que tengo una posición al respecto. Al exponer esto no busco echarle la
culpa a nadie, sino decir: “Estimados colegas: nosotros somos la provincia, ¿no valemos la
pena como para estar dentro de la ley?; ¿no vale la pena que en nuestros pequeños parajes, en
nuestros pequeños pueblos, otorguemos nosotros la autorización para el funcionamiento, en
lugar de que tengan que venir a Buenos Aires a pedirla?”. Yo me pregunto esto; a lo mejor,
estoy equivocado. ¿Por qué digo esto? Porque hay que vivir en esos lugares, a tanta distancia,
para enterarse de que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, como decimos
los del interior.
Es decir que en esta exposición no me quiero entretener echándole la culpa
absolutamente a nadie o diciendo que la ley es buena o mala. Yo he adoptado una posición y
todo el mundo sabe que soy un viejo afiliado radical desde hace casi cincuenta años y, por lo
tanto, voy a acompañar a mi bloque. Pero no quiero de ningún modo descalificar nada; lo que
quiero es preguntarle a los señores senadores si este criterio federal lo vamos a confirmar, sí
o no. Porque después de esto en forma inmediata nos tocará abordar el tratamiento del
presupuesto y ahí las exposiciones no van a ser tan suaves, dado que nuestras provincias se
están fundiendo porque les sacan los recursos que tienen en un porcentaje que no corresponde
desde la ley 23548 en adelante y, como habrán visto ustedes, seguramente nunca se han
producido las compensaciones que deben producirse.
Por eso no quiero extenderme más, señor presidente. Mi pregunta, mi angustia, mi
tristeza, se debe a que no veo a las provincias en este proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pampuro). —Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: estuve escuchando con atención a todos los que han hablado con anterioridad. Algunas expresiones están cargadas de subjetividad con relación al
gobierno, no tanto en lo que se refiere al análisis del proyecto de ley pero sí cargando toda
esa subjetividad en las actuaciones o acciones del gobierno, a las que se las califica de cierta
manera, sin determinar si esta iniciativa representa lo que en realidad se viene diciendo.
Inclusive, ayer escuché un análisis que se realizaba en un programa de televisión y ahí
algunos periodistas que estaban en contra de la ley opinaban que, en realidad, es cierto que
representa un avance importante tener este tema sobre la mesa para discutirlo y que en verdad
estábamos todos de acuerdo en que se necesitaba una nueva ley.
¿Dónde estriba la diferencia? La diferencia estriba en cuál es la ley. Pero hay una
coincidencia casi absoluta no solamente en el sentido de que se necesita una nueva ley y de
que esta ley está viciada por su origen, sino también que resulta obsoleta y que contiene
algún tipo de pensamiento que parece superado en la actualidad. Repito: hay coincidencia en
que se necesita una nueva ley, pero discrepamos en cuál debe ser la ley: algunos dicen esta y
otros dicen otra mejor. ¿Cómo se va a dirimir esto? Con el sistema de la República, con
mayorías y minorías.
Cuando se carga tan fuertemente la subjetividad en las acciones de gobierno yo miro
el proyecto de ley y expreso para mí que no sé si este gobierno va a aplicar esta ley; digo esto
por el período de transición, por el año y demás. Por lo tanto, me da la sensación de que se
pone un acento de dramatismo en una ley importante, muy importante, que va a modificar
seguramente nuestra realidad comunicacional, pero que va a ir encastrada en un aparato y en
un andamiaje administrativo porque en lo que se refiere a las instituciones de la
administración no define nuevos conceptos ni resulta fundacional. Resulta nueva, novedosa,
importante.
Entonces, en ese sentido hay una coincidencia casi generalizada y yo creo que este es
un gran avance, especialmente después de la negativa por la falta de legitimación de este
Congreso para discutir esto, por aquello que se decía en cuanto a que, en realidad, no era el
momento adecuado o por lo que fuere. Por consiguiente, no es malo que tengamos este tema
sobre la mesa para discutirlo y poder avanzar sobre una nueva ley porque la que está vigente
al menos está obsoleta, ha tenido una serie de modificaciones, hay que modificarla y esta
parece la instancia indicada para avanzar con este contenido o con algún otro.
En realidad, este proyecto de ley plantea algo que el señor senador Calcagno abordó
con claridad y que fue destacado por varios de los expositores en las audiencias públicas y en
el debate que se ha desarrollado en el plenario de comisiones: esta iniciativa ha logrado el
apoyo de algunos sectores que no son sólo el oficialismo, sino sectores críticos que han
acompañados convencidos de que esto representa un avance. Y yo, como lo he hecho con la
prórroga de la delegación legislativa del año 1994, cuando dije que en realidad se estaba
votando el proyecto de ley que habían arrimado los sectores de centroizquierda y no el del
Poder Ejecutivo, ahora vuelvo a decir que acá ha habido un importante aporte de otros
sectores que no constituyen lo que la oposición denomina el oficialismo duro. Y le han hecho
una serie de modificaciones a este proyecto: específicamente, uno de los legisladores de mi
provincia —un diputado nacional—, en un plenario de comisiones en la Cámara de
Diputados fue la primera voz oficialista que hizo conocer sus objeciones con absoluta
contundencia. Cada una de las cuestiones que se fueron mejorando y que enumeró el señor
senador Filmus fueron expuestas en el plenario delante del licenciado Mariotto por un
diputado oficialista que decía que no le gustaba “tal” u otra cosa y que había que cambiarla.
De hecho, se refirió a la autoridad de aplicación y a la revisión que se hacía con ella y con la
comisión bicameral. Se hizo una serie de aportes no sólo desde la oposición, sino también
desde otros sectores que miraban este proyecto de ley con un análisis riguroso de parte del
propio oficialismo, cosa que yo rescato y destaco.
Creo que han hecho un importante avance y que los sectores que apoyaron el proyecto
de ley en la Cámara de Diputados lo hicieron con absoluta convicción. Así, se logró un
importante respaldo producto de sectores que se sumaron convencidos de que este proyecto
representa un avance; en realidad, es un avance en una visión mercantilista de las
telecomunicaciones y de la radiodifusión en la ley actual, con una visión cultural —si se
quiere— en esta legislación que se propone. En la Organización Mundial de Comercio —la OMC—, a la hora de discutir qué
hacer con los servicios culturales y educativos, en la ronda GATT en Uruguay se aprobó una
excepción cultural.
En realidad, allí las expresiones culturales y educativas quedaban afuera de la
liberización del comercio de servicios y productos, y el Convenio de la UNESCO de
Protección y Promoción de la Diversidad Cultural apuntalaba la defensa de la posición de no
liberalizar este tipo de contenidos y culturales.
Creo que esto tiene bastante que ver con ese apoyo de sectores que tienen esta visión
y que la ley lo tiene: es decir, va dejando un poco de lado esta visión mercantilista y va
avanzando con una visión que entiende el espectro radioeléctrico como un patrimonio
cultural de la sociedad.
En segundo lugar, creo que esta va a ser una legislación dinámica. ¿Y por qué lo
creo? Porque, en realidad, algunos hablan: “Bueno, esta debiera ser una ley a veinte, treinta
años…”. En realidad, creo que del propio contenido de la ley, cuando uno mira el artículo 47,
con la adecuación por incorporación de nuevas tecnologías; cuando uno va a las citas —cabe
destacar que se trata del artículo 47 corregido, que tenía una virtual delegación legislativa
realmente equívoca que se corrigió—, ahí se está hablando de la necesaria adecuación a partir
de los informes que la autoridad de aplicación debe hacer a la Comisión Bicameral y al
Ejecutivo. ¿Y por qué a la Comisión Bicameral y al Ejecutivo? Porque en realidad son los
legisladores y el Ejecutivo los que tienen iniciativa parlamentaria. Entoncees, evidentemente,
si hay una innovación tecnológica y adelantos que ameritan modificación de la ley hay que
modificar la ley, como estaba en algún momento previsto en la legislación de los Estados
Unidos.
No tengo dudas, por otra parte, en mi concepto; y le quito a esto otra vez subjetividad.
Porque estamos discutiendo una ley y, en realidad, cuando me pasan el Rosario de las cosas
que pasan allá o acá, y el multimedio de Fulano y de Mengano, digo: “Bueno, vamos a
discutir la ley. Volvamos a la discusión de la ley; y alguno tendrá que pagar por las
cuestiones que hace y que realmente son motivos de reproche penal o ético. Pero volvamos al
contenido de la ley”.
Tenía razón Daniel Filmus cuando expresaba lo que el CELS había dicho acá. El
CELS reconoce que esta ley cumple con los estándares internacionales de libertad de
expresión. En materia de derechos humanos hace un reconocimiento el CELS, que descalifica
esta ligera apreciación de “ley mordaza” a la que se apela fundamentalmente por la
subjetividad que se le pone al ligar la ley o la estructura de la ley con las acciones que se le
achacan al gobierno.
Quiero hacer hincapié en dos o tres cuestiones no más —porque no voy a tener
tiempo para otra cosa—.
Cuando se plantea la prohibición del artículo 32 de la Constitución nacional y, desde
algún sector de la oposición, se dice que el Congreso no está constitucionalmente habilitado
para sancionar esta ley; cuando se lee esto del artículo 32 en el sentido de que el Congreso
federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la
jurisdicción federal. ¿Qué vemos?
Bidart Campos ya empieza a discutir en su Tratado sobre la Constitución reformada
qué es esto de restricción; si regulación es restricción o no lo es. Obviamente, se inclina por
que no lo es.
Pero al margen de esto, lo que hay que entrar es en el contenido de este artículo y remontarse
a lo que se ha hecho de traer los orígenes en la discusión de la reforma de 1860, que se ha
repetido hasta el cansancio; que funda Vélez Sarsfield; una serie de cuestiones que se han
repetido hasta el cansancio. Creo que está muy bien agregarle énfasis a esta cuestión e
inclusive yo valoro la persistencia del argumento. Es decir, hay una persistencia del
argumento, hasta inteligentemente jugado, al decir: “Vamos a llegar a la Corte”. Me parece
que el argumento, por parte de quien lo esgrime es auténtico, y está bien que se haga. Yo lo
creo equivocado.
No es que uno niegue la cuestión federal: yo soy un hombre de provincia…

Sr. Presidente (Pampuro). — Perdón, senador, vaya redondeando, por favor.

Sr. Guinle. — ¡Pero los diez minutos son cada vez más cortos, presidente! (Risas.)

Sr. Presidente (Pampuro). — Bueno, son diez minutos.

Sr. Guinle. — ¡Ah, no, discúlpeme, está bien! Me voy a quedar muy corto. Voy a tratar de
redondear.
La más autorizada doctrina constitucional argentina sostiene que esa disposición de
ningún modo inhibe al Congreso nacional para regular la radiodifusión pues tiene un alcance
interjurisdiccional, interprovincial e internacional que la convierte en materia federal de
modo incuestionable. Lo dice Germán Bidart Campos en su obra Manual de la Constitución
reformada, tomo II, página 31 y 32. En tal sentido, afirma categóricamente la competencia
del Congreso para legislar en materia de radio y televisión en tanto —dice— despliegan su
actividad comunicativa mediante ondas transmisoras que integran el espacio aéreo y que
sobrepasan incluso los límites del Estado.
Lo dice Ekmekdjian en su Tratado de Derecho constitucional, pero él hace otra
salvedad. Dice inclusive que cualquiera que sea la interpretación del artículo 32 es innegable
que los medios de comunicación distintos de la prensa escrita —él hace esta aclaración:
radio, televisión, cinematografía, autopistas informáticas, etcétera— pueden ser regulados
por el Congreso y ser sometidos a la jurisdicción federal. Por su parte, Sagüés avanza en el
mismo sentido en su obra Elementos de Derecho constitucional.
Pero, además de este cerrado criterio de la doctrina constitucionalista, debe destacarse
los fallos de la Corte. Los fallos de la Corte son de una claridad meridiana. A partir de una
cierta confusión en los primeros años sobre la interpretación del artículo 32,
fundamentalmente cuando refiere a la jurisdicción penal sobre los delitos cometidos por
medio de la prensa luego, específicamente, deja de manera incontrastable que ésta es
prerrogativa del Congreso nacional. Lo hace en un precedente en el año 96 y luego en 2004.
Pero en el 96, en fallo 319:998, el máximo tribunal rechaza el planteo de
inconstitucional del actual decreto-ley: de la 22285. En tal sentido, expresa que la regulación
de la radiodifusión queda incluida en la más amplia regulación de las telecomunicaciones, a
su vez incluida en la regulación del comercio interjurisdiccional atribuida exclusivamente al
Congreso nacional por el artículo 75, inciso 13. Esa regulación por parte de la autoridad
federal resulta compatible con la representación que la Nación ejerce en el ámbito de las
relaciones exteriores y, en el caso concreto, en el marco de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones. De esta atribución del Estado nacional se desprende la facultad de
efectuar la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
El mismo criterio expresa luego la Corte, en el año 2004, en la causa “Provincia de
Río Negro c/ Estado nacional”. Así, entonces la Corte despeja absolutamente cualquier duda
sobre las atribuciones que tiene el Congreso para legislar en esta materia. Fundamentalmente
lo hace sobre los artículos 13 y 22 de la Carta Magna. Como bien decía el senador Verani, en
la Convención constituyente del 94, a instancias del constituyente Solanas, se hace el
agregado del inciso 19, donde otorga atribuciones al Congreso para regular la materia en lo
que hace a la protección de los espacios culturales y audiovisuales. Esto lo funda en ese
momento Solanas, como surge del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente del
año 94, correspondiente a los días 10 y 11 de agosto.
El tema no tiene discusión. La Corte terminó de liquidar esto, y los constitucionalistas
que acá estuvieron fueron absolutamente claros en esta opinión.
Termino, presidente: se ha hecho también una interpretación —a mi juicio
antojadiza— respecto del ordenamiento jurídico que consolida esta ley. A esta ley la toman
como si fuera fundacional y que está tipificando nuevas cuestiones y, en realidad, debe
aprovechar la legislación, la doctrina, la jurisprudencia señalada en esta decena de años. No
son ciertas, en función de eso, las deficiencias que se le imputan, por ejemplo, al artículo 32,
ni tampoco al régimen sancionatorio que está respetando las reglas básicas del procedimiento
administrativo. Esta ley se va a asentar sobre las bases del Derecho administrativo que tiene
la República.
Esto no se ha discutido cuando, en una contratación de mayor valor, adjudica el
Estado nacional o el Estado provincial, y una dirección cuando es de menor valor. Esta es
materia de que no ha tenido conflicto. Tampoco ha tenido conflicto el régimen sancionatorio
y el efecto fundamentalmente no suspensivo que tiene el procedimiento administrativo en la
Argentina, pero que a su vez se complementa con la posibilidad de la medida cautelar en sede administrativa y luego la medida cautelar en sede judicial. Realmente, creo que hay que hacer
una lectura apegada de alguna manera al texto de la ley.
Se ha hecho una comparación equivocada respecto del Decreto 170 del año 1955 por
el cual se anulan decretos que había firmado el general Perón, que obviamente tenían un tinte
político. Se lo compara y se dice que el artículo 161 tiene que ver con esto. ¡No tiene nada
que ver! Se confunden los principios y las instituciones jurídicas. El artículo 161, en realidad,
parte de la validez de licencias hoy existentes y es un cambio de la norma; una norma
antimonopólica, que tiende a ejercer una función sobre… Se desprende de licencias que
entiende legítimas. Los otros decretos que anulan lo hacen en algunos casos porque los
considera de nulidad absoluta; y en otros casos porque, por razones de interés público, eran
licencias que habían sido otorgadas a título precario. Confundir esto es confundir los
institutos y tratar de que la confusión reine en un debate donde realmente deberíamos
aclararlo.
Dejo establecido, señor presidente, que voy a mantener la discrepancia, la
observación, la diferencia que los diputados de mi provincia hicieron respecto de la
interpretación de los tratados bilaterales de asistencia, donde creo que el Estado nacional está
en deuda. Creo que nosotros estamos en deuda.
Tengo una mirada crítica respecto de cómo lo aborda la ley y, fundamentalmente, en
la necesidad de que el Estado nacional los aborde y haga un estudio punto a punto que
permita eliminar las posibilidades de que capitales extranjeros pasen el 30 por ciento,
inclusive establecido en la ley vigente y en la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.

Sr. Presidente (Pampuro). — Voy a comenzar, como no pensaba hacerlo, por reconocer a mi criterio que no es una errata lo que sucede con el artículo 124 que refiere a los consejos consultivos y que remite al artículo 116, que nada tiene que ver, ya que trata de emisoras
ilegales; y al artículo 95, que remite al artículo 88.
Son para mí artículos erróneos votados en la Cámara de Diputados. Tenemos acá el
dictamen que votaron los diputados y la versión taquigráfica, donde claramente se ve que la
única modificación que le hacen al artículo 124 es la denominación del Consejo Asesor del
Audiovisual y la Infancia, que queda denominado “Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia”.
Creo que estos elementos bastarían para comprender que debe volver a Diputados,
porque cuando se trató la ley de emergencia agropecuaria la presidenta la vetó, habiendo sido
votada por unanimidad, considerándola un error del Congreso. Ninguno de nosotros parecía
que sabía lo que votaba. Por lo tanto, creo que debe volver a Diputados.
El tema que hoy tratamos atraviesa el federalismo, del cual se ha hablado mucho. El
federalismo no es solamente una cuestión fiscal o de coparticipación. Realmente, creo que el
federalismo argentino está verdaderamente afectado. Pero hablando de federalismo fiscal, de
la coparticipación, nuestras provincias están atravesando una situación de desfinanciamiento
muy grave. Muchas provincias van a llegar con enormes dificultades a poder pagar los
sueldos a fin de año. Y cuando vemos con qué falta de prurito el gobierno hace trascender
que estamos cambiando la dirección del voto porque la provincia a la que representamos
tiene problemas financieros realmente me parece muy grave porque —es una deuda que
tenemos con las provincias a las que representamos— nosotros no hemos trabajado
verdaderamente para que hoy no estén atravesando la situación que atraviesan.
Creo también que el gobierno termina de cerrar un triángulo cuyos vértices, para mí,
son la demostración de la forma que entiende este gobierno de ejercer el poder. En primer
ángulo es lo que denominamos la caja. O sea, lo que acabo de decir: las provincias asfixiadas,
dependiendo de la buena voluntad del gobierno para poder llegar a cubrir las emergencias.
Otro es el Consejo de la Magistratura: ¿o no vimos ayer lo que pasó con Fagionatto
Márquez? ¿O no vimos cómo se lo libró del juicio político? Ese es el otro extremo, el otro
ángulo. Y el último ángulo que faltaba es el dominio de los medios de comunicación. Creo
que lo va a lograr, porque evidentemente, con tristeza estamos observando que esta ley va a
salir. Ya están los festejos afuera. La senadora Perceval hablaba de 40 mil personas que
vienen convencidas por la ley. Yo sé de muchos que están ahí, intendentes con los que tengo oportunidad de hablar, que vienen presionados porque necesitan cubrir sus déficit. Pero si
queremos creer que no es así creamos que no lo es.
El senador Fernández habló de la legitimidad de este Senado. ¡Por supuesto que es
legítimo! Hasta el 10 de diciembre este Senado es absolutamente legítimo. Por lo tanto,
deberemos hacernos cargo cada uno de nosotros de nuestros actos y de nuestra forma de
votar.
Preguntó también el senador Fernández qué cambió en el país. Lo que cambió, en una
oportunidad histórica en la cual el viento de cola hacía que el país creciera a tasas chinas, fue
la falta de aprovechamiento de una situación inédita para la Argentina que no aprovechamos,
como sí lo hicieron los países hermanos: mientras ellos avanzaron seis años nosotros
retrocedimos en materia económica, social e institucional, seis años. Es una lástima que no
hayamos podido aprovechar esta situación.
Cambió la forma de ejercer el poder.
Dijo también el senador Fernández que esta ley fue consensuada con 900
organizaciones. La verdad es que donde debería haberse discutido a fondo es en el ámbito del
Congreso; y no se hizo eso en la Cámara de Diputados. Asimismo, me parece importante
recordarle al senador que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus
representantes.
Si no podía permitirse ninguna especulación, entonces, ¿por qué algunos senadores
tuvieron que cambiar su voto? ¿Es verdad que no ha habido especulación?
Este proyecto se introduce en temas que no le corresponden, no lo hace en temas que
sí le corresponden, y omite otros. Por ejemplo, tendría que ocuparse del espacio
radioeléctrico, mal llamado espectro. Debería ocuparse seriamente de ese tema porque ese sí
le corresponde; pero se ocupa poco y mal.
Verdaderamente, no creo que esta ley vaya a generar más libertad de prensa, pero sí
una enorme cantidad de juicios para los cuales tendremos que prepararnos.
Lo más importante de este proyecto está fuera de él. Me refiero a los más de mil
millones de pesos de pauta oficial que discrecionalmente el gobierno otorgará a los que
llamaría “medios paraestatales y estatales”. En ese sentido, el 70 por ciento de los medios
funcionan con la pauta oficial; caso contrario, ¿cómo creemos que pueden subsistir? En un
país en crisis, donde la producción se ha paralizado y la pobreza crece en forma alarmante,
¿cómo van a subsistir? Es más, hay denuncias en Tres Arroyos relacionadas con que ciertas
cooperativas —habrá que comprobarlo— serán financiadas por el gobierno. En consecuencia,
me pregunto qué libertad podrán tener para expresarse si no cuentan con la pauta oficial. Hay
que tener en cuenta que este gobierno, con relación a la resolución 125, dijo que los medios y
el campo atentaban contra la institucionalidad. Por lo tanto, tengo que suponer que, también,
a través de esta ley se pretenderá anular a cualquiera que se exprese en el sentido en que el
gobierno no quiera; porque el gobierno no reconoce sus debilidades o errores ni tampoco
quiere que nadie se los marque. En consecuencia, la manera de acallar y de no ver es
teniendo medios dominados.
Además, el gobierno se ha olvidado de fijar prioridades; y gobernar es fijar
prioridades. Por ejemplo, la Sedronar —que al parecer pronto desaparecerá, como si no
tuviéramos un enorme problema con la drogadicción— le dedica el 5 por ciento de lo que se
destina a las pautas oficiales, fútbol y demás. Y es cierto que mientras se desarrollaba este
debate, el canal del Estado transmitía fútbol; no vaya a ser cosa que la sociedad escuche que
muchos de nosotros nos expresamos en contra de la ley.
No me cabe ninguna duda de que hubiera sido muy beneficioso que este proyecto
sacara de la esfera del gobierno a la autoridad de aplicación y respetara las licencias
prorrogadas. Respecto de esto último, en el decreto 527 se expresa: En dicho plazo —dos
años— cada licenciatario deberá presentar ante el Comité Federal de Radiodifusión para su
aprobación un plan que prevea la incorporación de nueva tecnología —como la digital— que
implique mejora e innovación en los servicios que preste. Sin embargo, después de que les
dijeron que inviertan en nuevas tecnologías, les dicen que en un año tendrán que ceder sus
empresas.
Asimismo, ¿qué seguridad jurídica puede haber en un país que, respecto de las AFJP,
un año antes le dio a la gente la posibilidad de optar y, al año siguiente, anuló —o se quedó— a las AFJP y se quedó con sus recursos? Ideológicamente, puede no estarse en contra de una
nueva ley de radiodifusión o de un sistema previsional de reparto; el tema es cómo se usan
los recursos. Otro ejemplo de ello es lo que sucede con Aerolíneas Argentinas. ¿Quién puede
no estar de acuerdo con tener una aerolínea de bandera? Ahora bien, resulta que esa aerolínea
todavía sigue siendo de Marsans, y que a los argentinos nos cuesta 7 millones de pesos
diarios.
Esas son las cosas que tornan increíble la buena intencionalidad en la aplicación de
esta ley.
En cuanto al tema de los contenidos, a los bonaerenses les es muy caro el artículo 32.
Nosotros, para ese entonces, no formábamos parte de la Confederación; pero fue una
condición que pusimos para formar parte de la Confederación. Entonces, ¿por qué el
proyecto se mete en un tema en el que no se tiene que meter, es decir, el de los cables? ¿Por
qué se introduce en un tema que está prohibido expresamente como el de los contenidos?
Por eso dije que se mete en algunos temas en los que no debe hacerlo; y abandona
otros o se refiere muy poco acerca de cuestiones que sí debe tener en claro.
Verdaderamente, en cuanto a la autoridad de aplicación —que se define como un ente
autárquico que gira en la órbita del gobierno, y tiene la composición de la que ya se ha
hablado demasiado—, me hubiera gustado que dependiera del Congreso.
Cada uno de nosotros va abandonando sus responsabilidades, y se va haciendo
costumbre no respetar nuestro rol. En ese sentido, ustedes saben de mis diferencias con el
gobernador de la provincia de Buenos Aires; sin embargo, defenderé los intereses de mi
provincia porque se trata de algo mayor que un gobierno de turno. Pero nosotros vamos
abandonando, reitero, nuestras responsabilidades.
Siempre ha habido una relación de amor-odio entre los medios de comunicación y la
política. No es buen político el que se hace muy amigo de los medios ni es buen periodista el
que se hace muy amigo de los políticos. Cada uno debe cumplir su rol y hacer las cosas como
deben hacerse: los medios, teniendo la objetividad necesaria, y nosotros, trabajando bien y
teniendo las espaldas para bancarnos lo que quieran decir de nosotros si tenemos la certeza de
que actuamos bien.
Hace muchos años, en la época de Alfredo Palacios, otro era el Congreso. Alfredo
Palacios pudo aprobar las leyes laborales que aprobó en un ámbito netamente conservador
pero se respetaban las ideas, se consensuaba y se discutían profundamente las cuestiones.
Hoy, eso no existe. Estamos aquí desde las 10 y 30 de la mañana sabiendo cada uno que no
vamos a ser capaces de modificar nuestra posición. Entonces, es un mero trámite que nos
llevará hasta la madrugada, que no nos hará arribar a ningún tipo de consenso de
modificación. Es verdaderamente lamentable.
Voy a ir terminando, a pesar de que me quedan 12 minutos para compensar los
minutos del senador Guinle. Me da mucha lástima lo que sucede en la Argentina, nos
estamos olvidando de las prioridades. ¿Qué hacemos con la producción y el desarrollo? ¿Qué
hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la salud? ¿Cuándo vamos a poder aplicar la
maravillosa Ley de Educación que aprobamos hace tres años? Y que todavía en mi provincia
no se podrá aplicar ni el uno por ciento porque no están los recursos, a pesar de que la
provincia le dedica el 40 por ciento del presupuesto a la educación.
Si no nos damos cuenta de las cosas que nos están pasando, va a ser muy difícil que
la sociedad crea en nosotros, los dirigentes políticos. Ahora, en las encuestas aparecen como
la segunda preocupación de la sociedad; una dirigencia política que no es capaz de
solucionarles sus problemas.
No quiero extenderme más. Sí creo que debemos ser muy firmes en los artículos a los
que he hecho referencia, que han sido votados erróneamente en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, afirmo que este proyecto de ley debe volver a la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: quiero expresar que, como lo hiciera el Partido Socialista en la Cámara de Diputados de la Nación, voy a acompañar en general la sanción
de la norma en tratamiento y voy a votar en contra de los artículos 14, 32, 45, 47, 93 y 161.
El debate de un proyecto de ley de radiodifusión tiene para nosotros, para la sociedad
y para el país una importancia fundamental. Es un proyecto de ley que reúne varias cuestiones que son difíciles de encontrar en otras, es un proyecto de ley que aborda la
industria de la comunicación, que es una de las más dinámicas en los tiempos de una
economía globalizada. Y es un proyecto de ley que aborda derechos humanos fundamentales:
el derecho a la información y a la libertad de expresión. Son derechos consagrados en la
Constitución Nacional.
Es precisamente en este último aspecto que el socialismo tiene una larga y estrecha
relación con la prensa en la República Argentina. No es casual que su órgano de difusión, su
periódico La Vanguardia, en 1894, antecediera en dos años a la fundación del Partido
Socialista. Y que fuera el fundador del Partido Socialista el fundador de su periódico. En
estos tiempos en que se habla tanto de la vinculación de la prensa y de los medios de
comunicación desde la perspectiva de los negocios y del comercio, en aquel momento Juan
B. Justo vendió su auto para financiar la salida de La Vanguardia.
Ese periódico, desde 1896, fue censurado, fue perseguido y fue reprimida la voz de
los socialistas en la prensa de aquellos momentos. Por eso quiero incorporar este opúsculo de
Juan Antonio Solari, La Vanguardia: su trayectoria histórica; hombres y luchas, que habla
de esta vinculación del socialismo con la prensa en la Argentina.
Alfredo Palacios en su libro Libertad de prensa analizaba el origen del artículo 32 de
la Constitución Nacional, que mucho se ha hablado esta noche en este recinto. Le pido
permiso para leer la cita textual. Decía Alfredo Palacios que sin la absoluta libertad de
imprenta no se puede crear hoy el gran poder que gobierna a los pueblos y dirige a los
gobernantes: la opinión pública. Sólo la libre discusión por la prensa puede hacer formar el
juicio sobre la administración o sobre los hechos políticos que deban influir en la suerte de
un país. Sólo también por medio de la libertad de imprenta puede el pueblo comprender la
marcha de la administración. No basta que un gobierno dé cuenta al pueblo de sus actos; sólo
por medio de la más absoluta libertad de imprenta puede conocerse la verdad e importancia
de ellos y determinarse el mérito o la responsabilidad de los poderes públicos.
Entrando en la democracia, en esta democracia reconquistada, el socialismo tiene un
trabajo persistente por una nueva ley de radiodifusión que reemplace al bando militar 22285.
Fue Héctor Polino, primero como Secretario de Acción Cooperativa del gobierno de Raúl
Alfonsín y luego como diputado nacional, que propuso la modificación del artículo 45 por
esa injusta negación de permitir el acceso de las cooperativas a la radiodifusión.
En segundo lugar, fue Guillermo Estévez Boero como integrante del Consejo para la
Consolidación de la Democracia; aquel consejo que elevó al Congreso un proyecto de ley
para su tratamiento; aquel consejo que estaba presidido por el recordado Carlos Nino y que
estaba integrado, entre otros, por René Favaloro, María Elena Walsh, Gregorio Weinberg y
Oscar Puiggrós.
En aquella presentación expresaban que la democratización del sistema de medios de
comunicación de masas es una precondición para la consolidación del sistema democrático.
Y aquel proyecto definía muchas cosas que esta noche están en debate, que no pudo ser ley.
Decía aquel proyecto que la regulación de los medios de radiodifusión debe asegurar
que ellos sirvan tanto al enriquecimiento del debate colectivo como el desarrollo de la
autonomía individual. Y que para ello es necesario producir una gran apertura y expansión
del sistema existente. Descentralizar los focos de distribución de licencias dando por primera
vez activa participación a provincias y municipios. Pluralizar las vías de acceso al sistema
expandiendo el sector privado y comunitario y desdoblando el público en uno gubernamental
y otro en el que estén representados los grupos parlamentarios, las universidades y otras
entidades educativas y culturales. Evitar, aún con sanciones penales para la simulación, que
ningún grupo tenga una posición monopólica o dominante por vía del control de múltiples
medios de modo que su opinión prevalezca sobre las restantes.
Pido también la incorporación de todo este trabajo publicado por EUDEBA que,
además de la exposición de motivos y del proyecto de ley, incorpora el derecho comparado
sobre las autoridades regulatorias y de aplicación en distintos países del mundo.
Y, en tercer lugar, nuestra tradición —que es la prédica permanente de Alfredo Bravo— de
derogar todas las normas de los gobiernos de facto, entre ellas, la que hoy estamos tratando.
Señor presidente: estoy convencido de que una ley de la democracia siempre será
mejor que un bando de una dictadura militar. Por eso acompañamos en general esta ley, por esta posición histórica y porque la letra concreta de lo que hoy estamos analizando, de lo que
hoy se pone en consideración, con los interrogantes que abre su aplicación a futuro, es
superadora de la actual Ley 22285.
Se dice, y con razón, que en los dos años que le quedan a partir de la sanción de esta
ley, el actual gobierno tendrá más poder, pero no se dice que con las actuales reglas de juego,
la ley vigente tiene una discrecionalidad muchísimo mayor. Esto quedó demostrado cuando
en 2005, a través de un decreto de necesidad y urgencia —el 527—, pudo darle
graciosamente 10 años más a todas las licenciatarias. Pudo muy bien aplicar lo que decía la
ley: terminaban los 15, y les daba los 10 que venían; pero no hizo eso, suspendió los plazos;
es decir que les dio los 15 más los 10, más los 10 sin ninguna explicación. Entonces, ¿por
qué no podría en los dos años que le quedan, y con un COMFER intervenido, hacer lo que
tengan ganas?
Nosotros somos conscientes de que una ley es la ley y el contexto histórico en el cual
se sanciona y en el cual se aplica. No somos ingenuos. Muchos ciudadanos que nos apoyaron
y que nos apoyan con buenas intenciones nos han pedido que rechacemos esta ley porque no
le creen al gobierno, porque han perdido la confianza en este gobierno. Entonces, a esta
altura, quiero hacer una consideración. El lugar desde el cual el Partido Socialista apoya en
general esta ley es desde una banca de la oposición política. El Partido Socialista fue, es y
será oposición a este gobierno hasta el 10 de diciembre de 2011 por una sencilla razón: que
no acompañó su programa, y por eso, la mejor contribución que le hacemos a la democracia
es, desde estas bancas, manifestar el control hacia el gobierno y las alternativas a lo que el
gobierno no concreta.
Pero ser oposición no significa votar siempre en contra todo lo que propone el
gobierno. Es por eso que, en su momento, acompañamos la renovación de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Aquellos juicios políticos y la renovación posterior fueron
momentos para analizar la intencionalidad. Se ha hablado mucho de la intencionalidad.
¿Cuál era la intencionalidad de aquellos juicios políticos que se realizaban y la de cambiar
los miembros de la Corte? Quizás, de alguna manera, también se ha mencionado acá que,
con las modificaciones posteriores y con el Consejo de la Magistratura, pueden configurarse
posicionamientos de intencionalidades. No tenemos dudas de que la actual Corte Suprema de
Justicia de la Nación es una de las mejores de las últimas décadas en el país, por su
independencia política, por su capacidad y por su eficiencia.
Hoy es muy importante hacer este análisis y, desde esta posición, decir que el Partido
Socialista nunca ha canjeado un voto en el Parlamento por algún extraño interés. Nuestros
intereses son los del país y los de la sociedad, y la pelea por el país federal la estamos dando
en los ámbitos que corresponde.
El gobierno de la provincia de Santa Fe, con la firma del gobernador Binner, ha
hecho tres presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la permanente
violación del artículo 7/ de la actual Ley de Coparticipación Federal, porque nos hemos ido
deslizando en un país federal que es letra muerta en la Constitución Nacional. El gobierno
nacional se apropia hoy del 75 por ciento de los recursos. Sólo el 25 por ciento de la
distribución primaria de la coparticipación se distribuye en las provincias, y el artículo 7/ es
muy claro al fijar un piso del 32 por ciento que no puede violarse.
Nosotros creemos que es fundamental el debate de esta ley, y desde esta banca les
decimos a los 700 mil santafesinos que nos apoyaron en las elecciones del 28 de junio, y a
muchos tantos otros que, con esperanza, andan buscando una posibilidad en este país, que la
única trinchera en esta guerra que se ha planteado, a la que adscribimos, es la de trabajar
desde esta banca por una provincia de Santa Fe mejor, por el derecho de los jubilados, por el
derecho de los jóvenes, de las mujeres y de los más desprotegidos. Ese es nuestro
compromiso.
Yo pregunto si necesitábamos una nueva ley de radiodifusión. Es una pregunta obvia
con respuesta más obvia todavía. Absolutamente nadie discute hoy la necesidad de una
nueva ley de radiodifusión. Y la siguiente pregunta es inmediata: ¿por qué en 26 años no
fuimos capaces de sancionar una ley, a pesar de que hubo más de 70 iniciativas
parlamentarias y de que todos los gobiernos —a diferencia de lo que dice el proyecto del
Ejecutivo en su exposición de motivos, que dice que es la primera vez— enviaron un proyecto de ley al Parlamento. Y, si tenemos honestidad intelectual, la respuesta a esto
también es bastante simple: porque desde el poder, convino siempre mantener, consolidar y
profundizar el statu quo vigente. Porque para los distintos gobiernos, era más fácil mantener
un COMFER intervenido, que es una estructura oscura, discrecional, más parecida a la SIDE
que a un órgano de regulación de la radiodifusión de la democracia. Era más fácil mantener
ese poder. Y para los grupos económicos de la radiodifusión, también era mejor tener una
regulación precaria que permitía obtener beneficios de todos los gobiernos.
Por eso, estas reglas de juego que hoy tenemos son la perversa combinación de un
bando militar, la Ley 22285, con el neoliberalismo. Porque no es que la democracia acunó a
este bando militar. No es que hicieron modificaciones que mejoraron democráticamente el
bando militar. No es así, porque sólo nueve de las doscientas modificaciones que se le
hicieron en los tiempos de la democracia fueron por ley; la mayoría fueron por decretos de
necesidad y urgencia y resoluciones, pero no se hicieron para mejorar su funcionamiento y
hacerla más democrática, sino que todas y cada una de esas modificaciones fueron para
beneficiar intereses sectoriales. Voy a nombrar sólo dos modificaciones, las más
emblemáticas, porque fueron las más importantes…

— Manifestaciones en las galerías.

