Un diputado de la oposición que no suele tener contemplaciones con el Gobierno nacional como Claudio Lozano se paseaba por Pasos Perdidos sin rehuir a la prensa que, inexorablemente, lo consultaba respecto a la valija de Antonini Wilson. Y el hombre, que acababa de jurar por un nuevo período en su banca, aclaraba que le parecía más importante que el Congreso se abocara a pedir informes sobre lo sucedido con el represor Héctor Febres, quien apareció muerto en su celda, víctima de una fuerte dosis de cianuro.

El legislador fue más allá de las declaraciones, presentando junto al kirchnerista Remo Carlotto un proyecto sobre el tema. En el mismo, reclamaba al Poder Ejecutivo información sobre el modo como se controlan los arrestos domiciliarios de los imputados por delitos de lesa humanidad y si se cumplen los principios establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Cámara baja aprobó ese proyecto planteado luego de los interrogantes de la muerte del citado represor, en vísperas del fallo condenatorio que lo esperaba.

Carlotto y Lozano preguntan en su proyecto “existen elementos objetivos que indiquen que el traslado de los imputados en causas por crímenes de lesa humanidad a unidades carcelarias comunes supongan algún riesgo a la integridad física”.

Reclaman información además acerca de aquellos imputados que en causas por crímenes de lesa humanidad cumplan prisión preventiva y no se encuentren alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal, consignando lugar de detención y juez federal que ordenó su alojamiento.

Obviamente, piden también detalles referidos al caso Febres, como el criterio para seleccionar al personal a cargo de la custodia, las medidas de seguridad que se tomaban para efectivizar esa custodia, el libro de entradas y salidas de las visitas y el nombre de las personas que ingresaron a la celda al momento de hallarlo y las acciones desplegadas en ese momento”.