El caso despertó un escándalo, teniendo en cuenta el delito y el ámbito donde supuestamente se desarrollaba. Tras ello, el empleado del Congreso de la Nación fue detenido y ahora el juez federal Ariel Lijo dictó su procesamiento y prisión preventiva.

El cargo es tan serio como la advertencia del magistrado referida a la existencia de una organización criminal de la que el detenido sería tan solo un integrante.

El ¿ex? empleado detenido podría ser condenado hasta a 15 años de prisión, por cuanto, según el magistrado, se habría demostrado que “a pesar de la tranquilidad y soltura con la que se movía por las sedes del Palacio Legislativo, (el detenido) se encargaba de tomar ciertos recaudos que le permitían actuar de tal forma. Así, con el fin de no levantar sospechas, el inculpado trasladaba el material en sobres que lucían el membrete del Congreso, y ocultaba droga en un cajón de su escritorio debidamente cerrado, y en la gaveta de un baño cuya llave él poseía”.

Estos detalles constan en la causa, dada a conocer a través del periodismo, donde se explica la razón por la cual se le dicta prisión preventiva: “de recuperar su libertad, podría entorpecer la investigación o sustraerse al proceso” y por “el elevado monto de la pena que podría corresponderle al inculpado en caso de recaer condena efectiva en su contra, es un elemento que evidencia el peligro de fuga”, señala el documento.

Como se recordará, la detención del empleado se produjo en el marco de un allanamiento realizado el 11 de octubre, oportunidad en la que se encontró cocaína que supuestamente iba a ser comercializada. La misma estaba en el interior del cajón del escritorio que ocupaba en la oficina 312, en el tercer piso de la Cámara de Diputados donde se encuentra la Dirección de Comisiones de la Institución.