Sr. Giustiniani. — No sé si usted quiere pedir silencio, señor presidente, porque me parece
que están hablando…

Sr. Presidente (Pampuro). — Por favor, pedimos silencio.
Puede continuar, senador.

Sr. Giustiniani. — Las dos modificaciones más emblemáticas fueron: las del artículo 45, en
los tiempos del menemismo, que permitió que quien tenía diarios pudiera tener radio y
televisión, y el decreto 527, de 2005 que —como antes expliqué— extendió graciosamente
por diez años las concesiones. Ambas acciones consolidaron situaciones de privilegio.
Fuimos muy pocos los que nos opusimos en aquellos momentos y, además, no tuvimos
prácticamente prensa. Nuestra posición fue reflejada muy tenuemente, casi diría
inexistentemente. Por eso es importante afirmarnos en la necesidad de este cambio, porque el
statu quo vigente, muchas veces, tiene más fuerza que el cambio.
Entonces, nos surge otra pregunta: ¿cuál es el sistema de medios que tenemos hoy en
este país? ¿Por qué tenemos la necesidad de cambiarlo? Porque tenemos muchas pymes
dentro de los medios de comunicación, que son emprendedores. Hay muchos periodistas en
nuestro país de una gran y alta creatividad. Tenemos, realmente, mucho periodismo
independiente en la Argentina. Sin embargo, sólo cuatro operadores reúnen el 84 por ciento
de la facturación y el 83 por ciento del mercado. Entonces, ¿no hay posiciones dominantes?
Claro que las hay.
De tal modo, bienvenido que este gobierno, después de dictar el decreto 527 y
después de avalar en un primer momento la fusión de CableVisión y Multicanal y de querer
hacer ingresar a las telefónicas en el mercado, ahora pretenda limitar a los monopolios.Los
monopolios ya fueron rechazados en el corazón mismo del capitalismo floreciente a finales
del siglo XX. Fue un senador norteamericano, John Sherman, quien propuso la ley antitrust.
Es decir que el combate al riesgo de cartelización y contra el monopolio es inherente al
surgimiento y al desarrollo mismo del mercado.
Ahora bien, los monopolios en los medios de comunicación son infinitamente más
negativos. Por eso, constituye una historia importante aquel discurso del abogado irlandés
Sean MacBride, pronunciado en la Unesco en junio de 1977, centrado en la fragilidad y en la
vulnerabildiad de la prensa como consecuencia de las presiones económicas, financieras y
políticas. Y fue ese discurso de MacBride en la Unesco el que determinó la formación de una
comisión que integró gente muy importante, como el canadiense Mac Luhan. Esa comisión,
después de varios años, llegó a conclusiones muy importantes. Por ejemplo, se refirió al
derecho de los estados, no de los gobiernos, a disponer de los medios de comunicación y su
deber de ponerlos a disposición de las organizaciones ciudadanas para contrapesar el poder
de las grandes corporaciones. También, se refirió aquella comisión a establecer medidas de
control de los monopolios, porque la concentración atenta contra la libertad de información.
Señor presidente: con relación a la sanción de esta norma, hemos escuchado en estos
días verdaderas exageraciones. Deberíamos guardarlas todas y, dentro de cinco o diez años, ponerlas arriba de la mesa, escucharlas y compararlas con la realidad. Yo no creo que
lleguemos al paraíso mediático, pero tampoco creo que la sanción de esta norma genere el
riesgo de entrar en el país de la noche de los silencios. Este es un tránsito en la democracia,
un camino de una sociedad plural en el marco de un mundo globalizado de desarrollo
increíble en materia tecnológica de las comunicaciones, donde ya es imposible acallar las voces y restringir los pensamientos.
No tengo dudas, ya entrando en la consideración de la norma específicamente en
particular, que si se aceptaran las modificaciones que estamos proponiendo desde la
oposición, estaríamos concretando una norma mucho más sustentable y mucho más
importante, que tendría un acuerdo mucho más amplio; porque la autoridad de aplicación
prevista en el artículo 14, como manifiestan los 21 puntos de la Coalición para una
Radiodifusión Democrática, debería ser independiente. Esto es muy importante, porque esta
autoridad debería ser independiente tanto del poder político de turno como de los grupos
económicos concentrados.
Se habló mucho esta noche de cuál es el nuevo Estado del siglo XXI. El
neoliberalismo dejó en claro que sin Estado, o mejor dicho con un Estado a su disposición, el
mercado genera flagrantes desigualdades. Pero el viejo Estado burocrático, concentrado,
verticalista, oscuro y personalista es del pasado. El Estado que necesitamos es un Estado
austero, transparente y participativo; un Estado que no tenga nombre y apellido, porque el rol
fundamental de este Estado lo tiene la sociedad.
Entonces, la reforma —y esta es muy importante, en un tema trascendente— es
sustentable en el tiempo, si es acompañada por la sociedad, porque los triunfos a lo Pirro son
efímeros. De tal modo que estas son las cuestiones que tenemos en debate.
¿Por qué, también, planteamos que el plazo de adecuación a la nueva ley no sea de un
año, sino de tres? Yo no comparto algunas interpretaciones hechas sobre los derechos
adquiridos, porque pareciera que algunos empresarios se preocupan mucho de la seguridad
jurídica cuando empiezan a perder, pero cuando ganan mucha plata lo hacen como sea, y no
reparan en si hay decretos o resoluciones. En esos casos, pareciera que la seguridad jurídica
pasa a un segundo plano.
Entonces, nuestro enfoque sobre la exigüidad de un año en la aplicación de esta
norma —plazo que, por lo menos, debería llegar a tres— tiende a intentar que este proceso no tenga la misma sospecha de todos los procesos de la Argentina, donde la celeridad y la
opacidad han sido la característica de la acción del Estado; por ejemplo, en el tema de las
privatizaciones. Esa celeridad y esa opacidad han permitido, en poco tiempo, grandes
ganancias para los amigos del poder. Esto es lo que tenemos que evitar; es decir, esa
sospecha de que la adecuación a la ley y lo que tiene que ser la desinversión acelerada de
algunos, se trasforme en un proceso de acumulación acelerada para estos pocos amigos del poder.
El señor presidente, a lo mejor, me va a entender si le hablo de la piñata y de la
remerita en los cumpleaños infantiles. En los cumpleaños infantiles, uno de los momentos
más lindos es cuando se rompe la piñata y caen los caramelos y las golosinas. Por lo general,
algún mayor se pone abajo y les dice a los chicos que no vale hacer “remerita”, porque
siempre hay un pícaro que pone su remera en forma de bolsa y se queda con todos los
caramelos y las golosinas. Entonces, para evitar que se haga “remerita” con este proceso de
desinversión de algunos, para que no sea el proceso de acumulación de unos pocos amigos
del poder y para que exista un proceso de transparencia en toda esta realidad, queremos que
este plazo sea mayor.
El artículo 32, junto con el 14 y el 161, determinan una discrecionalidad que en
ninguna de las audiencias realizadas —a las que asistió el licenciado Mariotto y las
autoridades del gobierno nacional— ni en los debates con el oficialismo pudo ser explicada.
Puedo decir que hasta se trata de una cuestión de sentido común. Entiendo, porque soy
ingeniero civil y he participado de muchas licitaciones de trabajos profesionales, lo que
significa una licitación y su adjudicación por distintos órganos. Lo que no explica el sentido
común es que si le destinamos tanto tiempo a discutir la autoridad de aplicación, por qué al
momento de adjudicar las licencias más importantes —que son en ciudades de 500 mil
habitantes o más y con un radio mayor de 30 kilómetros—, sacamos a la autoridad de aplicación y ponemos al Poder Ejecutivo nacional. Esto no sólo no tiene explicación lógica,
sino que no se ha dado ningún tipo de explicación razonable al respecto. Por eso, creemos
que estos cambios hubieran sido importantes.
Desde el socialismo, acompañamos en general este proyecto. No es verdad lo que se
ha dicho aquí de las cooperativas, que van a realizar una competencia desleal respecto de las
empresas de cable y que, entonces, tienen riesgo de desaparecer, porque la Ley 20337 de las
cooperativas —que realizan una tarea fundamental, que es la economía solidaria, es el tercer
sector— obliga a las cooperativas a llevar contabilidad separada por cada actividad que
desarrollan y, además, prohíbe expresamente los subsidios cruzados, que se ha dicho que
aquí existen, que no existen en esa realidad. Entonces, también vemos como muy positivo
que las universidades, junto con las cooperativas y los pueblos originariosn puedan actuar en
la radiodifusión, lo que enriquecerá, seguramente, los contenidos y aportará a la
democratización de la información.
El saldo de todo este proceso, señor presidente, creo que es positivo. Me parece que
todos tenemos que pensar que queda pendiente una cuestión fundamental, porque tenemos la
sensación de que en este debate hemos hablado mucho del presente de la radiodifusión,
mirando mucho el pasado y poco el futuro. Queda un debate abierto que no lo resuelve esta
ley, que es Internet. Nuestros niños y jóvenes hoy pasan igual o más cantidad de tiempo
frente a la pantalla de la computadora que frente a la pantalla del televisor. Por eso, es
fundamental, también, abordar estas cuestiones; por ejemplo, el acceso universal a Internet
de toda la población y, sobre todo, de los sectores que menos tienen, porque es allí donde se
genera igualdad y educación. No tenemos que mirar a Europa para citar un ejemplo, con sólo
cruzar el charco, en Uruguay, nos encontramos con el Proyecto Ceibal: una computadora
para cada uno de los chicos que están en la escuela pública; y es maravilloso ver en un
pueblito del interior del Uruguay a un niño pobre con una computadora entre sus pies
accediendo a Internet. Esto es lo que está pendiente para tener mayor libertad e igualdad en la República Argentina. Debemos realizar aportes verdaderos para consolidar la democracia en nuestro país.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: recién escuchaba al señor senador Guinle, que no se encuentra presente en este momento, que planteaba —con razón— que hay que ir yendo al
texto del proyecto que tenemos en consideración para abordar algunas de las cuestiones que
ya se han desarrollado.
Antes de eso, presidente, deseo señalar que todos hemos venido con la convicción de
dar tratamiento a una ley en el entendimiento de que el país necesita una ley de la
democracia. Estamos cumpliendo 26 años de democracia ininterrumpida. Somos una
democracia joven. Haciendo un balance de lo que hemos logrado y de las materias
pendientes, diría que hay muchos derechos y libertades logradas, pero también hay muchos
derechos y libertades que faltan.
Podría decir que hay deudas pendientes en la democracia. Tal vez, lo más importante
que conseguimos ha sido recuperar la democracia como sistema de vida y de convivencia.
Hemos logrado recuperar los derechos humanos a través de una gran gesta que ha iniciado
Raúl Alfonsín y que ha sido compartida por el conjunto de la sociedad argentina. Hemos
logrado derechos como la patria potestad compartida; la ley de divorcio y los derechos de los
niños, niñas y adolescentes; una reforma del año 94, que tiene sus más y sus menos, pero que
ha logrado la incorporación de conceptos y derechos, especialmente, para la mujer y las
comunidades indígenas, entre otras cuestiones.
Seguramente, una de las materias pendientes más importantes tiene que ver con
resolver el problema de la pobreza y la distribución del ingreso, lograr una mayor justicia
social y propender a la producción y al empleo decente para todos los argentinos. Dentro de
las deudas que tiene nuestra democracia, también, se encuentra esta materia que tiene que ver
con una nueva ley de radiodifusión y con cómo salimos de la ley de la dictadura.
Uno de los argumentos centrales que ha esgrimido el gobierno en estos tiempos,
desde que se presentó este proyecto, es terminar con la ley de la dictadura. Puedo decir que,
en esa materia, tenemos todavía varias cuestiones pendientes. Es necesario recordar que
tenemos varias leyes que todavía se aplican y que son de la dictadura. Sin ir más lejos, puedo mencionar la Ley 19550, que se va a aplicar colateral o subsidiariamente con la posible
aprobación de esta ley o aun en el marco de la Ley 22285 que está vigente, es una ley de la
dictadura que seguramente habrá que abordar; la Ley 20337 de cooperativas, también de la
época de Lanusse; la Ley Orgánica de Asociaciones Mutuales, 20321, también de 1973; la
Ley 19836, de Fundaciones, también, de la época de Lanusse; la Ley 21526, de Entidades
Financieras y el Código Aduanero. Así que desde el radicalismo no nos vamos a rasgar las
vestiduras en cuanto a que el objetivo central es la salida de una ley de la dictadura. Lo que sí
vamos a procurar en el debate es tratar de convencer al oficialismo de que lo que
necesitamos es una ley de radiodifusión verdaderamente democrática. Con seguridad, este
será un objetivo compartido.
La verdad es que se debilita el argumento del gobierno cuando plantea como eje
temático salir de la ley de la dictadura cuando, en realidad, también se repiten artículos de la
ley vigente; por ejemplo, el artículo 113 es la fiel copia del artículo 55 de la actual Ley
22285. La autorización al Estado para administrar emisoras es copia de la actual ley. Se
trataba de una facultad que se le establecía al Estado en el marco de la doctrina de la
seguridad nacional sobre la base de la hipótesis de que un grupo subversivo se quedara con
una emisora. Esto ha sido copiado textualmente.
Si se toma la aplicación de este artículo 113 con el 161 y se establece la disposición
de que los que no cumplan con la nueva estructura del espectro de radiodifusión están en
incompatibilidad con el cumplimiento de la ley, esta vieja norma de la dictadura opera como
una cláusula expropiatoria.
En ese sentido, la senadora Escudero también ha planteado esta situación del artículo
161. Es la primera vez que ocurre que se ponga en vigencia un artículo como el que se ha
establecido en la época de la Revolución Libertadora. Seguramente, este argumento se
desluce a la luz de la realidad. Lo que debemos hacer es tratar de lograr para todos los
argentinos una ley democrática.
En las democracias representativas, la prensa libre es el órgano de control y de
conexión entre el pueblo y sus representantes en el Parlamento y en el gobierno. El
fundamento de la libertad de prensa tiene dos soportes: la libertad de expresión y el derecho
a la información. Decir la verdad y toda la verdad es el certificado de honestidad de los
medios de difusión.
Cuando abordamos un tema tan importante como este —tan vinculado con la
República y con la democracia—, debemos saber que la comunicación está estrechamente
ligada con las estructuras del poder. Una comunicación unilateral o bilateral termina
respaldando una estructura autocrática o paternalista. Cuando la comunicación y la
información es multilateral, se contribuye a fortalecer la democracia.
La teoría autoritaria tiene su basamento en el Estado que entiende al poder como una
forma de dominación y que busca en el ejercicio de poder la mayor forma de dominación
posible. Utiliza para ello los medios de comunicación para invertir el proceso de
democratización del poder. Mientras más fluya la información, más se democratiza el poder.
Por eso es central hablar de la libertad de prensa y, como eje, de la libertad de expresión y su
vínculo con la democracia. Esto viene también como soporte de la República.
En la Revolución Francesa, esa conexión fue fundamental; la libertad de expresión y,
principalmente, en aquella época, la libertad de prensa. En 1789, los franceses tomaron la
palabra y la pluma al mismo tiempo cuando tomaron La Bastilla. Dieron la misma
importancia al nuevo poder de expresarse libremente como al de designar representantes. El
nuevo sistema de representación fue de la mano del derecho de expresarse libremente del
pueblo francés, y esas fueron las bases de la consolidación de la República. En aquel
momento, el periódico se impuso en esas condiciones como una verdadera institución
política encargada de observar, censurar y denunciar al poder, porque, justamente, el sentido
de garantizar, como una libertad fundamental a la libertad de expresión, es que allí está la
base de la expresión de la opinión pública para censurar y para cuestionar al poder, no para
que el poder censure a la opinión pública. Por eso es que tiene mucho que ver con el poder.
Y en la lógica autoritaria, la dominación también se busca a través de la apatía del
pueblo por medio de la desinformación. La desinformación destruye ciudadanía, señor
presidente. Vamos a ver cómo en algunos capítulos del proyecto en estudio se produce este proceso de desinformación que es muy peligroso y que, seguramente, también puede
banalizar la discusión política y puede condenar a la sociedad a la despolitización y el
retraimiento de lo público.
El resultado de un proceso de desinformación es una concepción autoritaria que está
escrita y expresa en la sanción que ha logrado la Cámara de Diputados. La tentación de
cualquier gobierno autoritario no sólo es la manipulación de la opinión pública, sino fabricar
su propia opinión pública.
Por eso, tenemos un gran desafío: tenemos que lograr una ley democrática. El objetivo de
una nueva ley tiene que ser garantizar la libertad de expresión para que no esté al arbitrio ni
del poder político ni del poder económico.
Y acá viene el segundo argumento que maneja el gobierno cuando presenta este
proyecto de ley. Primero, salir de la ley de la dictadura y, luego, terminar con los
monopolios. Efectivamente, estamos de acuerdo con llevar adelante este argumento. Se debe
propiciar una densa red de medios de comunicación que no estén controlados por el Estado
ni por los mercados comerciales. Así que compartimos los argumentos que vienen del
oficialismo y que están en esta dirección.
No se trata de subjetividades, como ha planteado el senador Guinle. En verdad, se
han demostrado hechos concretos de que el gobierno que propone esta norma no viene
precedido de los mejores antecedentes. Hace un rato, el senador Naidenoff denunció cuáles
son los hechos concretos de restricción a la libertad de expresión que están denunciados por
distintos organismos de jerarquía en la sociedad argentina y que tienen como máximo
responsable al gobierno nacional. También han sido denunciadas muchas acciones del
gobierno nacional que dan cuenta de que hasta acá no es creíble esta actitud de lograr una ley
para la democracia.
Por ello, son fundamentales todas las medidas que sirvan para apartar los peligros que
puedan surgir para la prensa en la formación de monopolios de información, tanto privados
como públicos.
Pero, como bien se ha dicho acá, peor es la posición dominante del Estado, porque es
justamente el Estado el que tiene que garantizar la libre expresión de toda la ciudadanía y la
libre formación de la opinión pública. El pluralismo es una condición esencial, tanto en los
medios privados como en los oficiales. Los principios que deberían guiarnos para garantizar
la libertad de prensa y la libertad de expresión debieran ser la calidad, el equilibrio, la
pluralidad y la accesibilidad universal.
Entonces, estamos frente a un gran desafío, señor presidente. Queremos evaluar y
analizar si es que, realmente, se va a cumplir con este objetivo de terminar con los
monopolios, como pretende el gobierno nacional. Para ello, queremos hacer un análisis, a
partir de nuestra propuesta, de algunos ejes temáticos que creemos es donde está la estructura
ideológica del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Esto se vincula con el artículo
14, que define la autoridad de aplicación. Verdaderamente, nosotros teníamos otra iniciativa,
otra idea de constitución de la autoridad de aplicación. Sin embargo, tenemos el criterio de
tomar las iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo. Por eso, aceptamos la composición de
siete miembros y, también, el sistema de propuestas que se ha generado con participación del
Consejo Federal. En nuestro dictamen, estamos de acuerdo con la composición del Consejo
Federal, también en la propuesta de dos miembros, las propuestas del Poder Ejecutivo y de la
oposición.
El aporte que nosotros hacemos en la autoridad de aplicación es central. El debate
está centrado en la autoridad de aplicación, en tanto es el resorte que puede tener la ley para
garantizar que no hay intromisión del poder político. Si nosotros garantizamos que la
autoridad de aplicación realmente tiene independencia de criterio, entonces, cumplimos con
el objetivo de uno de los 21 Puntos que ha logrado la Coalición que viene discutiendo desde
2004 este tema y que nosotros compartimos, así como compartimos lo que han venido a
decir las universidades y todos los sectores sociales que han participado de este debate. No
obstante, debemos tener en cuenta qué es lo que dice la ley; si el proyecto aprobado por la
Cámara de Diputados realmente expresa los 21 Puntos que son el consenso de la Coalición
por los Principios de la Radiodifusión. En materia de autoridad de aplicación, creemos que debe existir un gran consenso.
Está bien el sistema de nominación, pero el gran consenso se logrará modificándolo.
Creemos que el sistema de designación tiene que estar sostenido en acuerdos a través de la
Comisión de Acuerdos, con audiencias públicas, simultáneamente, con los siete miembros y
por el voto de las dos terceras partes de esta Cámara. Se trata del mismo sistema de elección
que tiene la Defensoría del Pueblo y que ha sido un acierto. Justamente, el defensor del
pueblo tampoco tiene que estar al arbitrio del poder político. La independencia de criterio de
la Defensoría del Pueblo es la garantía de tutela de los derechos de los ciudadanos, es decir,
desde ese instrumento que logramos establecer en nuestra Constitución.
Por eso, en cuanto a la autoridad de aplicación, consideramos que debe hacerse un
gran esfuerzo para lograr un consenso y para que tenga una mayoría agravada que sea la que
realmente designe a esa autoridad de aplicación, que no sólo es una autoridad administrativa,
sino también un gran tribunal, pues debe aplicar un régimen sancionatorio para saber quiénes
son los que cumplen y están en el marco de la ley y quiénes son los que pueden ser
sancionados. Ahora bien, en materia de sanciones, también está el tema de la
desadjudicación de las licencias de radiodifusión. Entonces, es un gran tribunal. Por eso, en
el artículo 10 planteamos, aparte de la composición, la autonomía de este órgano, con el
mismo funcionamiento del ministerio público fiscal.
En línea con este tema de la autoridad de aplicación, como ha dicho el presidente del
Partido Socialista, está el debate del artículo 32. Incluso, vinieron administrativistas. Por ese
artícul,o la presidenta se deja reservada para ella la adjudicación de las licencias más
importantes, de las radios y canales de aire para las localidades más importantes. Como dice
“previo concurso”, entonces, el argumento del oficialismo es que como hay concurso, quiere
decir que hay una decisión o un trámite vinculante, con lo cual la presidenta no puede
desarticular o apartarse de lo que resulte del concurso. Eso está demostrado que no es así.
Toda la doctrina y la jurisprudencia dicen que, en cualquier estado del trámite, el Estado
puede dejar sin efecto un concurso hasta que no se perfeccione el acto, que es con la firma
del decreto para el caso del Poder Ejecutivo, por la simple razón de la soberanía del poder
del príncipe. En efecto, en cualquier estado del trámite, se puede dejar sin efecto un concurso
de obra pública, de un servicio público o de un bien público como del que estamos hablando,
que tiene que ver con la ley de radiodifusión y la tutela del derecho a la libertad de prensa y
de expresión. Por eso es que en estos dos artículos, entre otros, está centrado uno de los ejes
argumentales que descalifican el objetivo del gobierno, el objetivo democrático en la sanción
de la Cámara de Diputados.
¿Por qué vía aborda la sanción de la Cámara de Diputados y el proyecto del Poder
Ejecutivo el combate a los monopolios? Nosotros tenemos un dictamen de comisión que
resuelve de mejor manera ese objetivo. El proyecto intenta hacerlo con el artículo 45, a
través del esquema de multiplicidad de licencias, pero con un criterio restrictivo. El inciso 3)
del artículo 45 del proyecto del Poder Ejecutivo aborda la temática de las señales. A través
de todas las medidas restrictivas en materia de señales, lo que se produce es la
desinformación. Es por ello que en materia de contenidos y señales, como explicó el senador
Naidenoff, el abordaje del Poder Ejecutivo produce una restricción; lejos de ser una medida
progresista, es restrictiva. No hay ningún concepto que tenga que ver con garantizar la
pluralidad informativa y el flujo de información. Tiene que haber cadenas nacionales. Está
bien el concepto que introduce la ley de que tiene que haber contenidos locales para mejorar
los sistemas de información locales y regionales. Pero no hay ninguna contradicción en las
cadenas nacionales y los contenidos y las señales nacionales con los contenidos y señales
locales. Lo que hace el artículo 45 es incluir esta restricción, con lo que se genera un
retroceso. Nosotros decimos cuál es el objetivo que tienen las concepciones autoritarias
cuando producen desinformación en la sociedad: fabricar su propia opinión pública. Es decir,
el artículo 45 trae medularmente esta conceptualización.
El abordaje para impedir las situaciones monopólicas o de posición dominante es el
límite a los cables. Ahí está el único planteo que hace el proyecto del Poder Ejecutivo en
cuanto a limitar las posiciones dominantes, cuando dice que ningún cablero puede tener el 35
por ciento de abonados del país. Nosotros sostenemos esa norma en nuestro dictamen. Pero
la vinculamos con el artículo 161, porque el proyecto se queda a medio camino, dado que no aborda la situación de la posición dominante o de las situaciones monopólicas como lo
hacemos nosotros; ni siquiera toman la correlación con la aplicación de la ley de defensa de
la competencia.
El único artículo que habla de posiciones dominantes como facultad de la autoridad
de aplicación es el 12, incisos 10) y 13), cuando dice que hay que garantizar la competencia
perfecta y evitar las posiciones dominantes y monopólicas. Pero no dice cómo se resuelve
una situación cuando la autoridad de aplicación diga que no hay posición dominante y el
Tribunal de Defensa de la Competencia diga que sí la hay. Hay una gran contradicción de
competencia que no resuelve el texto de la ley y que nosotros sí resolvemos. Por eso es que
planteamos un artículo 48 en el que establecemos, primero, que para garantizar el
cumplimiento de los incisos 10) y 13), donde se habla de que la autoridad de aplicación tiene
que impedir posiciones dominantes, lo vinculamos con el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Tiene que haber dictamen de ese Tribunal.
Decimos algo respecto del artículo 48. Como esta ley reestructura el espectro de
radiodifusión, prevemos una obligación al Tribunal de Defensa de la Competencia, que tiene
que constituir el Estado. Hoy el esquema de defensa de la competencia es manejado
directamente por Néstor Kirchner y por el gobierno nacional, porque no han hecho nada para
impedir posiciones dominantes de todo tipo en el mercado argentino. Si no, veamos qué pasa
en otros ámbitos, no sólo en la radiodifusión. En el mercado de la cerveza, se dio la fusión de
Brahma y Quilmes y manejan el 75 por ciento del mercado. Si eso no es posición
dominante… En panificados, una sola empresa tiene el 79 por ciento del mercado; en
lácteos, dos empresas manejan el 66 por ciento; en acero, una empresa maneja el 55 por
ciento del mercado; en chapa metálica, hay una sola empresa que maneja el ciento por ciento
del mercado; en aluminio, una sola empresa maneja el ciento por ciento del mercado; en
cemento, tres empresas manejan el 97 por ciento del mercado; en telefonía, hay dos empresas
que manejan el 95 por ciento del mercado y que todavía funcionan cartelizadas. Hay un
decreto de desregulación de 2001 que todavía no se está aplicando. Defensa de la
Competencia debiera bregar para que Telefónica y Telecom cumplan con el esquema de
desregulación. ¿Qué ha hecho el gobierno en estos seis años para evitar las posiciones
dominantes en todo el mercado?
Entonces, no son subjetividades sino realidades que tienen que ver con situaciones
que ocurren en un gobierno que está hace seis años. La fusión de CableVision y Multicanal
les cae sobre la cara, cuando ahora levantan la bandera para terminar con los monopolios.
En nuestra propuesta, nosotros lo resolvemos de mejor manera. Nuestra propuesta
apunta a conectar la ley de defensa de la competencia, darle responsabilidades al Tribunal de
Defensa de la Competencia y, también, a la autoridad de aplicación para terminar en serio
con posiciones dominantes.
También resolvemos de mejor manera el artículo 161. Esto que empezó con una
lucha de poder entre el gobierno y el Grupo Clarín, que después muta en un proyecto que va
a terminar perjudicando a todos los medios privados del país y que después por estas
concepciones de desinformación, de falta de independencia de la autoridad de aplicación, de
una gran injerencia del poder político, termina desnaturalizando una ley de la democracia y
termina con los peores resabios de la ley de la dictadura.
El artículo 161 va a generar inseguridad jurídica. La noticia para el gobierno, aunque
aplaudan si es que ganan la votación en general y si es que no permiten o impiden
modificaciones en particular por el número, va a hacer que especialmente este artículo 161
sea declarado inconstitucional y no lo van a poder aplicar, porque el corazón de la
transformación del espectro de radiodifusión está en ese artículo y lo resuelven mal, porque
lo quieren todo, porque van por todo, porque como el gobierno no se empacha de buscar
objetivos pero atropellando con todo, entonces, no van a lograr que se aplique el artículo más
importante de la ley, y que nosotros lo resolvemos de mejor manera a través de cuatro
situaciones.
Como ha dicho el senador Jenefes recién, no puede argumentar derechos adquiridos
el que no cumplió con la Ley 22285. Nosotros planteamos un sistema para los que no
cumplieron con esa ley. La autoridad de aplicación tiene que ver cuáles son las empresas que
no cumplieron. Funcionarios del COMFER que vinieron a la comisión dijeron que no sabían ni siquiera cuántas licencias hay ni quiénes son los dueños de los medios de comunicación.
Dijeron que no se conoce cómo son los grupos empresarios. Tenemos la Ley de Defensa de
la Competencia, tenemos autoridad de aplicación, pero no sabemos quiénes son los dueños
de los medios. ¡Pero es de locos! Están hace seis años en el gobierno. Pero vienen y nos
dicen, especialmente algunos radicales conversos, que nosotros defendemos grupos
económicos. La verdad es que respeto a los kirchneristas de paladar negro, como el senador
Fuentes, que a veces, cuando lo escucho, me motiva porque es un militante; como la
senadora Osuna, como los senadores Miguel Picheto y Nicolás Fernández. Pero los
conversos, la verdad, muchachos… Hay conversos que realmente argumentan y dicen
cosas… No hay peor cosa que los conversos, los que se dan vuelta. Hay que tener cuidado
con esos…

— Murmullos en las bancas.

Sr. Fernández. — Ustedes también tienen unos cuantos de esos.

Sr. Morales. — … Tengan cuidado.
Entonces, presidente, creemos que los desafíos están ahí. Y la resolución que
nosotros adoptamos sobre el artículo 161 es buena. Tampoco le permitimos que argumenten
derechos adquiridos a los que no cumplieron con la 25156. Los que están fuera del marco de
la Ley de Defensa de la Competencia no pueden argumentar derechos. Pero obligamos al
Tribunal de Defensa de la Competencia a que se constituya y a que, en seis meses, haga un
informe de quiénes cumplen con dicha ley y quiénes no. El 35 por ciento del límite para
tener abonados en cable es la interpretación de una posición dominante en el marco de una
ley vigente, con lo que le estamos dando seguridad jurídica para tomar esa decisión.
Entonces, damos una herramienta para que se pueda cumplir y aplicar la ley.
Y respecto de los que cumplieron con las leyes, decimos: “Bueno, a esos señores,
cuando cumplan el período de licencia…”, y discutimos el 527, aunque por el artículo 24 de
la 26122 está vigente. Pero estas son todas las cuestiones que hacen a un gobierno, no son
subjetividades, compañero Marcelo Guinle. Son realidades que ha hecho este gobierno, que
está hace seis años. Hay posiciones dominantes y siguen autorizando, por la Ley de Defensa
de la Competencia.
Entonces, hay que dejar la hipocresía de lado, señor presidente. Acá, todos queremos
una ley de la democracia. ¿Por qué no permiten cambios? Nos preguntamos por qué el
gobierno, que quiere una ley de la democracia, no acepta cambios. Nosotros hicimos 98
modificaciones, porque hay modificaciones formales. Creemos que con la modificación de
seis artículos que acordemos ahora, en el tratamiento en particular —aunque vuelva a
Diputados, donde nosotros garantizamos la presencia y el voto del bloque del radicalismo—,
podríamos lograr una ley mejor, una ley democrática, que no sea autoritaria, que no
desinforme, que garantice la libertad de prensa, el derecho a la información de todos los
ciudadanos y que, en verdad, fortalezca la democracia, que no la debilite, y que le ponga un
tiro a las posiciones dominantes, señor presidente, porque eso es lo que todos queremos.
Eso, a más de otras cuestiones.
Abordan el tema de la publicidad en el artículo 76, que tiene que ser equitativa y
razonable pero, después, no se dice nada. Y todo queda para que lo reglamente la autoridad
de aplicación. ¿Cómo le vamos a creer a la autoridad de aplicación, si hasta acá no han
hecho nada? Han permitido fusiones. Este gobierno ha permitido todas las cosas que
permitió hasta acá; viene precedido de los peores antecedentes. Entonces, si no está escrito
en la ley, nosotros, en verdad, no le creemos. Y tenemos derecho a no creer.
La senadora Escudero me pide una interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Quería hacer una aclaración, porque la autoridad de aplicación no es
autoridad regulatoria. Si leemos bien el artículo de autoridad de aplicación, es de aplicación
pero no de regulación. Es decir, el Poder Ejecutivo se está reservando la facultad regulatoria.

Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el uso de la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Así es. Esa es una de las modificaciones que hacemos. Donde dice “Poder
Ejecutivo”, ponemos “autoridad de aplicación”, porque corresponde. ¿Para qué buscamos
semejante construcción y, después, le damos facultad al Poder Ejecutivo? Estas son las
contradicciones. Cuando dicen que quieren una ley de la democracia, pero le meten más facultades al Poder Ejecutivo, nadie les cree porque, entonces, el manejo es del Poder
Ejecutivo que ha demostrado ser discrecional.

Sr. Morales. — Y hay una cosa última que quiero plantear, y tómelo como una cuestión de
privilegio, presidente, incorpórelo como cuestión de privilegio. No sé si está la senadora
Sánchez. Si no, si está escuchando, sería bueno que baje. Pero la verdad es que yo, como
presidente de la Unión Cívica Radical, no puedo dejar pasar esto que ha ocurrido.
La senadora Sánchez no está ya en la órbita sancionatoria del radicalismo, porque ha
formado parte de otras opciones, de otras fuerzas políticas en Corrientes. No tengo, como
presidente del radicalismo, facultades sancionatorias sobre ella. Pero sí es de origen radical y
la verdad es que, como presidente del radicalismo, no me puedo hacer el distraído con esta
situación, señor presidente.
En verdad, los que creemos que nos afiliamos a los partidos políticos —y hay
muchos compañeros del peronismo que seguramente piensan lo mismo—, porque nos
afiliamos a un partido… No nos vamos a afiliar al radicalismo porque es el partido del éxito
justamente, ni porque se gana, ni porque estamos… Nos afiliamos por un conjunto de ideas,
por eso somos centenarios, con valores y principios. Y la verdad es que el tema del
transfuguismo, señor presidente, de aquellos dirigentes que fugan de una opción a otra, tiene
que tener alguna respuesta.
En el caso de la senadora Sánchez, primero dijo, hace un par de semanas —esto está
en todos los medios, correntinos y nacionales, así que planteo que se ofrezca como prueba de
esta situación—, admitió que el proyecto era un mamarracho que amenazaba a la prensa
independiente y dijo, también, que los Kirchner iban a lograr aprobarlo porque manejan a los
gobernadores con la billetera. Eso dijo hace dos semanas. Y ¿qué es lo que dice ahora? Y, si
se confirma su voto así, pido que se concrete la cuestión de privilegio y que todo lo que se
estudie en la Comisión de Asuntos Constitucionales también vaya al fiscal general, al fiscal
Righi, que no es funcionario del gobierno; es el Ministerio Público Fiscal, órgano
independiente que tiene que defender la causa pública, defendernos a todos y cuidar los
derechos de todos. Entonces, que vaya una copia de la versión taquigráfica al fiscal y que se
presente como denuncia, para que vea si acá se ha cometido un delito o no.
Después, la senadora Sánchez dice: “Mi voto no tiene otra explicación que el deseo
de lo mejor para mi provincia, en el marco de un contexto que no puede ser recortado”,
porque cambió su voto, porque admite que cambió su manera de votar. Admite que su
vuelco busca ayudar a su provincia. Estas expresiones, señor presidente, podrían estar
inscriptas en normativas que tenemos vigentes.
El delito de cohecho, en nuestro Código Penal, tal vez no es tan claro. Pero sí el
artículo 4°, punto 1), inciso a), de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que
es ley de la República, a través de la Ley 24759, que dice: el requerimiento o la aceptación,
directa o indirectamente, por un funcionario público o una persona que ejerza funciones
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores,
promesas o ventajas para sí mismo, o para otra persona o entidad, a cambio de la realización
u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas está considerado un
delito, un hecho de corrupción. Y el delito de cohecho dice, más o menos, lo mismo, en el
256 del Código Penal. Algunos autores, con razón, dicen que esta situación se agrava cuando
se trata de funcionarios elegidos por el pueblo, porque se produce una vulneración de la
voluntad popular.
Entonces, señor presidente, yo quiero que esta cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales, y que los elementos —sin perjuicio de lo que
resuelva la Comisión de Asuntos Constitucionales— vayan a la Justicia, porque esto no
puede quedar así. El transfuguismo se tiene que terminar, señor presidente, porque ya parece
un chiste. Y lo peor que hay en una sociedad es que nos acostumbremos a lo irremediable, a
que todo se puede, a que no hay límite. Y creo que lo peor que podemos hacer es eso.
Por este motivo, no quiero dejar pasar este hecho, porque lo ha admitido la senadora.
Admitió, primero, que iba a votar en contra del proyecto y, después, que iba a votar a favor
por un objetivo, que tiene que ver con promesas de recursos para su provincia; lo ha dicho.
Entonces, como lo ha dicho, como lo ha afirmado, quiero que todos estos antecedentes vayan a la Justicia, para que, de una vez por todas, terminemos con esto. Porque —reitero—
prefiero el debate franco y legítimo con los que piensan y, por convicción, se pararon, aun
equivocados —desde nuestro punto de vista—, a defender una ley o un proyecto; pero a los
tránsfugas no, presidente.

