El titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Raúl Guiñazú, salió al cruce de las controversias generadas en el sector por un proyecto de ley que regularía la nueva implantación de viñedos, al afirmar que “no es una ley de prohibición” y descartó totalmente esa posibilidad.

La iniciativa fue suscripta por los diputados nacionales sanjuaninos, Juan Carlos Gioja, Rubén Uñac, y la ex diputada Margarita Ferrá de Bartol, y puntualiza que para “mantener el equilibrio en el mercado de las provincias productoras”, las “medidas deberán disponerse por un determinado tiempo, y sólo, bajo circunstancias excepcionales”.

En los fundamentos se afirma que la vitivinicultura “es una actividad económica que responde a la realidad de un país, de una región o del mundo, siendo un factor de desarrollo porque genera riquezas, fuentes de trabajo y el uso permanente de las diversas tecnologías que aseguran la competitividad y la optimización del propio recurso”.

“Resulta necesario, entonces, establecer una política reguladora de implantación de variedades, con el objeto de salvaguardar las condiciones de competitividad y mantener a la Argentina como uno de los mejores productores de vinos”, finalizan la iniciativa que provocó la inmediata reacción del titular del INV.

Guiñazú comentó que “una vitivinicultura con un Plan Estratégico en la que hay que incrementar el consumo, tanto en el mercado interno como en el externo, requiere implementar ciertas regulaciones en la implantación de viñedos”.

El funcionario reiteró que “lo que se está tratando no es una ley de prohibición”, y descartó totalmente esa posibilidad.”Esa es sólo una opinión de sectores más radicalizados”, acotó.

“Es imposible imaginar una vitivinicultura con crecimiento del mercado interno, como se está verificando en la Argentina, y un aumento continuo de las exportaciones, manteniendo una superficie cultivada constante”, sostuvo. “La regulación se haría a través de consensos y de asociaciones, pero todas estas alternativas se discutirán en una mesa en la que participarán la Secretaría de Agricultura, el INTA, el INV, la COVIAR, el sector privado”, explicó.

“Pero quiero dejar bien en claro que el objetivo no es la prohibición, sino una regulación racional y planificada, ajustada al Plan Estratégico de la vitivinicultura argentina”, puntualizó el funcionario.

Uno de los autores del proyecto, el sanjuanino Juan Carlos Gioja, dijo que “son los conservadores de siempre” los que oponen a la iniciativa que él impulsa.

“Después, cuando el sector no tiene rentabilidad, piden subsidios. La crisis central de la falta de precios, tiene que ver con un excedente en la producción”, señaló el legislador, para agregar luego que “no hay rentabilidad, y eso hay que controlarlo. Esto tiene que ver con el rol activo que tiene que jugar el Estado, para proteger a los pequeños productores”.