Luego de un arduo debate, la Cámara alta sancionó un proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que penaliza los actos terroristas y su financiación, con la intención de que la Argentina no sea declarada miembro del grupo de países "no confiables" por carecer de una legislación acorde. Ahora, Diputados deberá tratar con celeridad el proyecto.
La Cámara de Senadores dio media sanción a un proyecto de ley que introduce cambios en el Código Penal, para penalizar las asociaciones ilícitas con fines de terrorismo.
Al retomar la actividad legislativa, el Senado aprobó la iniciativa que crea la figura penal de “asociación ilícita terrorista” y el delito de financiamiento del terrorismo, a cuya aprobación antes de fin de mes se comprometió la Argentina ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Este es el organismo internacional que combate el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el mundo, que Argentina integra desde 2000.
El proyecto fue aprobado por 51 votos a favor y uno en contra, luego de un debate que se centró en la figura penal de la asociación ilícita, también cuestionada por la bancada radical, que de todos modos votó a favor para respetar el compromiso internacional del país.
El único que votó en forma negativa fue el senador socialista Rúben Giustiniani.
Vilma Ibarra fue la miembro informante, quien subrayó “el compromiso del Gobierno de combatir el terrorismo respetando los derechos humanos”. Al justificar la necesidad de introducir estas modificaciones al Código Penal, remarcó que “no se puede dejar librado la lucha contra el terrorismo a normas generales, sino que hay que establecer figuras penales especiales”.
Sobre la figura de la asociación ilícita, señaló que “tiene una tradición dogmática en nuestro Código Penal”.
El tema fue respaldado luego por la justicialista salteña Sonia Escudero, quien precisó que dicha figura “nunca fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia”. La senadora salteña justificó que se castigue el estadio anterior a la comisión del delito, algo criticado por algunas organizaciones de derechos humanos, al sostener que la ley apunta precisamente “a la prevención del acto terrorista”.
Por el radicalismo, el formoseño Luis Petcoff Naidenoff aclaró que su bancada apoya la iniciativa, aunque formuló “algunas observaciones”. Apuntó contra “cierto apresuramiento de cuestionamientos de carácter doctrinario y jurisprudencial”, al referirse a la figura de asociación ilícita, y recordó que se la ha usado “abusivamente” para aplicar la prisión preventiva.
Dijo que hubiera sido mejor introducir una figura legal “autónoma”, a través de “una ley especial”, y no de una modificación del Código Penal.
A su vez, el socialista Rubén Giustiniani advirtió que la mayoría de los especialistas del derecho penal sostienen que “bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia muchas veces se afectan derechos constitucionales”.
El senador socialista sostuvo que “todos rechazamos el terrorismo y creemos en la paz, pero hay un debate sobre cual es la metodología que se debe desarrollar para el combate de los delitos terroristas”.
El legislador santafesino hizo notar que “el concepto de terrorismo es equívoco”, y citó en tal sentido que un especialista norteamericano que dijo que “terrorismo es lo que hacen los malos”.
La norma sancionada contempla para los fundadores o jefes de la asociación ilícita que el mínimo de la pena será de diez años de reclusión o prisión.
El proyecto original sufrió algunas modificaciones durante su análisis en Comisión, ya que se decidió agravar las sanciones previstas para aquellas entidades que financien organizaciones terroristas, que en la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se equiparaban con las del lavado de dinero.
Por tratarse de un delito de mayor gravedad, a quienes financien actos terroristas se les aplicará una multa de entre “cinco a veinte veces el valor de los bienes”.
La sanción de esta norma es reclamada so pena de sanciones contra el país, una de las cuales podría ser una “declaración pública” por el cual el GAFI les informa a los países miembros que observen con especial atención a todas aquellas operaciones financieras que provengan o tengan por destino a la Argentina, y la otra -más grave- es la expulsión. Para los miembros de tales asociaciones se prevén penas de reclusión o prisión de cinco a veinte años, mientras que los jefes tendrán un mínimo de diez años de reclusión o prisión.
Además, será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, “el que recolectare o proveyere bienes o dinero, por el medio que fuese, con conocimiento de que serán utilizados (…) para financiar una asociación ilícita terrorista”.