Sr. Morales. — Estos son algunos de los ejes temáticos que plantea nuestro proyecto, entre
otros temas que queremos poner a consideración de los señores senadores. Vamos a votar,
por eso, en contra, en general. Y, en particular, aunque tenemos 98 observaciones, sería
bueno que se puedan generar algunos cambios que mejoren el texto de la ley.
Nosotros estamos comprometidos a que haya una ley. Se ha llegado hasta acá,
después de 26 años en los que no pudimos avanzar en el logro de una ley de la democracia.
Hagámoslo bien, con una ley para todos, que garantice todo: la inversión privada, la vigencia
de los medios de comunicación, que haya canales, que haya redes y cadenas nacionales, que
la información fluya, que esto garantice el derecho a la información de todos los habitantes
argentinos; que garantice, también, la libertad de expresión, que no haya restricción; y que
haya un marco en el que no sea posible el abuso de poder, donde no haya monopolio, señor
presidente, ni de los privados y menos del Estado, que es el peor de los monopolios.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Ríos.

Sr. Ríos. — Señor presidente: en realidad, después del cierre del señor senador Morales no
sé por dónde tengo que empezar, si por el final de su exposición o por el principio de la ley.
Bueno, voy a arrancar por la ley; así uno va bajando la espuma.
En realidad, el aspecto fundamental de este proyecto de ley lo resolvió el señor
senador Giustiniani en una forma absolutamente práctica: todos los riesgos que entraña esta
iniciativa, todos los peligros de apoderarse o poner mordaza a todos los medios de prensa y
demás son mucho más fáciles de lograr con la ley que está vigente. En realidad, es más fácil
con la ley vigente. Entonces, desde la lógica es muy difícil entender cuál es el razonamiento
acerca de todos los peligros que entraña una ley si, en realidad, se pueden practicar con la
vigente y en una forma mucho más fácil.
Esa es la situación que tenemos, que se resuelve por la lógica.¿Por qué si el gobierno
tiene tanta mala intención no lo hace ya con este marco legal? No se trata, por lo menos
desde mi concepción, de decir “Voy a tirar esto que es la ley de la dictadura”. Se trata de
romper un marco conceptual que, inclusive, nos condujo como sociedad. ¿Qué significa en
su contenido este marco conceptual en la liberación y en la administración de la
información? Que los argentinos somos derechos y humanos, que no salga una fotografía de
una cola cuando visita nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que
nos digan que estamos ganando una guerra que vamos perdiendo y que después se los ponga
debajo de tierra a los soldados que deberían ser nuestros héroes cuando volvieron derrotados
de una guerra a la que no deberían haber ido a combatir.
Esa es la lógica del manejo de la información; y hay que romper con ese esquema
que después perduró. Porque ese esquema, con base autoritaria, perduró y ninguno se puede
hacer el desentendido. Ninguno se puede desenchufar de la realidad: Raúl Alfonsín estuvo
condicionado por la prensa; de la Rúa estuvo condicionado por la prensa; Menem estuvo
condicionado por la prensa; y también con este gobierno pasa lo mismo.

Sr. Mayans. — Duhalde.

Sr. Ríos. — Duhalde también estuvo severamente condicionado por la prensa.
También me viene a la memoria ese gran comentario que hizo una senadora, que
uno puede compartir o no, en cuanto a que la declaración de los bienes culturales fue un
ejercicio de presión. Y digámoslo, porque de lo contrario pareciera que la historia empieza
hoy y no es así, sino que esta historia se viene generando desde 1983 en adelante por aquella
matriz de que los argentinos somos derechos y humanos; esa es la información que se tiene
que bajar y desde ahí se supone que todo lo que dice la prensa es cierto; se supone que todo
lo que la prensa expresa está bien; todo lo que se dice, aunque se monopolice esa
información, es cierto y es la verdad absoluta, lo que entra por los ojos y los oídos y se
reproduce en todos los rincones del país.
Este proyecto de ley no tiene aspectos presupuestarios. En realidad, es de profundo
contenido político. Es decir, nos decidimos a dar un paso y sacar a la democracia de los condicionamientos de esta naturaleza que, en definitiva, son totalitarios, o dejamos las cosas
como están, con esta matriz que es autoritaria. Y no nos vamos para otro lugar, sino que
tratamos de mantener esto como está. De todas maneras, las cosas van a variar y todos saben
que será así.
Hace unos años, tal vez, no era tan necesario regular el espectro radioeléctrico en
términos técnicos, no en términos políticos. Porque, en realidad, no había gran demanda,
pero resulta que por ese agujerito finito pasan cierta cantidad de ondas y llegó un momento
en que se empezó a saturar en algunos lugares. No es cierto que vaya a producirse una gran
avalancha de desinversiones. Son muy pocos los lugares donde hay desinversión. La
aplicación de ese dichoso artículo es solamente en aquellos lugares geográficos donde,
casualmente, se concentra la información a través de esa matriz autoritaria. En la gran
mayoría del país, ese agujerito finito de dimensiones por donde pasan ondas está saturado en
algunos lugares, pero hay otros sitios por donde pueden pasar un montón de ondas.
Tampoco es cierto que esto pueda ser regulado exclusivamente por la provincia,
porque en realidad el espectro no tiene limitaciones, no tiene límites: afecta a cuestiones
vinculadas a la seguridad nacional, al tráfico aeronáutico, a las fuerzas de seguridad;
entonces, es una jurisdicción federal. Ni siquiera trato de hacer un análisis constitucional,
sino solamente desde la lógica. Los más grandes problemas que tiene hoy el COMFER en
las diferentes provincias del país son con aquellas frecuencias que se superponen con las de
los aeropuertos; ese es uno de los grandes problemas que tiene ese organismo en la
actualidad. Entonces, esto es de jurisdicción federal y en términos presupuestarios esta ley
va a insumir el mismo gasto que hoy tiene el COMFER. No va a tener un gran incremento
presupuestario.
En términos de empleo hay una teoría básica que se usa en todo el mundo. Cuando
quieren fortalecer su economía y generar puestos de trabajo, lo que hacen todos los países es
fortalecer a la pequeña empresa, porque es la unidad más dinámica en la creación de
empleos. Y lo que estamos haciendo, en definitiva, es transpolar ese modelo: por eso vamos
a la pequeña, le damos espacio a que se desarrollen las pequeñas radios, los pequeños
lugares para poner televisión y que se genere una mayor cantidad de empleos.
He visto la preocupación que tienen algunos por la destrucción de los empleos. En
realidad, no será así: la velocidad de la generación de empleos —porque así ocurre en la
teoría económica— es mucho más rápida cuando se fortalece a la pequeña que cuando existe
concentración. Me hubiese gustado que en mi provincia alguno de los que hoy hablan de la
posible destrucción de empleos hubiese levantado la voz en aquel momento, cuando
Multicanal avanzó por todos y cada uno de los cables de la provincia sin llegar a constituir
conductas monopólicas, con actitudes de coerción por los productos que no se le vendían y,
entonces, los cables tenían que cerrar o vender a precio vil. Me hubiese gustado que en aquel
momento alguien levantara la mano y dijera que estaban destruyendo empleos. Pero no
ocurrió.
En realidad, en términos de empleo fortalecer a lo pequeño genera empleo, no lo
destruye. Es una doctrina económica que han aplicado todos los países del mundo.
Yo no quiero dramatizar el sentido de este proyecto de ley. Porque en realidad hasta
existen conceptos técnicos que están equivocados. Alguien decía que, por suerte, nos queda
Internet que no va a estar regulada. Eso es mentira, porque los Estados Unidos la va a
regular, porque esa red también tiene una cierta cantidad de datos que se pueden cruzar y
hoy la está regulando, ya que va a tener que particionar el espacio para que siga siendo más
o menos aprovechable. Y el que quiera tener su propio sistema va a tener que establecer una
nueva red. Hoy, aquel que maneja la red, que es Estados Unidos, llamó a un concurso para
generar un mecanismo de regulación de Internet porque a medida que la población la va
tomando, ese lugar por donde cruzan los datos medidos en otra unidad empieza a ser un
lugar donde la información comienza a estar ajustada; entonces, también hay que regularla.
Y esa es una mala noticia porque, tal vez, dentro de poco haya que modificar esta ley.
Tampoco es cierto que las restricciones que este proyecto de ley genera vayan a ser
una limitante en función rígida de los medios de prensa. Con el solo hecho de lo que vamos
a vivir como avance de la técnica de la digitalización, que va a empezar ahora, de acuerdo a lo que dijo el señor senador Marino, a mí no me asusta que en términos de la ley vigente —la 22285— se haya elegido a la norma. Sí es cierto —y en eso todos coincidimos al menos
en términos reales— que esta ha sido la primera vez que se adopta una norma para toda
Latinoamérica, lo que es bueno y razonable. Y eso se adoptó en el marco de esta ley, pero se
lo hizo bien.
Precisamente, esa digitalización a la que vamos a estar abiertos generará que esa
misma información que hoy circula por tubos pase a circular por tubitos más chiquitos, con
lo cual se va a triplicar el espacio. Así, va a haber más espacios para todo el mundo, sin
problemas; particionado, va a sobrar espacio. Lo que busca este proyecto de ley es que, en
realidad, nadie se pueda apropiar de todo porque cuando eso sucede yo coincido
completamente con la descripción que hizo el señor senador Petcoff Naidenoff quien dijo
“Esto es lo que ocurre”
Ahora bien, yo le digo lo otro que ocurre. Porque también me pregunto por qué
Landrisina tuvo que ser sacado de Canal Rural cuando estaba emitiendo un informe de un
emprendimiento agropecuario que se llamaba Represa del Ayuí en Mercedes, Corrientes.
Fue porque el grupo Clarín era socio en el emprendimiento agropecuario. Iban a plantar
arroz y soja en grandes extensiones e iban a hacer una represa que inundaba y generaba un
espejo de agua de mayor dimensión que la Laguna Iberá. Entonces, cuando Landrisina quiso
presentar ese informe lo sacaron, le levantaron el programa.
Eso también me pregunto; si la vinculación entre los intereses económicos de las
empresas que manejan la información de alguna manera también no distorsiona. Si de una u
otra manera los intereses económicos no tendrían que estar divididos. En ese reclamo que
hacen respecto de quién puede acceder a una licencia hay que ver también cómo invierte
después el dueño de la licencia porque, en realidad, empieza a proteger desde la información
sus propios intereses.
Se han cometido errores y tampoco me molesta reconocerlo. La fusión de
CableVisión con Multicanal fue un error. ¿Por qué no reconocerlo? Fue un error que apuntó
a fortalecer la conducta monopólica. Este no es un argumento suficiente ni necesario para no
decir que tenemos que corregirlo. No es un argumento.
Debemos tratar de mirar hacia adelante y también debemos intentar regular un
sistema que se tendrá que revisar. Felicito la posición de aquellos que dijeron: “En el menor
plazo posible vamos a salir a revisar esta ley”. Está bien. Ojalá la perfeccionen, la hagan
mejor y surjan otras opiniones que, a su vez, permitan ver el futuro y el futuro de la
tecnología hacia adelante, previendo escenarios que se tengan hacia adelante. Pero sin
dramatizar, porque donde dramatizamos en este tipo de cosas es que, en realidad,
empezamos a ser útiles a los intereses que quieren permanecer en la matriz autoritaria que
hoy nos marca la iniciativa.
Nosotros queremos salir de esa matriz. Ese simple paso que, en términos de
democracia, tal vez en los años va a significar mucho y este dramatismo —inducido— que
hoy le hemos puesto a esta cuestión significará muy poco.
Es cierto lo que decía también el señor senador Giustiniani: en diez años miremos.
Miremos, de estas cosas, de estos grandes miedos, cuáles se concretaron; qué es lo que se
pudo concretar con semejantes y aviesas intenciones. Nos encontraremos con que, en
realidad, dimos un corrimiento, salimos de una matriz que era autoritaria en términos de la
información y empezamos a recorrer un camino en el cual después, en realidad, fuimos
perfeccionando la cuestión nada más que en términos tecnológicos. Salimos de la matriz de
la dictadura, nada más que eso. Si es el único paso…

Sra. Escudero. — ¿Me concede una interrupción?

Sr. Presidente (Pampuro). — Señor senador Ríos: la senadora Escudero le pide una interrupción.

Sr. Ríos. — No, señor presidente.
Es el único paso que queremos dar y estamos convencidos de hacerlo. Sabemos
también los intereses que estamos jugando. Los propios intereses y la pulseada política que
se dio en este proyecto de ley son los intereses con los que todos estamos jugando. Todos
aquellos que respetamos la democracia, todos aquellos que queremos libertad y queremos
que la gente pueda expresarse e informarse libremente estamos jugando para el mismo lado.
Todos estamos jugando en el mismo campo. Con respecto a esta iniciativa, pese a que las universidades, las ONGs y hasta las
entidades religiosas pidieron que no se llame “ley K” —porque en realidad no eran ellos del
sector K sino que ellos habían estado trabajando en la confección de la ley— nunca
encontraron, en los grandes medios que trataron este tema, la posibilidad por lo menos del
respeto por su trabajo. No sé si bien, no sé si mal; no sé si convenía o no que se discutiera en
otro ámbito. Yo estoy convencido de que sí fue una discusión federal. Pero ni siquiera por
respeto a esa gente se llamó a la iniciativa como debería habérsele llamado. Le impusieron
“ley K” y vendieron el sello “ley K” en todos los lugares del país, a partir de una sola usina,
como lo pudieron haber hecho con otros presidentes, vendiéndole el sello de algo que le
estaba por pasar económicamente, si no modificaba tal ley; o que le estaba por pasar, por
devaluación, si no modificaba tal otra; o por expectativa de inflación, si no hacía tal o cual
cosa. Como ha ocurrido. Y a todos nos ha ocurrido: a los que gobernaron, a los que
gobernamos, a los que gobernaron en el medio. Todos han pasado por esto.
Entonces quiere decir que tenemos que poner una matriz democrática. Debemos dar
un salto para ponernos en una matriz democrática.
Yo no voy a defender a la senadora Sánchez; es tan senadora como yo y no necesita
abogado defensor.
¿Cómo dice el senador Sanz? Exégeta.

Sr. Sanz. — Ese es Fernández.

Sr. Ríos. — Yo no la voy a defender, pero creo que es una discusión política. Porque
ustedes saben lo que en realidad entraña este conflicto. Que, en realidad, de este lado
primero estaba Ricardo Colombi, y cuando vino Arturo Colombi, Ricardo Colombi se fue
para el otro lado. Y cuando había posibilidades de generar otro tipo de espacio, Ricardo
Colombi se fue para ese lugar; Arturo Colombi se fue para ese lugar. Y cuando parecía que
la cuenta no cerraba a ese lugar, le largó la mano Arturo Colombi. Esa es la situación que
tenemos. Eso es todo lo que se está discutiendo.

— Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Pampuro). — No discutamos.

Sr. Ríos. — Venimos de un proceso electoral que terminó mal. Todos saben que terminó
bastante complejo, bastante duro. Porque hubo y hay situaciones que permanecen. Lo que no
se puede hacer, porque creo que es atinente a las espaldas de cada uno de nosotros, es
cometer irresponsabilidades, como plantear este tema en términos de que esta ley está
manchada con sangre. Porque esto está dañando a una provincia. Porque hay una provincia
que tiene dolor por este tipo de cosas; que no quedan claras, que todavía no sabemos qué es
lo que pasó.
Fue el diputado Felipe Solá quien dijo “Esta ley viene manchada con sangre.” A su
vez, cometiendo él mismo su propio pecado original, ya que fue el primero que se fue a
Corrientes a manifestar su adhesión a la candidatura de Arturo Colombi. Pero, claro, ahora
perdió, entonces matémoslo…
Este tipo de cosas no podemos hacerlas. Este tipo de crónica, que leí en Clarín a las
dos de la tarde, cuando anunciaban que se inició el debate. —Voy a sacar el nombre—:
“…cuyo viraje quedó envuelto en sospechas de estar ligado a la muerte de un empresario
vinculado al gobernador provincial Arturo Colombi”.
Este tipo de cosas no hacen bien. Esta es la matriz autoritaria de la información que
yo digo que con esta iniciativa tenemos que tratar de sacar. Solamente romper la matriz; ese
es el único esfuerzo que tenemos que hacer. Seguramente vamos a perfeccionar las cosas en
el futuro, pero lo único que hoy nos anima a nosotros es romper este tipo de matrices, donde
se puede decir cualquier cosa de alguien, sin ningún tipo de problema y con total impunidad.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: muy bien el argumento del senador Fabián Ríos, nada
más que la senadora Sánchez ha dicho otra cosa: admitió que su cambio de posición tiene
que ver con mejorar la situación de la provincia.
Entonces, eso quiero que se investigue y que vaya a la Justicia como una denuncia
concreta.

Sr. Presidente (Pampuro). — Correcto.
Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: varios senadores, en sus exposiciones, han hecho
alusión a que nos estamos acostumbrando a cosas que no son buenas. Nos acostumbramos a
mirar millones de argentinos pobres. Nos acostumbramos a mirar millones de argentinos en
la indigencia. Nos acostumbramos a que la palabra empeñada pierde valor. Nos
acostumbramos a vivir en un país donde hay discriminaciones. Nos acostumbramos a
convivir en un capitalismo de amigos. Nos acostumbramos al conflicto permanente. Nos
acostumbramos a la falta de diálogo y a la falta de la búsqueda de los consensos con
inteligencia y razonabilidad. No a la imposición de la idea de las minorías sobre las
mayorías. Así no se logra el consenso. Tampoco la imposición de las mayorías sobre las
minorías. Se encuentra buscando denominadores comunes razonables e inteligentes que
superen los conflictos.
Nos vamos acostumbrando a la falta de diálogo, a la violación de las leyes, al corte
de las calles, al corte de las rutas, a la inseguridad. Nos acostumbramos al ninguneo. Nos
acostumbramos a que las cosas parezcan imposibles. Nos acostumbramos a que las palabras
tengan diferentes sentidos. Yo no quiero que nos acostumbremos. Quiero llamar la atención,
porque creo en mi país, porque creo en los dirigentes, porque creo en las instituciones,
porque creo en la Constitución y porque creo que esto lo podemos cambiar. Y hoy nos
quieren acostumbrar a que se puede violar la Constitución hablando de otra cosa.
Antes de aprovechar la intervención del senador por Chubut, inteligente y profunda,
voy a hacer un agradecimiento al senador Verani, que me acercó un aporte constitucional
muy importante. La mayoría de las provincias, en sus constituciones, consagran los derechos
de las provincias sobre sus recursos naturales: la de Mendoza, la de Misiones, la de La Rioja,
la de Salta, la de Entre Ríos, la de Córdoba, la de San Luís, la de Corrientes, la de Formosa,
la de Tierra del Fuego, la de la Ciudad de Buenos Aires, la de la provincia de Buenos Aires,
la de Santa Cruz, la del Chaco, la de Río Negro, la de Chubut; y muchas de ellas consagran
al espectro de frecuencia como un recurso natural del dominio provincial.
El senador Guinle, inteligentemente, dice que nosotros hemos sido perseverantes y
que tenemos un mérito por aquello. Yo debo reconocer la perseverancia del bloque
mayoritario para no escuchar lo que se les está planteando. Ninguno de los miembros
informantes del bloque de la mayoría se refirió a este problema de las restricciones a la
libertad de prensa. Ninguno.
Yo creo que el tema tiene mucha entidad. Se incorporó, como ya se ha dicho, la
Convención Constituyente de 1860, porque justamente la provincia de Buenos Aires lo puso
como condición, por temor, por sospecha. En la misma Argentina, en esta Argentina, en
nuestra Argentina, se sospechaba que el presidente podía hacer cosas que restringieran la
libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de pensar.

— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Rodríguez Saá. — Por eso, la Constitución estableció una cláusula única que prohíbe al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de expresión. Este es el problema. Ni siquiera
tiene como precedente la Constitución americana, que no establece la prohibición, que
protege la libertad de expresión; pero no tiene la prohibición expresa, como la tiene la
Argentina, que no la posee ninguna Constitución del mundo. Entonces, me parece bien que
hayan rectificado. No han puesto los ejemplos del mundo, como los ponían en las
audiencias, que comparaban con otros países como Francia e Inglaterra, que tienen una
Constitución diferente.
Antes de entrar exactamente en el tema de la libertad de expresión, quiero decir que
es clarísima la Constitución y lo que quisieron hacer. El informe explicó la razón de ser del
nuevo artículo. Estaba suscrito por Mitre, Vélez Sarsfield, Mármol, Cruz Obligado y
Sarmiento. No podemos dudar del talento, de la inteligencia, de la capacidad y de la visión
de estos constituyentes. Decía el informe que siendo la palabra escrita o hablada, no está
protegiendo la imprenta, la máquina de hacer diarios; está protegiendo la libertad de
pensamiento, la libertad de expresión. No había radio ni televisión, como ya lo dijo la
senadora por Salta, porque las ondas hertzianas fueron descubiertas con posterioridad. Pero
visionariamente estaban protegiendo la expresión de la palabra, escrita o hablada. Es uno de
los derechos naturales de los hombres que derivan de la libertad de pensar. Entonces, si aceptamos que esto es lo que la Constitución protege, tenemos que ver si
esta ley restringe la libertad de expresión. Lo han dicho todos. Pero cuando llegue el
momento de hablar del artículo 32, la costumbre los lleva a no valorizar adecuadamente esta
prohibición que establecieron los constituyentes por pedido de la provincia de Buenos Aires
como condición para evitar que los presidentes, el que fuera, el de turno… Nunca
imaginaron, creo yo, la situación que estamos viviendo hoy en la Argentina; pero es como si
la hubieran imaginado.
Para saber si estamos violando esta restricción, para saber si esta iniciativa tiene
violaciones a la libertad de expresión, sólo basta leer —ya lo leyó el senador Romero— el
artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En su inciso 1), dice:
“La libertad de pensamiento y de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. El
inciso 3) dice: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos —esto lo
leo porque la semana que viene entrará, seguramente, la expropiación, nacionalización o
estatización del papel prensa para controlar la otra parte de la prensa: la prensa escrita, es
decir, los diarios, los periódicos, etcétera—, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opinión”.
Solamente mirando el artículo 108 inciso a) de la ley, que lo señalaba muy bien en
las audiencias la senadora Escudero, que dice: “Caducidad de la licencia o registro. Se
aplicará la sanción de caducidad de la licencia o registro en caso de: a) realización de actos
atentatorios contra el orden constitucional de la Nación o utilización de los Servicios de
Comunicación Audiovisual para proclamar e incentivar la realización de tales actos”.
Entonces, con decir que una política es destituyente ya estaría calificado el hecho y,
en consecuencia, podría aplicarse la caducidad de la licencia.
Los temas de las licencias, los registros y la autoridad de aplicación radican en que
hemos heredado una costumbre. Nos hemos acostumbrado a tener una ley autoritaria que
nos maneje todo, en este caso, la actual norma de radiodifusión —la del COMFER— de la
dictadura. La ley no es mala sólo por ser de la dictadura sino, además, porque es autoritaria,
porque controla, porque no deja hacer, y porque obliga a pasar vericuetos burocráticos
difíciles y complicados, sobre todo, para los hombres y mujeres del interior, a quienes se
dice proteger ahora pero a los que nunca se les simplificaron los trámites. Todo el COMFER
es un mecanismo de control; no vaya a ser que la técnica que utilicen los aparatos sea no sé
qué. Todo se basa en una tramitación que implica vericuetos que solamente ellos saben
cómo atravesar.
El espectro radioeléctrico es amplio, y en la mayoría de los lugares del interior
prácticamente está desocupado. Para comprobar eso basta con poner el buscador de emisoras
del auto e inmediatamente nos daremos cuenta de que pasa y pasa y que, de casualidad,
engancha una radio. Sí hay problemas en las grandes urbes. Pero con la digitalización no
vamos a tener esos inconvenientes.
Entonces, esta iniciativa es violatoria de la Constitución porque reglamenta y
restringe la libertad de expresión. Sobre otros tópicos sí puede legislar. Por ejemplo, sí
puede legislar acerca de la distribución del espectro radioeléctrico; y habrá legislaciones
buenas y malas.
Nadie en este recinto quiere que no exista pluralismo. Contrariamente, eso es lo que
estamos defendiendo: pluralismo, voces, y la posibilidad de hablar y de opinar sin censura
previa, sin controles ni manejos económicos. Pero ¿de dónde sacarán dinero para cumplir
con todas las reglamentaciones las ONG, las pequeñas cooperativas de los pueblos y las
comunidades originarias, si no es de subsidios, del sostenimiento del Estado y,
fundamentalmente, de la publicidad estatal? Entonces, todo ese sistema arbitrario y
discrecional es el que pone en peligro el artículo 32.
Me preocupé en leer qué es lo que reglamenta la ley en la materia en los Estados
Unidos, porque parecería que, como uno es del interior profundo, lo que plantea fuera
barbarie. En ese sentido, ya no se oyen las voces con las tonadas cordobesas o tucumanas de
los constitucionalistas. Sí escuchamos a constitucionalistas que hablan con “erre”, pero a
ninguno con tonada, ni de Salta ni de Tucumán ni de Corrientes, que los hay y muy buenos.
En ese caso, tal vez hubiésemos escuchado otra versión sobre el tema.
Los Estados Unidos tiene una ley que es federal, pero es diferente de la nuestra. En
los Estados Unidos, a la actividad de los medios de comunicación se la considera un negocio
que da ganancias. Y en cuanto a los negocios que dan ganancias se regula la libre
competencia. Es decir, se le garantiza a todo el que quiera tener una radio, un cable, un
“caño” para transportar o una estación transmisora de televisión, que lo puede hacer. Lo
consideran un negocio; sería como desarrollar cualquier otra actividad.
Pero como no se puede ejercer la actividad en forma monopólica está reglamentada
la libre competencia, ya que el monopolio afecta a la libre competencia. ¿Y qué otras cosas
regula la ley estadounidense? Regula y garantiza la libertad de expresión.
Sintéticamente, tiene tres reglas: sobre la obscenidad; sobre el tiempo equitativo, y la
doctrina sobre lo justo. Esos son los tres principios.
Al respecto, nos viene bien a nosotros conocer las reglas sobre el tiempo equitativo,
en virtud de las cuales se obliga a cualquier estación de servicio que disponga de espacio
para un candidato político, a proveer la misma cantidad de minutos y en los mismos
términos a todo candidato existente en ese momento. Por ejemplo, cuando un posible
candidato a senador obtiene media hora libre en televisión, cualquier otro candidato
legalmente cualificado para ese puesto tiene derecho a media hora equivalente. Por lo tanto,
es evidente que no restringe sino que obliga e iguala.
Comparemos con ATC. Durante la campaña presidencial, la única que tenía acceso a
ese medio era la actual presidenta; los otros candidatos no podían asistir, no eran invitados.
Los únicos discursos que se transmitían en vivo y en directo por ATC eran los de la
candidata a presidenta.
En eso consiste la reglamentación de la ley. Por supuesto, si nosotros
reglamentáramos, evitaríamos todos los problemas que surgen en las provincias porque sería
aplicable en todo el país el mismo principio; y no solamente en cuanto a la televisión sino,
también, para las radios.
Esa regla de los Estados Unidos también rige para la publicidad: si un candidato
tiene un minuto de publicidad en un horario central, la emisora tienen obligación de venderle
el minuto a los otros candidatos por el mismo precio y en el mismo horario central. Reitero,
se trata de reglas para garantizar, y no para restringir.
En consecuencia, le comento al senador Guinle que eso es lo que se plantea y no, por
ejemplo, el tema penal. Esa cuestión no se plantea ni tampoco la del espectro radioeléctrico,
acerca de la cual le reconozco al senador Guinle que se puede reglamentar.

Sr. Guinle. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Rodríguez Saá?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: creo que fui muy claro al analizar lo expresado por los
constitucionalistas y también por la Corte en fallos que, incluso, el senador esgrimió durante
las audiencias porque uno tenía como parte a la provincia de San Luis.
La Corte fue muy clara respecto de ese aspecto, tanto en su anterior composición
como en la que produjo dictamen en 2004. Es un tema acerca del cual no existen dudas en la
doctrina constitucional; o sea que está resuelto. El panel de constitucionalistas convocado
fue unánime en las coincidencias respecto de ese aspecto. Pero la Corte lo expresó ni
siquiera entrando en el análisis del artículo 32. Hizo el análisis del artículo 75 y de sus
diversos incisos y ni siquiera evaluó el agregado que se le efectuó en 1994 al artículo 19. A mi juicio, es un tema absolutamente resuelto; la Corte lo dejó absolutamente en claro.
Obviamente, hay una interpretación —que no comparto— que podrá llevarse la
Corte, y que ésta definirá en su momento porque, en realidad, el último test de
constitucionalidad de este artículo o del artículo 161 —como bien dijeron algunos de los
administrativas que participaron de las audiencias públicas— lo hará seguramente la Corte.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Si usted no me quiere escuchar o si usted no quiere comprender lo que digo, es un problema suyo. No me estoy refiriendo a los temas penales, los que la Corte
ya ha resuelto. No me estoy refiriendo tampoco a los casos en donde las provincias han
dictado normas sobre los espectros radioeléctricos. Me estoy refiriendo a las restricciones a
la libertad de prensa, que es a la libertad de pensamiento, que además de la Constitución
Nacional, se lo prohíbe el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica.
Por último, la ley de los Estados Unidos habla de la doctrina sobre lo justo. ¿Y qué
plantea la doctrina sobre lo justo? No es una restricción.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Rodríguez Saá. — Ya sé, el bloque está nervioso y me quieren controlar el tiempo. No le controlamos el tiempo a ustedes.

Sr. Guinle. — Hable tranquilo.

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, pero me empiezan a molestar con gestos.

Sr. Gioja. — Disculpe la molestia.

