Policias y jueces competentes de la provincia podrán colaborar en la lucha efectiva, ágil y dinámica contra el comercio, la entrega, el suministro y facilitación de estupefacientes en dosis destinadas al consumidor.
Después de casi dos años el Senado provincial convirtió en ley el proyecto por el cual la provincia se adhiere a la Ley Nacional Nº 26.052.
El mentor de esta iniciativa, el diputado Julio César Aldaz, celebró esta resolución y reafirmó que “soy un convencido que esto servirá. Lo consulté con mucha gente. Me asesoré adecuadamente y creo que le va a hacer un bien a nuestra sociedad”.
El legislador de Basavilbaso manifestó que “como lo dijimos en su momento, no se termina sólo en una ley de adhesión, sino que es el primer paso.
A partir de la promulgación, quedan otras etapas por cumplir. En 21 días aproximadamente estaremos dándole media sanción a un proyecto que dice claramente que hay que abordar desde el área de Salud esta problemática de la atención de los entrerrianos que tengan problemas de conductas adictivas. Habrá que hacer un relevamiento del recurso humano con el que se cuenta en los hospitales y centros de Salud y detectar y captar a aquel vecino que tenga problemas adictivos, acercándolo a estos nosocomios. La adhesión a esta Ley se deberá complementar con un flexo normativo, que tiene que ver con algunas modificaciones al Código Procesal Penal, que hagan más ágil y más eficiente el accionar de la Justicia y de la fuerza de investigación.
Mientras tanto, el Ejecutivo tendrá que analizar con el Poder Judicial y la Policía, cuáles son las necesidades que tengan, plantearlo y a partir de ese momento, sancionar las leyes correspondientes para satisfacer las mismas. Sabemos que es todo un proceso, que no es de un día para otro. “Habrá que cuantificar cuánto le va a costar a la provincia, recordando que la ley autoriza a la Nación a transferir los recursos correspondientes que hagan falta”.
El diputado remarcó que “era una ley muy necesaria, porque no podíamos dejar que nuestros chicos sigan siendo presas de los delincuentes que se dedican a traficar drogas, que no respetan edades, ni capacidades, ni sexo, ni nada, cuánto más venden, mejor para ellos. A partir de esto vamos a poder obstaculizar el libre comercio y atacar aquel sector que trafica en menores cantidades y que va a permitir llegar a quienes trafiquen cantidades medianas o grandes posteriormente. No podemos mirar para el costado, los chicos más pobres no tienen los papás para pagar un tratamiento o la internación, la consulta a un psicólogo o a un terapista y el Estado tiene que asumir esta responsabilidad y lo empezó a hacer con esta adhesión”.
El legislador hizo notar que “hay una fuerte oposición del poder judicial, incluso los magistrados de las jurisdicciones de la Región Centro han manifestado estar en contra de este proyecto. Dicen que vamos a dividir la investigación de un delito, que va a haber impugnaciones… Un juez representante de los magistrados dice que lo va a desbordar el trabajo. Parece que está más preocupados por la tarea que iba a tener, que por combatir la droga. La legislación aparece a partir de los hechos que se van produciendo, a partir de que la droga dejó de ser en Argentina un problema de tránsito y se transformó en un país de consumo. Por eso tenemos que adaptar las estructuras. Se terminó la teoría de que llegaba sólo a ciertas clases de la sociedad. La droga está llegando a los sectores más humildes, pobres y desprotegidos, que indirectamente hace subir los índices delictivos y de criminalidad”.
