Aprobaron en una comisión el proyecto. Deberá pasar por otra antes de llegar al recinto.
El proyecto que busca garantizar a la mujer el derecho a la interrupción del embarazo en los casos de abortos no punibles avanza en la Cámara de Diputados, donde recibió la aprobación en la Comisión de Salud.
La iniciativa deberá recibir dictamen en la Comisión de Legislación Penal para ser tratada luego en el recinto.
El proyecto de ley reúne las iniciativas en ese sentido presentadas por las diputadas del kirchneirsmo Juliana Marino y la socialista Silvia Augsburger, y fue suscripto este miércoles por los legisladores que integran la comisión de Salud.
De acuerdo a esta iniciativa, el médico debe comprobar fehacientemente el peligro para la vida de la mujer grávida causado o agravado por el embarazo luego de realizarle los estudios pertinentes.
Si bien esta práctica está contemplada en el Código Penal, en casos de violación, esta norma busca garantizarle a la mujer el derecho a interrumpir el embarazo cuando exista riesgo para la vida de la mujer y establece que los hospitales deben realizarlo sin cargo, así como las entidades de medicina prepaga.
Asimismo, el proyecto contempla la obligatoriedad del establecimiento asistencial de brindar tratamiento psicoterapéutico a la mujer desde el momento en que le es indicada la práctica del aborto no punible y hasta su rehabilitación.
Mientras esto sucede, la Conferencia Episcopal Argentina insistió a través de un comunicado su postura contraria a cualquier práctica abortiva, y advirtió que la misma “nunca es una solución”, dado que “la opción es siempre la vida”.
Los prelados recordaron que el primer derecho natural de la persona humana es “el derecho a la vida”, garantizado por la Constitución Nacional.
El comunicado suscripto la Comisión Ejecutiva de la CEA, que preside el cardenal Jorge Bergoglio SJ, arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, e integran como vicepresidentes monseñor Luis Villalba, arzobispo de Tucumán y monseñor Agustín Radrizzani SDB, obispo de Lomas de Zamora, detalla que “no existe un derecho a causar la muerte de los propios hijos”.