Sr. Rodríguez Saá. — Lo disculpo.
El senador Sanz va a cerrar sin tiempo y enseguida va a hablar el senador Pichetto
sin tiempo. Así que respétenme.
Mediante la doctrina sobre lo justo se pretende que los medios dediquen un
porcentaje razonable de su programación a temas controvertidos de interés público. Así
como de ofrecer todos los puntos de vista. Es abrir la libertad de expresión y de
pensamiento. Ello es exigirle a los medios que traten los problemas de la sociedad, que
escuchen y que permitan hablar. Justamente, para corregir el problema que se plantea, como
en cualquier sociedad, de que no todos los ciudadanos tienen el dinero para tener un medio.
Entonces, pueden plantear todos sus problemas y, en el caso de que los medios no los
quieran reflejar, tienen este principio de la doctrina de lo justo para solicitar, en donde
corresponda, que se les permita hablar.
Ya vendrá el impuesto al cheque y encontrarán una razón para no hacerlo
coparticipable y nos explicarán lo inexplicable. Después tendremos el problema de que,
fruto del endeudamiento, los gobernadores dejan de tener independencia para gobernar sus
provincias. Pero si les cedemos los impuestos, si les cedemos los derechos, si permitimos
que la Nación tome los derechos que tenemos las provincias, si nosotros permitimos que una
ley autoritaria se reemplace por una nueva ley autoritaria repleta de controles… ¡Controles!
Saben que hay un registro de locutores. En la historia argentina, no hace mucho, en el
instituto en donde se preparaba a los locutores, que era en Buenos Aires, los hacían hablar en
castellano neutro. ¿Saben qué es el castellano neutro? Es hablar con erre. Fíjense que todos
los viejos periodistas del interior hablan con erre, porque se los exigía el ISER, de lo
contrario no les daban la autorización para hablar.
Esos son los controles que prohíbe el tratado internacional que la Argentina ha
suscripto y que es obligatorio para nosotros. Eso es lo que prohíbe la Constitución Nacional.
Eso es lo que no podemos consagrar en la ley y que lo hace inconstitucional. Sobre los otros
temas, como el espectro radioeléctrico, sí puede legislar. No se necesita legislar con una
norma autoritaria llena de controles, de licencias, etcétera. Y sí se puede —y se debe—
sancionar las leyes para controlar las actividades monopólicas.
Desde ya, lo hemos dicho y lo reiteramos: estamos dispuestos a votar un proyecto de
ley que diga: “Derógase la Ley 22285”. ¡Y terminemos la historia de la ley de la dictadura!
Estamos totalmente de acuerdo en que hay que derogarla, porque es una ley autoritaria hecha
para controlar el pensamiento, hecha para controlar los medios de difusión, hecha para
formar a los argentinos, desinformarlos, prohibir y hacer listas negras.
Sin embargo, eso no justifica reemplazarla por otra ley también llena de controles
que ahora serán ejercidos por otras personas. Lo pueden ejercer bien o mal, pero en el
constitucionalismo la libertad de expresión y la libertad de prensa han sido muy protegidas y
defendidas. A tal punto que el artículo 32 está resguardando —y esto tiene que ver con lo
que por ahí hablan de si las concesiones son un servicio público— que después de delegarle
el poder a los representantes del pueblo, en un sistema representativo, se queda con el poder
de la libertad de expresión, que es un poder de los ciudadanos porque si no queda esclavo de la representación, para poder criticar, para poder hablar, para poder expresar y para poder
peticionar.
Por todo esto, nos vamos a oponer en general y en particular

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. — Señor presidente: voy a tratar de resumir, en definitiva, como presidente del
bloque de senadores de la Unión Cívica Radical las expresiones de cada uno de los
senadores de nuestro bloque porque, en verdad, no tengo muchas cosas diferentes, para hacer
un discurso de cierre, que las que los senadores de mi bloque han expresado en catorce horas
que llevamos de debate desde que comenzó esta sesión.
Por lo tanto, es una tarea bastante fácil, porque ha habido un trabajo de bloque que
quiero rescatar, no solamente en el curso de este debate sino a lo largo de todas las reuniones
de Comisión, y que quiero hacerlo extensivo al trabajo conjunto que han hecho los asesores
no sólo de nuestra bancada sino también de la gente de la Coalición Cívica, de la senadora
Estenssoro y el senador Cabanchik, los senadores Rached, Verani, Castillo, Colombo.
Y esto quiero hacerlo, porque la mayoría de esos asesores son gente muy joven y
creo que necesitan el aliento que me parece es imprescindible darles por una brillante tarea
realizada. El dictamen al cual hemos arribado y presentado hoy contiene mucha tarea
intelectual, muchas horas de estudio y mucho recogimiento de aportes de distintos ángulos.
Tengo que hacer este reconocimiento, como también es necesario que haga lo propio
—como se ha hecho en las palabras de otros señores y señoras senadoras— a las
organizaciones sociales de toda índole; organizaciones de derechos humanos, universidades,
entidades cooperativas, ONG de distintos ámbitos y de distintos lugares del país que
trabajaron durante muchos años, como el propio documento de los 21 Puntos lo indica, en la
construcción de una nueva ley de radiodifusión democrática.
Quizás, a pesar de que hoy somos nosotros los que ocupamos el escenario político en
los medios de comunicación, son ellos los verdaderos protagonistas en el desafío de tener
una nueva ley de la democracia que implique a los servicios de comunicación audiovisual.
Entonces, vaya ese reconocimiento porque, nucleados en esa Coalición, en 2004 dejaron
asentada toda su tarea en ese documento de 21 Puntos.
Hace cinco años, en 2004, cuando ellos dejaron presente ese documento nos dieron
un ejemplo de apertura, de diálogo y de participación. Casualmente apertura, diálogo y
participación fueron las mismas cosas que siete de cada diez argentinos votó el último 28 de
junio.
Entonces, cualquiera diría que lo que hoy estamos votando de alguna manera sería un
eslabón en esta cadena de circunstancias, lo que constituiría al Senado de la Nación en una
especie de corolario triunfal de un ejemplo de madurez institucional. Si bien es cierto que
desde algún punto de vista lo es, quizás desde lo formal, yo no tengo hoy esa sensación, y no
porque pertenezca al sector de este recinto que en teoría aparece como teniendo menos votos
que otro sector al momento de votar. Quizás no tengo esa sensación precisamente por darme
cuenta —y creo que en esto no estoy solo sino que hay muchos que se dan cuenta— de que
cuando las cosas importantes del país se resuelven por medio de votaciones divididas
muchas veces los que ganan pierden y los que pierden ganan.
Es probable que en algún lugar esta noche alguien festeje un resultado afirmativo
como una gran victoria. Creo que si eso ocurre es porque no se tiene real dimensión de
cuántas cosas se han dejado en esta “batalla”, palabra que no me gusta emplear pero que la
utilizo porque es la que ha elegido el poder en la Argentina desde hace bastante tiempo para
la instalación de distintos temas de la agenda pública.
Y digo que creo que no tienen real dimensión de las cosas que dejan en el camino en
esta batalla, en el debe más que en el haber, porque son cosas que exceden el corto plazo,
son cosas que exceden esta jornada en el Congreso, son cosas que, por trascendentes, se
vuelven visibles con el tiempo en términos de desarrollo, de libertad, de equidad, de
confianza y de previsibilidad.
El agravante es que esto no pasa circunstancialmente en la Argentina. Es preocupante
que en los últimos años esto sea casi un patrón común que define conceptualmente el
modelo de poder que hoy gobierna este país. Mientras tanto, porque siempre es bueno levantar la vista y mirar hacia otros lados, otros países eligen modelos diferentes; así les va y
así nos va a nosotros.
Cuando el presidente Lula, de Brasil, nos da el ejemplo de cómo se piensa una
sociedad a largo plazo vinculando Estado y privados en la explotación hidrocarburífera y
encontrando reservas en el mar o en el continente, nosotros vamos a contramano premiando
a las empresas que se llevan nuestras riquezas y agotan nuestras reservas de petróleo y de
gas.
Mientras el presidente Lula gana la organización de los Juegos Olímpicos en un
proyecto a plazo que involucra al Estado, capitales privados, gobernadores, sindicatos y
entidades intermedias, el gran triunfo del tándem gobierno—deporte en la Argentina es el
aún poco claro acuerdo por la transmisión del fútbol para todos los argentinos.
Mientras nosotros estamos discutiendo hoy con dureza, pero la verdad que después
de algunos discursos valiosos, sin dramatismo —y en este sentido quiero decir que me
acerqué hasta la banca del senador Fabián Ríos para felicitarlo, y quiero decirle
públicamente que lo vamos a extrañar, que yo lo voy a extrañar, porque en los últimos
tiempos ha sido un ejemplo de cordura parlamentaria—, una ley que administra radios o
televisión como si fueran vínculos modernos de formación ciudadana, como bien ha dicho
esta noche el senador Giustiniani, en Uruguay acaban de concluir el Plan Ceibal, por el cual
se entregaron 500 mil computadoras a cada uno de los niños de las escuelas primarias para
que internet —de lo cual esta ley no dice absolutamente nada— los ayude a crecer y a
formarse. Allí hay un claro ejemplo de vínculo entre Estado y sociedad con una mirada a
largo plazo.
Yo no estoy de acuerdo en que sea a través de la televisión el proceso de formación
del futuro. Creo que esto ya es una discusión superada. Que lo haya sido hasta hace poco es
posible, y también así nos va como nos va, por tener la televisión que tenemos como
formadora de nuestros niños; pero la verdad que a futuro será internet, y reitero que esta ley
nada dice sobre eso.
Cuando en este país tenemos la posibilidad de hacer un ensamble Estado—sociedad
siempre terminamos en otra historia, porque lo que se hace es gobierno, que es distinto al
Estado; y esa es una de las razones de nuestras dificultades actuales.
Cuando los politólogos proponen el término de “gobernanza” para graficar un nuevo
patrón de gestión en donde el Estado es copartícipe de entidades intermedias, sindicales y
empresariales, tal como se aplica en Brasil, en Chile o en Uruguay, en la Argentina el
gobierno se encierra en una suerte de tiranía de las mayorías legislativas.
En la Argentina no hablamos de “gobernanza”; hablamos de mayorías, que es un
concepto válido pero, a mi juicio, absolutamente ineficiente; y creo que esa es una de las
razones por las cuales tenemos dificultades institucionales.
Las mayorías prevalecieron en el conflicto agrario y no lo solucionaron. Las
mayorías prevalecieron en el tratamiento de los fondos previsionales y hoy la realidad nos da
la razón de que esos fondos eran para sostener la caja del Estado, porque se estaba
debilitando. Las mayorías vienen tratando desde hace varios años el tema federal y mire
cómo están nuestras provincias. No quiero hacer juicios de valor de algunas cuya realidad no
conozco, pero la gran mayoría de las provincias tienen severísimas cuestiones fiscales por
delante, que en algunos casos son tan preocupantes que obligan a los gobernadores a venir
todos los meses para pedir las remesas para solamente pagar los sueldos, ni siquiera para
hacer obras públicas.
Entonces, me parece que con el criterio de las mayorías esta noche vamos a tener una
ley que la mayoría podrá obtener con su voto, pero sinceramente yo no creo que sea la ley de
la democracia que podríamos haber tenido con otra mirada, con otra visión y con otros
procedimientos.
Y digo que esto es más grave, porque no se trata de leyes de gestión gubernamental.
Uno puede tener esta mirada con leyes de gestión gubernamental, pero estos son temas que
trascienden a los gobiernos y a las gestiones, son temas fundamentales para la sociedad,
porque las consecuencias no van a ser benéficas o perjudiciales para un gobierno sino que
van a ser en beneficio o en perjuicio de la sociedad toda. Por eso es que el aislacionismo, la
especulación y el cálculo cortoplacista que muchas veces uno advierte en el gobierno ha dejado de ser tan sólo una anécdota o una nota característica para transformarse en un grave
problema.
Es un grave problema el que tiene hoy el país, la Argentina, porque convengamos en
que el gobierno es el que marca la agenda, el tono y la crispación o la tranquilidad social; y
convengamos que si hoy midiésemos todos estos índices en la Argentina no serán los que a
todos nos gustaría advertir.
No se puede vivir en un país sometido a los berrinches de las personas. Y esto es lo
que me parece que nos está pasando desde hace bastante tiempo. Esto es lo más penoso de la
política en general y del gobierno en particular; de un gobierno que ha tenido muchas
oportunidades de dejar a nuestra sociedad políticas de Estado de lago plazo pero, lejos de
interpretarlo así, siempre nos ha planteado batallas, batallas y más batallas, en las cuales ha
priorizado, a mi juicio, desde luego subjetivo —como corresponde, por eso estoy sentado
aquí y hablo como presidente del bloque— la especulación particular por sobre el bienestar
general.
Nosotros nos resistimos a que cada tema tenga que ser una batalla y a que nosotros
debamos ser parte de ella. Nos oponemos, a la vez, a que la Argentina sea el escenario de
esas batallas que a veces se libran en el Congreso y, otras veces, en otros lugares. Incluso,
aceptar que esto es una batalla permanente es, también, aceptar que aquí hay siempre buenos
de un lado y malos del otro. Para colmo, cuando subjetivamente se elige quiénes son los
buenos y quiénes son los malos, quiénes están de un lado y quiénes del otro.
Yo me quedo, en todo caso, con una definición que escuché inteligentemente decir
hoy al señor senador Fernández, cuando formuló el primer discurso de apertura, en el
sentido de que esta cuestión es de intereses. Otras cosas también han sido cuestiones de
intereses. Pero no concuerdo con que me digan aquí que hay un interés bueno y un interés
malo, y con que nosotros debemos elegir de qué lado nos ponemos; o sea, si nos
equivocamos o estamos desorientados y caemos en el interés malo, en cuyo caso nos cae
toda la vindicta pública porque defendemos la peor de las cosas.
Ahora, ¿quién califica los intereses en pugna? ¿Quién tiene la autoridad moral,
política, institucional o como se quiera llamar para calificar esas batallas como de intereses
en pugna en la Argentina? ¿El gobierno tiene la autoridad para calificar que en los conflictos
de intereses ellos están del lado de los buenos y los demás del lado de los malos? ¿Quién
dice que los intereses del gobierno en esta batalla particular son altruistas, democráticos y
republicanos?
Si me dicen que los intereses buenos son los de la Coalición para la Radiodifusión
Democrática, no tengo la menor duda al respecto. Allí están los intereses buenos. Por eso,
comencé este discurso efectuando un homenaje. De hecho, nosotros hemos tratado de
reflejar esos intereses en nuestro dictamen; pero me cuesta encontrar en el gobierno los
mismos intereses de la Coalición para la Radiodifusión Democrática.
Yo me he propuesto a mí mismo, y traslado a mis pares, un par de simples y sencillos
ejercicios. El primero es analizar la conducta del propio gobierno —lo han hecho todos los
senadores de mi bloque, así que la verdad es que estoy repitiendo conceptos— con respecto
a los medios. Desde 2004, cuando la Coalición para la Radiodifusión Democrática presentó
el documento de los 20 Puntos, ese fue el primer ejercicio. El segundo tiene que ver con las
cuestiones que se introdujeron en la ley, que desnaturalizan el documento de los 21 Puntos
señalado. Pero vamos al primero.
Mientras las 900 organizaciones en 2004 firmaban principios como este, el número
1, que señalaba que toda persona tiene el derecho de investigar, buscar, recibir y difundir
informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión, en el
marco del respeto al Estado de Derecho democrático y los derechos humanos, este gobierno
obstaculizó a sabiendas que tuviéramos una ley de acceso a la información pública. Este
Senado fue testigo de esa obstaculización, cuando se modificó una sanción que venía votada
por unanimidad de la Cámara de Diputados —todos los diputados, aun los oficialistas, la
habían apoyado—, a pesar de lo cual a esa ley de acceso a la información pública se le
introdujeron reformas para que quedara dormida en el sueño de los justos, o de los injustos.
Por eso no tenemos ley y, por eso, como bien recordó hoy el senador Marino, estos dos
senadores que están aquí sentados y que tuvimos la posibilidad de frenar un pago ilícito de más de 600 millones en el caso del grupo Greco —bueno es decirlo, junto también con algunos senadores de la bancada oficial como Pichetto y el entonces senador Capitanich— tuvimos que ir a la Justicia para que nos permitiera, mediante la aplicación concreta del
decreto 1173/03, poder acceder a una información que desde el propio gobierno nos estaban
negando.
El punto 2 del documento —no voy a leer los veintiún puntos, sino sólo unos
pocos— señala que la radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y
la cultura y no un simple negocio comercial. La radiodifusión es un servicio de carácter
esencial para el desarrollo social, cultural y educativo de la población, por el que se ejerce el
derecho a la información.
Me quedó grabado cuando en el marco de las reuniones de comisión vino el
representante de Carta Abierta e hizo un análisis de lo que es culturalmente la televisión en
la Argentina hoy. La pregunta es, mientras tanto, en todos estos años, por lo menos —desde
luego, también en los años anteriores—, para graficar o analizar la conducta de este
gobierno, ¿qué hizo el COMFER, por ejemplo, para que desde la televisión no viéramos la
chabacanería que mencionó el representante de Carta Abierto o la degradación cultural que
se ve en algunos programas?
El punto 3 señala que se garantizará la independencia de los medios de
comunicación. La ley deberá impedir cualquier forma de presión, ventajas o castigos a los
comunicadores, empresas o instituciones prestadoras en función de sus opiniones
informativas o de editorial, en el marco del respeto al Estado de derecho democrático y a los
derechos humanos. También, estará prohibida por ley la asignación arbitraria o
discriminatoria de publicidad oficial, créditos oficiales o prebendas.
Convengamos que este es el punto más flojo o el verdadero talón de Aquiles del
gobierno, que ha utilizado, en todos estos años desvergonzada y descaradamente, los dineros
públicos para premiar a amigos que hablaban bien de su accionar y para castigar a los
medios críticos de su gestión.
En la Argentina, hoy existen medios que han recibido muchísimo más dinero del que
merecían por tirada, por cantidad de ejemplares y por cualquiera de los parámetros
correspondientes, y otros que han recibido muchísimo menos —o nada— con relación al
impacto que tienen en la sociedad. Para tener una idea de lo que estamos señalando, y para
que la gente que sigue este debate sepa de qué estamos hablando, quiero decir que nos
referimos a dinero, a mucho dinero.
En 2003, cuando asumió este gobierno —tomándolo como una sucesión—, el
presupuesto hablaba de 32 millones de pesos al año. Este año, en 2009, sólo en el primer
semestre, el gobierno lleva gastados 635 millones en publicidad oficial.
Sin embargo, en algo han sido coherentes desde el oficialismo con el tiempo:
siempre quisieron que esto se resolviera por una ley, aunque ésta nunca ha aparecido, a pesar
de que hay numerosos proyectos. Yo, personalmente, tengo uno presentado. Sin embargo,
hoy, también el oficialismo se niega a resolver esta cuestión, diciendo que esto no puede
contaminar de alguna manera —entre comillas— esta ley de servicios de comunicación
audiovisual, y tiene que estar en una ley aparte. Yo pregunto, si no es en esta ley, ¿por qué
tiene que ser en una ley aparte? Si esta ley fija en uno de sus artículos —creo que en el 76—
el principio general de que la publicidad oficial, como dice el documento de los 21 Puntos,
debe entregarse o distribuirse con equidad y criterios de razonabilidad, ¿por qué no
incorporar, como hemos propuesto en nuestro dictamen, apenas unos párrafos que
determinen que esos conceptos de equidad y de razonabildiad estén expresamente
establecidos sobre la base de las pautas a las cuales debe dirigirse la publicidad y llegar a
todos lados?
Cuando se dice en algunos discursos que este proyecto de ley está abierto hacia
adelante y que hay dos maneras de pararse frente a él, o sea, desde el miedo o desde la
esperanza —creo que esto lo dijo el senador Jenefes—, nosotros tenemos un problema: nos
cuesta mucho pararnos desde la esperanza. El gobierno nos ha obligado, nos obliga todos los
días, a desconfiar permanentemente de sus acciones, porque sobran los ejemplos de las
buenas construcciones teóricas que, luego, en la práctica, se transforman en peldaños de
construcción de poder.
Celebro que en el discurso del senador Ríos se haya puesto el énfasis en algo que
—por lo menos yo— no escuché durante las más de catorce horas de debate. Obviamente, la
matriz autoritaria de la ley de la dictadura es nuestro desafío conjunto a superar, para
encontrar una ley que tenga matriz democrática. Sin embargo, nuestro problema, nuestra
desconfianza y el no poder pararnos en el espacio de la esperanza en esta norma y pararnos,
quizá, en el espacio del miedo, radica en que la matriz autoritaria no sólo hay que buscarla
en la Ley 22285. El problema de la Argentina es que, sin darnos cuenta, se ha ido
construyendo una matriz autoritaria fuera de esta o de otras leyes.
El gobierno construyó una matriz autoritaria desde el momento en que, al asumir,
tomó la decisión política de provocar una contrarreforma constitucional, es decir, ir mucho
más allá y en contra de la reforma del 94; cuando el gobierno tomó la decisión de devaluar,
de desvirtuar, de modificar sustancialmente los institutos constitucionales que en 1994,
generaró un cambio desde un sistema presidencialista que nos había acompañado por más de
cien años a un sistema de presidencialismo atenuado. Desde luego, alguien podrá decir que
nos quedamos en el medio de los parlamentarismos europeos. Es verdad, nos quedamos en
el medio. Pero lo que nadie puede negar, y quienes fueron convencionales seguramente lo
podrán ratificar —y acá hay varios— es que pasábamos de un sistema presidencialista puro
a uno atenuado.
Ahora, ¿dónde ha quedado aquello del 94? En una contrarreforma. Repasemos. El
instituto de los decretos de necesidad y urgencia: la Constitución los blanqueó para que
fueran remedios excepcionales. Este gobierno los convirtió en remedios habituales, los puso
en el texto del proyecto de ley como remedios habituales.
Facultades delegadas. El año 1994 trajo el artículo 76, que empieza diciendo
claramente: “Prohíbense la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo”.
Nosotros no sólo lo hemos hecho en la práctica, sino que hasta hemos ido un poco más allá y
creamos la figura de los “superpoderes” con el artículo 37 de la Ley de Administración
Financiera.
La Auditoría General de la Nación, que resumía en sí todos los controles externos al
Poder Ejecutivo y que dependía del Parlamento, quedó absolutamente desnaturalizada sólo
por un pequeño detalle: la mayoría de esa auditoría la compone el sector del oficialismo.
Somos el único país en el mundo en donde el propio oficialismo se controla asimismo.
El Consejo de la Magistratura. Miren, no quiero cansarlos, pero me podría quedar
hablando de esto hasta mañana a las tres de la tarde. No lo voy a hacer porque, en verdad,
vengo bastante golpeado con este tema. Ayer pretendí, ingenuamente, convencer al
oficialismo de que fuéramos juntos a acusar a un mal juez de la República, pero tres votos
del oficialismo me lo impidieron. En realidad, no me lo impidieron a mí, se lo impidieron a
la sociedad. Hoy vamos a seguir teniendo un muy mal juez en el Juzgado Federal de
Campana.
El Consejo de la Magistratura, que debía ser un resguardo de la independencia de los
jueces, ha pasado a ser eso, lo que todo el mundo vio ayer: un ámbito donde la política
despliega sus decisiones, donde muchas veces podrá acertar y muchas otras veces está
absolutamente alejada de la independencia del Poder Judicial.
La ley de coparticipación federal, establecida por la reforma del 94. Todavía la
estamos esperando. Y no sólo la estamos esperando, sino que en el camino comenzaron a
aparecer nuevas dificultades, como la ley del impuesto al cheque. Y quiero aclararles a todos
que mientras estamos discutiendo acá este proyecto de ley, y pareciera que el mundo está
atento a lo que hacemos nosotros, en la Cámara de Diputados acaban de emitir un dictamen
por el que se mantiene absolutamente todo el sistema inequitativo de distribución de
recursos. Obviamente, este tema vendrá al Senado para su discusión en quince o veinte días.
Entonces —repito—, se mantiene el impuesto al cheque y la prórroga de todos los
impuestos. Evidentemente, un verdadero descalabro federal.
Los entes reguladores, organismos instituidos por la Constitución del 94, donde se
establece la obligación de que sean elegidos por concurso. Bueno, son todos interventores.
Todos los entes reguladores tienen interventores.
El Punto 6 del documento dice algo clave: Si unos pocos controlan la información,
no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de
radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas por cuanto los monopolios y
oligopolios conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad… Me voy a ahorrar
seguir leyendo, porque todos lo hemos leído.
En estos cinco años, es muy bueno hacer el ejercicio del análisis y ver cómo este
mismo gobierno, que hoy se hace cargo de la promoción de este proyecto de ley, ha pasado
del dicho al hecho, dejando en el camino mucho trecho, como dice el saber popular.
En 2004 —algo que nadie ha mencionado—, se prorrogaron sin objeciones de
ninguna naturaleza las licencias de los canales abiertos por diez años. Todo el mundo
comienza con el relato, con el DNU de 2005. Pero hay que ir un poco más atrás, al 2004. Las
licencias de los canales abiertos —que por las privatizaciones de 1989 fueron otorgadas por
quince años— vencieron en 2004. Y si bien la ley de la dictadura dice que la prórroga es
automática, también dice, tras cartón, que sólo se concederá si se han cumplido con todas las
demás normativas, entre ellas, la ley de defensa de la competencia que estaba vigente. En
2004, este mismo gobierno tuvo la posibilidad concreta, absolutamente concreta de no
renovarlas; sin embargo, se otorgaron las prórrogas en 2004.
En cuanto al DNU de 2005, no voy a volver a ese punto, pero sí voy a hacer una
mención , porque lo he escuchado muchas veces. He escuchado que este DNU se dictó para
favorecer a todas las empresas que estaban en una situación de descalabro económico. Esto
no es verdad, no es verdad. Y los oficialistas que conocen la historia lo saben mejor que
nadie, y es bueno que se lo digamos a la gente. Esto se hizo para favorecer a lo sumo a uno o
dos prestadores de medios. Con razón, no voy a evaluar si estaba bien o mal ayudarlos. En
todo caso, pongámonos del lado de que estaba bien ayudarlos para que no sucumbieran, no
quebraran o demás. Pero lo que no se puede decir es que por esos medios —en realidad,
creo que es un grupo de medios—, se favoreció al conjunto, porque se sabía que con un
decreto de semejante amplitud, en donde todos los licenciatarios iban a verse beneficiados
con la prórroga, se sabía —repito—que ahí había licenciatarios que, en todo caso, estaban
violando la Ley 22285, con la multiplicidad de licencias, o la Ley de Defensa de la
Competencia. Y se otorgó el DNU. Por eso, no voy a aceptar que se diga que ese DNU se
firmó porque había todo un espectro amplio de empresas que estaban en dificultades.
En 2006, hay un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
No es en la causa “Multicanal y CableVisión”, eso viene después. Es en la causa “Vigil/
Telefónica” —es decir, el Grupo Vigil, de Editorial Atlántida y Telefónica—, donde, fíjense,
José Sbatella era el presidente. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de este
gobierno distinguió a la televisión paga, es decir, por cable, de la televisión abierta,
declarando que son dos cuestiones distintas que no pueden acumularse porque no compiten
entre sí. Esto lo dijo la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Es un tema que
no lo resuelve este proyecto de ley o lo resuelve en sentido contrario, estableciendo que la
televisión paga y la televisión abierta compiten entre sí y, por lo tanto, ahí aparece la
multiplicidad.
En 2007, el decreto firmado el último día del gobierno de Néstor Kirchner.
Verdaderamente, le rindo otra vez un homenaje personal al senador Fabián Ríos, porque es
la primera vez en todo este debate que escucho con absoluta hidalguía el reconocimiento de
que esto fue una mala política y una mala gestión de gobierno. Nos hubiéramos ahorrado
muchísimas cosas del debate.
En medio de estos cinco años, hubo moratorias a multimedios, a medios, de las que
ustedes quieran, de todos los gustos, pelos y señales, por los montos que quieran y por los
plazos que quieran. Moratorias fiscales. Creación de nuevos multimedios en esos cinco años.
Los ha habido: multimedios de canales, radios y televisión abierta; autorizaciones a capitales
extranjeros a ingresar a los medios en violación a la legislación vigente: Canal 9, Canal 11,
el grupo español PRISA. Mientras tanto, tal como lo denunciaron muchos de los actores
sociales que vinieron acá, mientras eso pasaba con los grandes medios que hoy están en la
vereda de enfrente del gobierno, no hubo nuevas licencias para ONG ni para iglesias ni para
sindicatos ni para universidades. Aunque para una sí, para la Universidad Nacional de
Lomas de Zamora sí hubo una nueva licencia, que se la dieron a tres meses de haber
ingresado el licenciado Mariotto —que proviene de esa universidad— al COMFER. Le adjudicaron una frecuencia en la banda experimental UHF, una banda que va a ser muy
interesante a partir de ahora con la digitalización. Esto se hizo en franca violación al artículo
34 del régimen general de adjudicación, que establece condiciones de concurso público para
la adjudicación. Es el único caso que he podido registrar. Pero acá vinieron muchos
representantes de esas organizaciones sociales a decir que habían peregrinado en todos estos
últimos años para conseguir una autorización pero no la habían obtenido.
Paso al segundo ejercicio: las cuestiones que introduce la ley que desnaturalizan el
documento de 21 Puntos. En lo global, lo primero que señalo es que esta ley confunde sector
público con gubernamental. Le pregunté a Mariotto, el primer día que vino a la comisión,
qué era para él esta definición del documento de 21 Puntos respecto de lo público
gubernamental y lo público no gubernamental. No sé si lo agarré desprevenido, pero no lo
pudo responder, porque la ley está contaminada de eso, porque entienden todo lo público
como gubernamental. Esto es lo mismo que confundir Estado con gobierno.
Como consecuencia de ello, donde existe en la ley una prerrogativa del sector
público, debe leerse como un factor de discrecionalidad a favor del gobierno. Entonces,
prerrogativa del sector público es discrecionalidad a favor del gobierno. Esto es así en cada
uno de los artículos de la ley. Si no, vamos a las pruebas: artículo 32, otorgamiento de
licencias; artículos 10 y 14, autoridad de aplicación; artículo 47, adecuación tecnológica;
artículos 101 y siguientes, régimen de sanciones; artículo 65, regulación de contenidos.
El contrapunto de esta mañana entre los senadores Fernández y Jenefes nos libera a
todos los opositores de cualquier comentario. El senador Fernández hacía una defensa férrea
de que esta ley no se introduce en el control de contenidos y, a los diez minutos, el senador
Jenefes, del mismo bloque, decía que la lay tiene un grave problema: se mete en la
regulación de contenidos. Frente a eso, me eximo de todo comentario. Por supuesto, le creo
a Jenefes: esta ley se mete en los contenidos. Pero no es porque lo diga Jenefes o porque
quiera contraponerlo a Fernández, sino porque lo dice todo el mundo. Hay que leer la ley
para saber cómo se mete en contenidos.
Todo el título de medios públicos adolece de este vicio y contradice el punto 12 del
documento. Deberían ser medios públicos no gubernamentales, como lo dice la coalición en
el punto 12.
La segunda cuestión es que el proyecto, en el afán regulatorio de evitar posiciones
dominantes, contradice los criterios de pluralidad, densidad, federalismo. A esto se refería el
senador Morales cuando hablaba de las señales. No lo voy a copiar.
Sucede lo mismo cuando se legisla en materia de redes. Se refirió al respecto el
senador Rossi, que ha defendido a muerte este tema, porque Cadena es cordobesa como él.
Se trata de un emprendimiento federal, pero esta ley le va a restringir su actuación en
muchos pueblos del interior. No estamos hablando de los grandes multimedios de la Capital
Federal. El dueño de la Cadena 3, el otro día, hizo un comentario que es sumamente
ejemplificador para saber las consecuencias prácticas que va a tener esta ley; yo también
llego a la conclusión de que va a ser inaplicable. Resulta que la Cadena 3 tiene la radio AM
y FM. Ahora ya no va a poder tener más las dos frecuencias, por lo que va a tener elegir. El
problema es que, respecto de las radios AM, como en todo los lugares de la Argentina, por
pertenecer a un espectro “sucio”, un espectro que está lleno de muchos protagonistas y
actores anárquicos, la gente se ha acostumbrado, sobre todo, los chicos jóvenes, a escuchar
las FM de la propia radio. En el caso de la Cadena 3, es sintomático, y no sé si esto lo contó
el senador Rossi. Los empleados y obreros del mercado de concentración de Córdoba, que
está a dos cuadras de la planta de transmisión de la Cadena 3, escuchan esa estación no por
la AM sino por la FM, pero ahora no van a poder escucharla estando a dos cuadras de la
radio, porque esta ley lo va impedir. Por lo tanto, tengo todo el derecho a pensar que el
peligro de que haya menos oferta, el peligro de que haya menos medios, el peligro de que
haya menos voces no es una subjetividad como nosotros lo hemos planteado.
¿Qué hemos hecho nosotros? Podríamos haber hecho solo un dictamen de rechazo,
con lo cual, seguramente, hubiéramos recibido una andanada de críticas, justificadas,
diciendo que no tenemos proyecto, que no tenemos propuesta. No lo hicimos porque
queremos demostrar una vez más, como dijimos desde el comienzo, que nos íbamos a
quedar hasta el último minuto a debatir, salieran como salieran las votaciones, hasta el último punto de la ley, y acá estamos y vamos a estar hasta que las velas no ardan, como se
dice, porque queremos una ley que, además de ser buena, trascienda en el tiempo.
Nuestro dictamen recoge las mejores cosas de nuestra tradición radical, las mejores
cosas del proyecto oficial, que las tiene y lo dijo el senador Morales —de 166 artículos, hay
más de 100 que estamos dispuestos acompañar— ,y los mejores aportes de quienes vinieron
a opinar. Le sacamos al proyecto oficial todo el ingrediente subjetivo de las peleas
circunstanciales del gobierno y, también, cerramos las puertas a posibles negocios del
gobierno.
En el proyecto que proponemos, definimos qué es para nosotros Estado y gobierno,
que no es lo mismo; recuperamos el espíritu democrático y republicano del documento de la
coalición; evitamos la litigiosidad. Les recomiendo que lean un fallo de la Corte sobre el
caso El Jacarándá, referido a una ley de Paraná, Entre Ríos, respecto de lo cual la Corte
establece en casos similares de quite de licencia por parte del COMFER reparación integral,
lo cual significa en términos jurídicos daño emergente más lucro cesante. Lo dijo la Corte.
¿Usted se imagina, señor presidente, qué sucedería si en casos como este la Corte
llega a fallar que el Estado debe hacerse cargo de reparación integral, esto es, daño
emergente y lucro cesante? Por si alguien no sabe lo que es lucro cesante, les digo que es la
ganancia estimada, lógica que esperaba ese empresario recibir de la explotación de su
empresa. ¿Cuántos años estaremos pagando todo esto?
En nuestro proyecto, tratamos a todos los argentinos por igual, vivan en Buenos
Aires o en cualquier lugar alejado del interior profundo. Eso es porque nuestra decisión
obedece, hoy como siempre, a la inquebrantable convicción de que las libertades públicas, la
de hablar, pensar, transitar, opinar, elegir, informarse, son un desafío permanente para las
sociedades democráticas, para evitar en nuestro caso que, en la Argentina, 40 millones de
personas no se conviertan en habitantes rehenes de la dominación de nadie, de ninguno de
los intereses en pugna, sino en 40 millones de ciudadanos libres e independientes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sra. Corregido. — Solicito una interrupción.

Sr. Pichetto. — La concedo.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Corregido.

