La Cámara baja de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley de Ministerios, que este jueves convertiría en ley el Senado.
Los diputados bonaerenses votaron a favor de la nueva estructura de ministerios con la que contará el futuro gobernador Daniel Scioli a partir del 10 de diciembre.
La norma comprende fusiones de organismos, división de secretarías y la creación de un área específica para la promoción de las inversiones.
El proyecto había ingresado a la Cámara la noche del martes y recibió un rápido tratamiento. Fue aprobado por el Frente para la Victoria y el PJ, y respaldado también, en este caso con objeciones, por la UCR y Recrear.
La iniciativa será tratada este jueves en el Senado provincial.
La normativa establece que de los 11 ministerios que funcionan en la actualidad, queden diez, al fusionarse Asuntos Agrarios y Producción.
La Jefatura de Gabinete se unirá al ministerio de Gobierno, mientras el resto de las carteras seguirán tal cual están, aunque con algunos cambios de denominación.
Según se ha informado, el futuro gabinete de Scioli estará así formado: Alberto Pérez será jefe de Gabinete y Gobierno; Débora Giorgi quedará al frente del nuevo ministerio de Asuntos Agrarios y Producción; ministro de Economía será Rafael Perelmiter; Justicia, Ricardo Casal; ministro de Seguridad, Carlos Stornelli; Salud, Claudio Zin; la cartera de Desarrollo Humano pasará a ser Desarrollo Social, y quedará en manos de Daniel Arroyo; Obras Públicas se llamará de Infraestructura y será encabezado por la diputada nacional Cristina Alvarez Rodríguez; el Ministerio de Trabajo será para Carlos Cuartango; y por último, la Dirección General de Cultura y Educación, será para Mario Oporto.
El proyecto mantiene las actuales Secretaría General y de Derechos Humanos, eleva a rango ministerial la Asesoría general de Gobierno y desdobla en dos la actual secretaría de Turismo y Deportes.
También establece que funcionarán como lo hacen actualmente la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Cultura y Educación que tiene rango constitucional.