El jueves 13 de julio la corte Internacional de La Haya no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Republica Argentina, con relación a la paralización de las obras de las fábricas de pasta de celulosas en la localidad de Fray Bentos en la Republica Oriental del Uruguay.

En referencia a eso quiero destacar que el estudio de esta problemática la inicie dialogando con representantes de entidades ambientalistas no gubernamentales de La provincia de Entre Ríos. En el 2002, quienes me manifestaron ante las diferencias que notaban en el rol del contralor que debía ejercerse por parte de La CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay), en relación con la defensa del medio ambiente y de los derechos argentinos por parte de nuestros funcionarios.

A principios de 2005 analicé, junto a mis asesores, en forma detenida las actuaciones, resoluciones y diversa documentación emanada, durante los últimos años, por este organismo bilateral (CARU), de la cual surgen recomendaciones ambientales e informes de viajes a distintos países, entre ellos Finlandia. En febrero de 2006, en función de los datos recabados, propuse como proyecto de resolución el número D6914, el mismo fue reproducido por una cuestión reglamentaria el 1 de marzo, la creación de una comisión conformada con dos miembros de cada uno de los países en litigio, más tres representantes técnicos ambientalistas de reconocimiento internacional, nombrados por los restantes estados parte del MERCOSUR, con el fin de que emitieran un dictamen vinculante para las partes, luego de un exhaustivo estudio de impacto ambiental. El 15 de Marzo de 2006 presenté junto al diputado nacional Carlos Daud, el proyecto de resolución D650, solicitando la creación de una Comisión de Análisis y Seguimiento de las Condiciones de Preservación del Río Uruguay, incluyendo al Brasil, fundamentando esto en que más de dos tercios del río Uruguay se encuentran en su territorio.

Luego, el 10 de mayo, y ante la negativa del gobierno del doctor Tabaré Vázquez a continuar el diálogo con nuestro país, presenté junto al actual Diputado Nacional y futuro vicegobernador electo de mi provincia de Entre Ríos Eduardo Lauritto el proyecto de declaración D2362, con la firme idea de que el traslado de las plantas de Botnia y Ence, es decir la relocalización en otro punto del territorio uruguayo, lejos de la frontera con Argentina, era y es la solución definitiva para evitar la contaminación del territorio argentino, más no por supuesto la de los hermanos orientales, cosa que lamentamos.

Veo como muy auspiciosa la reciente manifestación publica del presidente del Uruguay, en el sentido de reconocer que de resultar contaminantes estas fabricas se procederá al desmantelamiento de las mismas. Pero quiero destacar que el seguimiento y monitoreo del avance del proyecto debe ser concretado por ambos países. Por último quiero resaltar y dar mi reconocimiento público al pueblo de Gualeguaychú, por su valentía y decisión permanente y genuina en defensa de sus derechos, y al presidente Néstor Carlos Kirchner que no dudó jamás en estar junto a los entrerrianos.

Solanas es diputado nacional por el Frente para la Victoria por la provincia de Entre Ríos