Sra. Corregido. — Señor presidente: solamente, quiero aclarar una cuestión que me tiene
fatigada moralmente y es, justamente, en relación a los medios. Algunos compañeros de mi
provincia, que también es del interior profundo, estaban preocupados porque no me habían
podido escuchar cuando hice uso de la palabra y en el portal del diario La Nación —no es la
primera vez que lo hace— pusieron en mi boca mentiras. Acá se habla mucho de la verdad y
ellos están mintiendo. Han puesto en mi boca la opinión de otros senadores.
Quiero dejar sentado claramente que voy a votar de acuerdo con mis profundas
convicciones esta ley, que estoy feliz de votarla, que la voy a votar en general y en
particular.
Invito a los medios para que me consulten cuando quieran saber mi opinión. No
quiero pensar que es mala fe sino que obedece a la impericia de quienes están cubriendo lo
que sucede acá, por la fatiga del día; muchos oradores, muchos periodistas. Pero quisiera que
pidan la versión taquigráfica, si no, yo se las mando para que, en el interior profundo, donde
se forman la opinión con lo que los medios nacionales editan, sepan que voy a apoyar esta
ley con todas mis convicciones.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a tratar de hacer una síntesis de algunas
formulaciones que han hecho los senadores a lo largo de todo el día. Y, en primer término,
quiero hacer alguna reflexión, fundamentalmente, sobre las palabras que acaba de expresar
el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, de esta visión de una democracia
consensual que la verdad es que no existe en el mundo. Creer que las sociedades carecen de
la existencia del conflicto, de la disputa de intereses, creer que hay espacios únicamente para
el consenso constituye indudablemente una mirada muy extraña sobre la vida cívica del país
y sobre el funcionamiento parlamentario que, quiero decirlo, no comparto para nada. Sin
duda, gobernar significa afrontar dificultades, dirimir conflictos en el marco de la sociedad, y los parlamentos resuelven los temas mediante el mecanismo de mayorías y minorías, a
través del voto de sus representantes.
Hace muy poco tiempo, hubo un debate impresionante en Francia, donde se discutía
la reforma de la Constitución, y se dirimió por un voto. Y no ocurrió nada dramático. Se
definió por un voto. Acá vivimos, también, una noche trascendente, presidente, donde su
voto desempató. Así que la verdad es que no creo en ese mundo feliz del consenso, en esa
visión onírica de la democracia del rabino Bergman, quien el otro día, vino con toda esa
visión fundamentalista de rabinos y curas, que tienen siempre buenas intenciones y nos
vienen a dar clases de democracia acá, al Congreso. El otro día hicieron un acto patético en
las puertas de este Congreso, donde se juntaron la Biblia y el calefón.
Sr. Mayans. – Lamentable.
Sr. Pichetto. – Ese cortador de rutas profesional, que es el señor De Angelis, este rabino
fundamentalista y, seguramente, creo que andaba por ahí Castells.
También quiero hacer una reflexión, señor presidente, sobre el doble estándar que se
construye, muchas veces, desde los medios de comunicación y que algunos representantes
de las cámaras expresan. Me refiero al doble estándar de los legisladores que se van de
nuestro bloque y votan en contra del gobierno; son ídolos populares, pasan a tener la estima
de la sociedad y son reporteados por todos los medios, mientras que aquellos senadores que
deciden apoyar una propuesta del gobierno son tránsfugas, delincuentes, son Borocotó. Es
interesante este doble estándar. La forma en que funciona la sociedad argentina y cómo se
construye la comunicación está en el corazón de este debate.
Hechas esta reflexiones que me parecía fundamental efectuar, no quiero contestar
cosas que tienen que ver con el ejercicio del gobierno. El otro día, estaba mirando en la
televisión un programa de Todo Noticias, un programa político interesante de dos periodistas
que reporteaban a un economista que tiene cierta afinidad con la Unión Cívica Radical:
Javier González Fraga. Uno de los periodistas le preguntaba sobre la situación económica de
la Argentina y el economista, que es un hombre de trayectoria, que ocupó cargos
importantes y que, además, tiene una visión hasta crítica del gobierno, dijo que la economía
anda bien, que realmente hay algunos o muchos empresarios, en la Argentina, que quieren
consumir noticias apocalípticas y que, realmente, la tendencia económica de la Argentina es
favorable. Apuntó, incluso, algunos procesos de desinversión en el marco de la crisis
internacional, pero dijo que los datos de la economía real son interesantes, que la Argentina
no va a caer en default, que la Argentina tiene posibilidades grandes de recuperarse. Es muy
interesante. En realidad, lo que se consolida en la opinión pública es la visión de la
destrucción, del discurso apocalíptico, todo negativo, todo destructivo. No quiero hacer
referencias. Lo que digo es cómo se construye sobre la base de la destrucción del otro.
Acá no estamos discutiendo proyectos. A lo largo de este debate que hicimos, en
muchas oportunidades, he escuchado que la descalificación es hacia el gobierno y no hacia
el contenido de la norma, porque es el gobierno el que lo ha hecho y, entonces, está mal y éste es un gobierno autoritario.
Recién reflexionaba con mis compañeros de banca sobre los multimedios que maneja
el gobierno, una radio municipal de la Universidad de Lomas de Zamora. El “holding K”
maneja también Radio del Plata, dicen, a través de una empresa afín con el gobierno. Estos
son todos nuestros multimedios. Y cuando uno analiza el flujo de la información en la
Argentina, se da cuenta de que el 98 por ciento de la información política es realmente
contraria al gobierno, negativa al gobierno. Incluso —les digo más—, a veces, hasta tengo
una visión de los medios públicos en el sentido de que son tan plurales, tan democráticos que
hablan mal del gobierno. Es extraordinario. La verdad, es para reírse, realmente.
Yo escuché a una senadora hablando de Radio del Plata y de otros medios. Que me
diga cuáles son los otros medios, porque en el espectro de la radio y de la televisión
argentina, nadie habla bien del gobierno. Uno, cuando corre la perilla, es una cosa atroz,
especialmente en los últimos tres o cuatro meses, en que esto se ha profundizado de una
manera notoria. Ni hablar cuando uno lee los diarios a la mañana. Sería interesante
descubrirlo porque, a lo mejor, nos estamos manejando muy mal.
Ahora, vamos a entrar en algunos de los temas que tienen que ver con la ley, porque
lo que vinimos a discutir acá es una ley de medios de comunicación audiovisual, una ley que tiene un fuerte contenido democrático, superadora indudablemente de esta norma que rige
hasta ahora, la 22285, de un gobierno autoritario, un gobierno que limitó libertades. No voy
a profundizar tanto en ese tema, que es casi obvio.
Entre las cosas que se dijeron, que las hemos discutido en la Comisión, se insiste
nuevamente acá con la cuestión federal. Yo tengo un profundo respeto intelectual por el
senador Adolfo Rodríguez Saá y también por su hermano. Pero, realmente, quiero decirles
que ésta es una visión vetusta, un concepto superado por un conjunto de fallos del máximo
tribunal de la Nación al considerar este tema de la libertad de imprenta. Se trata de una
cuestión que fue producto de una consecuencia histórica producida en 1880, cuando los
diarios de Buenos Aires, ya con una presencia gravitante, agraviaban y atacaban fuertemente
la figura del caudillo Justo José de Urquiza. ¿Cuál era el miedo de estos diarios, después de
Cepeda, después de la derrota de las fuerzas porteñas en Cepeda? El miedo era que viniera
Urquiza a Buenos Aires y los metiera presos a los editores y a los jefes de redacción por
todas las barbaridades que habían dicho con carácter previo a esta batalla. Entonces, los
medios, que en ese momento ya tenían un desarrollo interesante y de fuerte gravitación en la
vida pública porteña, designan a su abogado, un eminente jurista, que era Dalmacio Vélez
Sarsfield, y hacen la incorporación de Buenos Aires y la enmienda de 1860, donde
incorporan la cláusula por la que se decía que los delitos de imprenta solamente podían ser
juzgados por jurisdicciones provinciales. Esta fue la razón histórica que discutimos el otro
día. Realmente, este tema, después, la Corte lo supera.
Usted mencionaba que el doctor Verani le acercó una información interesante.
Hubiera sido interesante, doctor Verani, que le acercara el fallo de “Río Negro c/ Nación”,
en el que en 1984, esta cuestión la resuelve la Corte, determinando claramente la
jurisdicción federal en materia de radiodifusión.
Usted recordará cuándo se planteó el tema de los derechos provinciales sobre las
radios FM, que fue una cuestión que, sin duda alguna, la Corte resolvió negando el derecho a
la provincia para tener capacidad de legislar en esta materia. El artículo 32 es una
construcción interesante, que tiene un contenido federal y que, en el fondo, reivindica
derechos de la provincia; pero no es una materia delegada. Indudablemente, la Constitución
y especialmente el ámbito de la aplicación del artículo 67 y el nuevo artículo 75, inciso 19,
en términos de la reforma de 1994, dejaron resuelto esto, en términos de la discusión
doctrinaria, y también la Corte resolvió, a través de reiterados fallos, la cuestión
jurisprudencial. Así que me parece que este tema tiene mucha contundencia, mucha entidad,
para sostener y reivindicar la jurisdicción federal en esta materia.
El otro tema que quiero plantear tiene que ver con algunas de las impugnaciones. Yo
considero que esta es una norma moderada; lo dije durante el debate y en los programas de
televisión a los que me tocó asistir. Es una norma que atiende la problemática de las grandes
empresas en la Argentina, que les permite mantener una cuota importante del espacio
audiovisual, un 35 por ciento. Otras legislaciones, como la americana, simplemente, fijan el
límite del 20 por ciento y, además, la legislación americana prohíbe que las empresas
audiovisuales tengan medios gráficos; tienen impugnaciones cruzadas, limitaciones
cruzadas. A mí me parece que el 35 por ciento es un porcentaje realmente razonable, lo
mismo que una empresa pueda tener diez canales de televisión de aire y 24 canales de cable.
Además, quiero romper con algunas argumentaciones falsas que se han vertido en
este debate: por ejemplo, que TN no va a poder ser recibido en los canales del interior. Eso
no es cierto: TN se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior. Lógicamente
que se va a tener que convertir en función de la decisión empresaria, a lo mejor, en una señal
de cable local; pero se va a poder reproducir en cada uno de los cables del interior, lo mismo
que Cadena 3. Estas argumentaciones que se han dado son falsas y se han hecho para
engañar y para instalar temas como el de la pérdida de fuentes de trabajo, que es otra falacia.
El argumento de que se van a perder fuentes de empleo tampoco es cierto, sino totalmente
falso. Por el contrario, la experiencia de la concentración determina una fuerte estratificación
en materia laboral.
La señora senadora Estenssoro —le pido disculpas por nombrarla, pero no es para
descalificarla— trabajaba en su tarea de periodista en el Canal de la Mujer y también había
un canal infantil que se llamaba Cablín. A su vez, había un canal que se llamaba P&E, que era de noticias económicas y políticas. Pues bien, todos esos canales desaparecieron en
función de la fusión y del inicio, a partir de 2003, de la concentración entre CableVisión y
Multicanal. ¿Por qué? Porque, a lo mejor, no tenían procesos de rentabilidad. Eran espacios
muy interesantes, especialmente el infantil, el económico y el Canal de la Mujer, que tenía
un matiz determinado por cuanto estaba dirigido al público femenino. Sin embargo, en
función del esquema de rentabilidad, esos canales desaparecieron. La concentración provocó
la desaparición de esos canales y de fuentes de trabajo, de espacios laborales. Precisamente,
lo que plantea la ley es la apertura de nuevos espacios, de nuevos lugares de trabajo,
fundamentalmente para el periodista, que es el destinatario de esto.
El proyecto de ley es moderado, democrático y limita en el 35 por ciento,
permitiendo que distintas empresas puedan mantener una posición razonable, no dominante.
El corazón del debate de este proyecto de ley es el tema de la posición dominante, por no
llamarla casi monopólica. A mí me parece que ese es el tema central.
A continuación, voy a contestar algunas cosas que tienen que ver con el pasado y,
además, con experiencias personales que me tocaron vivir como senador. Tengo una mirada
sobre el pasado mucho más benevolente que algunos de los senadores que han hablado,
porque creo que las cosas hay que ponerlas en el contexto histórico; o sea, en el momento en
que ocurrían esas cosas.
En un momento muy dramático de la vida de los argentinos, con la caída de la
convertibilidad, con un quiebre en la credibilidad del sistema democrático, ustedes
recordarán esa consigna que era casi nihilista de la sociedad “que se vayan todos”, y en ese
proceso, este Congreso, indudablemente, tomó algunas decisiones que yo califico de
importantes y a las que algunos especialistas en materia de quiebras se opusieron
terminantemente; eran aquellos que también estaban ligados a fuertes intereses financieros.
Algunos senadores defendieron la posición desde el punto de vista jurídico, pero yo no estoy
hablando de ellos. Lo que digo es que hubo fuertes cuestionamientos de los acreedores
financieros, no solamente de las empresas de medios, sino de todas las empresas argentinas.
Nuestro primer intento, en el marco de la crisis en la que asumió el doctor Duhalde,
fue la reforma de la ley de quiebras, donde eliminábamos el instituto del crawn down para
todas las empresas de la Argentina que tenían deudas, porque entendíamos que era
fundamental en ese momento de la crisis más profunda del país tratar de preservar el capital
nacional de las empresas. Y el mecanismo del crawn down, que fue una reforma que instaló
el doctor Cavallo, que es el viejo instituto del aplastamiento por el cual el acreedor
financiero se queda con la empresa productiva era, indudablemente, un buen instrumento
que había que sacarlo de circulación para evitar que los acreedores financieros se quedaran
con las empresas argentinas. Esa ley no pudo sostenerse por la presión del establishment
financiero de la Argentina, que tenía terminales en los Estados Unidos y en otros lugares del
mundo. Hubo una fuerte presión en ese sentido; incluso, hay un libro de Eduardo Amadeo
que transmite fuertemente esas horas terribles que vivió el ex presidente Duhalde y todas las
presiones que sufrió, las que determinaron un cambio a través del propio Congreso de esa
ley. Finalmente, tuvimos que revertir la ley de quiebras.
Como producto de esa decisión política y frente al riesgo que corrían todas las
empresas de medios de la Argentina, que corrían un grave riesgo de trasnacionalización y de
que la comunicación argentina quedara en manos de extranjeros, entendíamos que era
conveniente y, además, un instrumento necesario trabajar sobre la idea de bienes culturales.
Hay un libro que narra la biografía de Héctor Magnetto, que yo diría que es una
biografía casi autorizada escrita por un eminente periodista de extracción radical, José
Ignacio López. En uno de los capítulos trata esta temática de la ley de bienes culturales que
salvó prácticamente a todas las empresas gráficas y de medios audiovisuales de la Argentina,
que un medio gráfico la denominaba con el nombre de “ley Clarín”. En realidad, era la “ley
La Nación”, porque esta era una de las principales empresas endeudadas con el Citibank:
debía 80 millones de dólares por la construcción del edificio. En ese momento era una de las
empresas más complejas. Clarín tenía problemas desde el punto de vista de la conversión de
la deuda en el exterior. Y también tenían problemas como Crónica y el propio Ámbito
Financiero y Canal 9. Por lo tanto, consideramos que fue muy importante para la vida pública de la
Argentina mantener los medios de comunicación en manos de capitales nacionales. Esta ley
instala claramente que un 70 por ciento tiene que ser nacional y un 30 por ciento extranjero,
según el esquema de conformación de las empresas de medios. Porque entendemos que la
información y la comunicación son muy importantes y es preferible y conveniente a los
intereses del país, con una visión argentina, que sean los argentinos los que emitan la
información, y que sean las empresas nacionales las que den la información en la Argentina.
Esto fue una decisión importante de este Congreso. Puede tener opiniones y visiones críticas,
pero configuró un verdadero avance y una verdadera protección de las empresas de bienes
culturales, incluyendo las empresas audiovisuales y las empresas gráficas, las empresas
culturales, todo lo referido a la industria del cine, a la comunicación, a la radio y al libro
también, como bien me señala el senador Pampuro.
Así que yo reivindico plenamente la ley de bienes culturales. Además, soy el autor de
dicha ley y no la considero de ninguna manera una mancha en el legajo. Al contrario, creo
que es uno de los hechos más importantes, como lo fue el proyecto de ley de quiebras, que
era un proyecto de contenido revolucionario, en un momento de crisis de la Argentina,
donde los acreedores, en lugar de apoderarse de la empresa, tenían que formar parte de ella
como simples directores, sin tener la capacidad de decisión. Era una ley de la crisis, que no
pudo soportar la presión internacional.
En su momento, tampoco pudimos soportar el sostenimiento de la Ley 20840, en
orden a la cuestión denominada ley de subversión financiera. Los banqueros y las
organizaciones financieras en la Argentina presionaron fuerte, ya que tenían miedo de que
muchos gerentes y directores de bancos que se habían quedado con los dineros del corralito
pudieran ir presos; habían determinado el riesgo y la posibilidad de que ello ocurriera. Esta
es la historia, y la vivimos muchos de los senadores que estamos acá esta noche. Fuimos
parte de esa historia y no tiene beneficio de inventario.
Quiero, también, hacer una referencia al decreto 527, tan difamado últimamente, que
conformó una decisión política del gobierno nacional. De este gobierno “depredador de los
medios”, según algunas calificaciones que he escuchado esta noche; de este gobierno que se
come todo, hasta los chicos; que se queda con todas las radios, que los empresarios K y los
contratistas compran. Ojalá hubieran comprado algún canal. Por lo menos, escucharíamos
alguna noticia buena del gobierno. Han comprado alguna radio. No sé qué porcentaje tiene
en la audiencia. Es importante, no descalifico a la radio. Digo: la verdad, muchachos, no hay
nada.
El gobierno tomó el decreto 527 en la misma línea y en el mismo espíritu de lo que
significó la ley de bienes culturales. El decreto 527 tuvo como finalidad la preservación de
numerosas empresas. No de una empresa, como decía recién el senador Sanz. Me permito
corregirlo, senador. El 527 prorrogó las licencias de la firma CableVisión; Multicanal;
Supercanal —que también tiene, además, dos canales de aire en su provincia: el 7 y el 9, que
estaban en una situación de riesgo o en concurso preventivo—; Canal 9, Telearte; Canal 2,
América; Radiodifusora del Carmen; LU33 Radiodifusora Pampeana; LU2 Radio Bahía
Blanca y un sinnúmero más de empresas radiales que estaban en concurso preventivo.
Indudablemente, el vencimiento de las licencias las colocaba afuera de la posibilidad del
acuerdo preventivo. Si no había prórroga, no había acuerdo preventivo y estas empresas iban
a la quiebra como camino inexorable. Porque, si no hay acuerdo en el concurso preventivo,
lógicamente el plazo límite de la licencia se terminaba, no hay ecuación financiera que cierre
y estas empresas tenían que quebrar. El motivo fue éste. Ésta fue la decisión, y no tenemos
nada de qué arrepentirnos. Creemos que hemos hecho lo que correspondía en esa coyuntura
histórica, en 2005.
Por otra parte, hay que mantener el decreto 527. No hay que derogarlo, porque hace a
esta famosa declamación que hacen muchos senadores, de la boca para fuera, que tiene que
ver con los derechos adquiridos.
Para terminar, quiero, simplemente, referirme al dictamen que ha construido la
Unión Cívica Radical. Le hemos dado realmente una lectura muy apurada, porque fue un
dictamen que se presentó hoy por la mañana. Debemos reconocer el esfuerzo que ha hecho
el bloque radical y, seguramente, —como ha dicho el senador Sanz— el aporte intelectual que han hecho muchos de los colaboradores. Pero debo decir que, en algunos artículos, hay
profundas contradicciones, graves afectaciones a derechos adquiridos; meten a las
telefónicas dentro de esta ley; meten el esquema del sistema de telecomunicaciones, bandera
que la diputada Silvia Giudice se cansó de repetir y que no forma parte de esta ley.
Lo vamos a decir cuando hagamos el debate en particular, para terminar con
cualquier argumento falaz. El tema de las telefónicas no forma parte de esta ley. ¿Que en el
futuro habrá que discutir este tema? Por supuesto, porque el avance tecnológico no se puede
frenar con el mero voluntarismo. Habrá que ver cómo entran, cómo ordenamos, cómo
limitamos, cómo hacemos posible la supervivencia de los sistemas de cable, de las pymes,
etcétera.
Entre paréntesis, quiero adelantarles que nos vamos a quedar hasta terminar.
Tenemos el compromiso de agotar este debate en particular hasta el final, hasta el fondo.
Pero voy al artículo 161, a este famoso artículo 161, donde nos imputan que hacemos
coacción sobre las empresas para la desinversión; que tienen un año, plazo relativamente
corto.
El tema del plazo ya lo explicó el senador Fernández. No es un año. Son más de dos
años. Hay que conformar la estructura de la autoridad de aplicación, el Consejo Federal; hay
que determinar también las pautas de la transición. En fin, son más de dos años.
Pero fundamentalmente, quiero analizar brevemente el proyecto que presenta la
Unión Cívica Radical. Tiene dos elementos. Por un lado, plantea una amnistía para aquellos
que están fuera de la ley. Mire qué interesante. Establece un mecanismo de un año para
aquellos que tienen más licencias de las que establece esta Ley 22285; un blanqueo. Es
interesante este tema de la amnistía. Benefician a los infractores que tienen exceso de
licencias.
Otro aspecto contradictorio y central de la Unión Cívica Radical…

— Murmullos en las bancas.

Sr. Morales. — Está leyendo mal.

Sr. Pichetto. — Yo los escuché. Vamos a discutirlo en particular después. Voy a leerlo,
claro que voy a leerlo.

— Murmullos en las bancas.

Sr. Morales. — Estudie un poco.

Sr. Pichetto. — No; yo estudié, los que no estudian son ustedes.

Sr. Presidente. — No dialoguen, por favor.
Continúe, senador.

Sr. Pichetto. — Senadora, yo la escuché con atención todas las veces que usted habló. Le pido que no me interrumpa, presidente.
Otro aspecto contradictorio es que la UCR, en la Cámara de Diputados —como dije
recién—, bregó incansablemente para que el sistema de comunicaciones no forme parte de
esta ley de medios de comunicación audiovisuales. Sin embargo, en este dictamen,
proponen meterse de lleno en el régimen de telecomunicaciones; ordenan desinvertir en
materia de telecomunicaciones; da como organismo de aplicación a la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia. Todavía nos preguntamos por qué aparece este tema.
Realmente, es sugestivo. Tendrá que ver con Telecom, tendrá que ver con algún tema… No
sé, es realmente muy sugestivo.
Además, me pregunto por qué se mete con un servicio público que tiene que ver con
la telefonía. Es muy interesante esto. Cabe preguntarse por qué meten este tema acá, en este
dictamen. Por qué meten este tema, que no tiene nada que ver, y que vamos a decir, en el
artículo 2/ y en todos los artículos, que la interpretación auténtica del legislador y de este
Congreso, cuando votemos, es que las telefónicas no forman parte de este debate. Porque la
presidenta las excluyó, para terminar con un falso debate y una falsa discusión; que era que
veníamos a quedarnos con el negocio; que venía Telecom, los socios argentinos y no sé
quién —el fantasma Benito o el conde Drácula— a quedarse con todo.
El otro tema interesante es el artículo 19, sobre el federalismo. Nuestro proyecto
plantea una representación de la autoridad de aplicación en todas las ciudades capitales y en
todas aquellas ciudades de más de 500 mil habitantes. El dictamen de la Unión Cívica Radical elimina esto último, y ciudades importantes, como Mar del Plata o Bahía Blanca, no
van a tener un representante de la autoridad de aplicación.
El otro tema tiene que ver con los contenidos. Este tema lo plantea también el
dictamen de la Unión Cívica Radical. Dice que deben emitir opinión sobre la calidad
educativa, cultural, informativa y de entretenimiento de los servicios audiovisuales. No
existe ninguna norma.
En este sentido, yo quiero aclarar la cuestión de los contenidos porque tiene que ver
con la cuota de música nacional que están obligados a pasar los medios audiovisuales en la
difusión en la Argentina. Reivindican la cultura nacional, la música nacional; el trabajo de
actores y músicos; tratar de generar empleo en la Argentina. A mí me parece que es una muy
buena decisión, que no tiene nada que ver con el contenido o con un intento discrecional del
Estado de querer limitar la libertad de expresión del periodista o de tratar de condicionar esa
información. Tiene que ver con una definición política de alentar la industria nacional, la
industria de la música popular argentina, indudablemente, frente a una fuerte presencia de
música extranjera en el país. Hace a nuestra cultura y hace también a la ratificación de una
consolidación cultural y de una autoestima que a veces sentimos que perdemos en nuestras
propias manifestaciones.
El otro tema que para mí es central —uno de los temas más neurálgicos que
erróneamente plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical— es el del artículo 46 donde
confunde la televisión móvil con la prestación de la telefonía celular. O lo que es peor: cree
que el aparato receptor es asimilable al sistema de transmisión. Es cuanto menos un
desconocimiento manifiesto de los más mínimos conceptos de las nuevas tecnologías.
Este es un tema realmente grave. Creo que es un error. Es un problema de
desconocimiento de la materia. Realmente, me parece que es imposible de sostener.
La otra cuestión tiene que ver con la publicidad oficial. ¡Fíjense qué interesantes son
las pautas de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical!
Establece, primero, un sistema de instalación del medio en función de su desarrollo.
Establece, además, un sistema de concurso donde el que gana se lleva el 50 por ciento; el
segundo se lleva el 30; el tercero, el 20; y los demás, los chiquitos —los locales— se quedan
mirando cómo se distribuye la mecánica de la publicidad oficial.
Imaginemos una campaña del dengue o de la gripe A. ¡A los argentinos les gusta
dramatizar estos temas! Nos inundamos con el dengue, con la gripe A; fundimos ciudades
turísticas. Repetimos las cosas y, además, todos salen a hablar tonterías. Sería una campaña
nacional donde se difunde el consumo de determinado medicamento. Lógicamente, esto se
va a concentrar en una gran empresa: en la gran empresa que concentra indudablemente el
mayor desarrollo desde el punto de vista de la comunicación; la segunda empresa
multimedia y, por último, la tercera empresa en esa escala. Las pequeñas empresas, los
medios locales de difusión en las provincias, no van a agarrar un céntimo de esta pauta de
distribución de la publicidad oficial que plantea el dictamen de la Unión Cívica Radical.
En su discurso, el senador Petcoff Naidenoff ha planteado el tema del Estatuto del
Periodista como si éste no existiera. Está vigente. Es la Ley 12908, que está plenamente
vigente. También escuché a la senadora Estenssoro hablar de este tema.
Otro de los temas que plantean es que las cooperativas no pueden ingresar en
localidades pequeñas, de menos de 30 mil habitantes. Realmente es un absurdo: ¡un absurdo
total! Creo que los socialistas no van a avalar este tema. En los pueblos pequeños de nuestro
interior, de las provincias, ¿quiénes, si no las cooperativas, son las que dan este tipo de
servicios, si no hay rentabilidad para establecer proyectos de desarrollo audiovisual o de
cable físico en localidades pequeñas? Es precisamente el espacio de la cooperativa como
espacio comunitario, que a lo mejor tiene también el servicio de la luz, el del gas o el del
agua, el que puede afrontar también el sistema de cable: realmente, una incoherencia
increíble.
Estos son algunos de los aspectos del debate en particular de este dictamen planteado
por la Unión Cívica Radical.
Por primera vez podemos discutir de proyecto a proyecto. Por primera vez, en lugar
de descalificar al gobierno —más allá de que pueda haber errores o cosas que no
compartimos— estamos discutiendo sobre la base de un proyecto alternativo. ¡Esta es la verdadera discusión democrática! Caso contrario, simplemente se trata de la descalificación
en el sentido de que porque lo hace el gobierno está mal, porque este gobierno es autoritario
y demás. Esas suelen ser las cosas que se dicen con una ligereza extraordinaria en la
Argentina. Es más, un diputado habló de sangre; se dice cualquier cosa y con total
impunidad en nuestro país.
No quiero extenderme más. Por lo tanto, adelanto que nosotros respaldaremos este
proyecto en general y en particular. Mi bloque votará afirmativamente el proyecto de ley
venido en revisión de Diputados porque tiene reformas importantes; porque hubo un
consenso plural importante; y porque vino mucha gente a manifestarnos que lo aprobemos
tal como vino de la Cámara baja.
Estamos dando un primer paso. Ninguna norma es perfecta, a perpetuidad, ni se
escribe en la piedra, como le dije hoy a un periodista. Seguramente, en el futuro esta ley
pueda ser corregida y, a lo mejor, en poco tiempo —en uno o dos años— habrá que afrontar
el debate relacionado con las telefónicas. Sin embargo, la que estamos considerando es una
norma superior a la vigente; es un avance; es un paso gigantesco en esta discusión realmente
importante que hace a la consolidación de la democracia en la Argentina.
Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente. — Pasamos a votar los pedidos de inserción.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Quedan aprobadas las inserciones.3
Se va a votar el proyecto de ley en general.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa, y 24 por la negativa

— El resultado de la votación surge del acta N°…4

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto en general.
Pasamos al tratamiento en particular.
En consideración el Título I, Disposiciones Generales, Capítulo I, artículos 1° a 3°.
Tiene la palabra el señor senador Morales. Dispone de cinco minutos, a más tardar; y
si es más breve, mejor.

Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros tenemos una propuesta diferente respecto del
artículo 2°.
En ese sentido, respecto del primer párrafo planteamos la eliminación del siguiente
texto: “… los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las
plataformas de transmisión disponibles”.
Al suprimirse ese párrafo se elimina cualquier tipo de dudas acerca de la
incorporación de las telefónicas.

Sr. Pichetto. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Morales?

Sr. Morales. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: hay una decisión política que respetamos en todos los
debates. En esta oportunidad, habíamos autorizado la presencia de cuatro representantes del
COMFER. En consecuencia, pido que se ordenen las galerías.
El objetivo es que nadie se sienta perturbado. Nosotros somos respetuosos de las
reglas que establecemos. A los compañeros les pedimos que pasen al salón del costado,
llevemos el debate sin ruido y avancemos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: recién hubo gritos y aplausos y no es lo que
habíamos convenido. Por eso le pido, por favor, así podemos escuchar las distintas
posiciones con tranquilidad y que no rompamos las reglas que venimos manteniendo
siempre en este cuerpo, y que nos ha diferenciado: en un marco de respeto y de prudencia.
Nunca hemos aceptado barras.

Sr. Presidente. — El Prosecretario Administrativo se está dirigiendo a la última grada para
ordenar el tema.
Le pido silencio, por favor, a los señores periodistas y a todos los que están aquí
presentes.

Sr. Presidente. —Continúe, senador Morales.

Sr. Morales. — ¿Está desocupando ahí, señor presidente?

Sr. Presidente. — Sí.

Sr. Morales. — Planteamos la eliminación de ese texto que acabo de leer.
Luego hay un cambio formal en el artículo 3º. Planteamos directamente utilizar la
expresión “son objetivos de esta ley…”.
Entonces, en ese Capítulo, del artículo 1º al 3º, votamos afirmativamente el artículo
1º, el cambio que acabamos de sugerir en el artículo 2º y un cambio de forma en el artículo 3º.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: en el artículo 2º, no sé si lo ha mencionado recién el senador Morales, donde en la versión de la sanción de la Cámara de Diputados dice “El
objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente…”.
Proponeos reemplazarlo por el siguiente: “El objeto primordial de la regulación de los
servicios alcanzados en la presente ley…”. Es un cambio conceptual en la descripción del tema.
Sr. Presidente. — Vamos a votar el artículo 1º, y después votamos los artículos 2º y 3º.

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Hemos esperado 26 años. Esperemos un minuto más y hagamos las cosas
bien.
Si no hay oposición, se va a votar el artículo 1º.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 55 votos por la afirmativa y 13 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …1

Sr. Presidente. — Queda aprobado entonces el artículo 1º.
Vamos a votar los artículos 2º y 3º en forma conjunta.
Si no hay oposición, se va a votar.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa y 25 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …2

Sr. Presidente. — Quedan aprobadoslos artículos 2º y 3º. Terminamos con el Capítulo I.
En consideración el Capítulo II para terminar el Título I. Va del artículo 4º al 9.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Gracias, presidente.
Antes de entrar en la fundamentación del artículo 4/ quiero decir que hace un rato yo
le había pedido una interrupción al senador Ríos, que no me la quiso conceder, porque él dijo
que nadie advirtió nada cuando se consolidaba el monopolio u oligopolio. Eso es falso
porque en la sesión del 12 de junio de 2002, en esta Cámara, cuando yo me oponía al
proyecto del senador Pichetto sobre bienes culturales dije claramente que esta norma que se
iba a sancionar estaba impulsada por un grupo económico dueño de medios de
comunicación, que se convertirá en un privilegio más para dicho grupo monopólico que
tendrá el poder de tener una zona de reserva económica y presionará, comprará y controlará a
los pequeños medios del interior del país, como ya lo hizo. Eso dije en junio de 2002, señor
presidente.

Sr. Mayans. — ¡Pero eso no tiene nada que ver con este artículo que estamos votando!

Sra. Escudero. — Creo que ha sido este gobierno, y el senador Pichetto también con los
proyectos que impulsaba en ese momento, quienes consolidaron el grupo monopólico, y
ahora todos hablan de ese monopolio. Y así como se llevaron el Congreso por adelante en
ese momento hoy se llevan por delante la Constitución Nacional y las leyes que el país ha
aprobado.
Sr. Pichetto.— ¡Señor presidente: le pido que se remita al artículo en tratamiento!

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Silencio, por favor.

Sra. Escudero. — Señor presidente…

Sr. Pichetto.— ¡Le pido que se límite al artículo! ¡Ya habló la senadora!

Sra. Escudero. — En el artículo 4/ quiero cuestionar la definición de radiodifusión.
La definición de radiodifusión que contiene el artículo 4/ es incompatible con la
definición adoptada en el marco del Convenio Internacional de Comunicaciones, Convenio
de Nairobi de 1982, ratificado por nuestro país por la ley 23478 de 1986. Y es muy
importante que en materia de uso del espectro radioeléctrico, que es un bien de la
humanidad, los conceptos sean los acordados en los convenios internacionales porque esto
tiene consecuencias internacionales.
Allí se estableció, en el punto 2012 del Anexo II, que la radiodifusión es el servicio
de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el
público en general.
Aquí estamos hablando de público determinado o determinable, indeterminado o
determinable, cuestión que se aparta del Convenio de Nairobi. Pero, además, crea una
categoría: radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico.
Quiero aquí recordar que radiodifusión es un medio técnico de telecomunicación
basado en los principios de la radioelectricidad. La radiodifusión es la transmisión por vía
radioeléctrica para el público de sonidos e imágenes: radioeléctrica. Lo que es vínculo físico
de ninguna manera puede ser radiodifusión.
De esta manera, señor presidente, usando un concepto que no es el correcto, se está
forzando esta norma a regular en aspectos en los que no tiene competencia este Congreso
como en el caso de la regulación del servicio de televisión por cable que no usa espectro, que
usa vínculo físico y que no sale de los límites de una provincia.
Esa es mi objeción al artículo 4/.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — En el apartado “Autorización”, donde figura la expresión “título que habilita
a las personas de derecho público estatal y no estatal y a las universidades nacionales e
institutos universitarios nacionales” solicitamos agregar “y pueblos originarios”, para seguir
en la lógica de todas las organizaciones de la sociedad civil que se incorporan.
Otra modificación en el artículo 4/. Cuando se define “publicidad” nosotros hablamos
de publicidad oficial con el siguiente texto que proponemos incorporar: Todo aviso,
comunicación o anuncio realizado a través de medios de comunicación audiovisual dispuesto
por la administración nacional central y organismos descentralizados y demás, antes que
conformen el sector público nacional, de conformidad con lo prescripto en el artículo 48 de
la ley 24156.
Esos son los dos cambios propuestos para el artículo 4/.
En el artículo 6/ proponemos una redacción simplificada en el sentido de que va a
quedar sujeta a la reglamentación de la autoridad de aplicación, manteniendo que se
consideran servicios conexos y habilitados a la prestación por licenciatarios y autorizados,
teletexto y guía electrónica de programa.
Y luego en el artículo 7° se modifica “Poder Ejecutivo nacional” por “autoridad de
aplicación”.
Esos son los cambios propuestos para este Capítulo.
Con lo cual, respecto del artículo 4°, si no fueran aceptados los cambios, lo
votaremos en contra; el 5° a favor; el 6° y 7° si no se aceptaran los cambios los vamos a
votar en contra; y el 8° lo votaremos a favor.
Respecto del artículo 9°, planteamos modificar el inciso h) referido a las señales de
alcance internacional que se reciban en el territorio nacional. Allí proponemos hablar de las
señales internacionales que retransmitan toda su programación en idioma extranjero.
En síntesis: votaremos en contra si no se aceptaran los cambios a los artículos 4°, 6°.
7° y 9°; y votaremos a favor del 5° y del 8°.
Sr. Presidente. — ¿Alguna consideración sobre esto?
Si se comparte, votaríamos por grupos: primero los artículos 4°, 6°, 7° y 9, y después
el 5° y el 8°.
En consideración el proyecto de la mayoría, artículos 4°, 6°, 7° y 9.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa y 25 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° … 5

Sr. Presidente. — Quedan aprobados, entonces, los artículos 4°, 6°, 7° y 9 del Capítulo II
del Título I.
En consideración los artículos 5° y 8°. Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 55 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° … 6

Sr. Presidente. — Quedan aprobados, entonces, los artículos 5° y 8° del Capítulo II.
Por lo tanto, terminamos el Capítulo II. Queda aprobado el Título I, sobre
Disposiciones Generales.
En consideración el Título II, Autoridades: Capítulo I, artículos 10 a 14.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: en el artículo 12, inciso 21), se establece que la
autoridad de aplicación deberá registrar al personal técnico de locución que se desempeñe en
los servicios de radiodifusión y comunicación audiovisual. Esto es absolutamente
inconstitucional. La facultad de registrar y habilitar a los trabajadores en cada una de las
provincias argentinas no puede ser jamás una atribución federal.
En segundo lugar, esto nos permite hacer una analogía con la imposibilidad de
establecer la colegiación obligatoria de periodistas. Esta obligación está en contra del
artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos incorporada con rango
constitucional en 1994, y asimismo es contraria al principio 6 de la Declaración de Principios
sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana que dice que toda persona
tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación
obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen
una restricción ilegítima a la libertad de expresión.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: tenemos propuestas de modificación para el artículo 10.
Como planteamos en el tratamiento en general, nosotros pretendemos que el nivel de
autonomía de la autoridad de aplicación, en primer lugar, no depende de ningún órgano del
Poder Ejecutivo, de ninguno de los ministerios, especialmente de la Jefatura de Gabinete. La
estructura que planteamos es similar a la del Ministerio Público Fiscal.
Por lo tanto, en el artículo 10 planteamos el reemplazo del texto aprobado por la
Cámara de Diputados. Donde dice: …organismo descentralizado y autárquico en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional…, sugerimos sacarlo del ámbito del Poder Ejecutivo y agregar
el siguiente texto: un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera
ejerce sus funciones con unidad de actuación e independencia en coordinación con las demás
autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de
órganos ajenos a su estructura. Total autonomía de la autoridad de aplicación.
En el artículo 11, también en línea con esta modificación del artículo 10, decimos que
actuará con plena autonomía funcional y gozará de autarquía financiera.
En el artículo 12, eliminamos el inciso 19, que dice: garantizar el respeto a la
Constitución Nacional, las Leyes… Nos parece que…

Sr. Presidente.— ¿En el artículo 12?

Sr. Morales.— Sí, señor presidente. Eliminamos el inciso 19.
En el artículo 14, está el cambio de fondo que planteamos. Tomamos la composición
propuesta por la sanción de la Cámara de Diputados, pero con una salvedad en el primer
párrafo del artículo 14, donde se establece que los siete miembros serán nombrados por el
Poder Ejecutivo nacional. Nosotros establecemos un sistema de propuestas similar a la de la
sanción de Diputados, pero con la diferencia de que la designación la hace el Senado.

Entonces, decimos: en carácter de directores, los que serán designados por dos tercios de los
miembros presentes del Senado de la Nación.
También agregamos los siguientes párrafos, que dicen: El Poder Ejecutivo nacional,
el presidente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual y el presidente del Consejo Federal remitirán a la Comisión de Acuerdos del
Senado, en el plazo perentorio e improrrogable de 60 días, previo a la finalización del
mandato del directorio vigente, los nombres de los directores propuestos con todos sus
antecedentes, la que seguirá el procedimiento establecido para la designación de magistrados
del Poder Judicial, con la respectiva publicación de edictos y llamado a audiencia pública. La
Cámara de Senadores, en audiencia pública convocada al efecto, considerará
simultáneamente —acá no está la posibilidad de elegirlos en oportunidades diferentes—
todas las vacantes a cubrir y se pronunciarán sobre ellos. Los directores serán designados por
resolución del Senado de la Nación.
Entonces, establecemos los dos tercios, simultaneidad y el sistema de audiencias,
como está previsto en el Decreto 222 para la selección de los miembros de la Corte. Esa es la
propuesta que hacemos para el artículo 14.
Al final, sugerimos un párrafo que plantea el quórum para que, frente a la posibilidad
de que no haya cobertura de la totalidad de los miembros por renuncia —como ha ocurrido
con miembros de la Corte—, decimos: el quórum del directorio de la autoridad de aplicación
de los servicios será de cinco miembros. Las decisiones serán adoptadas por mayoría
absoluta de los presentes. Esos son los cambios que proponemos para los artículos 10,
11, 12 y 14. El artículo 13 lo votamos como figura en el texto. Si no se aceptan los cambios
en los demás artículos, los votaremos negativamente.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: el artículo 14, cuando se habla de dos directores a
propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, dice: debiendo uno de ellos ser
académico o representante de las facultades o carreras de las Ciencias de la Información. Me
parece que aquí debe haber algo erróneo. Digo esto porque una Facultad podría proponer
como representante a un académico que no sea pertinente para esto. Me parece que hay un
error en el texto. Habría que corregirlo de modo tal que se garantice lo que se quiere
garantizar, y es que la pertinencia académica sea la de ser periodista o un especialista en las
ciencias de la información, y no un representante de esas facultades, porque su condición
podría ser la de un idóneo en otra materia.
Esta es la propuesta que hago.

