La Cámara alta sancionó y envió a Diputados el proyecto de ley que le permite a efectores de salud como clínicas y geriátricos, acogerse a un plan de pagos para regularizar la situación de las deudas impositivas y previsionales acumuladas a partir de 2002, a causa de la crisis económica.
El proyecto aprobado por 50 votos positivos y 1 en contra, autoriza a las empresas de salud privadas, obras sociales nacionales, geriátricos, laboratorios y servicios de emergencia médica a cancelar las deudas fiscales y previsionales con la AFIP en un plazo de quince años, con un interés del 6 por ciento anual.
La única oposición partió del senador cordobés Carlos Rossi.
Según se calcula, las deudas ascenderían a entre mil y mil doscientos millones de pesos que se fueron sumando a partir del dictado de la emergencia sanitaria a principios de 2002.
La norma enviada por el Ejecutivo precisa que se podrán adherir “los prestadores médico-asistenciales públicos o privados y las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud que hubieran sido alcanzados por la emergencia sanitaria nacional”.
Las empresas que no se hayan inscripto en la renegociación, y aquellas en estado de quiebra, querelladas y denunciadas penalmente, están excluidos de los beneficios de la ley.
Los que se inscriban “no podrán distribuir dividendos societarios, ni utilidades” hasta que “no hayan cancelado la totalidad del plan de facilidades de pago”, advierte la norma. Para acceder a los planes “las empresas deberán renunciar o desistir de los juicios o procedimientos administrativos entablados contra el Estado pidiendo un ajuste por inflación”.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich, remarcó que el plan “permite regularizar el funcionamiento del sistema”, y elogió el proyecto argumentando que se está “dando un salto cualitativo extraordinario”.
El legislador chaqueño recordó que la emergencia sanitaria que fue prorrogándose desde 2003 hasta la actualidad, sirvió para “fortalecer el hospital público y poner los medicamentos al alcance de las familias pobres”.
Por su parte, el jefe del bloque radical, Ernesto Sanz reclamó que “antes de haberse llegado a esta situación, el Estado debió haber entregado un detalle exhaustivo de quiénes son los beneficiarios”.
Þ”Con estas moratorias es común que se meta en la misma bolsa a los cumplidores y a los no cumplidores, a los buenos y a los malos”, remarcó el jefe del bloque de la UCR.
Al votar en contra, el senador juezista cordobés Carlos Rossi argumentó que los efectores de salud alcanzados por la medida pretendían “una solución intregral y una más generosa financiación”.
