El diputado de Concertación Entrerriana sostuvo que los dichos de Graciela Ocaña “carecen de fundamento y más aún, son mentiras. La señora Henderson recibió un telegrama de despido que en ningún párrafo menciona irregularidad alguna que justifique una causa penal, además de no haber existido nunca denuncia de irregularidades ni sumarios, ni tampoco advertencia de ninguna naturaleza, como para que se vaya induciendo en un lógico proceso en el ámbito laboral de un posible despido por parte de la patronal, en este caso la señora Ocaña”.

Asimismo y respecto al responsable de la UGL en la ciudad de Paraná para la provincia de Entre Ríos, Godoy consideró que es probable que Carlos Martín Alonso, “designado precisamente por la especialista en problemas de jubilados como es Ocaña, tenga algún problema de tipo personal con la despedida, quien precisamente en el mes de diciembre del pasado año tuvo un ascenso en su escalafón laboral por la responsabilidad con que ha asumido su tarea al frente de la delegación Gualeguay”.

El diputado de la Concertación agregó que “lo que hace más sugestivo todo este accionar es que en la noche de ayer un señor de nombre Emiliano Sosa en la ciudad de Buenos Aires, en el PAMI y en nombre de la licenciada Ocaña, propone un ‘arreglo’ para que la damnificada continúe cobrando su salario hasta el día de la jubilación, cuestión ésta que deja traslucir claramente que estamos en presencia de una irregularidad desde el PAMI Central y no desde la agencia de Gualeguay. Obviamente a la señora Henderson -quien todavía no alcanza a comprender el porqué de esta situación- no le interesa este tipo de arreglos y mucho menos el hecho de que sea elevado a causa penal como acaba de decir la licenciada Ocaña por las supuestas irregularidades que ella detectara”.

El diputado Godoy, quien acaba de presentar un proyecto pidiendo explicaciones al Poder Ejecutivo sobre esta situación que preocupa a un amplio sector de la ciudad de Gualeguay, explicó que “esta respuesta que realizamos en defensa de una trabajadora con un legajo sin inconvenientes en toda su trayectoria laboral es precisamente por la injusticia que se está cometiendo; y en segundo lugar porque desde el Estado no se puede ni se debe actuar de esa manera, ya que hay métodos y procedimientos que obligan a comenzar con una advertencia, un sumario y luego recién -y habiéndole otorgado al interesado la posibilidad de defensa correspondiente- se pueda arribar a una conclusión tan drástica como un despido, más aún de la titular de un organismo tan importante para la comunidad”.