Sr. Presidente. — Entonces, en el artículo 13 no hay ninguna observación.
Vamos a votar los artículos 10, 11, 12 y 14.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente: he manifestado que voy a votar negativamente el artículo
14, no así los otros que usted ha mencionado, de modo que pido que el artículo 14 se vote de
manera separada.

Sr. Presidente. — Se van a votar los artículos 10, 11 y 12.
Tiene la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente: quiero dejar constancia de nuestro voto negativo tanto
en general como en particular, porque consideramos que la autoridad de aplicación tiene
amplios poderes para restringir la libertad de expresión que está consagrada por los artículos
14 y 32 de la Constitución Nacional y por el Pacto de San José de Costa Rica. Además,
creemos que se vulneran derechos adquiridos.

Sr. Presidente. — Como dije recién, se van a votar los artículos 10, 11 y 12.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos y 25 negativos.
– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 7

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 10, 11 y 12 del Capítulo I.
Se va a votar el artículo 13, Presupuesto, que no tiene
ninguna observación.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53 votos afirmativos y 15 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 8

Sr. Secretario (Estrada) – Senadora Gallego: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Gallego. – Voto por la afirmativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 54 votos afirmativos y 15 negativos.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 13.
Se va a votar el artículo 14, Directorio.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40 votos afirmativos y 29 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 9

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 14.
En consideración el Capítulo II, artículos 15 a 17.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: en el caso del Consejo Federal de Comunicación y las
misiones y funciones, planteamos en el inciso m) del artículo 15 el siguiente cambio:
proponer por mayoría de dos tercios de los miembros, para su selección por el Senado de la
Nación, dos (2) directores de la Autoridad Federal de Servicios. También, que el Consejo
Federal tenga ese grado de consenso para seleccionar las propuestas para el Consejo, en la
autoridad de aplicación. Y, en el inciso n), proponer, por mayoría de dos tercios, para
selección por el Senado de la Nación, los dos directores de Radio y Televisión Argentina
Sociedad del Estado, también para el caso de los medios públicos. Luego, en el inciso o),
elaborar y remitir a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual un informe anual de publicidad oficial adjudicada por los
organismos enumerados en el artículo 8 de la ley 24156, en el que incluirá el objetivo de la
campaña; identificación del medio contratado, la dependencia adjudicataria; su monto y
forma de pago, a fin de poder evaluar si se ha logrado la efectividad de los mensajes
oficiales. Este informe —agregamos— deberá ser publicado tanto en el sitio Internet de la
autoridad de aplicación como en el sitio Internet de la Comisión Bicameral de Promoción y
Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
En el artículo 16, en el penúltimo párrafo, dice el texto de la media sanción: Los
representantes designados durarán dos años en su función, se desempeñarán en forma
honoraria y podrán ser sustituidos… Allí, decimos que serán sustituidos o removidos por el
Poder Ejecutivo a solicitud expresa de la misma entidad. Le quitamos la facultad al
Ejecutivo.
Así que planteamos modificaciones en el 15 y en el 16, nada más y dejamos el 17 a
favor. Hay un cambio formal ahí, que podemos votar a favor.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar, entonces, los artículos 15
y 16 con las modificaciones propuestas.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos afirmativos y 25 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N° …….10

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 15 y 16.
En consideración el artículo 17.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53 votos afirmativos y 16 negativos.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 17 y completamos el Capítulo II.
En consideración el Capítulo III, que tiene un solo artículo, el 18, Comisión
Bicameral.
Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – En el 18, planteamos que la Presidencia de la Comisión Bicameral tiene
que ser de la oposición. El presidente de la Comisión Bicameral será designado a propuesta
del bloque político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Luego, en el inciso a), hay un cambio de texto: constituir y ejercer la coordinación
entre el Congreso nacional y la autoridad de aplicación a los efectos del cumplimiento de la
presente ley. En el d): Recibir y evaluar el informe presentado por el Consejo Federal de
Comunicación Audiovisual respecto de la publicidad oficial e informar a sus respectivos
cuerpos orgánicos, dando a publicidad sus conclusiones, en línea con los cambios que
propusimos antes. En el inciso h): Remover a los directores de la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual por el voto de los dos tercios del total de los
integrantes mediante el procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el
derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente
fundada en las causales previstas. Y el último inciso: Requerir informes y documentos de
toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la
presente ley. Estos serían los cambios para la Comisión Bicameral, artículo 18.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 18 con las
modificaciones propuestas.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 43 votos por la afirmativa y 25 por la negativa.

Sr. Presidente.- Señor senador Nikisch: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Nikisch.- Negativo.

Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, se registran 43 votos afirmativos y 26 negativos.

Sr. Presidente.- Queda aprobado el Capítulo III, artículo 18.
En consideración el Capítulo IV, artículos 19 y 20.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- En este caso, vamos a dejar de lado un cambio de forma que teníamos
previsto para el artículo 19.
Por otro lado, en el artículo 20, se propone la elección del Defensor del Público, y
nosotros, en línea con el sistema de la Defensoría del Pueblo, planteamos que será designado
por la mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Lo mismo sostenemos en el caso de la
remoción, que figura en el penúltimo párrafo, donde pedimos que sea por mayoría de dos
tercios de ambas Cámaras.

Sr. Presidente.- Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
artículo 19.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 52 votos afirmativos y 16 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/…….11

Sr. Presidente.- Queda aprobado el artículo 19.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el artículo 20.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 43 votos afirmativos y 25 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/…….12

Sr. Presidente.- Queda aprobado el artículo 20.
En consideración el Título III, Capítulo I, artículos 21 a 31 inclusive.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero.- Señor presidente: quiero fundamentar mis objeciones a los artículos 24, 25,
28 y 30. No sé si hacerlo todo en conjunto o lo hago de a uno por vez.

Sr. Presidente.- Hágalo todo en conjunto.

Sra. Escudero.- El artículo 24 establece las condiciones de admisibilidad para las personas
físicas: en el inciso h) hay una norma que viola el artículo 16 de la Constitución Nacional
porque la limitación de no ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, militar o
personal seguridad en actividad no se aplica cuando se es miembro de una entidad sin fines
de lucro. Me parece que la concesión o no de licencias para manejar servicios de comunicación debe tener iguales limitaciones para todas las personas físicas y no si se trata
de una entidad con fines de lucro o no. Esto está referido al artículo 24.
En cuanto al artículo 25, si queremos realmente evitar los monopolios, habría que
agregar al inciso d) la prohibición de ser contratista o licenciatario del Estado nacional.
En el artículo 28, requisitos generales, se dice que la autoridad de aplicación deberá
evaluar las propuestas para la adjudicación de licencias, teniendo en cuenta la base de
arraigo y propuesta comunicacional. Son tan vagos estos términos empleados que le dan una
absoluta y total discrecional a la autoridad Poder Ejecutivo, en el caso de las licencias
importantes, violando los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional.
El artículo 30 establece las excepciones y aquí se discutió mucho el ingreso o no de
las cooperativas.
Aquí estamos hablando de situaciones que no usan espectro; situaciones de medios
que van a utilizar el cable, el vínculo físico. Por lo tanto, no entrarían. Este Congreso no
tiene competencia para legislar porque no usa espectro radioeléctrico. Este es un tema local
que tendrá que resolver cada provincia, el ingreso o no de las cooperativas a prestar servicios
de cable. Viola, entonces el artículo 32, el artículo 14 y el artículo 124 de la Constitución
nacional, que reservó para las provincias el dominio originario de todos sus recursos
naturales existentes en el territorio, como bien lo explicó el senador Verani en el tratamiento
en general.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: primero, en el artículo 21, planteamos, en el inciso a)
agregar, luego de “personas de derecho público estatal y no estatal”, la aclaración textual de
“pueblos originarios”, y las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de
Cultos.
En el artículo 22, en las autorizaciones para el caso del inciso a) del artículo que
acabo de leer —Pueblos Originarios, Confesiones Religiosas y personas de derecho público
estatal y no estatal—, directamente no dejamos al arbitrio de la reglamentación el período,
sino que decimos que las autorizaciones se otorgarán por tiempo indeterminado.
Luego, en el artículo 23, proponemos un texto simple, que diga: las licencias se
adjudicarán a las personas incluidas en el artículo 21 inciso b). En el caso de licencias.
Luego, en el artículo 24 y 25 tenemos cambios. En el 24 cambiamos el texto del
primer párrafo y decimos los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de
las personas de existencia ideal sin fines de lucro.
En el inciso b), ponemos: ser mayor de edad y estar legalmente capacitado según la
legislación civil y penal de la Nación.
Planteamos, en el inciso h), no ser director o administrador de persona jurídica.
Estamos hablando de condiciones de admisibilidad para las personas físicas. El artículo 25
se refiere a las condiciones de admisibilidad para las personas de existencia ideal.
En el inciso h) del artículo 24 —Personas físicas— decimos: no ser director o
administrador de persona jurídica prestadora de la licencia, concesión o permiso de un
servicio nacional, provincial o municipal…, y sigue el texto como estaba.
Agregamos los siguientes incisos. Acá, excluimos los contratistas y concesionarios
del juego, como lo habíamos anticipado. En el inciso i), decimos: no ser contratista del
Estado a través de contratos de obra pública, concesión de obra pública y cualquier otro tipo
de contrato destinado a la construcción y mantenimiento de obra pública.
El inciso j) es el siguiente: no ser concesionario de juegos de azar.
En el mismo sentido, en el artículo 25, planteamos una modificación en el inciso c),
con un párrafo que dice: tampoco podrán realizar actos, contratos o pactos societarios que
permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona
jurídica licenciataria. Las condiciones establecidas en este párrafo no serán aplicables
cuando, según los tratados internacionales en los que la Nación sea parte, se establezca
reciprocidad efectiva en la actividad de servicios de comunicación audiovisual.
El inciso d) lo modificamos por el siguiente texto: no ser prestadora por licencia,
concesión o permiso de un servicio público nacional; ni ser sociedad controlada o
controlante de personas de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de
un servicio público nacional, provincial o municipal; ni ser vinculada de personas de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público
nacional.
Es decir, agregamos el concepto del controlado y del controlante.
Agregamos también dos incisos, el h) y el i), donde excluimos, para el caso de
personas de existencia ideal, no ser contratista del Estado a través de contratos de obra
pública, concesión de obra pública y cualquier otro tipo de contrato destinado a la
construcción y mantenimiento de obra pública; ni ser sociedad controlada o controlante. En
el mismo sentido.
En el inciso i), decimos: no ser concesionario de juegos de azar; ni ser sociedad
controlada o controlante de una empresa concesionaria de juegos de azar; ni ser sociedad
vinculada de una empresa concesionaria de juegos de azar. Para cerrarle la puerta a los
amigos.
Luego, en el artículo 26, planteamos un cambio en el texto: las personas de existencia
visible como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y las personas
de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisuales
no podrán ser adjudicatarias de una nueva licencia de servicios de comunicación
audiovisual, hasta que su número actual de licencias adjudicadas por aplicación del artículo
161 se ajuste a las limitaciones de multiplicidad de licencias establecidas en el artículo 45 de
la presente ley.
Acá, como hacemos una propuesta de modificación del artículo 161, la hacemos
concordante.
El senador Nikisch va a plantear nuestra propuesta para un par de los artículos
subsiguientes; y luego continúo yo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch. — Señor presidente: en el artículo 30 incorporamos: Cooperativas y otras
entidades sin fines de lucro. Las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro prestadoras
de servicios públicos podrán ser titulares de servicios de radiodifusión sonora y televisiva
abierta. Podrán brindar servicios de televisión por cable si el centro urbano alcanzado por los
servicios pretendidos tiene una población superior a los 30 mil habitantes, según datos del
último censo nacional, salvo que al momento de realizar la petición no existiera otro
prestador que brinde el servicio a la localidad requerida. En caso de que exista otro prestador
en la misma área de servicio, la autoridad de aplicación deberá, en cada caso concreto,
realizar una evaluación integral de la solicitud que contemple el interés de la población, dar
publicidad de la solicitud en el Boletín Oficial y en la página web de la autoridad de
aplicación.
El párrafo siguiente, en caso de presentarse, hasta Boletín Oficial es similar al
original.
Continúa diciendo el artículo: Las cooperativas y otras entidades sin fines de lucro
prestadoras de servicios públicos que obtengan licencias de servicios de comunicación
audiovisual en los términos y condiciones fijadas en este artículo, deberán cumplir con las
siguientes obligaciones: a) conformar una unidad de negocios con contabilidad separada
para la explotación del o de los servicios de radiodifusión, distinguiendo claramente los
aportes por inversión y los aportes provenientes de la gestión del servicio.
El inciso b) es similar.
Inciso c) La pauta publicitaria paga, originada o relacionada con otros servicios
provistos por las cooperativas, no podrá superar en ningún caso más del 10 por ciento de la
pauta total mensual percibida por la cooperativa, medida independientemente en cada medio.
Inciso d) La cooperativa o entidad sin fines de lucro deberá facilitar a los
competidores el acceso a su infraestructura de soporte, en especial postes, mástiles y ductos,
en condiciones de mercado o al precio que se lo cobra a sí misma, el de los dos el que sea
más bajo. En caso de desacuerdo fijará el precio la autoridad de aplicación tras dictamen
técnico económico de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Inciso e) La prestación del servicio de televisión por cable, pasados dos años desde
su lanzamiento, no podrá efectuarse a precios que generen pérdidas estructurales en el
resultado corriente de explotación. Inciso f) No podrá subsidiarse el servicio de radiodifusión con ingresos provenientes
de los otros servicios públicos brindados, ni ofrecerse servicios atados sin precios
diferenciados. En todo momento, el cliente o socio de la cooperativa debe poder cesar el
servicio de televisión por cable recibido sin que se produzca ninguna modificación en las
facturas abonadas por los demás servicios que le pueda brindar la cooperativa.
En aquellos casos en que varias cooperativas u otras entidades sin fines de lucro
prestadoras de servicios públicos cumplan con los requisitos solicitados, se otorgará
preferencia en el siguiente orden a los peticionantes que: a) Propongan el plan de servicios
que ofrezca mayores beneficios a la comunidad; b) Asuman el mayor compromiso de
producción propia, acreditando contar con los medios necesarios para su cumplimiento; c)
Acrediten el mayor tiempo de radicación efectiva en la zona; d) Se inicien en la explotación
de servicios de radiodifusión.
Para el artículo 31…

Sr. Presidente. – Disculpe, senador. ¿A qué artículo hacía referencia?

Sr. Nikisch.- Al artículo 30, señor presidente.
Para el artículo 31, en el inciso b) se agrega al final: “a los efectos de la multiplicidad
de licencias establecidas en el artículo 45;”.
En el inciso c), se agrega también al final: “con la excepción de las personas jurídicas
sin fines de lucro.”

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: solicitamos la modificación del artículo 27, el cual
quedaría redactado de la siguiente manera: Sociedades controladas y vinculadas. El control y
la vinculación societaria, en los términos del artículo 33 de la Ley 19550 deberán ser
informados fehacientemente a la autoridad de aplicación.
El artículo 28 que proponemos dice lo siguiente: Condiciones de admisibilidad. Los
requisitos exigidos en los artículos 24 y 25 son condiciones de admisibilidad del proceso de
adjudicación de licencias y autorizaciones.
Por último, modificamos el título del artículo 29. Según la sanción de la Cámara de
Diputados era “Capital social” y para nosotros es “Participación del Capital extranjero”. Y el
artículo quedaría redactado de la siguiente forma: Cuando el prestador del servicio de
comunicación audiovisual fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de
origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero hasta un máximo del
treinta por ciento (30 %) del capital accionario y que otorgue derecho a voto hasta por el
mismo porcentaje del treinta por ciento (30 %), siempre que este porcentaje no signifique
poseer directa o indirectamente el control de la voluntad societaria. Dicho porcentaje podrá
ser ampliado por aquellos tratados internacionales en los que la Nación sea parte, si el
tratado establece plena reciprocidad efectiva para la titularidad de medios de radiodifusión
por parte de nacionales argentinos en el país extranjero.
Esto resuelve legalmente el tema del convenio con los Estados Unidos, por donde se
están filtrando grupos españoles y mexicanos a invertir en nuestro país, mientras que
nosotros no podemos hacerlo en los Estados Unidos.
Esas son las redacciones que proponemos para los artículos 27, 28 y 29.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.

Sr. Marino. — Señor presidente: en el dictamen en minoría que presentó nuestro bloque se
notará que mi firma dice “En disidencia parcial”. Al respecto, la única disidencia es en el
artículo 30.
Por lo tanto, quiero dejar consignado mi voto positivo en cuanto al artículo 30
conforme el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, por entender que respecto de
las cooperativas de mi provincia, el límite de 30 mil es excesivo.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. — Señor presidente: ya en la consideración en general había manifestado mi
disidencia en cuanto a que las cooperativas de servicios —cuando se tratara de vínculos
físicos y estuviera el área prestada por algún radiodifusor— pudieran ser licenciatarias.
Ese era el sistema que se había aprobado a través de la modificación del artículo 45
en 2006. Por lo tanto, siendo coherente con la posición sostenida en esa oportunidad, creo
que en este caso las cooperativas no tendrían que ser prestadoras de servicios de cable si está ocupado ese servicio en alguna localidad, ya que en las pequeñas localidades implicaría el
quiebre de los cables.
O sea que votaría todo menos el artículo 30.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: es para aclarar el sentido de mi voto.
Voy a votar en contra del segundo párrafo del inciso c) del artículo 25, y la remisión
que en el artículo 29 se realiza también al segundo párrafo del artículo 2° de la Ley 25750,
conforme lo había dicho en mi exposición en general.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Salazar.

Sr. Salazar. — Señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo en el artículo 28 y en
el artículo 30, que todavía no lo consideramos.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 21 a 29 y el
artículo 31.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ … 1

Sr. Secretario (Estrada). — Senador Castillo: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Castillo. — Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, resultan 44 votos por la afirmativa y 25 por la
negativa.

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos votados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 30 y de esta manera
concluimos con el Capítulo I, Título III..

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …2

Sr. Presidente. — Aprobado. Quedan aprobados todos los artículos del 21 al 30, Capítulo I.
En consideración el Capítulo II, artículos 32 al 55.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: me voy a oponer a los artículos 38, 41, 45 y 48. Es decir,
voy a fundamentar el voto negativo en esos artículos.
Respecto del artículo 38, por cuanto regula la adjudicación para servicios de
radiodifusión por suscripción, no usan espectro y esto atenta contra el artículo 32 y 124 de la
Constitución Nacional. Este Congreso no tiene competencia para regular.
Con referencia al artículo 41, sobre transferencia de licencias, quiero recordar que a
lo largo de las audiencias se manifestó reiteradamente que el plazo de cinco años de
prohibición de cesión de licencias era demasiado largo y no refleja las necesidades del
mercado económico.
Con relación al último párrafo, nuestro Derecho no reconoce la caducidad de pleno
derecho. Es más, el artículo 21 de la ley de procedimientos administrativos señala que antes
de la declaración de caducidad hay que establecer un plazo para que el infractor se pueda
defender y pueda ajustarse a derecho.
Este artículo se puede convertir en un medio de censura indirecta, trabando las
posibilidades económicas de los medios. Es una indebida restricción.
Recordemos que como Congreso podemos sancionar una ley para regular el espectro
radioeléctrico pero no podemos regular cuestiones que hagan a la libertad de prensa. Esta
regulación es una verdadera restricción y viola el artículo 32. Es una norma mucho más
dura, mucho más restrictivo, mucho más autoritario que la ley de la dictadura que se está
derogando. Es mucho más intrusiva y mucho más arbitraria.
En mi proyecto, yo establecía un plazo de dos años. Y establecía también que la
realización de transferencias sin la correspondiente y previa autorización será considerada
falta grave, lo que dará lugar al inicio de un sumario previa intimación al licenciatario para
regularizar su situación.
En el proyecto de la democracia que estamos aprobando lo que se está disponiendo
es la caducidad de la licencia sin pleno derecho, sin ejercicio del derecho de defensa del
licenciatario. Con relación al artículo 45 sólo quiero leer el Principio 12 de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el cual dice que los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los
medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran
contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que aseguran el pleno ejercicio
del derecho a la información de los ciudadanos. Y también dice que en ningún caso esas
leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación.
Es decir que, de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
deberíamos estar aplicando la ley de defensa de la competencia.
En cuanto al artículo 48, Prácticas de concentración indebida, éste dice que previo a
la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se
deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración
vertical u horizontal —y a continuación dice algo asombroso—, de actividades ligadas o no
a la comunicación social.
Es decir, se puede decidir no conceder la licencia, no porque pertenezca a otras
sociedades ligadas a la comunicación social sino porque pertenezca a otras sociedades que
no le gusten a la autoridad de aplicación, que no le guste al Poder Ejecutivo.
Entonces, proponemos la eliminación de este artículo por la discrecionalidad a la que
da lugar permitiendo que actividades no ligadas a la comunicación sirvan de excusa para
negar la adjudicación de licencias.
Los adjudicatarios cumplen o no cumplen los requisitos legales.
No se puede abrir el juego a normas ambiguas para dejar esta asignación al arbitrio
de dos funcionarios intervinientes. Esto viola los artículos 13, 14 y 32 del Pacto de San José
de Costa Rica.

Sr. Presidente. — Senadora: ¿me repite los artículos? ¿Serían el 38, el 41, el 45 y el 48?

Sra. Escudero. — Son los artículos 38, 41, 45 y 48.

— Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros volvemos con nuestro planteo del artículo 32.
Eliminamos totalmente cualquier facultad al Poder Ejecutivo para otorgar licencias,
conforme lo plantea la sanción de la Cámara de Diputados.
Tal como hemos dicho, entendemos que el concurso no genera ningún derecho a los
concursantes y que no genera ningún tipo de obligación de adjudicar al Poder Ejecutivo,
porque en cualquier estado el trámite puede quedar sin efecto. Así que, modificamos la
redacción.
En el primer párrafo agregamos “serán adjudicados por la autoridad de aplicación”.
Luego, en el tercer párrafo, decimos lo siguiente: “Las frecuencias previstas en el
Plan Técnico serán objeto de concurso. Con una antelación no menor a treinta (30) días
hábiles administrativos, la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual
llamará a concurso público y a la realización de audiencias públicas. El llamado deberá
publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial, en un diario nacional de amplia circulación
y en el diario de principal circulación del área del servicio concursado, y deberá reseñar el
objeto del concurso, las condiciones para la adquisición de los pliegos y la fecha de la
apertura del concurso. Los pliegos, bases y condiciones deberán estar disponibles para su
adquisición por el interesado con una antelación no menor de veinte días a la fecha indicada
para la apertura del concurso”.
Agregamos en el cuarto párrafo que toda la frecuencia, potencia y localización no
prevista en el plan técnico podrá ser concursada a petición de parte interesada, desde que el
plan sea hecho público si se verifica su factibilidad y compatibilidad técnica, zona de
localización y concurso previsto por el Plan Técnico y si la autoridad de aplicación no
dispone una reserva de bandas fundada. Esto sería en el artículo 32.
Luego, en el artículo 33 establecemos los requisitos para los pliegos, porque allí hay
un vacío normativo. Esta es una propuesta de la senadora María Eugenia Estenssoro,
especialmente, que nosotros tomamos. Aquí decimos: La Autoridad Federal de
Comunicación Audiovisual conforme a los siguientes principios, en el caso de la aprobación
de pliegos: a) Se requerirá la información necesaria para la evaluación objetiva de los proponentes y aquello que resulte conducente a los fines de conocer quiénes son los
controlantes directos o indirectos de la licencia que se asigne; b) Se adoptará el criterio
tecnológico flexible que permita la optimización de los recursos y la incorporación de
nuevas tecnologías; c) Se adoptará el criterio que facilite la incorporación de nuevos
participantes en la actividad; d) Se establecerán salvaguardas tendientes a evitar la
concentración del espectro y configuración de posición dominante en la oferta del servicio
objeto del concurso.
Como se observa, señor presidente, estamos avanzando de este modo sobre temas
que ha dejado medio en el aire el Poder Ejecutivo, y que ha tocado bastante livianamente
con relación a la posición dominante.
Continúo: Inciso e) Se establecerán condiciones para devolver las garantías de
expresión libre y pluralista de ideas y opiniones mediante obligaciones de difundir
contenidos audiovisuales independientes de los pueblos originarios y de las organizaciones
científicas y educativas; f) Se establecerán obligaciones para impulsar el desarrollo de las
sociedades de información y disminuir la brecha digital; g) Se tendrán en cuenta las
características diferenciadas según se trate de pliegos para la adjudicación de licencias a
personas jurídicas, según sean éstas con o sin fines de lucro; h) Se requerirá la constitución
de garantías de cumplimiento de las obligaciones establecidas; i) Se establecerán
obligaciones para asegurar el acceso a los servicios de personas incapacitadas o con
especiales necesidades; j) Se garantizará la libre circulación de los contenidos audiovisuales,
un tratamiento equitativo y no discriminatorio. Esto es con relación al artículo 33.
En cuanto al artículo 34 —Criterios de evaluación de solicitudes y propuestas—
también cambiamos el texto. Aquí decimos: En aquellos casos en que varias personas físicas
o jurídicas con fines de lucro cumplan con los requisitos solicitados, se otorgará preferencia
en el siguiente orden a los peticionantes que: a) No sean titulares, directores, accionistas o
funcionarios de otros medios de comunicación social en la zona de cobertura de la
frecuencia concursada ni estén asociados a personas que revistan dicha condición; b)
Acrediten la mayor idoneidad profesional en materia de radiodifusión, pluralismo
informativo y de riqueza de contenidos.
En cuanto al artículo 35, lo vamos a votar a favor, como está. Y respecto de los
artículos 36, 37 y 38, va a exponer el senador Roy Nikisch.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Nikisch.
Sr. Nikisch. — Señor presidente: en el artículo 36, todo el primer párrafo es similar, hasta
“artículos 2° y 3°”. Y eliminamos la última parte.
Artículo 37. Asignación a personas de existencia ideal de derecho público estatal en
universidades nacionales, pueblos originarios y agregamos “confesiones religiosas”. El
otorgamiento de autorizaciones para personas de existencia ideal de derecho público estatal
para universidades nacionales, institutos universitarios nacionales, pueblos originarios y las
confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Culto se realiza a demanda y de
manera directa de acuerdo a la disponibilidad del espectro.
Artículo 38. Servicios de comunicación audiovisual por suscripción. Primero:
servicios de comunicación audiovisual por suscripción mediante vínculos físicos. La
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicará a demanda las
licencias para la instalación y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
suscripción, mediante vínculo físico. Estas licencias se renovarán indefinidamente. Segundo.
Servicio de comunicación audiovisual por suscripción a través de emisiones satelitales. La
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adjudicará a demanda las
licencias para la instalación y explotación de servicios de comunicación audiovisual por
suscripción a través de las emisiones satelitales. En estos casos, el otorgamiento de las
licencias no implica la adjudicación de bandas de espectros ni puntos orbitales.

Sr. Presidente (Pampuro). — Senadores Romero y Jenefes ….

Sr. Morales.— Disculpe, señor presidente, pero continuamos con las propuestas.

Sr. Presidente (Pampuro). — Muy bien.

Sr. Morales.— Lo que sucede, señor presidente, es que ahora vienen los artículos 45, 46, 47 y 48, que son complicados.
Habíamos quedado en el artículo 38. Con respecto al artículo 39, lo votaremos a favor. En cuanto a los artículos 40 y 41,
solicitamos autorización para insertar en el Diario de Sesiones los cambios propuestos. Los
artículos 42 y 43 los votaremos afirmativamente. Con relación al artículo 44, también,
solicitamos autorización para insertar los cambios propuestos.
Ahora bien, pasaremos a desarrollar el artículo 45, que es uno de los artículos que
hacen al corazón de este proyecto de ley. Allí proponemos algunos cambios, como por
ejemplo, la eliminación del punto 3, de Señales, tal como lo habíamos anticipado.
Eliminamos todo, a partir de “la titularidad de registro de señales deberá ajustarse a las
siguientes reglas”.
Hacemos algunos cambios en los límites para el caso del orden nacional. En el inciso
a), decimos: “… una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte
satelital”. Sólo una. “Estos servicios tendrán las limitaciones del artículo 48, punto 4″, que es
el que enseguida vamos a leer, vinculado con cuestiones de defensa de la competencia que
agregamos.
“Los titulares de servicios de comunicación audiovisual no podrán tener una
participación de más del diez por ciento del capital en una persona jurídica, titular de una
licencia de comunicación audiovisual sobre soporte satelital”. Por lo tanto, hay una
excepción. Hay una sola licencia para el servicio audiovisual sobre soporte satelital; pero
pueden formar parte de otras licencias adjudicadas, pero sólo hasta un diez por ciento los
grupos que participen en el caso satelital.
En el inciso b), aceptamos el texto aprobado por la Cámara de Diputados; es decir,
hasta diez licencias de servicio de comunicación audiovisual cuando se trate de servicios de
radiodifusión sonora y radiodifusión televisiva abierta y por suscripción con uso de espacio
radioeléctrico.
Asimismo, agregamos un texto que dice: Excepcionalmente se adjudicarán al mismo
titular licencias adicionales de servicio de radiodifusión de televisión abierta si se tratara de
servicios a ser prestados en localidades en las que no operara otro canal de radiodifusión
televisiva abierta. También, excepcionalmente, se adjudicarán licencias adicionales de
servicios de radiodifusión sonoras si se tratara de servicios a ser prestados en localidades en
las que no operara otra emisora de radiodifusión sonora. Estas adjudicaciones deberán
sustanciarse a través del mecanismo de concurso establecido en el artículo 32. Estas
licencias no se computarán del máximo de licencia establecido en el párrafo anterior.
Por lo tanto, acá generamos una propensión a la prestación de servicios, a la
adjudicación de licencias. No hay incompatibilidad en las localidades donde no se presta el
servicio.
En el inciso c): A efectos de proteger al usuario y de evitar conductas
anticompetitivas en el mercado de servicios de comunicación audiovisual por suscripción
mediante vínculo físico, se establecen las siguientes obligaciones para todo el sistema de
televisión por cable que superen los 30 mil abonados en total: 1. En caso de operar en más
de una localidad, deberá establecer iguales precios al cliente para paquetes de servicios
similares en todas las localidades en los que brinde, con independencia de que en esas
localidades tuviere o no prestador competitivo.
Esta es una norma para el ejemplo que había planteado la senadora Blanca Osuna en
Entre Ríos, cuando decía que caían las cadenas nacionales que hoy tienen CableVisión o
Multicanal y, entonces, bajaban los precios en algunas localidades. Por lo tanto, tenían
precios en la Capital Federal, pero bajaban los precios, con lo cual se generaba una
competencia desleal con las pequeñas empresas de cable. Si no establecemos condiciones de
que tienen que tener precios en todos lados, la condición de tener un 35 por ciento de 6
millones de abonados son 2 millones de abonados. Son muchos. Todavía es un paquete de
abonados.
Este inciso i), realmente, va a garantizar al pequeño cablero que una empresa de
cable que tenga semejante concentración de abonados no tenga esa conducta
anticompetitiva. Entonces, tiene que tener el mismo precio.
Paso al punto ii): en caso de producir diferentes señales, incluidas en su distribución
de contenidos, deberá asumir la obligación de transportar otras señales producidas por sus
competidores o por empresas independientes, en igualdad de condiciones que las propias, y sin que pueda rechazar su inclusión en la grilla de programación si la oferta comercial
estuviera dentro de los estándares de la industria. En caso de conflicto, las partes presentarán
su caso a la autoridad de aplicación para que lo dirima.
Es decir que está obligado a transportar y cobrar un peaje, pero tiene que colgar la
señal. Si tienen una señal que tiene un contenido que se apropia de producción local, está
obligada si viene una señal nacional a incluirla también dentro de la misma grilla. En cuanto
a si hay un problema con relación al precio del costo del peaje, el criterio en los incisos i) y
ii) es el flujo de información. Por eso es que eliminamos el punto iii), de las restricciones de
señales. Acá, la información tiene que subir y evitar competencia desleal. Punto iii: Las
señales de terceros se incluirán en la grilla en lugares no discriminatorios en el mismo
bloque que ocupan las demás señales de contenido equivalente. Esto es lo que acabo de
decir.
Paso al inciso d): Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual por
suscripción mediante vínculo físico y los licenciatarios de telecomunicaciones que presten
sus servicios (televisión por cable, telefonía física y telefonía móvil) —que acá se criticaba y
es cierto, pero luego explico el porqué de la incorporación de este tema— a más del treinta y
cinco por ciento (35%) de los abonados nacionales de cada tipo de servicio no podrán
fusionarse ni adquirir participaciones en otras empresas del mismo tipo de servicio.
Si dejáramos así la redacción y no incluimos la necesidad de reestructurar en el
artículo 161, estaríamos consolidando la situación actual del cablero que supera el 35 por
ciento, que pudiera llegar al 45 ó al 50 por ciento. Pero en nuestro dictamen, en el artículo
161, decimos que los que superan el 35 por ciento tienen que presentar un plan de
reestructuración.
Lo que pasa es que no estamos incorporando a las telefónicas sino una restricción.
Antes del 10 de diciembre, vamos a presentar un proyecto de ley de telecomunicaciones
sobre la base del decreto desregulatorio de 2001, que es la legislación que nosotros creemos
que está faltando.
Consideramos que esta ley de radiodifusión puede estar operativa cinco o diez años a
lo sumo, porque la tecnología seguramente lo va a imponer. Como ha dicho el presidente del
bloque del Frente para la Victoria, en algún momento, las telefónicas van a tener que entrar,
por lo que será necesario establecer un marco de desregulación. Creemos que hay que ir
estableciendo criterios para resolver situaciones de concentración de posición dominante.
Las telefónicas están actuando cartelizadas. Dicen que están en competencia, pero se
repartieron el país; sigue repartido el país con el esquema de la privatización.
Por ese motivo, se ha agregado sin que esto sea habilitar a las telefónicas a que
presten servicio de radiodifusión, aunque, en algún momento, seguramente, como se ha
dicho, tendrán que participar.
En cuanto al orden local, planteamos lo siguiente: quedan igual los incisos a) y b),
como se ha planteado en la sanción de la Cámara de Diputados. En el inciso c), proponemos
la siguiente redacción: Hasta una (1) autorización de servicio de comunicación audiovisual
por suscripción mediante vínculo físico; y d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión
televisiva abierta.
Después sigue: La suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de
servicio no podrá exceder la cantidad de cuatro (4) licencias.
Agregamos un texto que dice: Excepcionalmente, se adjudicarán al mismo titular
licencias adicionales de servicios de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia
(FM) de baja potencia, con un alcance menor a 10 km de radio, si se verificaren
conjuntamente los siguientes requisitos: I. Las FM no alcanzan la misma zona de cobertura.
II. Se mantiene vacante, como mínimo, un 30 por ciento de las frecuencias atribuidas a esa
categoría para dicha localidad. III. El titular de dichas emisoras no emite en red más del 40
por ciento de sus contenidos propios entre las emisoras de esa localidad.
Así, el criterio de flexibilidad es de que haya la mayor cantidad de emprendimientos,
aunque sean privados. Pueden ser ONGs que tengan FM.
Por último: Estas adjudicaciones deberán sustanciarse a través del mecanismo de
concurso establecido en el artículo 32. Estas licencias no se computarán en el máximo de
licencias establecido en el párrafo anterior.
Al artículo 46 se referirá el senados Sanz y, luego, vamos a los artículos 47 y 48.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Sanz.

Sr. Sanz. – Para el artículo 46 es que se pide una inserción. Pero, como creo que éste tuvo
alguna observación del senador Pichetto, a los efectos de no leerlo, prefiero que me digan cuál es la observación y yo explico el porqué de la incorporación del artículo. Si no, me quedo solamente con la inserción y seguimos adelante.

Sr. Mayans. – Seguimos adelante.

Sr. Sanz. – Pero, cómo, ¿no me habían dicho que éste era uno de los artículos más
escandalosos, el que tenía la cuestión de los celulares? Se los explico.
Estamos contemplando la situación que, hoy, existe con el tema de los celulares
porque se pueden brindar contenidos de radiodifusión en los 40 millones de celulares en
servicio. Por ejemplo, esto ya sucedió cuando se pasaron contenidos de aquella telenovela,
Montecristo, o algunos goles de partidos de fútbol. Este es el servicio de radiodifusión sobre
celulares disponible hoy. Lo que nosotros estamos haciendo, en el artículo 46, es proponer la
especificación de que el titular de telefonía móvil no podrá ser titular del servicio de
televisión móvil sobre esas redes celulares. Es decir que estamos cuidando que no se
mezclen los contenidos con el titular del servicio. Si, en el futuro, surgieran otras
alternativas de televisión móvil sobre otros equipos, o en otras frecuencias, deberán ser
regulados como nuevas tecnologías y servicios, lo que nosotros hemos normado en el
artículo 92.

Sr. Presidente. – Continúe, senador Morales.

Sr. Morales. – Clarito. Muy claro. (Risas.)
En el artículo 47, no sé si el senador Giustiniani tiene algún comentario.
El texto que proponemos, señor presidente, porque creemos que sigue abierta la
puerta para la revisión bianual, es el siguiente: “La autoridad de aplicación deberá elevar un
informe bienal a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación
Audiovisual…”, tal como seguía el primer párrafo, y agregamos un texto: “Si fuese necesario
modificar las reglas sobre multiplicidad de licencias previstas en esta ley en virtud de la
aplicación de nuevas tecnologías, se hará mediante una ley sancionada por le Congreso de la
Nación.”
Artículo 48. Defensa de la Competencia. Aquí cubrimos el vacío que deja la sanción
de Diputados, que no conecta el texto del inciso 10 y del inciso 13, del artículo 12, que
solamente hacen una mención para la autoridad de aplicación de la competencia perfecta, o
competencia que no tenga actitud monopólica o dominante. Y en el 13, plantea el tema de
evitar la posición dominante y los monopolios. Pero queda a medio camino. La verdad es
que no resuelve. El argumento central fue la lucha contra los monopolios, pero lo resuelve
mal la media sanción. Nosotros agregamos un primer punto que habla de concentraciones y
fusiones, que dice: Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o
pueda ser restringir o distorsionar la competencia entre los medios de comunicación
audiovisual, de modo que pueda resultar perjuicio para los usuarios y prestadores de
servicios de comunicación audiovisual.
Se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias
empresas, a través de la realización de los siguientes actos: a) La fusión entre empresas de
comunicación audiovisual; b) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre
acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de derecho a
ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de influencia
en las decisiones de la persona prestadora del servicio de comunicación audiovisual que los
emita cuando tal adquisición le otorgue al adquirente su control o la influencia sustancial
sobre la misma. c) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a
una persona o grupo económico los activos de una prestadora de servicios de comunicación
audiovisual o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de
administración de una prestadora.
Las concentraciones y fusiones de empresas de servicios de comunicación
audiovisual deberán ser notificadas previamente a la autoridad federal de servicio de
comunicación audiovisual. La aprobación de estas concentraciones y fusiones deberá ser
resuelta por la autoridad federal de servicio de comunicación audiovisual en el plazo de 180 días desde su notificación, previo dictamen de la autoridad de aplicación de la 25156, de
Defensa de la Competencia. En caso de aprobar la concentración o fusión, la autoridad de
aplicación deberá determinar la adecuación de las licencias de las empresas participantes a la
nueva estructura empresarial, no pudiendo modificar la frecuencia, potencia y localización
de la licencia original ni sus plazos de duración.
La resolución de la aprobación o rechazo de la concentración o fusión será recurrida
ante la Cámara Civil y Comercial Federal con efectos suspensivos.
Es decir que acá cubrimos realmente el vacío que existe y definimos la cuestión de
competencia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, la ley de defensa de la
competencia y la autoridad de aplicación. Llenamos un vacío que tiene la media sanción.
Resolvemos bien la cuestión: tiene que tener dictamen y ahí decimos cuáles son los
elementos que debe tener la autoridad de aplicación, que es el dictamen del Tribunal de
Defensa de la Competencia. Sería bueno que ya que están tan preocupados por las
concentraciones el Poder Ejecutivo lo integre.
Luego, en el punto 2), decimos “infracción a la ley de defensa de la competencia” y
preparamos el camino para el 161. Dentro de los 180 días de la entrada en vigencia de la
presente ley, la autoridad de aplicación de la Ley 25156, de Defensa de la Competencia,
deberá realizar un análisis de las licencias y autorizaciones concedidas bajo el régimen de la
22285, a los efectos de determinar la existencia de actos o conductas que tengan por objeto y
efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que
constituyan abusos de posición dominante y/o constatar que se ha adquirido o consolidado
una posición monopólica u oligopólica. No sé si está por ahí el señor senador Torres, pero
yo le pediría que lea un poco este texto para ver si defiende más los monopolios que la
redacción que ellos están planteando. Le digo esto por lo que ha dicho, ya que la tiene con
nosotros.
Después, dice que si como resultado del análisis efectuado se determinare la
comisión de actos prohibidos o se constatare que se ha adquirido o consolidado una posición
monopólica u oligopólica, la autoridad de aplicación de la 25156 podrá imponer las
sanciones establecidas en dicha ley.
Acá le damos la obligación a la autoridad de aplicación de que haga un estudio de
180 días de todas las situaciones de todos los medios del país. Y esta es la base para el 161,
que, cuando llegue el momento, vamos a explicar. Luego sigue el texto: cuando se
verifiquen actos que constituyan abusos de posición dominante o cuando se constate que se
ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación a las
disposiciones de la ley 25156, la autoridad de aplicación de esa ley podrá imponer el
cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos o de la
competencia, solicitando a la autoridad federal de servicio de comunicación audiovisual la
instrumentación de un plan para la adecuación de las licencias, autorización e infracción de
la Ley de Defensa de la Competencia. O sea que establecemos todo el marco, toda la
normativa y cuáles son los pasos que tiene que cumplir la autoridad de aplicación.
El punto 3 tiene que ver con la oferta no discriminatoria de derechos exclusivos: en
caso de que el prestador del servicio de radiodifusión público o privado haya adquirido
derechos exclusivos para determinados eventos o programas, tendrá la facultad de exhibirlos
sólo en su sistema de servicios de comunicación audiovisual por suscripción mediante
vínculo físico. Si, por el contrario, lo ofreciera a uno o más sistemas de servicios de
comunicación audiovisual, deberá permitir la libre compra de dichos eventos o programas
para los diferentes prestadores de manera no discriminatoria, en semejantes condiciones
económicas para prestadores de semejantes características. También para evitar situaciones
de abuso.
Punto 4: Sistemas de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción.
Los titulares de autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual satelital por
suscripción, o el grupo económico controlante de un grupo de servicios de comunicación
audiovisual satelital por suscripción, no podrán superar el 35 por ciento de los abonados
nacionales por servicio de suscripción.
También se establece esta normativa. Eso es con relación al artículo 48. En el artículo 49, en el Régimen especial para emisoras de baja potencia, agregamos:
“…licencias y autorizaciones…” y luego: “…con un radio de menos de 2 kilómetros”.
Insertamos en el 42, insertamos en el 49, insertamos en el 52. En el 51, votamos a
favor; en el 52, insertamos; en el 53 y 54, votamos a favor, y en el 55, insertamos.

Sr. Presidente. — ¿Mencionó el 42, senador Morales?

Sr. Morales. — En el 42 y 43, a favor; 44 a 50, votamos negativamente —algunos ya
explicados; otros con inserciones—. En el 51, votamos a favor, 52 en contra, 53 y 54
votamos a favor y en el 55 insertamos y en contra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero. — Señor presidente: lo mío es muy simple. Como estoy votando todo el
articulado en contra, no tendrá que armar el rompecabezas.
Quería hacer dos precisiones solamente. Una sobre el artículo 37, que es la
asignación de medios para las universidades nacionales, para los pueblos originarios y para
la Iglesia Católica.
Veo que en el caso de las universidades nacionales y la Iglesia Católica se
discrimina, porque se deja afuera a universidades que no son nacionales; pueden ser
privadas, con fines de lucro o sin fines de lucro; pueden ser provinciales. Creo que en esto
hay una discriminación.
Después, habla de que se adjudica en forma directa, lo cual también les crea un
privilegio.
Quiere decir que este articulado es absolutamente discriminatorio y está generando
un privilegio. También, llama la atención que no hemos podido escuchar aquí a las
autoridades de la Iglesia Católica. Las habíamos invitado y la comisión no autorizó o no
produjo la invitación.
Así que lamentamos también la poca comunicación del Episcopado con respecto a
este artículo, que además —a mi entender— genera una discriminación.
Por último, el artículo 45 habla de esta especie de racionamiento que tendrá la gente,
porque solamente podrá recibir señales de un proveedor hasta un 35 por ciento. Si esto llega
a ser muy bueno, la gente va a tener que mudarse de barrio para llegar a estar dentro del
ámbito del 35 por ciento de un prestador. Pero como no son muy buenos, posiblemente, la
gente tome otra opción.
Aquí se cita —lo dijo también el presidente del bloque del Frente para la Victoria—
como fuente la legislación americana. Pero lo irónico es que ya desde hace diez años se está
modificando esta limitación del 30 por ciento en el caso de los Estados Unidos, que viene
siendo declarada inconstitucional por los tribunales de ese país.
Hay un fallo reciente, del 28 de agosto de 2009, Comcast Corporation vs. Federal
Communication Commission, de la Corte Federal del Distrito de Columbia, que sostiene que
el límite del 30 por ciento es inconstitucional, fuera del área de la competencia de la FCC,
que es la Comisión; que es arbitrario y caprichoso, sin fundamento ni prueba sustancial.
Indebidamente, se restringe su oportunidad de crecer internamente y de realizar
adquisiciones económicamente eficientes.
O sea, se aplican soluciones que, en los países donde las inventaron, ya están en
retroceso.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: voy a ser breve y conciso, ya que el senador Morales había
dicho que eran ocho sus objeciones principales, cuando realmente son 99.
Simplemente, con relación al artículo 32 —como lo había adelantado en mi
exposición en general— entiendo que en todos los casos es la autoridad de aplicación quien
debe adjudicar las licencias, sin distinguir la magnitud del medio. A su vez, entiendo que en
este artículo se debe introducir el concepto de que cualquier adjudicación o caducidad de
licencia, cuando lo dispusiera la autoridad de aplicación, debe ser ratificada por la comisión
bicameral que se crea por esta ley.
Estas son mis observaciones, únicamente al artículo 32.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Adelanto mi voto negativo a los artículos 32, 45 y 47.
En función de que la mayoría no acepta modificaciones me parece que la manera más
práctica de aportar, a esta hora de la madrugada, es insertar los fundamentos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — En un sentido similar a lo que acaba de decir el senador Giustiniani, pero
con otra dirección, quiero decir lo siguiente.
Es un trabajo complejo, serio e importante el dictamen de la minoría, que pretende
ser una alternativa. Y no creo que a esta velocidad, a esta hora y con este cansancio la
bancada oficialista pueda apreciar los cambios propuestos para poder considerar seriamente
la posibilidad de cambiar su posición.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Cabanchik. – Si no, esto es otra simulación, señores. Y me parece que la audiencia que
puede estar siguiendo esto con justa razón diría que estuvimos simulando un debate en serio.
Entonces, como moción de orden, pido que votemos un cuarto intermedio con el
objeto de —frescos— poder considerar lo que queda.

Sr. Pichetto. — Vamos a votar hasta el final.
No aceptamos la propuesta del senador Cabanchik.

Sr. Presidente. — La decisión es votar hasta el final. Ya habíamos quedado en ese sentido.
No hay asentimiento.

Sr. Presidente. — Pido a los señores senadores que sean breves y que inserten, como dijo el
senador Giustiniani.
Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Gracias, señor presidente.
Respecto del artículo 47, tengo la siguiente pregunta: ¿qué es lo que se entiende por
“bianual”? No sé si el miembro informante podrá dar cuenta de esta inquietud, que además
ha sido bastante criticada, respecto de renovar licencias cada dos años.
Me gustaría saber qué es lo que entiende el oficialismo por un informe bianual.

Sr. Presidente. — Que es cada dos años.
Varios señores senadores. — ¡Es dos veces en el año!

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Es cada dos años; exactamente.

Sra. Estenssoro. — ¿Cada dos años? Porque acá tengo la definición de la Real Academia
Española y dice que bianual es un adjetivo “que ocurre dos veces al año”. Esa es la
definición. Entonces, estamos sancionando un artículo 47 que dice que cada 6 meses se van
a revisar las condiciones en las que se otorgan las licencias lo cual, además, está relacionado
con el artículo 161. Por lo tanto, hay personas que se van a desprender de sus licencias, pero
6 meses después tal vez cambien las condiciones por las cuales tuvieron que dejarlas.
Me parece que esto habría que aclararlo porque realmente es un problema muy serio.
En realidad, para una revisión semestral no hay ninguna normativa en el mundo. Este
artículo ya era bastante conflictivo; y esto de revisar cada seis meses me parece que es un
verdadero problema o disparate legislativo.

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Sanz. — ¡Pueden llamar a los muchachos! Todos los que dieron los papeles para criticar
nuestro dictamen están dando vueltas.
¡Llámenlos, los tienen cerca!

Sr. Pichetto. — Terminemos bien. Creo que hemos hecho un debate respetuoso.
Sigamos con la simulación que dice el senador Cabanchik.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Filmus.

Sr. Filmus. — Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto y el de la señora
senadora Perceval respecto del artículo 37. En ese sentido, estamos de acuerdo con que en la
reglamentación se garantice la igualdad de oportunidades y condiciones para todos los cultos
reconocidos.
Por lo tanto, adelanto nuestro voto positivo en cuanto al artículo 37.

Sr. Presidente. — No habría ninguna propuesta de modificación, o general habría
acompañamiento, en los artículos 35, 39, 42, 43, 51, 53 y 54.
Le pido al señor senador Morales que confirme esto.

Sr. Morales. — No modificamos los siguientes artículos: 35, 39, 42, 43, 51, 53 y 54.

Sr. Presidente. — En consideración.
Pasamos a votar los artículos mencionados del Capítulo II.

Sr. Cabanchik. — ¿El artículo 47 estaba adentro?

Sr. Presidente. — No.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa, y 16 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del acta N°…13

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos mencionados.
En consideración el artículo 32.
Vamos a proceder a votar sólo el artículo 32, en virtud de la observación planteada
por el senador Jenefes.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 39 votos por la afirmativa, y 29 por la negativa

— El resultado de la votación surge del acta N°…14

Sr. Secretario (Estrada). — Senadora Riofrío, sírvase indicar su voto a viva voz.

Sra. Riofrío. — Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, resultan 40 votos afirmativos, y 29 negativos.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 32.
En consideración los artículos 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52
y 55.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: voto en contra de los artículos 32, 45 y 47.

Sr. Presidente. — El 32 ya lo votamos.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: respecto del artículo 47, y por lo observado por la
senadora Estenssoro, me parece que debiera quedar determinado qué estamos votando
exactamente. O, si hay alguna duda, hacer la modificación correspondiente.
Es decir, ¿estamos votando que es cada dos años o cada seis meses? Eso debe estar
claro.

Sr. Fernández. — Cada dos años.

Sr. Cabanchik. — Entonces cambiamos “bianual” por el término correspondiente

— Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. — Silencio, por favor.
Quedará asentada la aclaración que ha hecho el presidente de la comisión, Nicolás
Fernández.

Sra. Estenssoro. — Yo propongo la modificación porque si es cada dos años tiene ser
“bienal” o “cada dos años”, porque “bianual” quiere decir semestralmente.
Dado que han explicado, tenemos que introducir esa modificación.

Sr. Presidente. — Voy a someter a votación la propuesta de la mayoría. Después, si no se
aprueba, hacemos la modificación.
Tiene la palabra el señor senador Marino.

Sr. Marino. — ¡Por ahí pueden proponer que se modifique en el Diccionario de la Real
Academia Española, que por ahí está equivocado! (Risas)

Sr. Presidente. — Silencio, por favor.
Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. — Aclaremos algo: va a quedar en la ley que es dos veces al año. Esa es la
interpretación que va a dar cualquier juez, les guste o no al oficialismo.
Están votando que cada dos veces al año se va a hacer esto. Lo demás es cambiar
palabras que no existen.

Sr. Morales. — ¡Es inaplicable la ley!

Sr. Presidente. — En consideración los artículo 45 y 47.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 43 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ … 1

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 45 y 47.
En consideración los artículos 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 52 y 55.
Tiene la palabra el señor senador Salazar.

Sr. Salazar. — De todos esos, el articulo 48, negativo; el resto, positivo.

Sr. Presidente. — Votamos en conjunto, con la constancia de que voto del senador Salazar
en el artículo 48 es negativo.

Sra. Negre de Alonso. — El artículo 48 no deberíamos votarlo porque después en la planilla
no sale.

Sr. Presidente. — Entonces, apartamos el artículo 48 y lo dejamos para el final.
Si no hay oposición, se van a votar los demás artículos que nombré.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa, 25 por la negativa y
ninguna abstención.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …2

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos sometidos a consideración.
En consideración el artículo 48.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 43 votos por la afirmativa y 26 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …3

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos del 32 al 55. Terminamos el Capítulo II del Título III.
En consideración el Capítulo III, artículos 56 al 61.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Votamos afirmativamente los artículos 56 y 57, y negativamente desde el
artículo 58 hasta el 61.
Insertamos los cambios que justifican dicha actitud.

Sr. Presidente. — Muy bien, senador Morales. Ha sido breve.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar los artículos
56 y 57.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …15

Sr. Presidente. — Quedan aprobados.
Se van a votar los artículos 58 a 61.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …16

Sr. Presidente. — Entonces, quedan aprobados los artículos 58 a 61.
De esta manera completamos el Capítulo III.
Pasamos al Capítulo IV.
En consideración los artículos 62 a 64.

Sra. Escudero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: el artículo 63 atenta contra la igualdad ante la ley
garantizada por el artículo 16 de la Constitución nacional y está en contra del Punto 5 de la
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión por restringir la libre circulación de
ideas y por crear obstáculos al libre flujo informativo.
El Punto 5 de la Declaración de Principios de la Convención Interamericana dice que
las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición
arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el
derecho a la libertad de expresión.
Además, en su última parte este artículo además establece que para la transmisión de
acontecimientos de interés relevante se permite, sin limitaciones, la constitución de redes de
radio y televisión abierta. Es decir, aquí va a haber un señor autoritario que va a decidir qué
es de interés relevante, qué no es de interés relevante, qué podemos ver, y qué no podemos
ver. Es absolutamente violatorio de la garantía de la libertad de expresión.

Sra. Estenssoro. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Ya nos hemos expresado sobre este tema en el sentido de que se está
prohibiendo la libertad de expresión de los medios independientes privados en todo el
territorio de la Nación, y quiero leer todo el inciso 1) del artículo 13 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos para que quede perfectamente claro que esta
prohibición de formar redes o cadenas privadas es violatoria de este artículo fundamental.
El inciso 1) dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole sin consideración de fronteras.
Si uno lee todo el inciso, y no la parte que a cada uno le gusta, podrá ver que dice
esto. Esto justamente busca que no se pueda limitar la libertad de expresión para que los
ciudadanos puedan expresarse fuera de sus provincias o de sus países. Estamos en un mundo
en el cual, por suerte, las telecomunicaciones han hecho que los ciudadanos no se puedan
encerrar en provincias, regiones o países.
Entonces, este artículo dice que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir
y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de
su elección.
Estos artículos —el 62, el 63 y el 64— violan de manera expresa y muy clara el
artículo 13, inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque aquí
estamos sancionando una ley que pone fronteras a los medios audiovisuales que no sean del
Estado nacional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: vamos a efectuar una inserción.
Tenemos propuestas de cambio en los artículos 62 a 64, razón por la cual vamos a
votarlos negativamente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente: pido por favor que votemos separadamente el artículo 63.
Yo manifesté en el debate en general que lo iba a votar negativamente y quisiera que
quede la constancia en el voto electrónico.

Sr. Presidente. — Cómo no, señora senadora.
Vamos a votar, entonces, los artículos 62 y 64 y, después, el artículo 63.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 62 y 64.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa y 23 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° … 17

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 62 y 64.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 63.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 42 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° … 18

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículos 63.
Entonces, han quedado aprobados los artículos 62, 63 y 64 del Capítulo IV.

En consideración el Capítulo V. En consideración, los artículos 65 al 71.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: este capítulo se dedica íntegramente a los
contenidos de programación. Ya habíamos afirmado oportunamente que hay un excesivo
reglamentarismo en este proyecto de ley, y excesivas regulaciones en las cuotas y en los
porcentajes de producción. Y más allá de las buenas intenciones o la necesidad de poner
ciertos criterios, ese excesivo reglamentarismo conspira justamente con el artículo 13 del
Pacto de San José de Costa Rica.
En esta línea, nosotros vamos a votar en contra del artículo 65 y a favor del artículo
66. Luego, vamos a votar negativamente los artículos 67 y 68, y a favor de los artículos 69 a
71.
Brevemente, quisiera aclarar algunas cuestiones en materia de contenidos y las
propuestas que efectuamos en el artículo 65.
Para nosotros es importante en cuanto a los titulares de licencias o autorizaciones
especificar lo que no especifica la sanción de la Cámara de Diputados: que estos titulares
serán responsables del contenido de las emisiones. La determinación libre, selección,
producción y emisión de la programación es un derecho del titular del servicio. Porque la
verdad es que se pierde de vista que tanto la programación como la línea editorial son
cuestiones que fija libremente el emisor. Nadie puede marcarle la cancha en materia de
contenidos.
Estamos de acuerdo con algunos porcentajes y con algunos topes, pero en desacuerdo
con lo que prevé esta sanción. Para nosotros las emisoras de radiodifusión sonora abierta
deben tener un mínimo del 30 por ciento de programación musical compuesta y ejecutada
por músicos argentinos.
Con relación a la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual, por
ahí ceñir estas obligaciones a las actividades de radiodifusión sonora dedicadas a
colectividades extranjeras o emisoras temáticas, pero con un mínimo del 15 cuando en
realidad la sanción de la Cámara de Diputados habla del 50 por ciento. Es decir, siempre
nosotros tenemos un criterio diferenciador: la mínima intervención en materia de contenidos,
respetando justamente el Pacto de San José de Costa Rica.
En esta misma línea y en este mismo artículo, para los servicios de televisión por
suscripción por recepción fija, a diferencia de la sanción de la Cámara de Diputados,
nosotros decimos que se deben incluir sin codificar las señales de Radiotelevisión Argentina
Sociedad del Estado y el Canal Encuentro.
Las otras disidencias están especificadas también en el artículo 67, como ya se ha
dicho, y el 68 lo vamos a votar por la negativa.
A su vez, eliminamos el último párrafo del artículo 67 porque en definitiva habla de
derechos de antenas y de señales internacionales, cuya inclusión no nos parece adecuada.
Como así tampoco el artículo 68, que en el último párrafo establece que la reglamentación
determinará la existencia de una cantidad mínima de horas de producción y de transmisión
de material audiovisual específica para niños. En verdad, creo que esto también es un
excesivo reglamentarismo y es una cuestión que corresponde libremente al emisor.
En ese sentido, insertamos las demás cuestiones. Y, repito, votamos en contra de los
artículos 65, 67 y 68. Votaremos por la afirmativa los artículos 66, 69 y 71.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: tengo observaciones a los artículos 65 y 67. Ya manifesté
mi posición en el debate en general. Considero que hay una excesiva introducción en cuanto
a los contenidos. Por lo demás, voto favorablemente los otros artículos.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. — Señor presidente: la verdad que estos tres capítulos son fantásticos. Son lo
más medieval que tiene el proyecto de ley. Tiene más reglamentación que un oficio de la
Edad Media. Fue escrito por alguien que realmente no conoce cómo es el negocio, cómo es
el control de las agencias de publicidad. Van a estar más reguladas las agencias de publicidad
que los bancos. Es increíble.
En cuanto al tema de los contenidos, también es increíble, porque Radio Nacional
Clásica no sé qué es lo que va a tener que hacer. Va a tener que pedirle a Charly García que haga música clásica, porque ni Beethoven, ni Mozart van a tener cabida ahí, pues van a tener
que poner música clásica nacional. Eso es insólito.
Si bien es cierto que hay un párrafo que dice que el órgano de la autoridad federal
podrá eximir a las radios de colectividades extranjera, no sé qué será. Tal vez a los que les
gusta el rock tendrán que armar una radio con vecinos de Hurlingham, que son residentes
ingleses. Es curiosísimo esto. El que quiera escuchar música italiana tendrá que ir al Círculo
Italiano y pedir que le hagan una radio al Círculo Italiano.¡Es fantástico esto!
Ni les cuento del History Channel, que tendrá que pasar solamente historia argentina
y no la historia del mundo. Bueno, esto sirve para ratificar lo absurdo del articulado.
Igualmente, sigo votando en contra como todos.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: este artículo 65 me recuerda lo que dijo uno de los
invitados al plenario de comisiones, cuando señaló que esto está hecho por porteños que no
tienen idea de cómo funciona el país; con una visión muy sesgada de la realidad.
Este artículo, además, al final, contiene una delegación en el Poder Ejecutivo. Dice:
El Poder Ejecutivo nacional establecerá las condiciones pertinentes en la materia objeto de
este artículo para el servicio de televisión móvil. Es decir, se delega en el Poder Ejecutivo la
decisión de controlar los contenidos que vamos a poder ver por televisión móvil. Y la única
ratificación que necesitará esta decisión del Poder Ejecutivo es de la Bicameral, pero no
podremos tratarlo ni decidirlo en este plenario. En consecuencia, es inconstitucional y viola,
a su vez, el Principio V de la Convención Americana, porque restringe la libre circulación de
ideas y opiniones.

Sr. Presidente.— Corresponde, entonces, votar los artículos 65 y 67. Después, el artículo
68. Luego, los artículos 66, 69 y 71, con las diferencias planteadas por el señor senador
Jenefes.
En consideración los artículos 65 y 67.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos afirmativos, 25 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …19

Sr. Presidente. — Senadora Corregido: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Corregido. — Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, son 42 votos afirmativos, 25 votos negativos.

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 65 y 67.
Se va a votar el artículo 68.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44 votos afirmativos, 23 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 20

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 68.
Se van a votar los artículos 66, 69, 70 y 71.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos afirmativos, 14 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 21

Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora Quintela: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Quintela. – Voto por la afirmativa.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 53.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 66, 69, 70 y 71.
De esta forma completamos la votación de los artículos 65 al 71, del Capítulo V.
En consideración el Capítulo VI, artículos 72 al 76.
Tiene la palabra la señora senadora Sonia Escudero.

Sra. Escudero. – Señor presidente: el artículo 72 es increíble porque avanza y atenta contra
todo principio de razonabilidad en la reglamentación que exige el artículo 28 de la
Constitución Nacional.
En este artículo se establece como obligación a cargo de los licenciatarios informar
acerca de la pauta oficial recibida. Esto es increíble y me remonta a la discusión de la
frustrada ley de acceso a la información pública en este Congreso y en este Senado.
El proyecto de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se llevó al recinto
establecía que solamente era posible acceder a la información de interés general. Es decir, el
Poder Ejecutivo decidía cuál era información de interés general que iba a entrar dentro de la
ley y cuál no era de interés general.
Se incorporaba en la obligación a los entes privados, o sea, decidiendo que el acceso
no es a la información pública sino también pública y privada. Al solicitar la información
había que decir para qué la necesitábamos. La ley entraba en vigencia cuando se le diera la
gana al Poder Ejecutivo. Esa era la ley de acceso a la información pública que aprobó este
Senado.
Aquí es increíble porque sigue resistiéndose a cumplir con lo que establece la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, incorporada a la Constitución Nacional,
respecto al principio de acceso a la información pública como parte del derecho a la libertad
de expresión e invierte la carga. No es el Poder Ejecutivo el obligado a informar cómo
distribuye la pauta oficial sino que el licenciatario es el obligado a informarle a la autoridad
de aplicación qué pauta recibe (riéndose) ¡Es increíble! Esto es violatorio de los principios 4
y 13 de la Comisión Interamericana.
El principio 4 dice: El acceso a la información en poder del Estado es un derecho
fundamental de los individuos. Los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este
derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales, que deben estar establecidas
previamente por la ley para el caso de que exista un peligro real e inminente que amenace la
seguridad nacional en sociedades democráticas.
El principio 13 establece que la utilización del poder del Estado y los recursos de la
hacienda pública, la concesión de prebendas arancelarias, la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, el otorgamiento de frecuencias de
radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a
los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos
por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma
independiente. Presiones, directas o indirectas, dirigidas a silenciar la labor informativa de
los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión. Este artículo se
cae absolutamente por inconstitucional, señor presidente.

Sr. Fernández. – ¿Alguna otra observación?

Sr. Sanz. – Nosotros…

Sr. Presidente. – Lo mismo. 72. ¿El resto?

Sr. Sanz. – ¿Cuál puso a consideración, presidente?

Sr. Presidente. – Estamos hablando del Capítulo VI, artículos 72 al 76.

Sr. Sanz. – Nosotros vamos a insertar en los artículos de abono social, publicidad política,
73, 74. Y el 76 era uno de los artículos en los que había habido una observación por parte del
oficialismo, respecto a la distribución de la pauta publicitaria oficial.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Sanz. – No. Pero ustedes hicieron la observación.

Sr. Pichetto. – Está en consideración, de todas maneras.

Sr. Sanz. – Nosotros incorporamos el artículo 76, de publicidad oficial.

Sr. Pichetto. – Bueno, léalo para ver cómo distribuyen.

Sr. Sanz. – Creo recordar —pensé que el debate iba a ser ahora— que el cuestionamiento
era cómo se distribuía la pauta y esto del 50, 30 y 20. Bueno, por supuesto, es 50, 30 y 20 por
cada contrato de pauta publicitaria en cada pueblo de la Nación. No es 50, 30 y 20 toda la
publicidad del Estado, con lo cual nosotros estamos garantizando, absolutamente, una
diversidad y una equidad, en los concursos, por las que hasta la última FM de cualquier
pueblito va a tener acceso a la publicidad oficial. Este es el tema. Por eso me sorprendió la
liviandad de la crítica, cuando cerró el presidente del bloque oficialista.

Sr. Presidente. – Senador Jenefes.

Sr. Jenefes. – Con relación al artículo 72, señor presidente, voto en contra del inciso c) y del inciso e).
Con respecto a los artículos 74, 75 y 76, nos hemos olvidado de los autorizados.
Supongo que la reglamentación lo solucionará.

Sr. Presidente. – ¿Cómo los va a votar, senador?

Sr. Jenefes. – Los voy a votar favorablemente, pero dejando constancia de que no sólo los
licenciatarios, sino los autorizados están obligados a cumplir con los requisitos en materia de
publicidad política; también, de ser cadena nacional, y también en el caso de los avisos
oficiales de interés público.

Sr. Presidente. – Senador Salazar.

Sr. Salazar. – Voy a votar negativamente los artículos 72 y 73.

Sr. Presidente. – Senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: con relación al artículo 74, de publicidad
política, nosotros, en nuestro dictamen, en el mismo sentido que las observaciones del
senador Jenefes, no solamente hacemos referencia a los licenciatarios sino a los prestadores
del servicio de comunicación audiovisual y también agregamos, en el artículo, la prohibición
de efectuar publicidad oficial en canales, con el propósito de promover intereses de partidos
políticos. Diferenciamos bien las cosas. Así que este es un artículo que nosotros también
votamos en contra y tenemos nuestra propia posición.

Sr. Ríos. – Votemos de a uno, señor presidente.

Sr. Presidente. – Creo que podemos votar los artículos 72 y 73. Y, después, los artículos
74, 75 y 76 juntos. Vamos al 72…
Tiene la palabra el senador Jenefes.

Sr. Jenefes. – No sé si quedó claro el sentido de mi voto. Yo voto favorablemente, pese a
esa observación.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 72.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 43 votos afirmativos, 24 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/…

Sr. Presidente.- Queda aprobado el artículo 72.
En consideración el artículo 73.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 43 votos afirmativos y 22 negativos.

Sr. Presidente.- Señor senador Rached: ¿podría emitir su voto a viva voz?

Sr. Rached.- Negativo.

Sr. Presidente.- Señora senadora Gallego: ¿podría emitir su voto a viva voz?

Sra. Gallego.- Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, se registraron 44 votos afirmativos y 23 negativos.

Sr. Presidente.- Señor senador Morales: ¿los artículos 74, 75 y 76 los votan con
observaciones…

Sr. Morales.- Nosotros vamos a votar negativamente los artículos 74 y 76 y afirmativamente
el artículo 75.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto.- Quiero clarificar al señor senador Sanz cuál es mi posición con relación a la
crítica que formulé al dictamen de la Unión Cívica Radical.
El proceso de pauta que sostiene la Unión Cívica Radical tiene que ver,
fundamentalmente, con un proceso de concentración. ¿Por qué? Porque los elementos para
definir la pauta son en los medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría.
Incluso, es un planteo equivocado incorporar acá a la prensa gráfica. Realmente, los asesores
que han trabajado en este tema colocan la cuestión de la prensa gráfica en un proyecto
audiovisual. Pero los elementos a tener en cuenta para fijar la pauta que sostiene el dictamen
en minoría, repito, son los medios y programas de mayor audiencia, con lo cual resulta
indudable que los grandes medios, los más concentrados son los que se van a llevar la gran
parte de la torta de la publicidad oficial.
Por lo tanto, mi crítica no es ligera, sino que está fundada en la propia letra del
dictamen en minoría.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz.- Insisto que la crítica es ligera y que no se ha leído correctamente el punto 3 que
dice que a los efectos de asignar la pauta publicitaria oficial los organismos estatales deberán
fundar su resolución en los siguientes criterios: primero, relación entre información o
campaña en la población objetivo para determinar el perfil del medio y su adecuación al
público al que va a destinado la campaña; perfil socioeconómico, etario, de género, cobertura
geográfica. Esto último es muy importante porque no se puede analizar este articulo desde la
perspectiva de que el gobierno nacional, desde Buenos Aires y con los medios nacionales,
está armando una campaña. Esto hay que bajarlo a todo el territorio local: si uno quiere hacer
una campaña contra el dengue en el Chaco, baja a esa provincia y allí baja a cada una de las
poblaciones; por eso se trata de una cobertura geográfica.
Segundo: medios y programas de mayor audiencia, rating, tiraje y lectoría. Esto es
precisamente así en cada lugar, como lo expliqué y por eso funciona el 50, 30 y 20. No es un
problema de los grandes medios de acá. Nosotros no somos los que tenemos un problema
mental con los grandes medios a través de este dictamen, sino el oficialismo. Nosotros lo
bajamos, lo federalizamos y lo llevamos a cada uno de los pueblos.
El tercer tema es el precio de la pauta publicitaria ofrecida por el medio que nunca
podrá ser superior a los que pagan los anunciantes privados.
Y el cuarto medio, programa o producciones de exclusiva realización o producción
local.
Es probable que nosotros nos hayamos pasado en un exceso de reglamentarismo. Pero
siempre es mucho mejor que, como ahora, no tener absolutamente ninguna regla para
distribuir 625 millones en los primeros seis meses del año.

Sr. Presidente.- En primer lugar, si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra se van
a votar en forma conjunta los artículos 74 y 76, y después el 75.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 45 votos afirmativos, 22 negativos.

– El resultado de la votación figura en el Acta N/…

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 74 y 76.
Se va a votar el artículo 75.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 53 votos afirmativos y 14 negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ … 22

Sr. Presidente. — Queda aprobado, entonces, el Capítulo VI, artículos 72 al 76.
En consideración el Capítulo VII, artículos 77 a 80.
Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Todos los artículos por la negativa. Insertamos.

Sr. Presidente. — Si no hay oposición, votamos en forma conjunta los artículos 77, 78, 79 y
80.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos afirmativos, 23 negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …23

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos del Capítulo VII..
En consideración el Capítulo VIII, artículos 81 al 83.
Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Todos los artículos por la negativa. Insertamos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: yo también manifesté en mi exposición en general, con
relación a la publicidad de los medios públicos y la publicidad de las personas sin fines de
lucro que reciban subsidios, debían tener la factibilidad de hacerlo, siempre y cuando lo sea
en condiciones de mercado. Sin perjuicio de ello, voy a votar favorablemente el artículo 81.

Sr. Presidente. — Votamos en conjunto, entonces, todo.
Tiene la palabra la senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente: reitero lo ya expresado, es decir, voy a votar negativamente
el artículo 82.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: el artículo 82 se entromete en facultades que son de las
provincias, al establecer cuánto tiempo de publicidad van a pasar los canales de cable, los
canales que no usan espectro. Pero aun si supusiéramos que los canales por cable entraran
dentro de la competencia del Congreso, suponer que los cables sólo viven del abono es un
error.
Aquí les están cambiando las reglas de juego, disminuyendo los minutos de
publicidad que pueden pasar hoy los canales por cable. Esto va a tener una directa
consecuencia de incremento del costo del abono y, por lo tanto, una limitación en el acceso
al cable de los sectores de bajos ingresos. Consagra un trato desigual de empresas privadas
que van a tener que competir con medios estatales y con entidades sin fines de lucro que,
además, se nutren con fondos públicos. Es un artículo inconstitucional.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sr. Lores. — En el mismo sentido, voto negativamente el artículo 82.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 81 y 83

— Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estada). – Se registran 42 votos por la afirmativa y 23 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta Nº…….24
Sr. Presidente. — Solicitaría que las señoras senadoras Vigo y Osuna manifiesten el sentido
de su voto a viva voz.

Sra. Osuna. — Afirmativo.

Sra. Vigo. — Afirmativo.

Sr. Secretario (Estrada). — Finalmente, se registran 44 votos por la afirmativa y 23 por la
negativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 81 y 83.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 82.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estada). – Se registran 42 votos por la afirmativa y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta Nº…….25

Sr. Presidente. — Solicitaría que la señora senadora Negre de Alonso manifieste el sentido
de su voto a viva voz.

Sra. Negre de Alonso. — Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). — Finalmente, se registran 42 votos por la afirmativa y 25 por la
negativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados, entonces, los artículos 81, 82 y 83. Con esto
terminamos con el Capítulo VIII del Título III.
En consideración el Título IV: Aspectos Técnicos; Capítulo I; artículos 84 a 86.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: vamos a votar negativamente el artículo 84. Con respecto a
los artículos 85 y 86, votamos afirmativamente. Pedimos autorización para insertar los
fundamentos.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 84.

— Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estada). – Se registran 44 votos por la afirmativa y 22 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta Nº……26

Sr. Presidente. – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 85 y 86, para terminar con
el Capítulo I.

— Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta Nº……27

Sr. Presidente. – Aprobados los artículos 85 y 86. Terminamos con el Capítulo I.
En consideración el Capítulo II: artículos 87 a 91.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Votamos por la negativa el artículo 89 y solicito autorización para insertar los
fundamentos. En cuanto a los otros artículos —87, 88, 90 y 91— votamos por la afirmativa.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 87, 88, 90 y 91.

— Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta Nº……..28

Sr. Presidente. – Aprobados, entonces, los artículo 87, 88, 90 y 91.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 89.

— Se practica la votación por medios electrónicos

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa, y 23 por la negativa

— El resultado de la votación surge del acta N°……..29

Sr. Presidente. — Senadores Negre de Alonso y Rached, sírvanse expresar su voto a viva
voz.

Sra. Negre de Alonso. — Negativo.

Sr. Rached. — Negativo

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se registran 43 votos por la afirmativa, y 25
por la negativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 89. Así, damos por finalizado el Capítulo II
del Título IV.
En consideración el Capítulo III, del Título IV, artículos 92 y 93.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: a través del artículo 92 se hace una delegación al Poder
Ejecutivo nacional para que reglamente la incorporación de nuevas tecnologías.
Al respecto, el artículo 92 comienza expresando: “La incorporación de nuevas
tecnologías y servicios que no se encuentren operativos a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley…”.
Esto daría lugar al ingreso de las telefónicas, lo que estaríamos aprobando mediante
una delegación en el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: votaré en contra del artículo 93, e insertaré la fundamentación de mi voto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros vamos a votar por la negativa, y pido la inserción
de los fundamentos.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 92.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa, y 23 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del acta N°……..30

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 92
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 93.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa, y 24 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del acta N°……….31

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 93. Así finalizamos el Capítulo III, Título IV.
En consideración el Título V —Gravámenes—, artículos 94 al 100.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: los artículos 95, 96 y 97 los votaremos negativamente, y
el resto en forma positiva. Asimismo, solicito autorización para insertar.

Sr. Presidente. — Se van a votar los artículos 94, 98, 99 y 100, que no tienen observaciones.
¿Es correcto, señor senador Morales?

Sr. Morales. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 94, 98, 99 y
100.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa, y 16 por la negativa

— El resultado de la votación surge del acta N°……..32

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 94, 98, 99 y 100.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 95, 96 y 97.
Tiene la palabra la señora senadora Osuna.

Sra. Osuna. — Quiero que en la votación quede constancia de la mayoría que se logró.

Sr. Presidente. — Muy bien.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa y 25 por la negativa. Se deja
constancia de que en el artículo 97 se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3) del
artículo 75 de la Constitución Nacional.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ … ….1

Sr. Presidente. — Aprobados. Terminamos así el Título V, Gravámenes.
En consideración el Título VI, Régimen de Sanciones, artículos 101 a 118.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Pertcoff Naidenoff. — Señor presidente: con relación a estos artículos, nosotros
votamos en contra prácticamente de todos, con excepción del artículo 111. Quisiera efectuar
algunas consideraciones con relación a tres o cuatro artículos que me parecen importantes,
justamente, en cuanto a las observaciones que formulamos desde nuestro bloque.
Fundamentalmente porque nos parece que este régimen sancionatorio es absolutamente
discrecional, arbitrario y que no garantiza el debido proceso ni el derecho de defensa, que
son receptados también, en materia de sanciones de estas características, por los tratados
internacionales.
Quiero señalar algunos aspectos como, por ejemplo, el artículo 103. Entre las
sanciones que enumera, figura la suspensión de publicidad y no establece ningún límite
temporal. Por lo cual, la aplicación de la sanción puede determinar indefectiblemente un
daño económico de irreparables consecuencias para el titular de una licencia, de una
autorización o permiso.
Indefectiblemente, cuando la autoridad de aplicación tiene en sus manos, de manera
discrecional, la facultad de sancionar con la suspensión de publicidad, que es el motor que da
vida a estos medios, este manejo discrecional puede generar un proceder extorsivo de la
propia autoridad para condicionar hasta la línea editorial o cercenar la libertad de expresión.
En este punto consideramos que hay que establecer límites mínimos y máximos de
duración de la suspensión de publicidad, que no los contiene este proyecto de ley.
Realmente, esto preocupa porque, también, vulnera, como se ha dicho, las garantías
precedentemente descriptas.
También se establece como sanción la multa para las infracciones cometidas con
relación a los administradores estatales. A nosotros nos parece que esto no es justo, no
corresponde. La verdad que hasta resulta muy poco creíble que la autoridad de aplicación
termine sancionando con una multa a un director que tiene fuerte vinculación política. Este
tipo de sanciones prácticamente sería irrisorio.
Consideramos que hay que corregir esto y avanzar en otro tipo de sanciones,
fundamentalmente, en la suspensión y en la destitución del cargo, que tienen que ver con el
mal desempeño en el ejercicio de los propios funcionarios. Entonces, reitero, hay que dejar
de lado la multa y reemplazarla por la suspensión y la destitución en el cargo. Esas son las
consideraciones con relación al artículo 103.
Voy a tratar de abordar los cuatro artículos centrales por una cuestión de economía de
tiempo.
Artículo 108, inciso a). La verdad es que este fue un artículo fuertemente debatido en
el plenario de comisiones y ha hecho mucho hincapié en este inciso, fundamentalmente, la
senadora Sonia Escudero.
Este inciso establece la sanción máxima, que tiene que ver con la caducidad de
licencias, a los actos atentatorios contra el orden constitucional o la utilización de servicios
de comunicación para proclamar e incentivar la realización de tales actos.Estamos hablando
de una redacción absolutamente ambigua y subjetiva: actos atentatorios, proclamación y el
caso de incentivar.
La senadora hacía referencia justamente a cuando la presidenta de la Nación calificó
de destituyente a los cacerolazos, a la acción desplegada por la Mesa de Enlace; y,
lógicamente, tomando como acto atentatorio un clima o un obrar destituyente. Con ese
criterio, una autoridad de aplicación puede imponer esta sanción, que es la máxima, porque
estamos hablando de la caducidad de la licencia. Por eso creemos que esto debe ser
eliminado.
En el artículo 108, en cuanto a la sanción de caducidad de licencia, incorporamos que
debe ser impuesta por la autoridad de aplicación, pero por el voto de al menos cuatro de sus
miembros. Es decir, deja librada la máxima sanción y no se establece un criterio
diferenciador en cuanto a las mayorías para aplicar esa pena.
La suspensión de publicidad, en el artículo 104, juega con el artículo 112 y lo hace de
manera perversa, porque esta última norma es la que hace referencia a que, una vez que se
agoten las vías administrativas, en la instancia judicial, a los efectos de la interposición de
los recursos, el único que cabe en cuanto a las sanciones y que tiene efecto suspensivo es la
sanción de caducidad.
Entonces, lo que cabe preguntarse es qué sucede cuando la autoridad de aplicación
sanciona con la suspensión de publicidad; es decir, cuáles son los caminos que tiene que
recorrer el titular o el licenciatario de un medio de comunicación audiovisual. Pues bien,
recurrirá a la Justicia, pero la interposición del recurso no tiene efecto suspensivo. Esto
significa que, al no tener efecto suspensivo, se ejecuta la sanción. Y yo quisiera que alguien
con cierto criterio lógico me explique cómo puede subsistir un medio de comunicación sin
publicidad, porque no hay un mínimo ni máximo.
Nosotros creemos que esto es discrecional, que cercena la libertad de expresión, que
profundiza la arbitrariedad de la autoridad de aplicación y que, en este articulado,, lo que en
realidad corresponde es que, así como tiene un efecto suspensivo la caducidad de licencias,
también lo tenga la suspensión de publicidad; pero no así las multas, porque para nosotros,
ellas deben mantener un efecto devolutivo.
Por último, quiero hacer referencia al artículo 113, que es absolutamente peligroso
porque permite a la autoridad de aplicación hacerse cargo de una emisora —con todo lo que
ello implica, es decir, con el giro comercial, con las decisiones económicas, con el giro de la
propia empresa— una vez que fue declarada la caducidad de la licencia hasta tanto se
adjudique una nueva licencia.
Y esto también juega con el artículo 161, porque cuando en la cláusula de
desinversión este artículo fija el plazo de un año —después se discutirá si ese plazo será un
poco más o un poco menos—, establece que una vez que se da ese proceso, si no se da la
opción y caemos en el camino de la caducidad de la licencia, es el propio Estado el que
termina haciéndose cargo de los medios.
Señor presidente: fíjese que se ha denostado muchísimo a la ley de la dictadura y que
todos estamos de acuerdo en que hay que modificar los criterios de la Ley 22285, pero el
artículo 55 de esa norma establecía que el servicio no será interrumpido hasta tanto inicie sus
emisiones regulares el nuevo licenciatario y que, por razones de seguridad nacional, el Poder
Ejecutivo nacional se hará cargo de su prestación y explotación con los bienes que estuvieren
afectados al servicio. Este es el mismo criterio. Es decir, caduca una licencia y se hace cargo
el Estado. Por eso, creo que estos artículos son absolutamente graves y peligrosos, dado que
incrementan la discrecionalidad.
Quiero dejar constancia de estas cuestiones, en este debate en particular.

Por supuesto, voy a insertar los fundamentos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: con relación al artículo 108, inciso a), sobre el que
mucho se ha debatido, quiero señalar que esta norma debería plantear la sanción de la
caducidad de la licencia, exclusivamente, cuando el licenciatario o el órgano de
administración haya sido condenado por el delito de atentado contra el orden constitucional.
La conducta que muy livianamente plantea el artículo 108, inciso a), está descripta
con bastante minuciosidad en dos capítulos del Código Penal. De modo que me parece que
esto abre una puerta a la discrecionalidad, a la arbitrariedad y, también, al perjuicio. Y creo
que es una amenaza permanente para los medios, porque se los va a tratar de perseguir por
los contenidos; con lo cual se va a generar una autocensura en los propios medios, por temor
a que se aplique esta norma.
Por lo tanto, me parece que esta iniciativa atenta completamente contra la libertad de
expresión, con la gravedad de que, interpuesto el recurso por la sanción de caducidad, la
propia autoridad de aplicación, si se le da la gana, lo concede con efecto suspensivo. De lo
contrario, sigue adelante. Y cuando llegue el auxilio de la Justicia, seguramente será
demasiado tarde, porque lo que sigue a la caducidad es que el Estado se hace cargo de la
empresa y llama a concurso.
El artículo 113 es copia de la ley de la dictadura.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: voy a votar a favor de todos los artículos, salvo respecto
del artículo 112, ya que entiendo que se trata de la sanción de caducidad, que siempre tiene
que tener efecto suspensivo y no sujetarse a las circunstancias del caso.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo 111, luego el 112 y, después, el resto del
articulado en forma conjunta.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 111.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …….. 33

Sr. Presidente. — Señor senador Basualdo: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Basualdo. — Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, se registran 53 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 111.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 112.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos por la afirmativa y 25 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …….. 34

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 112.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 101 al 118, menos el 111 y
el 112, que ya fueron votados.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos afirmativos y 23 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …35

Sr. Presidente. — Senador Rached: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Rached. — Negativo.

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, son 24 votos negativos.

Sr. Presidente. — Quedan aprobados todos los artículos del Título VI, Régimen de Sanciones.
Pasamos al Título VII, de Servicios de Radiodifusión del Estado Nacional.
Corresponde considerar el Capítulo I, artículos 119 a 123.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: votaremos afirmativamente los artículos 120, 122 y 123.
Los otros dos artículos los votaremos negativamente. Solicito autorización para insertar.

Sr. Presidente. — Si no hay otra consideración, corresponde votar los artículos 119 y 121.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos y 22 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …36

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 119 y 121.
En consideración los artículos 120, 122 y 123.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 52 votos afirmativos y 13 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …37

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 120, 122 y 123.
Finalizado el Capítulo I, pasamos ahora al Capítulo II, artículos 124 a 130.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: votaremos negativamente los artículos 124 y 126. El resto
de los artículos los votaremos positivamente. Solicito autorización para insertar.

Sr. Presidente. — En consideración los artículos 124 y 126.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 43 votos afirmativos y 21 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …38

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos 124 y 126.
En consideración los artículos 125, 127, 128, 129 y 130.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 52 votos afirmativos y 12 votos negativos.

— El resultado de la votación surge del Acta N° …39

Sr. Presidente. — Quedan aprobados los artículos correspondientes al Capítulo II.
En consideración el Capítulo III, artículos 131, 132, 133, 134 y 135.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: salvo el artículo 132, que votamos por la negativa, el resto
votaremos positivamente. Además, solicito autorización para insertar.

Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo 132.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa y 21 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 40

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 132.
Se van a votar los artículos 131, 133, 134 y 135.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 12 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 41

Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora Latorre: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Latorre. – Voto por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos negativos son 13.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 131, 133, 134 y 135.
En consideración el Capítulo IV, artículos 136 a 139.
Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. – Señor presidente: votamos por la negativa los artículos 136 y 139. Los otros
dos artículos los votaremos afirmativamente. También solicitamos autorización para insertar.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. – Señor presidente: respecto al inciso c) del artículo 136, relativo a la venta de
publicidad, entiendo que al estar subvencionado por el Estado y por los recursos que vienen
del gravamen, los medios públicos no debieran hacer publicidad o debieran hacer publicidad
en las condiciones de mercado.

Sr. Presidente. – Se va votar el artículo 136.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa y 21 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 42

Sr. Secretario (Estrada). – Señora senadora Negre de Alonso: sírvase manifestar su voto a
viva voz.

Sra. Negre de Alonso. – Voto por la negativa.

Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos negativos son 22.
Se van a votar los artículos 137 y 138.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 13 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 43

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 137 y 138.
Se va a votar el artículo 139.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa y 22 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/ … 44

Sr. Presidente. – Queda aprobado, entonces, el artículo 139 y completamos el Capítulo IV.
En consideración el último Capítulo del Título VII, Capítulo V, artículos 140 a 144.
Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. – Votamos el 143 en forma negativa y solicitamos autorización para insertar.
El resto, positivo.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el 143.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43 votos por la afirmativa y 21 por la negativa.

Sr. Presidente. – Senadora Escudero: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sra. Escudero. – Negativo.

– Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – 143. ¿Cuánto quedó?

Sr. Fernández. – 43 a 22.

Sr. Presidente.— En consideración los artículos 140, 141, 142 y 144.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52 votos por la afirmativa y 13 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N° …

Sr. Presidente. – Quedan aprobados y terminado el Capítulo V del Título VII.
En consideración el Título VIII, medios de comunicación audiovisual universitarios
educativos, que tiene seis artículos, del 145 al 150.
¿Tiene alguna observación, senador Morales?

Sr. Morales. – Negativo el 147, el resto positivo y solicito autorización para insertar.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 147.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45 votos por la afirmativa y 21 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N° …

Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 147.
En consideración los artículos 145, 146, 148, 149 y 150.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos citados.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54 votos por la afirmativa y 12 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N° …

Sr. Presidente. – Quedan aprobados todos los artículos del Título VIII.
En consideración el título IX, artículos 151 y 152.
Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar en forma
conjunta los artículos 151 y 152.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 56 votos afirmativos y 10 por la negativa.

– El resultado de la votación surge del Acta N/…

Sr. Presidente.- Quedan aprobados los artículos 151 y 152.
En consideración el título X, artículo 153.
Tiene la palabra la señora senadora por Salta Sonia Escudero.

Sra. Escudero.- Señor presidente: en este artículo 153 estamos delegando en el Poder
Ejecutivo nacional nada más y nada menos que la cláusula del progreso, artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional. Es decir, todo lo que haga al progreso de la radiodifusión,
de las comunicaciones audiovisuales, el ingreso o no de otros actores, de nuevas tecnologías,
etcétera, se delega en el Poder Ejecutivo, violando además lo que expresamente dispone la
Constitución en el artículo 76: las delegaciones de carácter legislativo sólo pueden ser por
cuestiones de administración o de emergencia pública y por un plazo determinado. Esta es
una delegación sin plazo determinado y, por lo tanto, no se ajusta a la Constitución Nacional.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales.- Nosotros también vamos a votar negativamente este artículo. En tal sentido, hacemos nuestros los argumentos que acaba de presentar la senadora Sonia Escudero y pedimos autorización para insertar nuestro discurso en el Diario de Sesiones.

Sr. Presidente.- Si ningún señor senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar el
artículo 153.

– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 44 votos afirmativos y 22 negativos.

Sr. Presidente.- Señor senador Marino: ¿podría indicar su voto a viva voz?

Sr. Morales.- Negativo.

Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, se registran 44 votos afirmativos y 23 negativos.

– El resultado de la votación surge del Acta N/…

Sr. Presidente.- Queda aprobado el artículo 153.
En consideración el título XI, disposiciones complementarias, artículos 154 a 162
inclusive.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: los artículos 154 y 155 crean una enorme dificultad en
cuanto obligan a formarse e instruirse a los locutores, operadores y demás; incluso, acá no se
dice que esto está dirigido a los nuevos locutores y obligan a la gente a tomar un curso en el
Instituto de Enseñanza Radiofónica que va a ser creado. Yo no sé si acá en algún lugar se
distingue entre los que ya tienen mucha experiencia y los nuevos. Pero da la impresión de
que todos van a tener que ir a la escuelita, incluso los viejos. Encima, la escuela la van a
hacer en Buenos Aires y van a tener que hablar con la “r”, que nos cuesta pronunciar. No es
que nos oponemos a pronunciar la “r”, sino que no nos sale.
Declaración del principio de libertad de expresión. En el punto 6 dice que toda
persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La
colegiación obligatoria o exigencia del título para el ejercicio de la actividad periodística
constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso
pueden ser impuestas por los estados.
Estos dos artículos están absolutamente en contra de estas normas de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Morales.

Sr. Morales. — Informamos todo el título, presidente.
Votamos afirmativamente los artículos 154 y 155; 157; 158; 159; 160 y 162.
Votamos negativamente el artículo 156. Pedimos autorización para insertar.
En el artículo 161 explicamos la propuesta del radicalismo, que realmente modifica
de manera sustancial la aprobación de la Cámara de Diputados. Este artículo, además de las
observaciones que ya se han planteado sobre incumplimientos a la Constitución, afecta,
como viene la redacción de Diputados, derechos adquiridos. Creemos que por este artículo y
otros más, esta ley, si no se modifica el texto del artículo 161 propuesto va a deambular por
tribunales y seguramente estará sometida a impugnación por inconstitucionalidad.
Nosotros creemos haber cerrado una propuesta que resuelve todas las situaciones.
Nos planteamos cuatro hipótesis de situación.
Primero planteamos la adecuación por afectación al régimen de multiplicidad de
licencias. Este es el caso en el que los propietarios de medios, dentro de los sesenta días
desde la constitución del directorio de la autoridad de aplicación, y los licenciatarios de
servicios de comunicación audiovisual que a la entrada en vigencia de la presente ley se
encontraren en infracción al régimen de multiplicidad de licencias del artículo 43 de la actual
Ley 22285 y sus modificatorias, presentarán un plan de adecuación informando a la
autoridad de aplicación la nómina de licencias que optarán por continuar titularizando. Dicho
plan de adecuación deberá instrumentarse en el transcurso de un año.
Acá mantenemos el año, pero en la medida en que la autoridad de aplicación verifica
que hay incumplimiento a la actual ley vigente.
En la segunda parte de este artículo le damos el mismo tratamiento con relación a los
incumplimientos de la Ley 25156, que es la Ley de Defensa de la Competencia.
Este va en línea con el artículo 48, en donde le damos 180 días al Tribunal de
Defensa de la Competencia, para que haga una evaluación de quienes son los que incumplen
con la Ley de Defensa de la Competencia, por una posición dominante o por alguna cuestión
de que se dé un monopolio en el mercado.
Acá también tienen que presentar un plan de reestructuración y tienen un año. En este
caso sí se les puede aplicar, porque hay incumplimiento de una ley vigente.
En la tercera parte de este artículo establecemos adecuación por infracción al límite
de abonados, que es lo que habíamos planteado también en el artículo 45.
En el artículo 45 habíamos establecido que no pueden asociarse, fusionarse ni
adquirir nuevas empresas. Pero acá establecemos que asumen posición dominante — y
entonces están en contradicción con la Ley 25156 de Defensa de la Competencia— los que
superen el 35 por ciento de la cantidad de abonados.
Entonces, también tienen que presentar un plan de reestructuración. Acá no ponemos
plazo. Es la autoridad de aplicación la que determinará el plazo que corresponda. Sí
establecemos un plazo para incumplimiento de la Ley 22285 y la 25156. En este caso, no.
El cuarto supuesto tiene que ver con los que, cumpliendo con la 22285 —Ley de
Defensa de la Competencia— y con el marco de esta interpretación que hacemos, de no estar
en posición dominante, se le respeta el plazo originario de licencia.
Acá nosotros hacemos una objeción al Decreto 527. Decimos: Adecuación por
aplicación de esta ley. Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que a la
entrada en vigencia de la presente ley no se encontraran en infracción al régimen de
multiplicidad de licencias del artículo 43 de la Ley 22245 y sus modificatorias, o al régimen
de la Ley 25156 —Defensa de la Competencia—, continuarán en el ejercicio de su licencia
hasta el vencimiento del plazo por el cual se hubieran adjudicado, o hasta el vencimiento del
plazo de prórroga. No se computarán dentro de estos plazos las suspensiones establecidas por
el Decreto 527.
Estos son los cuatro supuestos abordados y que, desde nuestro punto de vista,
garantizan la seguridad jurídica; establecen un esquema de reestructuración y dan una buena
solución al tema de la situación de posición dominante para el caso de la televisión por cable,
que es el tema central que aborda el Ejecutivo en el artículo 45 y que nosotros lo resolvemos
de mejor manera.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero. — Señor presidente: con relación al artículo 161, no podemos no referirnos
nuevamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 527 de 2005, firmado por el ex presidente
Néstor Kirchner. Ahí se suspendió por diez años el transcurso de los plazos las licencias.
Esto, obviamente, ha generado derechos a los licenciatarios. Por lo tanto, si se aprueba el
artículo tal como está, se están cambiando las reglas de juego.
En mi proyecto, planteaba que las licencias debían regirse por la norma que estaba en
vigencia al momento del otorgamiento de la licencia. Había que dar estímulos para adecuarse
a las nuevas norma; si no, hay que esperar a que las licencias venzan o, de lo contrario, hay
que estar preparados para pagar las indemnizaciones. Estamos hablando de aquellos que
están en regla y de los que estaban en regla conforme la norma vigente. La única salida para
quienes están en regla, conforme a la norma vigente, pero que están en una situación
dominante, es hacer uso de la Ley de Defensa de la Competencia, no hay otra posibilidad.
El artículo 161, tal como está redactado, vulnera los artículos 14, 16, 17, 32 y 42 de la
Constitución nacional, y los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos,
en cuanto consagran el principio de estabilidad de los actos administrativos. Este artículo
involucra la cuestión de los derechos adquiridos, la potestad revocatoria de la administración
y los límites impuestos a la misma por la Ley de Procedimientos Administrativos; el alcance
de los derechos subjetivos que se estén cumpliendo conforme al artículo 17 de la Ley de
Procedimientos Administrativos y la responsabilidad del Estado por su actividad legislativa.
Cuando se trata de derechos reconocidos previamente a un particular por un acto
administrativo debidamente notificado, encontrándose aquellos en cumplimiento o en
ejecución, la administración se encuentra obligada a acudir a la vía judicial a los efectos de
revocar su pronunciamiento anterior. Es decir, a aquellos licenciatarios a los que se les
prorrogaron las licencias y a quienes se les dio, además, el beneficio de la suspensión del
plazo por un decreto de necesidad y urgencia que sigue vigente, no se les podrá revocar la
licencia si no es por vía de la aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia o por vía
judicial. No hay posibilidades de que este artículo pueda aplicarse en otras circunstancias.
Nadie tiene derecho, obviamente, al mantenimiento de un orden determinado. Eso no
es lo que estamos diciendo. El Estado puede modificar un orden preestablecido cuando
considere que éste afecta al bien público; pero lo que no puede ni debe desconocer son los
derechos de quienes, siguiendo trámites regulares y adaptándose a la normativa vigente, se
hicieron titulares de licencias que hoy son derechos adquiridos, que pertenecen a su
patrimonio y que no pueden ser enajenados o, al menos, no sin la correspondiente
denominación. El Estado va a ser, sin dudas, sujeto pasivo de millonarias demandas.
El senador Jenefes hizo referencia a la inseguridad jurídica que plantea este decreto
de necesidad y urgencia por cuanto fue expresamente ratificado por una de las Cámaras y no
por el Senado.
Sin embargo, cuando se lee la ley que reglamentó los DNU —la 26122—, ley que fue
llevada al recinto e impulsada por la actual presidenta de la Nación cuando era senadora, en
su artículo 24, con total claridad, establece que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso
del decreto de necesidad y urgencia implica su derogación, quedando a salvo los derechos
adquiridos durante su vigencia. Es decir que la propia reglamentación de los derechos de
necesidad y urgencia deja a salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del decreto de
necesidad y urgencia.
Este es un decreto que no podemos obviar porque es ley de la Nación. Por lo tanto, el
artículo 161 nace muerto: no tiene ninguna posibilidad de ser aplicado. Y si se lo quisiera
aplicar por la fuerza, todos los argentinos tendríamos que pagar las consecuencias de esa
política de “hoy te doy, mañana te quito, porque tengo el poder y hago lo que se me da la
gana”. Eso es lo que nos está pasando.
Sigo un poco más…

—Murmullos en recinto,.

Sr. Presidente. — Silencio, por favor.

Sra. Escudero. — La lógica de la ley de procedimientos administrativos pretende evitar la
permanencia en el mundo jurídico de actos administrativos ilegítimos cuando la
administración aun está a tiempo, pero cuando no resulta necesaria la incursión coactiva o
forzada de la administración sobre la persona o bienes del administrado. Es decir: cuando
hace falta la incursión coactiva o forzada de la administración sobre la persona o bienes del
administrado, no puede hacerlo la administración sino que tiene que recurrir a la vía judicial.
La administración no puede revocar licencias otorgadas, por ilegitimidad o inoportunidad
sobrevinientes, sin tener en cuenta las consecuencias de esta decisión.
Las licencias de radiodifusión no son otorgadas a título precario. Es el único supuesto
en el que no correspondería indemnizar en caso de revocación. Si el título tiene plazo, es
claro que no es precario; y es claro también que dicha revocación no puede hacerse en sede
judicial, pues la administración no tiene potestad de dejarla sin efecto por sí sola.
El principio de inviolabilidad de la propiedad, asegurada en términos amplios por el
artículo 17 de la Constitución nacional, protege con igual fuerza y eficacia tanto los derechos
emergentes de los contratos como los constituidos por el dominio y sus desmembraciones.
Es doctrina de la Corte Suprema en el caso “Martín, Alfredo, contra Banco
Hipotecario Nacional”, que cuando bajo la vigencia de una ley el particular ha cumplido
todos los actos y condiciones sustanciales, y los requisitos formales previstos en ella para ser
titular de un determinado derecho, debe considerarse que hay derecho adquirido porque la
situación jurídica general creada por esa norma se transformó en una situación jurídica
concreta e individual en cabeza del agente, que como tal se hace inalterable y no puede ser
suprimida por ley posterior sin agravio al derecho de propiedad consagrado por el artículo 17
de la Constitución nacional.
Es decir, señor presidente, esto que hacemos aquí y que parecería que no pasa nada
—como si se dijera “tengo el poder, tengo el número, me llevo la Constitución por
delante”— no sólo afecta a quienes está dirigido este artículo 161 sino también al conjunto del país. Nos afecta a todos con la falta de confianza, con la fuga de capitales, con la falta de inversiones, con la falta de un proyecto de país, con la falta de un horizonte de mediano y largo plazo.
¿Por qué creemos que nuestros vecinos Brasil, Uruguay y Chile crecen
constantemente? Porque su clase política, por lo menos, ha encontrado algunos consensos básicos. Esas son las reglas; y se dice “vengan e inviertan porque estas son las reglas, y dentro de esas reglas ustedes podrán crecer, generar empleo y riqueza y tener futuro”.
Señor presidente: así como no acompañé en 2002 la consolidación del monopolio ni
nunca fui lobbista de los medios ni de los empresarios, hoy tampoco quiero ser lobbista de aquella pelea que se desató con aquella frase que pronuncia Néstor Kirchner: “¿Qué te pasa Clarín? ¿Estás nervioso?”.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.

Sra. Sánchez. — Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en el artículo 161.

Sr. Presidente. — Muy bien; después lo tratamos todo…
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: por las razones expuestas en general, voto en contra del
artículo 161.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: quiero hacer mías las palabras de la senadora
Escudero, que realmente ha fundamentado de una manera muy profunda y completa las
razones por las cuales no se puede votar este artículo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: por las razones expuestas en el tratamiento en general,
voto en contra del artículo 161.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: ratificando lo que dije en la exposición al momento de
fundamentar mi voto negativo y adhiriendo a lo que termina de expresar la senadora
Escudero, me parece que son gravísimos los alcances y las consecuencias jurídicas que va a
generar el artículo 161, razón por la cual refuerzo mi voto negativo en ese sentido.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente: es para fundamentar también, en este caso, mi voto
negativo en las razones que ya expuso la senadora Escudero.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Giusti.

Sra. Giusti. — Señor presidente: es para expresar, como lo hice en la exposición en general,
mi voto negativo al artículo 161.

Sr. Presidente. — Senador Morales: ¿los artículos 156 y 161 los votaba en forma negativa?

Sr. Morales. — Negativos.

Sr. Presidente. — Como hay diferencia con el artículo 161, vamos a votar el artículo 156.
Antes, vamos a autorizar la abstención de la senadora Sánchez para el artículo 161.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobada.
Vamos a votar el artículo 156.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 44 votos por la afirmativa y 22 por la negativa. Senador Rodríguez Saá: sírvase manifestar su voto a viva voz.

Sr. Rodríguez Saá. — Negativo

Sr. Secretario (Estrada). — En consecuencia, resultan 44 votos por la afirmativa y 23 por la
negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ ……… 1

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 156.
Vamos a votar el artículo 161.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Resultan 38 votos por la afirmativa, 28 por la negativa y 1 abstención.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ ………..2

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo 161.
Se van a votar los artículos 154, 155, 157, 158, 159, 160 y 162.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 52 votos por la afirmativa y 14 por la negativa.

— El resultado de la votación surge del Acta N/ …45……

Sr. Presidente. — Por lo tanto, queda aprobado el Título XI.
Último título: Título XII. En consideración los artículos 163 a 165.

Sr. Romero. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero. — Considero que el artículo 163 es absolutamente innecesario y que avasalla
facultades provinciales. Las obligaciones y las facultades están en la Constitución.
Esta ley no puede limitar a las provincias. Además, las llama jurisdicciones
provinciales; antes se llamaban provincias argentinas y ahora son jurisdicciones provinciales.
Este artículo dice que las jurisdicciones provinciales y los municipios —pone a todos
en el mismo nivel— no podrán imponer condiciones de funcionamiento y gravámenes
especiales que dificulten la prestación de los servicios reglados por la presente ley, sin
perjuicio de sus propias competencias. Y, si tienen propias competencias, pregunto para qué
ponen la primera parte; que ejerzan sus propias competencias.
Entonces, ¿en qué lugar cabe acá el uso de espacio aéreo, si tienen que enterrar los
cables los canales, si se cuelgan de los postes de luz, si usan los frentes de las casas? ¿Esas
son propias competencias o no?
Este artículo es absolutamente innecesario y aumenta la confusión de esta ley.
Quiero decir que en los años que hace que estoy acá, pocas veces vi una ley tan
confusa como esta.

Sr. Morales. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — En el mismo sentido, ¿esto qué significa? ¿Significa que ahora el derecho
del uso del espacio aéreo los municipios no lo cobran? Hay discusiones en muchos
municipios sobre esta situación.
El artículo 163 establece la imposibilidad de imponer condiciones de funcionamiento
y gravámenes especiales que dificulten la prestación de los servicios reglados por la presente
ley. Realmente es un concepto tan genérico que les va a generar problemas a todos los
municipios.
Prepárense para que vengan todos los municipios a reclamar por esta cuestión.
Inclusive, hay municipios de España que ya están cobrando el derecho del uso del espectro por los teléfonos celulares, con fallo de la Corte, y son disposiciones que están
estableciendo los propios municipios.
Acá van a empezar a venir todos los municipios a reclamar porque se les genera un
grave problema. Van a tener que bajar las tasas del uso de espacio aéreo.
Nosotros vamos a votar negativamente todos los artículos de este Título.

Sr. Presidente. — Habíamos autorizado las inserciones durante la consideración en general; por lo tanto, ahora corresponde votar los pedidos de inserción realizados durante la consideración en particular.

— Se practica la votación.

Sr. Presidente. — Aprobado.46
Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se van a votar los artículos 163 a 166, siendo el último de forma.

— Se practica la votación por medios electrónicos.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — No se levanten, señores senadores. Hay que votar de nuevo. Se empacó la máquina.

— Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. — No manejamos los medios, pero el horario sí. (Risas.)

— Luego de unos minutos:

Sr. Presidente. — Vamos a votar a viva voz.

Sr. Secretario (Estrada). — Les voy a preguntar cómo votan a los señores senadores a los que la máquina no alcanzó a registrar…

Sr. Pichetto. — ¡No, votémoslo todo!

Sr. Mayans. — Que no queden dudas…

Sr. Presidente. — La máquina no anda.

Sr. Secretario (Estrada). — Entonces, hay que hacer votación nominal.

Sr. Presidente. — Entonces, por Secretaría se procederá a tomar lista, a efectos de la votación nominal.

—Así se hace.

— Votan por la afirmativa los señores senadores Banicevich, Biancalani, Bortolozzi,
Calcagno y Maillman, Colazo, Corradi de Beltrán, Corregido, Díaz, Fellner,
Fernández, Filmus, Fuentes, Gallego, Gioja, Giri, Giusti, Guastavino, Guinle, Iturrez
de Capellini, Jenefes, Lores, Marín, Martínez (J.C.), Mayans, Maza, Miranda, Osuna,
Pampuro, Parrilli, Perceval, Pérsico, Pichetto, Quintela, Riofrío, Ríos, Saadi,
Sánchez, Torres, Troadello, Viana, Vigo y Viudes.

— Votan por la negativa los señores senadores Basualdo, Cabanchik, Escudero,
Estenssoro, Giustiniani, Latorre, Marino, Martínez (A.A.), Morales, Negre de
Alonso, Nikisch, Pérez Alsina, Petcoff Naidenoff, Pinchetti de Sierra Morales,
Rached, Reutemann, Romero, Salazar, Sanz y Vera.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos afirmativos y 20 votos negativos.

Sr. Presidente. – Queda sancionado definitivamente el proyecto de ley. Se comunicará al
Poder Ejecutivo. (Aplausos)
Queda levantada la sesión.

— Es la hora 6.08 del sábado 10 de octubre de 2009.

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